Héctor Yunes

El anuncio de la gobernadora Rocío Nahle de destinar 1,200 millones de pesos a cubrir y liquidar los saldos pendientes de la bursatilización municipal resultaba una buena noticia. El gobierno estatal absorbería el 75% de la deuda y los municipios el 25% restante.

Este domingo venció el plazo para que los municipios decidieran si se adherían al nuevo esquema financiero propuesto por el Gobierno de Veracruz; hasta el jueves, únicamente 48 de los 199 ayuntamientos habían enviado al Congreso local la aprobación formal de sus Cabildos, según la información proporcionada por el diputado Esteban Bautista, coordinador del grupo legislativo de Morena.

Sin embargo, ni los propios diputados de Morena fueron informados de dónde saldrán los recursos para el pago pendiente. La falta de información y transparencia respecto del esquema financiero y el impacto en las finanzas municipales podrían mandar la propuesta al bote de la basura porque se requiere de la aprobación de todos los municipios involucrados.

Durante un par de meses, el gobierno de Morena intentó ocultar lo evidente. Que si eran emanaciones naturales, que si un buque privado contratado por el gobierno de Peña, que si el petróleo venía del mar, que si no había evidencia concluyente. La única conclusión: Pemex no era el responsable.

Mientras tanto, en las costas de Veracruz, el petróleo avanzaba silencioso, manchando playas, matando fauna y asfixiando la economía local.

Resulta que desde el 6 de febrero conocían la fuga y al responsable. Los reportes internos calificaban el incidente como “simple lagrimeo”, sin embargo, desplegaron once embarcaciones utilizadas para contener, recuperar y dispersar hidrocarburos.

Ante la evidencia irrefutable, Pemex reconoció un crimen brutal: decidió no detener completamente el flujo del ducto, lo que contribuyó a prolongar la duración y magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga. Y aun así dijeron que no sabían.

El derrame de hidrocarburos en las costas de Veracruz no solo es un desastre ambiental: se trata de un caso emblemático de mentiras, opacidad, evasión de responsabilidades y la reacción tardía del gobierno de Morena.

Es un desastre que nadie en el gobierno se atrevió a reconocer… hasta que fue imposible ocultarlo.

Nos ha dejado una postal inolvidable: playas ennegrecidas, fauna cubierta de chapopote y pescadores mirando al horizonte como quien espera respuestas… o al menos una explicación que no cambie cada 24 horas. Porque si algo ha fluido con más velocidad que el petróleo, ha sido la ‘creatividad’ discursiva del gobierno.

Con toda la ingeniería y tecnología satelital existente, sóloen México puede presentarse un desastre natural de tales dimensiones y después de casi dos meses, ignorar el origendel derrame de combustible, que lo mismo, podría estar en el complejo Cantarell en Campeche o en un barco huachicolero en Tabasco.

El martes pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el informe final de la Cuenta Pública del 2024, correspondiente al último año de gobierno de Cuitláhuac García. Como se esperaba, se confirmó un presunto daño patrimonial por ¡mil 896 millones 723.2 pesos!

No sólo eso, sino que el hombre ‘más honrado’ que hayan conocido López Obrador y Claudia Sheinbaum dejó a Veracruz entre los diez estados más endeudados del país. La disminución de la deuda fue sólo una patraña.

No sólo hubo corrupción sino la exhibición de una vida de reyes a costa del dinero de los veracruzanos.

Apenas en octubre pasado, se informó que en ese momento el monto observado alcanzaba los 1,114 millones de pesos. De esa cifra, 1,078 millones corresponden a la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos para ser ejercidos en materia de salud, y 28 millones de pesos al Fondo de Aportaciones.

Este lunes se consumará el albazo legislativo y la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre será designada como nueva Fiscal General del Estado.

¿Qué ya fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia y vendió sentencias a través de su secretario particular David Cardeña? No importa, ahora él es el director jurídico del Poder Judicial.

¿Qué compitió para repetir en el cargo y a pesar de estar en los acordeones, los veracruzanos la rechazaron? No importa, sigue siendo magistrada.

¿Que apenas el jueves dijo que «tomó protesta por nueve años para ser magistrada” y rechazó ir a la Fiscalía? No importa, es de sabios cambiar de opinión.

​​No contestó absolutamente nada. Durante su comparecencia, el secretario de Finanzas del Estado, Miguel Reyes Hernández, calló como momia a los cuestionamientos que hicimos los diputados.

¿Por qué la Gobernadora gozará de un aumento de sueldo muy superior al del resto de la burocracia? ¿Por qué no renovaron el seguro de gastos catastróficos por desastres naturales? ¿Por qué pretenden aplicar un impuesto a las bebidas alcohólicas? ¿De cuánto será el sub ejercicio del gobierno en este 2025?

Nada. Absolutamente nada. Ni un dato, ni una excusa. Sólo el silencio y su ‘jeta de perdonavidas’. Como lo hizo con su oscuro pasado en Dos Bocas.

La comparecencia sólo confirmó que el cambio de formato cumplió con su propósito: impedir que los funcionarios del gabinete rindan cuentas y permitir deliberadamente una actitud grosera y desafiante en contra de los diputados de oposición.