Aurelio Contreras Moreno

En política, pocos conceptos resultan tan útiles para quienes buscan desviar la atención y evadir sus propias responsabilidades como el de ser víctimas de una “campaña”.

Es un término que, precisamente, permite victimizarse, señalar enemigos invisibles y, sobre todo, evitar responder por hechos concretos. Como lo ha hecho sistemáticamente durante casi un año y medio la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, al descalificar cualquier crítica, cualquier señalamiento sobre las pifias de su administración o los horrores de su paso por la Secretaría de Energía.

Esta vez le tocó a los expertos y ambientalistas que documentaron el origen del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México como responsabilidad directa de Pemex desde el mes de febrero que ocurrió, como acaba de reconocer el mismo gobierno federal. Según ella, todo se trata de una “campaña” de la “derecha” –una de las entelequias favoritas de la “4t”- contra la empresa estatal.

La historia oficial sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se derrumba y en su lugar queda expuesta la serie de mentiras con las que el gobierno ha pretendido encubrir su propia responsabilidad en un desastre ambiental de proporciones históricas.

Lo que se presentó oficialmente como una contingencia súbita, atribuida a causas inciertas, a barcos de empresas que no atinaban a identificar e incluso a fenómenos naturales, hoy se revela como un desastre del que tenían pleno conocimiento las autoridades y que deliberadamente decidieron ocultar.

La evidencia disponible es contundente: el vertido comenzó a principios del pasado mes de febrero en un ducto de Pemex que transporta crudo hacia la refinería de Dos Bocas. Y eso tendría que obligar a fincar responsabilidades ambientales, administrativas e incluso penales.

La tragedia ambiental y humana que se vive en el Golfo de México no es un hecho fortuito, sino la consecuencia directa de una gestión marcada por la soberbia, la improvisación, la indolencia y, claramente, por la corrupción.

Primero como secretaria de Energía y ahora como gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García ha sido protagonista y artífice de una política energética que privilegia los negocios sobre la responsabilidad y la simulación sobre la rendición de cuentas. El incendio en la refinería de Dos Bocas que la semana pasada cobró la vida de cinco trabajadores, y el derrame de hidrocarburos que hoy contamina costas, lagunas y ríos de Veracruz, son la evidencia más cruda de un proyecto concebido desde el error y sostenido en la mentira sistemática.

Desde su anuncio, la refinería Olmeca en Dos Bocas fue cuestionada por especialistas, ambientalistas y académicos. No era necesario ser ingeniero para advertir que construir una planta petrolera sobre un manglar era una sentencia de desastre. Los manglares son ecosistemas vitales, amortiguadores naturales contra inundaciones y tormentas. Arrasarlos para levantar un complejo petrolero fue un crimen ambiental disfrazado de “soberanía energética”.

Independientemente de lo que implica que las únicas salidas de su supuesto “retiro” de la vida pública hayan sido para defender dictaduras, la más reciente irrupción en redes del expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene en realidad una lectura hacia la agenda local, más que a la de la política exterior, y con un claro propósito, que no es precisamente legal.

Este domingo, López Obrador publicó en sus redes un mensaje convocando al “pueblo” de México a apoyar con donaciones al cubano, al que según él buscan “exterminar por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía”. Aunque en realidad a quien salió a defender fue a la agonizante dictadura castrista que, acorralada por lo que ahora sí es un bloqueo de Estados Unidos a todos los subsidios –en especial, al de petróleo- que le dieron vida artificial las últimas décadas, ha aceptado “negociar” con el gobierno de Donald Trump lo que parece hasta ahora una ruta a un cambio de régimen, del que aún no hay claridad bajo qué términos.

Pero decíamos que eso solo es un pretexto, pues ni el gobierno mexicano y mucho menos López Obrador en lo personal tienen posibilidad alguna de incidir en ese proceso. Así que el objetivo es otro.

López Obrador llamó a hacer depósitos a una cuenta bancaria de Banorte –institución propiedad de la familia Hank González, cuyo patriarca acuñara la frase “un político pobre es un pobre político”- a nombre de la asociación civil “Humanidad con América Latina”, abierta según por “ciudadanos, escritores y periodistas”. Por supuesto, todos afines, militantes, beneficiarios y/o propagandistas/matraqueros de Morena y el régimen de la “4t”.

La historia de Veracruz durante el régimen morenista se ha escrito con la misma tinta indeleble de la corrupción y la impunidad que la de los gobiernos del pasado que tanto repudian… en el discurso.

Desde 2025, la Auditoría Superior de la Federación exhibió al gobierno de Veracruz en el primer lugar nacional por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2023, con más de mil 114 millones de pesos observados en las secretarías de Salud y Educación. Se documentaron pagos a empresas fantasma, transferencias a trabajadores dados de baja y adquisiciones sin comprobación, entre otras transas de los que se asumían “diferentes”.

Como era hasta previsible, en la Cuenta Pública de 2024, la última de ese sexenio, la cifra de las irregularidades escaló a mil 896 millones de pesos, manteniendo el epicentro de los desvíos en la Secretaría de Salud, donde se despacharon sin piedad –irónicamente- a costa del bienestar de los veracruzanos. Y no fue esa la única dependencia.

Por ejemplo, en Seguridad Pública se documentaron compras de comida gourmet como salmón y arrachera dizque para ¡los internos de los centros penitenciarios del estado! por 414 millones de pesos, revelando una corrupción tan escandalosa como cínica, al nivel de la de cualquiera de los que les antecedieron. Aunque esos no se daban golpes de pecho ni baños de pureza.

Desde el pasado domingo 1 de marzo, las costas de Veracruz y Tabasco han sufrido un desastre ambiental que devora la vida a su paso.

Chapopote y petróleo crudo han invadido playas, lagunas y arrecifes en una franja que abarcaba en un principio casi 170 kilómetros de litoral, desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, pero que se ha extendido ya a más de 230 kilómetros, afectando a 39 localidades, 30 de las cuales pertenecen al estado de Veracruz. Sin que ninguna autoridad atine o le preocupe siquiera hacer algo por contener lo que ya es un ecocidio en toda forma.

No hay manera de ocultar el desastre: tortugas, peces y manatíes muertos, costas contaminadas y manglares cubiertos de crudo viscoso que arrasa con un ecosistema moribundo, son parte de un paisaje dantesco del que nadie se hace responsable ni aporta soluciones.

De acuerdo con un pronunciamiento suscrito por organizaciones ambientales y comunidades afectadas, el derrame ha alcanzado sitios de enorme valor ecológico, como la Laguna del Ostión, vital para la reproducción de ostiones, almejas, camarones y peces como el robalo y el chucumite. Este cuerpo de agua es también refugio de aves migratorias y residentes cuya supervivencia depende de la salud del manglar y de la calidad del agua. La contaminación amenaza con romper cadenas nutritivas enteras: los hidrocarburos se adhieren a las branquias de los peces, alteran la fotosíntesis de las plantas acuáticas y envenenan a los crustáceos que son base alimenticia de aves y mamíferos marinos.

Lo que se sabe hasta ahora de la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión solo confirma lo que ya se esperaba: es un bodrio que significaría un retroceso histórico para el país, bajo la careta de la austeridad, que más bien sería un austericidio.

Según la presidenta, además de reducir costos, se plantea “modernizar el sistema” y “dar más poder a los ciudadanos”. Pero la realidad es que detrás de esta retórica son visibles riesgos profundos para la pluralidad política, la transparencia electoral y la democracia misma en México. Aunque lo niega, es la reentronización del partido hegemónico de Estado, al estilo del PRI de los años 40 del siglo pasado, “tetratransformado” en Morena.

Por ejemplo, la iniciativa contempla la eliminación de senadores plurinominales y una asignación de diputados que favorece a los partidos más grandes. Esto significa acabar con la representación proporcional, un mecanismo diseñado para que las minorías políticas tuviesen voz en el Congreso, y que, de aprobarse la propuesta, reduciría —si no es que desapareciera— la diversidad política.

La violencia que se desató el pasado domingo en varias regiones del país tras el operativo federal en el que fue abatido –o quizás ejecutado- Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tuvo repercusiones inmediatas en Veracruz, una de las principales zonas de influencia e interés del grupo delictivo.

Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados en el norte, centro y sur del estado y un ambiente de zozobra avivado por el vacío de información oficial durante toda esa mañana, fueron la constante. Sin embargo, la única que parece no haberse enterado de lo que pasó en la entidad que gobierna fue Rocío Nahle.

Cuando al fin salió a dar la cara a los veracruzanos, entrada la tarde-noche, la gobernadora de Veracruz prefirió minimizar los hechos, negar la existencia de narcobloqueos y, en un esfuerzo por simular que todo estaba bajo control, ordenar que se mantuvieran las clases y actividades laborales normales al día siguiente. Como si nada hubiese ocurrido ni siguiera ocurriendo todavía a esas horas.

El “abatimiento” –eufemismo para evitar decirle ejecución- de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, este domingo en Jalisco, obligará a un reacomodo en todos los niveles del poder en México.

Durante más de una década bajo su férula, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del continente. Y de acuerdo con analistas de seguridad, en la más grande y poderosa del mundo. Más incluso que el Cártel de Sinaloa en los tiempos de “El Chapo” Guzmán.

Su caída, confirmada por los gobiernos de México y Estados Unidos, va más allá de la mera eliminación física de un capo. Es la ratificación de que cuando se decide a hacerlo, el Estado puede capturar y/o eliminar a cualquier delincuente, por poderoso que sea. Y que si no se hizo antes, fue simplemente porque no se quiso actuar.

Obviamente, el contexto importa. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa, reconoció que en el operativo participaron militares estadounidenses de un grupo especializado en la recopilación de inteligencia sobre cárteles de la droga, con lo que también queda expuesto que el operativo no fue a iniciativa, por lo menos no en exclusiva, de la administración de Claudia Sheinbaum, sino más bien se trató de una respuesta a las presiones de Washington para actuar de manera efectiva y patente contra las bandas de narcotraficantes que operan en México. Pero eso sí, muy “soberanamente”.