Héctor Yunes

El gobierno de Morena ya eligió desde ahora al sucesor de Delia González Cobos: un foráneo sin experiencia, sin perfil académico ni experiencia profesional, que venga a administrar los negocios que representa la contratación de los despachos privados.

El cambio en la titularidad del ORFIS está programado para el 26 de septiembre de 2026. A partir de ese momento se convertirá en un tianguis donde se vende la impunidad al mejor postor. El plan ya está en marcha, así que a nadie habrán engañado.

Primer acto. Veracruz rechaza adherirse al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La titular del ORFIS justificó que Veracruz ya cuenta con su propia normativa y un registro de despachos externos para la Cuenta Pública, por lo que ajustar su metodología a los lineamientos federales propuestos por el Auditor Especial del Gasto Federalizado resultaba inviable. Es decir: “Auditaré con mis reglas y con mis despachos”.

El anuncio de la gobernadora Rocío Nahle de destinar 1,200 millones de pesos a cubrir y liquidar los saldos pendientes de la bursatilización municipal resultaba una buena noticia. El gobierno estatal absorbería el 75% de la deuda y los municipios el 25% restante.

Este domingo venció el plazo para que los municipios decidieran si se adherían al nuevo esquema financiero propuesto por el Gobierno de Veracruz; hasta el jueves, únicamente 48 de los 199 ayuntamientos habían enviado al Congreso local la aprobación formal de sus Cabildos, según la información proporcionada por el diputado Esteban Bautista, coordinador del grupo legislativo de Morena.

Sin embargo, ni los propios diputados de Morena fueron informados de dónde saldrán los recursos para el pago pendiente. La falta de información y transparencia respecto del esquema financiero y el impacto en las finanzas municipales podrían mandar la propuesta al bote de la basura porque se requiere de la aprobación de todos los municipios involucrados.

Durante un par de meses, el gobierno de Morena intentó ocultar lo evidente. Que si eran emanaciones naturales, que si un buque privado contratado por el gobierno de Peña, que si el petróleo venía del mar, que si no había evidencia concluyente. La única conclusión: Pemex no era el responsable.

Mientras tanto, en las costas de Veracruz, el petróleo avanzaba silencioso, manchando playas, matando fauna y asfixiando la economía local.

Resulta que desde el 6 de febrero conocían la fuga y al responsable. Los reportes internos calificaban el incidente como “simple lagrimeo”, sin embargo, desplegaron once embarcaciones utilizadas para contener, recuperar y dispersar hidrocarburos.

Ante la evidencia irrefutable, Pemex reconoció un crimen brutal: decidió no detener completamente el flujo del ducto, lo que contribuyó a prolongar la duración y magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga. Y aun así dijeron que no sabían.

El derrame de hidrocarburos en las costas de Veracruz no solo es un desastre ambiental: se trata de un caso emblemático de mentiras, opacidad, evasión de responsabilidades y la reacción tardía del gobierno de Morena.

Es un desastre que nadie en el gobierno se atrevió a reconocer… hasta que fue imposible ocultarlo.

Nos ha dejado una postal inolvidable: playas ennegrecidas, fauna cubierta de chapopote y pescadores mirando al horizonte como quien espera respuestas… o al menos una explicación que no cambie cada 24 horas. Porque si algo ha fluido con más velocidad que el petróleo, ha sido la ‘creatividad’ discursiva del gobierno.

Con toda la ingeniería y tecnología satelital existente, sóloen México puede presentarse un desastre natural de tales dimensiones y después de casi dos meses, ignorar el origendel derrame de combustible, que lo mismo, podría estar en el complejo Cantarell en Campeche o en un barco huachicolero en Tabasco.