La farsa de la austeridad

La principal bandera del obradorismo, junto con el supuesto “combate a la corrupción”, es la “austeridad” con la que su líder pide conducirse no solo a los servidores públicos, sino a la población. Y así como en el tema de la corrupción, la pretendida austeridad del régimen es un cuento, una simulación aberrante con la que han pretendido –y con muchos, lo ha logrado- engañar a los mexicanos. Sobran historias durante el sexenio de cómo los antes autodenominados “luchadores sociales” descubrieron las mieles del arca abierta, del presupuesto a libre disposición, y se han dado la gran vida viajando por el mundo, comprando ropa de marcas de lujo, comiendo en restaurantes exclusivos y comprobando que lo que les molestaba no era la corrupción, sino que ésta no los “salpicaba”. La tarde de este miércoles, comenzó a circular en redes y chats la foto de una residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento “El Dorado”, ubicado en los límites entre los municipios conurbados de Boca del Río y Alvarado. Esto es, en la zona de desarrollos inmobiliarios más cara de todo el estado de Veracruz.

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Legislar a modo de reelección en la UV

El próximo 22 de marzo se presentará ante el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana el Anteproyecto de Ley Orgánica que ha venido postergándose desde hace varios años. A reserva de analizar todo lo que se pretende introducir para reconfigurar la vida interna de la casa de estudios, destaca un cambio que lleva no solamente jiribilla, sino dedicatoria. Se trata de los requisitos para ser “persona titular de la Rectoría”, que implican beneficiar directamente a una persona con una legislación a modo. Y ése no es otro que Martín Aguilar Sánchez, el rector “cuatroté”. En la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana vigente, se establece en el artículo 37 que para ser Rector se requiere, entre otros requisitos, “ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento de su designación”. En este momento, Martín Aguilar Sánchez tiene exactamente 65 años de edad, y cumplirá 66 el próximo 23 de julio, de acuerdo con los datos de su currículum vitae albergado en la página de la Junta de Gobierno de la UV.

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Gobierno de violentadores de mujeres

En las últimas semanas han aparecido cada vez más denuncias de mujeres víctimas de situaciones de acoso sexual y laboral dentro del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez. En este espacio se han documentado varios casos en los que se encubre a violentadores y prácticamente se obliga a las víctimas a desistirse de sus denuncias y hasta a “conciliar” con sus agresores, revictimizándolas y colocándolas en situaciones de riesgo para su propia vida, al exponerlas a un recrudecimiento de la violencia en su contra. El número de casos registrados en la Secretaría de Educación de Veracruz, vía todo el sistema educativo estatal, es pavoroso. En 2022, se presentaron 100 denuncias por violencia de género, acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual, mientras que en el 2023 las denuncias rebasaron el centenar. El gobierno, más allá de la sola Secretaría de Educación, está perfectamente al tanto de estas cifras, que se reportan al Instituto Veracruzano de las Mujeres en la Actividad Institucional de la Alerta de Violencia de Género, en el apartado del Programa de Sensibilización del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

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Elecciones en medio del terror

El tono y la narrativa con los que comenzaron las campañas para las elecciones federales 2024 en México están inevitablemente centrados en el tema de la inseguridad. No es para menos. El país vive una oleada de violencia en distintos puntos del territorio nacional, mientras la indolencia y la incompetencia son las respuestas oficiales, intentando minimizar el desastre que han provocado en México. Los hechos hablan por sí mismos. De junio a febrero, se registraron 11 asesinatos de candidatos, precandidatos y ex candidatos. Tres candidatos fueron asesinados en el arranque mismo del periodo de proselitismo y no son sino la prueba del fracaso de una “estrategia” que es más bien un pago de facturas del régimen, que todo el sexenio decidió “dejar hacer y dejar pasar” a los grupos delincuenciales, que ahora en cada vez más ciudades han decidido ser los únicos electores, eliminando a sus “opositores” no en las urnas, sino a través del único método que conocen: la violencia brutal.

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Violencia sexual y laboral en escuelas de Veracruz

El pasado 30 de enero, se publicó en la Rúbrica y en el portal informativo La Clave información acerca de una denuncia sobre un posible contubernio entre la Subsecretaría de Educación Básica, la Unidad de Género y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para mantener en la impunidad los casos de acoso y hostigamiento sexual en escuelas del estado, bloqueando las denuncias de las víctimas a las que se les somete a más violencia aún y a la revictimización desde las instancias encargadas de atender estos casos. En esa ocasión, se documentó cómo la Unidad de Género de la SEV les da ruta de primer contacto a las denuncias por acoso sexual y hostigamiento, para que al final no procedan y sean archivadas. A raíz de esa publicación, tres víctimas, una de ellas de acoso sexual y todas de acoso laboral, contactaron a quien esto escribe para denunciar que la situación por la que atraviesan es todavía más grave. Las maestras María del Carmen Carrillo y Ana Lilia Melchor, así como la trabajadora de intendencia Guadalupe Morales Cortés, todas adscritas a la Escuela Telesecundaria “Carolino Anaya” de Miahuatlán, han pasado un viacrucis por la violencia, el encubrimiento, la complicidad y la indolencia no solo de las autoridades educativas estatales, sino de su sindicato, la Sección 32 del SNTE, coludido con el gobierno de Cuitláhuac García en lugar de defender a sus agremiados.

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Rectoría abyecta y cobarde

Desde que llegó a la rectoría de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez ha hecho gala de su gran propensión a doblar la cerviz ante quienes lo colocaron ahí. Lo cual sería solamente un asunto personal de falta de dignidad, si no repercutiera directamente en la casa de estudios. Aunque no la manifiesta abiertamente, es muy clara la afinidad del rector hacia el régimen de la pretendida “cuarta transformación”. O más bien, su mansedumbre, muy acorde con los modos del sexenio que exigen “lealtad absoluta”, traducida ésta como obediencia ciega a las órdenes de la cúpula. Así, desde que asumió la rectoría de la UV, Aguilar Sánchez se puso “a las órdenes” del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien le ha impuesto agenda, rumbo y tono. Y que principalmente, le escamoteó los recursos que le corresponden constitucionalmente a la casa de estudios, sin que su principal autoridad tuviese las gónadas necesarias para exigir el cumplimiento de la ley, que de por sí es algo que a los gobiernos morenistas les tiene sin cuidado. La lastimosa campaña que montó para casi suplicarle al gobierno de Cuitláhuac García que le “concediera” a la Universidad el 4 por ciento del presupuesto total del estado, no fue más que una vergonzosa simulación con la cual, además, se pasó a traer a la comunidad universitaria que creyó que la exigencia, con fundamento constitucional, iba en serio.

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El legado del autócrata

Entre el jueves y domingo pasados fuimos testigos en todo México de una prueba deleznable de la degradación a la que han llevado al país el régimen obradorista y su desprecio por la legalidad. Primero fue el mismo presidente López Obrador, quien en su ejercicio propagandístico llamado “conferencia mañanera” violentó la privacidad de la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del New York Times en México, al exhibir su número telefónico en transmisión en cadena nacional. Ese acto ilegal –y sumamente cobarde- fue, además, totalmente intencional, como lo reconoció el viernes el propio “jefe de las instituciones del país”. Quería “escarmentar” a la periodista por atreverse a hacer un reportaje sobre una investigación que llevaron a cabo autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos del círculo cercano de López Obrador con el crimen organizado. Y se aprovechó de que Kitroeff realizó una buena práctica periodística al pedirle su versión antes de publicar el trabajo y dejarle sus datos de contacto, mismos que exhibió pública y masivamente.

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Prisión preventiva: arma para reprimir

Además de sus ánimos autoritarios, si algo ha caracterizado al régimen de la pretendida “cuarta transformación” es la extrema incompetencia de sus fiscalías para armar y sostener casos, aunado a la consigna política cuando el asunto transita por esas veredas. Cada que se concede un amparo a un presunto criminal, los gobernantes “cuatroté” braman contra el Poder Judicial y lo acusan de liberarlos a propósito para “afectar” al gobierno. Empero, lo que sucede en la mayoría de los casos es que las carpetas de investigación están elaboradas “con las patas” por las fiscalías –federal o estatales- o bien sin pruebas contundentes que las soporten, ya que fueron realizadas por encargo y con motivaciones políticas, por lo que terminan desmoronándose solas. Durante todo el sexenio, han sobrado casos de uso político del aparato de procuración de justicia como un arma para reprimir y encarcelar adversarios políticos, críticos y hasta enemigos personales de la clase gobernante actual, para lo cual se valen de una medida abusiva y que en todas partes es reconocida como violatoria de derechos humanos: la prisión preventiva oficiosa.

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La suerte del consorte

Si en el sexenio de Cuitláhuac García sus compinches conocieron las mieles del arca abierta y pretenden irse “locos de contento con su cargamento”, los que quieren llegar están por las mismas, si no es que son peores. Este martes se difundió un video en el que aparece José Luis Peña Peña, esposo de la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz Rocío Nahle García, haciendo proselitismo en plena veda electoral en favor de su cónyuge. Pero eso, aunque representa una ilegalidad, no es lo verdaderamente grave. José Luis Peña asistió a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local de Sayula de Alemán el pasado sábado 18 de febrero junto con el senador morenista Ernesto Pérez Astorga, el presidente municipal petista de Jesús Carranza Pasiano Rueda Canseco y el subsecretario de Ganadería y Pesca de la Sedarpa, Humberto Amador Zaragoza, para prometer apoyos a los ganaderos. La presencia de al menos dos funcionarios de gobierno, uno estatal y otro municipal, ya configuran delitos electorales más graves, pues implican desvío directo de recursos. Y tampoco fue lo único.

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Insultar a los ciudadanos

Además de probar de manera contundente que la realidad del país no se ve desde un solo prisma ni en un solo color, la “Marcha por la Democracia” de este domingo mostró nuevamente el envilecimiento de la clase gobernante, que se cree dueña absoluta de la verdad, de los símbolos patrios y hasta del derecho de manifestación. La reacción del presidente López Obrador a la marcha que solo en la Ciudad de México congregó a más de 100 mil personas en la plancha del Zócalo lo retrata: acusó a los ciudadanos de “alcahuetes”, de “defender la corrupción” y de buscar que “regresen los corruptos”. Dijo además que los manifestantes –que demostraron gran capacidad de organización sin necesidad de acarreos, sin despensas ni pagos de por medio, y sin la amenaza de perder su trabajo si no acudían- fueron a defender “la democracia de ellos” y no la “democracia del pueblo”, así como que se “quedaron callados” ante los fraudes electorales del pasado.

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