Aurelio Contreras Moreno

Como si aún estuviera gobernando (¿o será que nunca ha dejado de hacerlo?), Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer girar la escena política mexicana en torno suyo, luego de que el expresidente reapareció por enésima ocasión con una carta pública en la que denunció una supuesta “embestida” de Estados Unidos contra Morena y sus dirigentes, a raíz de las investigaciones y acusaciones que vinculan a políticos morenistas con el narcotráfico.

El gesto no es menor. En un momento en que la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta crecientes presiones por los señalamientos de Washington y ante la negativa de entregar a la justicia a los políticos morenistas involucrados en las denuncias, López Obrador decidió colocarse al frente, reafirmando que sigue siendo el verdadero conductor de su movimiento y al mismo tiempo, contraviniendo una de las principales reglas no escritas de la política mexicana: los expresidentes no le hacen sombra al gobernante en turno.

Claramente, la reforma constitucional que incluyó la “injerencia extranjera” como causal de nulidad de elecciones en México no es más que un blindaje político para que el régimen morenista pueda anular cualquier proceso electoral que no le favorezca.

El pretexto es tan amplio y ambiguo que abre la puerta a que cualquier crítica internacional, cualquier observación de organismos multilaterales, cualquier señalamiento de la prensa extranjera, incluso cualquier comentario político desde el exterior pueda ser interpretado como “intervención” y, por tanto, usado para invalidar la voluntad popular si ésta ya no favoreciese al régimen.

Este domingo en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro en su discurso: “hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. Ese camino de las intervenciones nunca ha dejado justicia y bienestar para los pueblos”, arremetió, en referencia a los procesos encauzados desde Estados Unidos contra diez políticos morenistas por nexos con el narcotráfico.

Las reformas legales y constitucionales recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados —y que tendrán el mismo derrotero en el Senado— son parte de una pinza cuidadosamente diseñada para cerrar e incluso clausurar cualquier margen de acción ciudadana independiente y devolver al régimen la capacidad de manipular, anular y controlar elecciones a su antojo, como antaño, en las épocas “doradas” del PRI.

El primer filo de esta pinza es la facultad prácticamente discrecional para anular elecciones. Bajo el discurso de “combatir la injerencia extranjera” o “garantizar la limpieza democrática”, se introducen mecanismos que permiten a las autoridades electorales —ahora colonizadas por consejeros y magistrados afines al morenato— invalidar procesos completos con criterios vagos y subjetivos. La consecuencia es devastadora: cualquier resultado incómodo para el régimen puede borrarse de un plumazo, reconfigurando la lógica del “si no gano, arrebato” que caracterizó al viejo priismo y que se reinstaló de manera pedestre desde el arribo del obradorato al poder.

Aunque en el transcurso de este jueves el autor de esta trampa, el diputado morenista Ricardo Monreal, terminó retirando la enmienda de nulidad electoral por “injerencia extranjera” para que no fuese enviada al Senado, no lo hizo como un acto de contrición y mucho menos de convicción democrática, sino por un asunto más mundano: ya no les da tiempo de aprobar la legislación secundaria, por lo que, al menos para el proceso electoral de 2027, no se aplicaría tal cual. Aunque eso tampoco es del todo cierto.

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a dejar de ver un medio de comunicación porque no le gusta la línea editorial hacia su administración va más allá de un simple desplante o un dislate verbal. Forma parte de una estrategia de hostigamiento hacia el periodismo crítico que se anuncia con total naturalidad. E impunidad. 

La gravedad de este exabrupto de la presidenta -que debiera serlo de todos los ciudadanos de este país y no solo de sus simpatizantes- no radica únicamente en la animadversión hacia un medio específico, que en este caso es TV Azteca pero que pudiese ser cualquier otro, sino en el mensaje que pasó de lo implícito a lo muy explícito: el poder pretende arrogarse la facultad de decidir qué voces son legítimas y cuáles deben ser silenciadas.  

Personalmente no veo TV Azteca. Desde hace varios años dejaron de atraerme sus contenidos y no comparto el sesgo con el que en general llevan a cabo la función informativa, que antes del pleito por el cobro de impuestos era bastante complaciente con el gobierno morenista. Pero la decisión de consumir otros materiales comunicacionales la tomé yo, con base en mi criterio, mis intereses y mi libertad de decidir dónde, cómo y con quién entretenerme e informarme. Muy diferente es que el gobierno intente tirar “línea” sobre lo que debo o no ver, o sobre lo que debo o no pensar.

Tras la entrega y detención en Estados Unidos de dos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el régimen morenista quedó contra las cuerdas, exhibido por lo menos como protector de delincuentes y debilitado a tal grado en su credibilidad, que se ha visto obligado a intentar “pintar su raya” con personajes a los que antes recibió jubiloso en su regazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, forzada por la evidencia y la circunstancia que la acorrala, desarmado su discurso de supuesta superioridad moral, lanzó este fin de semana una advertencia que suena más bien a una suerte de confesión: “ninguna persona que no sea honesta puede esconderse bajo el halo de la transformación”.

La revelación de que en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, ambos en Xalapa, y ahora también en el Hospital “General Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla se almacenaron y dejaron caducar medicamentos, algunos con vencimientos desde 2022, confirma el desastre por el que atraviesa el sistema de salud en el estado de Veracruz, aderezado con la irresponsabilidad criminal de quienes están al frente y toman decisiones desde el más alto nivel.

No es un tema menor. Se trata de un crimen ominoso contra la salud de miles de personas que dependen de la atención en el sistema público de salud para sobrevivir. Esos medicamentos, sin exagerar, representan la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas o infecciones graves. Que se haya permitido que caducaran en hospitales públicos es muestra de una negligencia abominable. Peor todavía, en medio de un escenario de desabasto generalizado como el que padecen los usuarios de estos servicios, que ahora se encuentran con que las medicinas que sí había en existencia para su atención, se dejaron echar a perder. De las pérdidas millonarias que esto provoca, luego hablamos.

La solicitud de extradición de Estados Unidos contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha detonado una crisis política que ha puesto contra las cuerdas al régimen de la llamada “cuarta transformación”, pero sobre todo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La respuesta del gobierno del “segundo piso de la transformación” al reclamo estadounidense, con todo y que el político oriundo de Badiraguato fue obligado a pedir licencia a la gubernatura, ha sido protegerlo, con todo el costo político que ello implica. La presidenta ha insistido en que las acusaciones “carecen de pruebas” consistentes y, envolviéndose en la bandera del patrioterismo, alega injerencias extranjeras y una supuesta defensa de la soberanía para intentar desviar la atención del tema central: la implicación, conocida desde hace tiempo, de políticos de la “4t” con el crimen organizado.

La sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 22 de abril fue, en los hechos, el acto simbólico que selló la caída de la autonomía del árbitro electoral mexicano y la consumación de un proceso de captura institucional que se venía gestando en los últimos años.

Con la toma de protesta de tres consejeros del INE afines al régimen, para hacer un total de ocho pro-gobierno, se cerró un ciclo histórico: el de la transición democrática iniciada en la década de los 90 del siglo pasado, para dar paso a una regresión autoritaria que recuerda, con tintes aún más burdos, al más viejo priismo.

El caso más escandaloso entre las nuevas designaciones operadas sin el mínimo escrúpulo y con un exceso de descaro es el de Arturo Chávez López, hasta hace unos días director de Talleres Gráficos de México, o sea, empleado del gobierno federal. Su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum es algo que ni siquiera se molesta en intentar ocultar. Ahí andan circulando videos e imágenes suyas haciendo campaña en 2024 por la hoy mandataria. No hay manera de que pueda alegarse un mínimo de independencia y, claramente, no es algo que le importe en absoluto. Incluso, en su primera intervención como consejero electoral afirmó que el órgano debía “caminar al lado de las transformaciones que está viviendo la sociedad”. Más directo no se puede.

En política, pocos conceptos resultan tan útiles para quienes buscan desviar la atención y evadir sus propias responsabilidades como el de ser víctimas de una “campaña”.

Es un término que, precisamente, permite victimizarse, señalar enemigos invisibles y, sobre todo, evitar responder por hechos concretos. Como lo ha hecho sistemáticamente durante casi un año y medio la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, al descalificar cualquier crítica, cualquier señalamiento sobre las pifias de su administración o los horrores de su paso por la Secretaría de Energía.

Esta vez le tocó a los expertos y ambientalistas que documentaron el origen del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México como responsabilidad directa de Pemex desde el mes de febrero que ocurrió, como acaba de reconocer el mismo gobierno federal. Según ella, todo se trata de una “campaña” de la “derecha” –una de las entelequias favoritas de la “4t”- contra la empresa estatal.