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Seis mujeres resultaron asesinadas cada día en México durante el pasado mes de marzo, según revelara el más reciente informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al acumular 200 homicidios dolosos no tipificables como feminicidio. De acuerdo con la SESNSP, al cierre del primer trimestre de 2024 habían sido asesinadas en todo el territorio mexicano 621 mujeres, con un pico de 221 víctimas el pasado febrero. La mayor parte de esos crímenes se perpetraron en los estados de Guanajuato, Baja California, México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Jalisco, consigna El Universal. En la información se destaca que el estado de Colima lidera la lista de mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes, seguido de Baja California, Guanajuato, Guerrero, Chihuahua, Morelos y Quintana Roo. Pese a la ligera disminución intermensual en los asesinatos de mujeres en términos absolutos, la base de datos del organismo, que se sustenta en informes de las fiscalías y procuradurías estatales, ha visto aumentar la cantidad de víctimas de otros delitos contra la integridad de las mujeres, entre los que se cuentan secuestro, corrupción de menores, lesiones dolosas, violación, violencia de género y violencia familiar.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo, ofreció una disculpa pública después de que afirmará que México es “el campeón” en la producción de fentanilo. A través de un comunicado, la FGR reconoce que fue inadecuada la palabra utilizada por el funcionario el martes pasado durante la Conferencia Multilateral de Drogas Sintéticas. “El maestro Gallo se disculpa públicamente; explicando que el propósito, en el que evidentemente no debió usar esa palabra, era destacar el largo combate legal que ha tenido que llevar a cabo nuestro país para combatir la producción, el trasiego y la exportación de drogas sintéticas”, se lee en el desplegado. En su intervención del pasado 23 de abril, Felipe de Jesús Gallo dijo que desde la década de 1990 “México ha sido el campeón en la producción de metanfetaminas y ahora de fentanilo”.

Un tribunal colegiado en materia penal confirmó la victoria legal que permite a Rosario Robles estar libre de cualquier cargo por la llamada Estafa Maestra. La exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto celebró la decisión como un triunfo de la justicia: ¡Se acabó la infamia! Hoy el 9 Tribunal Colegiado ratificó mi absolución y negó que la ASF tuviera razón en el amparo que promovió. La justicia triunfó. Derrotamos la venganza y el uso faccioso de nuestras instituciones para perseguir adversarios. Si Es Venganza No Es Justicia. El tribunal colegiado decidió no otorgar un amparo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La justicia federal consideró que la conducta atribuida a Rosario Robles era de tipo administrativa y no penal. Rosario Robles fue perseguida penalmente por la Fiscalía General de la República, que le atribuyó la conducta de “ejercicio indebido del servicio público”, pero no de peculado, robo o malversación de fondos. La exfuncionaria, exjefa de Gobierno del Distrito Federal, estuvo encarcelada tres años por este proceso.

Un juez ordenó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador resguardar los memoriales de cinco personas desaparecidas que fueron retirados el pasado 15 de marzo de las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Diversos colectivos de defensa de derechos humanos denunciaron que los memoriales, que colocaron familiares frente a Palacio Nacional, fueron retirados presuntamente por orden del presidente López Obrador. Se trata de los memoriales de Óscar Antonio López Enamorado, migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos en Coahuila en 2009; Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido en Nuevo León en 2011, y Marco Antonio Amador Martínez, migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas en 2013. Ante la situación, las familias afectadas promovieron un amparo al considerar que el retiro de los memoriales violenta sus derechos humanos a la memoria, a la protesta, a la manifestación, a la legalidad y seguridad jurídica.