Aurelio Contreras Moreno

Durante más de una década, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa fue el eje de una narrativa política que terminó por transformar el poder en México.

Sobre la desaparición de aquellos jóvenes se construyó un discurso que presentaba al régimen priista como la encarnación definitiva de la barbarie –no sin razón–, al Ejército como un aparato criminal protegido por el Estado y a Andrés Manuel López Obrador como el único líder capaz de romper el pacto de impunidad. Ayotzinapa fue, en muchos sentidos, el mito fundacional del obradorismo como fuerza política capaz de disputar y ganar el poder.

No fue el único factor que precipitó el derrumbe del gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto. La corrupción de la “Casa Blanca”, los escándalos de Odebrecht, la violencia desbordada, la crisis económica, las empresas “fantasma” de Javier Duarte y el descrédito generalizado del sistema priista hicieron su parte. Pero ningún episodio condensó con tanta fuerza el sentimiento de indignación nacional e internacional como la desaparición de los normalistas ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

La soberanía nacional es uno de los principios fundamentales sobre los que se construye cualquier Estado moderno. Ningún país serio puede aceptar que otro actúe unilateralmente dentro de su territorio al margen de los mecanismos de cooperación internacional. Eso es indiscutible e irrebatible.

Algo muy diferente es el uso político y discrecional que un gobierno hace de ese principio cuando le resulta conveniente. En el México de la autoproclamada “cuarta transformación”, la soberanía parece haberse convertido en un mero escudo discursivo para desviar la atención de un problema mucho más serio: las crecientes evidencias sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, empresariales e institucionales mexicanas.

Desde la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en 2024, el gobierno de México ha concentrado buena parte de su narrativa propagandística en “denunciar” la forma en que ocurrió el traslado –el morenato lo llama “secuestro” a voz en cuello- del capo a territorio estadounidense, lo cual se recrudeció con la reciente exhibición de fotografías del jefe del Cártel de Sinaloa llegando a Texas para ser detenido –hay quien asegura que se entregó por voluntad propia- y la “donación” a un museo de la aeronave en la que viajó, como si fuese una especie de “trofeo” del FBI.

Las últimas dos semanas han marcado una nueva escalada violenta contra los periodistas y la libertad de expresión y de prensa en Veracruz, acrecentando las cifras de agresiones en el que sigue siendo uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el país.

El secuestro y asesinato de periodistas ocurridos en Nanchital y Poza Rica en el transcurso de estos 15 días son parte de una larga cadena de violencia que nadie, ninguna autoridad, de cualquier partido, ha querido ya no digamos contener, sino siquiera atender desde hace ya demasiado tiempo.

El plagio y desaparición de Roxana Guzmán en el sur de la entidad expuso la fragilidad hasta de estar en tu propia casa, de donde cualquiera puede ir a sacarte a punta de pistola. El asesinato de Luis Ángel López Valdez, acribillado en el norte del estado con 18 balazos la semana pasada, pese a contar con un supuesto acompañamiento y medidas de protección, evidenció que los protocolos no funcionan. Ni las instituciones que los llevan a cabo.

Las celebraciones del “día de la libertad de expresión” cada 7 de junio siempre han sido una fantochada, una simulación en la que desde su origen, los dueños de los medios le “agradecían” al presidente —o al gobernador— en turno la “graciosa concesión” de, irónicamente, ejercer una libertad de expresión de la que, en realidad, no gozaban.

Por décadas fue ese el espacio para “premiar” al periodismo dócil con el poder, el que no publicaba sobre la corrupción gubernamental y que se regodeaba en la cercanía —aunque fuera solo en el lapso que dura comerse unos huevos con frijoles— con los gobernantes.

Continuar “celebrando” esa fecha no solo es anacrónico. Es burdo. Exaltar la libertad de expresión mientras se comparte mesa con el actor público que debiese ser el blanco del escrutinio periodístico a su desempeño y que además, te va a entregar un “reconocimiento”, es un contrasentido.

Por esa razón, la conmemoración se trasladó al 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la ONU en 1993 para promover y proteger el periodismo independiente y la libertad de expresión. Y los premios de periodismo con verdadero reconocimiento se entregan únicamente entre pares, a convocatoria de un Consejo Nacional integrado por periodistas.

Como si aún estuviera gobernando (¿o será que nunca ha dejado de hacerlo?), Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer girar la escena política mexicana en torno suyo, luego de que el expresidente reapareció por enésima ocasión con una carta pública en la que denunció una supuesta “embestida” de Estados Unidos contra Morena y sus dirigentes, a raíz de las investigaciones y acusaciones que vinculan a políticos morenistas con el narcotráfico.

El gesto no es menor. En un momento en que la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta crecientes presiones por los señalamientos de Washington y ante la negativa de entregar a la justicia a los políticos morenistas involucrados en las denuncias, López Obrador decidió colocarse al frente, reafirmando que sigue siendo el verdadero conductor de su movimiento y al mismo tiempo, contraviniendo una de las principales reglas no escritas de la política mexicana: los expresidentes no le hacen sombra al gobernante en turno.

Claramente, la reforma constitucional que incluyó la “injerencia extranjera” como causal de nulidad de elecciones en México no es más que un blindaje político para que el régimen morenista pueda anular cualquier proceso electoral que no le favorezca.

El pretexto es tan amplio y ambiguo que abre la puerta a que cualquier crítica internacional, cualquier observación de organismos multilaterales, cualquier señalamiento de la prensa extranjera, incluso cualquier comentario político desde el exterior pueda ser interpretado como “intervención” y, por tanto, usado para invalidar la voluntad popular si ésta ya no favoreciese al régimen.

Este domingo en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro en su discurso: “hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. Ese camino de las intervenciones nunca ha dejado justicia y bienestar para los pueblos”, arremetió, en referencia a los procesos encauzados desde Estados Unidos contra diez políticos morenistas por nexos con el narcotráfico.

Las reformas legales y constitucionales recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados —y que tendrán el mismo derrotero en el Senado— son parte de una pinza cuidadosamente diseñada para cerrar e incluso clausurar cualquier margen de acción ciudadana independiente y devolver al régimen la capacidad de manipular, anular y controlar elecciones a su antojo, como antaño, en las épocas “doradas” del PRI.

El primer filo de esta pinza es la facultad prácticamente discrecional para anular elecciones. Bajo el discurso de “combatir la injerencia extranjera” o “garantizar la limpieza democrática”, se introducen mecanismos que permiten a las autoridades electorales —ahora colonizadas por consejeros y magistrados afines al morenato— invalidar procesos completos con criterios vagos y subjetivos. La consecuencia es devastadora: cualquier resultado incómodo para el régimen puede borrarse de un plumazo, reconfigurando la lógica del “si no gano, arrebato” que caracterizó al viejo priismo y que se reinstaló de manera pedestre desde el arribo del obradorato al poder.

Aunque en el transcurso de este jueves el autor de esta trampa, el diputado morenista Ricardo Monreal, terminó retirando la enmienda de nulidad electoral por “injerencia extranjera” para que no fuese enviada al Senado, no lo hizo como un acto de contrición y mucho menos de convicción democrática, sino por un asunto más mundano: ya no les da tiempo de aprobar la legislación secundaria, por lo que, al menos para el proceso electoral de 2027, no se aplicaría tal cual. Aunque eso tampoco es del todo cierto.

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a dejar de ver un medio de comunicación porque no le gusta la línea editorial hacia su administración va más allá de un simple desplante o un dislate verbal. Forma parte de una estrategia de hostigamiento hacia el periodismo crítico que se anuncia con total naturalidad. E impunidad. 

La gravedad de este exabrupto de la presidenta -que debiera serlo de todos los ciudadanos de este país y no solo de sus simpatizantes- no radica únicamente en la animadversión hacia un medio específico, que en este caso es TV Azteca pero que pudiese ser cualquier otro, sino en el mensaje que pasó de lo implícito a lo muy explícito: el poder pretende arrogarse la facultad de decidir qué voces son legítimas y cuáles deben ser silenciadas.  

Personalmente no veo TV Azteca. Desde hace varios años dejaron de atraerme sus contenidos y no comparto el sesgo con el que en general llevan a cabo la función informativa, que antes del pleito por el cobro de impuestos era bastante complaciente con el gobierno morenista. Pero la decisión de consumir otros materiales comunicacionales la tomé yo, con base en mi criterio, mis intereses y mi libertad de decidir dónde, cómo y con quién entretenerme e informarme. Muy diferente es que el gobierno intente tirar “línea” sobre lo que debo o no ver, o sobre lo que debo o no pensar.

Tras la entrega y detención en Estados Unidos de dos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el régimen morenista quedó contra las cuerdas, exhibido por lo menos como protector de delincuentes y debilitado a tal grado en su credibilidad, que se ha visto obligado a intentar “pintar su raya” con personajes a los que antes recibió jubiloso en su regazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, forzada por la evidencia y la circunstancia que la acorrala, desarmado su discurso de supuesta superioridad moral, lanzó este fin de semana una advertencia que suena más bien a una suerte de confesión: “ninguna persona que no sea honesta puede esconderse bajo el halo de la transformación”.

La revelación de que en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, ambos en Xalapa, y ahora también en el Hospital “General Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla se almacenaron y dejaron caducar medicamentos, algunos con vencimientos desde 2022, confirma el desastre por el que atraviesa el sistema de salud en el estado de Veracruz, aderezado con la irresponsabilidad criminal de quienes están al frente y toman decisiones desde el más alto nivel.

No es un tema menor. Se trata de un crimen ominoso contra la salud de miles de personas que dependen de la atención en el sistema público de salud para sobrevivir. Esos medicamentos, sin exagerar, representan la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas o infecciones graves. Que se haya permitido que caducaran en hospitales públicos es muestra de una negligencia abominable. Peor todavía, en medio de un escenario de desabasto generalizado como el que padecen los usuarios de estos servicios, que ahora se encuentran con que las medicinas que sí había en existencia para su atención, se dejaron echar a perder. De las pérdidas millonarias que esto provoca, luego hablamos.