Columnas de Interes

En el marco del 60 aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV), que se llevará a cabo esta semana, del 20 al 24 de abril, el debate económico no puede quedarse en la superficie. Hoy, más que nunca, es indispensable cuestionar la forma en que se mide la inflación en México, porque de ello depende —ni más ni menos— la comprensión real de la pobreza. La narrativa oficial insiste en destacar la desaceleración de la inflación. Pero esa afirmación, aunque técnicamente correcta en términos de inflación subyacente, es profundamente engañosa cuando se contrasta con la realidad cotidiana de millones de familias mexicanas. De acuerdo con cifras del INEGI y el Banco de México, en los últimos 12 meses se observa un comportamiento claramente diferenciado:

•       Inflación general anual (2025–inicios de 2026): entre 4.4% y 4.8%

•       Inflación subyacente: con tendencia a la baja, ubicándose alrededor de 4.0%

•       Inflación no subyacente: con episodios de alta volatilidad, pero con picos que han alcanzado 6% a 8% anual, particularmente en alimentos y energéticos

Dr. Rafael Vela Martínez Veracruz enfrenta hoy una de las crisis estructurales más profundas de su historia reciente: un campo

El próximo 30 de abril no es una fecha administrativa más. Es, en sentido estricto, un punto de inflexión para el futuro de Veracruz. Ese día vence el plazo legal para que los 212 Ayuntamientos del estado entreguen sus Planes Municipales de Desarrollo 2026–2029, documentos que, en teoría, deben orientar el crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y el bienestar de millones de veracruzanos; sin embargo, lo que debería ser un ejercicio técnico, responsable y con sustento científico, corre el riesgo de convertirse en una simulación más. El mecanismo es conocido: favores de campaña que hoy se cobran como cuotas de poder.

El Congreso del Estado dio un paso importante al emitir una guía metodológica para la elaboración de estos planes. Paralelamente, un grupo de académicos que tengo el honor de coordinar, desarrollamos una investigación profunda que derivó en la obra “Planeación para el Desarrollo Municipal en Veracruz: Manual 2026–2029”, cuyo propósito central es histórico: construir, por primera vez, una gran base de datos municipal sustentada en evidencia científica, que permita diagnósticos reales y no ocurrencias políticas.

Dr. Rafael Vela Martínez En Veracruz, la planeación del desarrollo territorial parece haberse quedado atrapada en el pasado. Mientras otras

La llegada de Aureliano Hernández Palacios Cardel a la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) puede marcar un punto de inflexión en la fiscalización del gasto público en México. Pero en Veracruz y, particularmente en la vida institucional de la Universidad Veracruzana (UV), el significado político de este nombramiento podría ser aún mayor, ya que abre la posibilidad de esclarecer el destino del subejercicio multimillonario señalado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

Cuando se habla de Aureliano Hernández Palacios Cardel, no se trata de cualquier funcionario, se trata de un integrante de una familia profundamente ligada a la historia universitaria veracruzana. Su abuelo, Aureliano Hernández Palacios, fue rector de la UV,  y es recordado como uno de los universitarios más íntegros y visionarios que ha tenido la institución. En particular, el padre del actual auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Mirón, desarrolló una amplia trayectoria docente dentro de la universidad, impartiendo clases en facultades como economía, de donde procedo, ingeniería, administración y arquitectura, así como en la maestría en desarrollo regional del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), justamente mi centro de adscripción donde trato de rescatar la investigación en desarrollo y economía regional.

La historia de esta familia tiene además un fuerte simbolismo social: Don Aureliano Hernández Palacios provenía del municipio indígena de Tequila, Veracruz, en la región de la Sierra de Zongolica. Desde esa tierra marginada emergió un rector que defendió la dignidad académica y el carácter público de la universidad. Hoy, décadas después, su nieto encabeza el órgano constitucional más importante de fiscalización del país.

La crisis institucional que hoy atraviesa la Universidad Veracruzana (UV)  ya no es solamente un conflicto interno entre autoridades universitarias y académicos inconformes. Se ha convertido en un problema de legalidad pública que involucra la vigencia del Estado de derecho, el respeto a los derechos académicos y la responsabilidad política del Poder Legislativo de Veracruz.

El origen del conflicto es conocido: la prórroga del mandato del rector Martín Aguilar Sánchez, acordada por la Junta de Gobierno, sin la emisión de una convocatoria abierta como lo prevé la legislación universitaria para la designación de rector. De acuerdo con la normatividad vigente, el rector de la UV debe ser designado por un periodo de cuatro años y, al concluirlo, debe abrirse un proceso de sucesión mediante convocatoria pública dirigida a académicos que cumplan con los requisitos establecidos. Esa convocatoria nunca se emitió.

En su lugar, se decidió internamente una prórroga del cargo por cuatro años adicionales. El problema jurídico es evidente: la figura de la prórroga no está prevista expresamente en la ley universitaria. Y en el derecho público mexicano rige un principio elemental: lo que la ley no autoriza expresamente a la autoridad, le está prohibido: no se trata de un debate personal ni político. Se trata de una cuestión de legalidad.

Ante esta situación, diversos académicos acudimos al juicio de amparo buscando restituir la legalidad del proceso sucesorio universitario. Sin embargo, las primeras demandas fueron desechadas por juzgados federales bajo el argumento de que las universidades públicas, por su autonomía, no podían ser sujetas a control constitucional mediante amparo. Este criterio se basó en la tesis jurisprudencial 19/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reciente narrativa difundida en algunos medios pretende vender la idea de que Martín Aguilar Sánchez ha sido “ratificado”, “legalizado” y “fortalecido” por el Poder Judicial. La realidad es otra: lo que estamos presenciando es un preocupante intento de convertir decisiones procesales cuestionables en una supuesta legitimidad política inexistente. No hay victoria jurídica. Hay una crisis constitucional en curso, respaldad por autoridades gubernamentales; de hecho, tiene más de 4 meses que la Red UV en Defensa de la Legalidad solicitó  al Congreso Legislativo del estado de Veracruz, la interpretación auténtica de la normatividad universitaria, sin que hasta el momento exista alguna respuesta sobre el particular.

De acuerdo con el magistrado en retiro Jorge Espinosa Castillo, con más de cuatro décadas en el Poder Judicial, la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno al Rector es “jurídicamente nula de pleno derecho”. Y la razón es elemental en derecho público: Lo que no está expresamente permitido, está prohibido. La legislación universitaria no contempla facultad alguna para prorrogar el nombramiento del Rector. El límite de edad de 65 años es claro. La Junta de Gobierno no puede modificar unilateralmente una situación jurídica sin competencia expresa. Si una autoridad actúa sin facultades, su acto es inexistente. Esto no es un debate político. Es un principio constitucional derivado de los artículos 14, 16 y 1° de la Constitución.

El desechamiento del amparo no constituye una validación del acto impugnado.
Constituye, en todo caso, un retroceso interpretativo. El Tribunal aplicó la tesis 1a./J. 19/2010, anterior a la Reforma Constitucional de 2011 y a la nueva Ley de Amparo de 2013. Esa tesis fue superada por: el nuevo Artículo 1º Constitucional (principio pro persona); el Artículo 5º de la Ley de Amparo, que amplió el concepto de autoridad responsable; y, por la obligación de control difuso de constitucionalidad: ignorar esta transformación del sistema jurídico mexicano no es una omisión menor.
Es una regresión.

La aprobación por parte del Congreso del Estado de Veracruz de la Guía para la elaboración de los Programas de Desarrollo Municipal constituye un acto de política pública de alto calado estratégico. No se trata de un simple manual técnico, sino de un instrumento doctrinal y operativo que contribuye a institucionalizar la planeación territorial como política de Estado.

Esta Guía es resultado de más de dos décadas de investigación aplicada sobre economía regional, desarrollo municipal y planeación territorial, y se inscribe en la Escuela Veracruzana de Economía Regional, corriente teórica y metodológica que he desarrollado con un grupo de académicos de la Universidad Veracruzana (UV) mediante investigaciones aplicadas orientadas al desarrollo municipal de Veracruz, Atlas territoriales y propuestas de planeación multinivel orientadas a la toma de decisiones gubernamentales (Vela Martínez, Planeación para el Desarrollo Municipal en Veracruz: Manual 2026–2029; Atlas Económicos 2025; Atlas de Infraestructura Estratégica Municipal; así como artículos en revistas especializadas sobre planeación territorial, desigualdad regional y políticas públicas municipales).

La adopción legislativa de esta Guía representa un cambio cualitativo en la arquitectura institucional del desarrollo veracruzano. Durante décadas, la planeación municipal ha sido un ejercicio formalista, desvinculado de la evidencia territorial y de la programación presupuestal. Con esta Guía, el Congreso reconoce que sin planeación territorial científica no hay desarrollo, solo simulación institucional.

El documento está diseñado para coadyuvar estratégicamente a la Administración estatal, proporcionando una metodología operativa para articular el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Veracruzano de Desarrollo, los Programas Municipales de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de una plataforma técnica para orientar la inversión pública hacia resultados medibles en crecimiento económico, bienestar social y sostenibilidad territorial.

Veracruz no es pobre por falta de recursos, es pobre por falta de planeación basada en evidencia. Durante décadas, los municipios han invertido millones en obras irrelevantes para el desarrollo económico mientras ignoraban la infraestructura estratégica que genera empleo, riqueza y bienestar. El Atlas Municipal de Equipamiento Urbano Estratégico no es un libro más: es una radiografía del rezago y una hoja de ruta para que los ayuntamientos dejen de improvisar y comiencen a gobernar con ciencia y perspectiva territorial.
 
Desde hace más de veinticinco años estudio los municipios del estado de Veracruz. La evidencia es contundente: salvo contadas excepciones, los municipios no registran crecimiento económico significativo, independientemente del partido político que gobierne. La grandeza económica de Veracruz se ha erosionado de manera sistemática. El subsector agropecuario, que en algún momento aportó más del 14% del PIB estatal, hoy contribuye menos del 5%. En un contexto de crisis alimentaria global, esta caída no es solo un indicador económico: es una vulnerabilidad estratégica, pues Veracruz enfrenta una crisis alimentaria.
 
El sector industrial mantiene una baja capacidad de absorción de la Población Económicamente Activa (alrededor del 19.5%), dominado por micro empresas que representan más del 94 % de las Unidades Económicas (UE) en la entidad, las cuales emplean a menos de diez trabajadores. El sector terciario crece, pero impulsado por la informalidad (65%) y la migración campo-ciudad, no por una estrategia deliberada de desarrollo.