La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al considerar que dejó de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a las asociaciones integrantes de esa organización internacional, debido a su respaldo a la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces y magistrados
La decisión fue adoptada el pasado 17 de octubre durante la 68 reunión anual de la UIM, mediante una votación secreta en la que participaron 70 delegaciones. El resultado fue de 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones. Debido a que las abstenciones no se contabilizan, la exclusión obtuvo 53 de los 66 votos emitidos, cerca de 80 por ciento.
La UIM, fundada en 1953, agrupa asociaciones nacionales de jueces y no a gobiernos o tribunales. Entre sus objetivos está la protección de la independencia judicial, que considera una condición esencial de la función jurisdiccional y una garantía de los derechos humanos. Sus estatutos establecen que las asociaciones integrantes deben ser apolíticas e independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de sus respectivos países, además de promover la independencia judicial.
Durante la asamblea de la UIM, la CONATRIB estuvo representada por su presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, titular del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Chiapas. La CONATRIB agrupa a las y los titulares de los 32 poderes judiciales de los estados.
La revisión de la membresía de la CONATRIB comenzó después de que, el 28 de junio de 2024, la organización se pronunciara a favor de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese posicionamiento respaldó la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, aunque planteó que su implementación fuera gradual, que se garantizara la participación de los jueces en funciones y que se respetara la independencia judicial. La reforma fue aprobada en septiembre de ese año.
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