Felipe de Jesús Fernández Basilio

El discurso del odio es el peor de todos los que ha escuchado la humanidad, ya que generalmente se basa en mitos y falsedades que se inculcan desde la infancia con la finalidad de destruir y ese discurso se agrava si es emitido desde el Estado que tiene como función principal buscar el desarrollo de la sociedad a la que conduce; es decir, se trata de un discurso contra-natura y me atrevo a decir que es el caso en el que mejor se puede aplicar dicho término.

El título que escogido para esta ocasión es el que expresa mejor el mandato que a través de las urnas el pueblo de México le dio al presidente ya que, a juzgar por los resultados electorales, el gobierno en turno obtuvo una mayoría legislativa más que suficiente para gobernar casi sin sobresaltos durante lo que resta de su periodo y digo que casi sin sobresaltos porque para lograr a cabalidad esa mayoría va a tener que negociar con la peor gavilla de mercenarios que se ha visto por estas tierras.

Como es bien sabido por todos ha concluido el periodo de las campañas electorales, periodo en el que los candidatos de las diversas fuerzas políticas visitaron casas, distribuyeron propaganda, fueron a debates e hicieron todo lo necesario para difundir sus ideas y también para atacar a los candidatos rivales.

En las últimas ocasiones, esta columna se ha dedicado a estudiar el juramento que de acuerdo con el artículo 87 de la constitución debe de pronunciar en su toma de posesión la persona que asume el cargo de Presidente de la República y que consiste en: guardar y hacer guardar esta constitución y las leyes que de ella emane, a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república, mirando por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, la nación se lo demandará.

En la pasada colaboración empezamos una confrontación entre lo que dispone la constitución en relación a las facultades y deberes del presidente de la república y la manera en que actúa la persona que hoy en día ocupa tal cargo y se hizo un énfasis especial en la forma en que López está incumpliendo con lo que juramentó el día que tomó posesión del cargo. Para ello realizamos un análisis del juramento que se encuentra en el artículo 87 de la Carta Magna, mismo que resume tanto las obligaciones del presidente como lo que la nación espera de él, ya que lo obliga a: Guardar y hacer guardar esta constitución y las leyes que de ella emane, a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república, mirando por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, la nación se lo demandará.

En las semanas anteriores, en este espacio hemos contrastado el actuar apegado a la legalidad por parte de diversos órganos públicos frente al no tan legal actuar del presidente cuando ha entrado en conflicto con ellos, conflicto generalmente buscado por él al entrar en cuestiones que no le corresponden de acuerdo a la normatividad constitucional y legal que regula sus facultades. Ahora vamos a centrarnos directamente en su figura, es decir en las ilegalidades e incluso verdaderas barbaridades en las que todos los días incurre, quizá porque empieza a darse cuenta que su poder se le empieza esfumar y que las resistencias a sus políticas son bastante encarnizadas o quizá también debido a que percibe que su gobierno no va a trascender a la fecha en que expire su mandato por todo el descontento que ha provocado al jugar a ser presidente en lugar de serlo verdaderamente.

La palabra que da nombre a esta colaboración formalmente no existe en la lengua castellana y sin embargo se empieza a utilizar cada vez con más frecuencia para nombrar lo que está pasando en México con la actual administración. Con esta nueva palabra se quiere designar a las consecuencias fatales que se producen a raíz del manejo criminal, no puede llamarse de otra manera, que se está haciendo con las finanzas públicas al recortar todos los presupuestos con los que operan las dependencias y los servicios públicos para dedicarlos exclusivamente con fines políticos, electorales y de caprichos; siendo una muestra clara de esa ruindad la tragedia que ocurrió en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, también conocida como la Línea Dorada.

En la semana pasada comentábamos en este espacio que tanto las organizaciones civiles como los individuos en particular, somos los únicos que podemos frenar esta locura autoritaria en la que el país está envuelto, ya que por medio de acciones sociales, mediáticas y sobre todo legales es como se puede frenar al autoritarismo que cada vez como nos estamos dando cuenta, cada vez es más difícil de imponer. Ciertamente hay presiones muy fuertes sobre jueces e instituciones que solo hacen su trabajo, el que consiste lisa y llanamente en aplicar la ley por parte de un presidente que, siendo licenciado en derecho, llama todos los días a aplicar la ley en su favor, pero también a desconocerla cuando no le favorece, ya lo ha dicho varias veces: “entre lo legal y lo justo, hay que optar siempre por lo justo”.

En esta ocasión continuaremos analizando la aplicación de la norma jurídica constitucional por parte de los órganos estatales establecidos por la propia constitución en contraste a la manera en que la pretende desaplicar el presidente de la república, quien por cierto también emana de ella. La vez pasada habíamos explicado las características que las normas de derecho público tienen tanto para crear órganos públicos como para establecer sus facultades, es decir, que cualquier órgano del Estado existe y actúa porque se encuentra establecido en la constitución o en alguna ley que de ella emane.

Dicen los estudiosos clásicos de la norma que los humanos tanto por existir como por vivir en sociedad nos encontramos sujetos a diversas clases de regulaciones a las que tenemos que prestar atención. De acuerdo al tipo de regulación, su observancia puede ser totalmente voluntaria como cuando queremos pertenecer a un determinado club social o bien puede ser también por convicción las cuales, aunque también su observancia es voluntaria a la vez exigen un mayor compromiso y el mejor ejemplo para ilustrarlas lo encontramos en las diversas normas religiosas en un Estado no teocrático o laico como el nuestro.