Seguridad Nacional

Organizaciones civiles alertaron que la reforma a la Ley de Amnistía, que otorga al Ejecutivo Federal la facultad de conceder indulto aprobada ayer en el Senado de la República, atenta contra el derecho a la verdad y a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos. Ayer, el Senado aprobó adicionar el artículo 9 a la Ley de Amnistía, el cual establece que el titular del Ejecutivo Federal podrá otorgar el beneficio de amnistía de manera directa a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano. La amnistía es un instrumento mediante el cual se concede el “perdón” por la realización de actos delictivos a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, que tiene como efecto la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas. Sin embargo, las organizaciones CEA Justicia y Elementa señalaron que la incorporación de dicho artículo a la ley “no es la vía correcta para iniciar un proceso de esclarecimiento de la verdad”. De acuerdo con las organizaciones, que la amnistía sea concedida por el presidente del país va en contra de la obligación de investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos del artículo 1 constitucional.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ofreció este jueves un millón 500 mil pesos de recompensa a quien brinde información para la detención de tres mujeres vinculadas con el Cártel del Tláhuac. En conferencia, el encargado de la fiscalía, Ulises Lara López, detalló que las mujeres generadoras de violencia en la ciudad son María de los Ángeles Ramírez Arvizu, Liliana Pérez Ramírez, alias “La Voz” y Samantha Pérez Ramírez, “Sam”. “Por cada una de las tres mujeres, el monto de recompensa será de 500 mil pesos a quien o quienes proporcionan información veraz y útil que coadyuve a su localización, detención o aprehensión, se le entregará”, precisó Lara López. De acuerdo con las autoridades, María de los Ángeles Ramírez Arvizu presuntamente es la líder del Cártel de Tláhuac, después de la muerte de Felipe “N”, alias “El Ojos”, cuenta con una orden de aprehensión y se le vincula con el delito de asociación delictuosa. El encargado de la fiscalía indicó que Liliana Pérez Ramírez es identificada como la hija de “El Ojos” y posiblemente es encargada de la venta y distribución de drogas en Tláhuac bajo el mando de su madre.

La Organización Pena Sin Culpa aclaró que una eventual anulación de la prisión preventiva oficiosa no implicaría una liberación masiva de personas, como se afirmó este martes la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La organización de abogados señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará en las siguientes sesiones el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es obligatoria e inapelable. El cumplimiento de sentencia cayó en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propone que la medida de prisión preventiva oficiosa se justifique en cada caso, sin aplicarse de manera automática. La organización explica que “esto de ninguna forma implica una liberación o exoneración masiva -como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy la Secretaria de Gobernación”. En todo caso, las personas sometidas a prisión con esta medida enfrentarían una nueva audiencia para determinar si es razonable que sigan en proceso sin su libertad.

Jueces y magistrados expresaron apoyo a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, después de que su antecesor, Arturo Zaldívar, presentó una serie de denuncias y una solicitud de juicio político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) afirmó que la ministra tenía la obligación de activar la investigación contra el equipo de Zaldívar, para “cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”. La organización no fija postura sobre la presunta red que operó Zaldívar para presionar a jueces, pero sostiene que hay un aumento ‘exponencial’ en las quejas contra juzgadores por resolver asuntos contra autoridades federales. De hecho, en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de personas juzgadoras, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias. La JUFED dijo que la apertura de la investigación al equipo de Zaldívar no se debe interpretar como una estrategia electoral o contra alguna candidata.