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Hace más de 40 años, el entonces presidente José López Portillo sintetizó en una frase una de las formas más autoritarias, patrimonialistas y perversas de entender la relación entre el poder público y la prensa: “no pago para que me peguen”, en relación con su pleito con el semanario Proceso, dirigido por Julio Scherer, al que le retiró toda la publicidad oficial en represalia por su línea crítica.

Pero “Jolopo” no hablaba de su dinero, pues no sacaba un peso de su cartera. Hablaba del presupuesto público como si fuera suyo y, desde esa concepción patrimonial del poder, decidió que quien criticara al presidente no merecía recibir publicidad del gobierno.

Cuatro décadas después, la autodenominada “cuarta transformación”, que prometió desterrar las prácticas del viejo régimen –con el que se mimetiza a cada segundo-, parece haber encontrado la manera de reciclarlas bajo un nuevo discurso. Claudia Sheinbaum lo dejó ver con una claridad extraordinaria cuando, durante una reciente conferencia presidencial, fue cuestionada directamente por un asistente a la “mañanera” sobre el reparto de publicidad oficial.

La presidenta respondió primero que el gasto se había reducido respecto de los tiempos de Enrique Peña Nieto –lo cual es relativamente cierto- y, ante la insistencia, soltó casi con un dejo de orgullo: “no, por ejemplo, a TV Azteca, sí, no le damos”. Y luego mencionó a Reforma y a El Universal como otros de los medios “expulsados” del “paraíso” presupuestal por “incómodos”.