Luis Gutiérrez R.

Según el Diccionario de Mexicanismos de la Comisión de Consultas de la Academia Mexicana de la Lengua (Siglo XXI Editores 2010), gandalla (sustantivo o adjetivo), es la persona que se aprovecha de alguien o se apropia de algo de manera artera. Admitamos que esta palabreja ya es de uso común, modesta aportación coloquial de la política mexicana al mundo. Recuerdo que hace 40 años, como escenario para el V informe de gobierno de José López Portillo, a partir del 1° septiembre de 1981 se estrenaron las instalaciones del palacio legislativo de San Lázaro, para alojar los recintos de las cámaras de Diputados y de Senadores. La vieja y señorial casona de la esquina de Donceles y Allende, en la Ciudad de México, fue cedida como nueva Cámara de Diputados local.

Por un twitter de la periodista Mireya Cuéllar, en La Jornada de Baja California, me enteré hace un rato de la muerte de mi muy querido amigo, paisano y colega Manuel Tejido Tejón. Imposible olvidar que una tarde, tendido panza abajo en la sala refrescante de mi casa de Tierra Blanca, Veracruz, leí hace varias décadas en la primera plana del diario Excélsior (que por suscripción de mi padre llegaba al pueblo en autobús con retraso de uno o dos días), un reportaje de Manuel Mejido, firmado en algún lugar de Europa. Mientras leía la nota, mi padre, de pie a mis espaldas, solamente comentó: «Este periodista es de aquí, de Tierra Blanca, hijo de un amigo de tu abuelo Daniel» (médico homeópata) que, a su vez, en efecto, había tenido amistad con don Luciano Mejido, próspero comerciante inmigrantes español).

A mediados del siglo XX, estudiosos e investigadores franceses resolvieron llamar “historia contemporánea” al periodo de 156 años transcurrido entre 1789 (inicio de la Revolución Francesa), y el término formal de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945. Investigar, hacer acopio de los sucesos históricos de esa etapa, acotada además por importantes lagunas informativas sobre todo lo ocurrido en Francia de 1945 a la fecha, significó un esfuerzo intelectual, académico y político que sigue mereciendo el enorme trabajo de renombrados historiadores franceses, cuyos arduos trabajos son consultados en las mejores bibliotecas del mundo. Entre ellos, hubo intelectuales que decidieron cruzar la barrera de 1945 y continuaron su labor de investigadores e historiadores, como René Rémond, (fallecido el 14 de abril de 2007), quien organizó a un equipo de 12 colegas que en el nombre llevaban su misión: “Pour une histoire politique” (Por una historia política), Paris, 1984.

Las advertencias sobre la amenaza de un ecocidio universal están a la vista. Voces sensatas lo advierten en todos los foros y centros de investigación científica: aún hay oportunidad de revertir el daño, pero queda poco tiempo para lograrlo. Los fenómenos naturales han acentuado su presencia devastadora desde el año pasado y en diversos escenarios: desde severos periodos de sequía, con hambruna y pobreza crecientes en muchos lugares del planeta, hasta inundaciones que a su paso han causado pérdidas de miles de vidas, cuantiosos daños millonarios y pandemias letales como la provocada por el virus Covid-19, imputable en muchos aspectos a la ineficiencia (tal el caso de México y muchos otros países), de las políticas en materia de salud pública: más de 200 millones de contagios y más de 4.2 millones de muertes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Fue Andrés Manuel López Obrador quien alentó en 2020 la “consulta popular”, para hacerles, en 2021, una pregunta a 93 millones 597 mil 559 personas registradas en el padrón del Instituto Nacional Electoral. En el mandarriazo AMLO no se anduvo por las ramas: que el pueblo respondiera con un “sí” o un “no” si está de acuerdo en llevar a juicio a los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Llovieron los cuestionamientos por la intención populista: ¿para qué tanto ruido si en la Constitución General de la República y en el Código Penal están las respuestas? Pero muchos no advirtieron que el anzuelo estaba también en un sustantivo atractivo para el presidente: el escarnio público.

Unos historiadores apuntan que el mal de origen de muchos de nuestros problemas (de toda índole: políticos, económicos y sociales), proviene de hace casi 200 años, cuando el esperado federalismo estuvo prácticamente ausente de nuestras raíces institucionales. Difícilmente pudo ser de otra manera, si analizamos el entorno geopolítico prevaleciente en 1824. Otros señalan, sin rodeos, la decisión histórica del presidente Plutarco Elías Calles, de propiciar el nacimiento (en el poder) del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que habría de tener dos refundaciones más: una, por Lázaro Cárdenas, como Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y otra por Manuel Ávila Camacho, como Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lo único que no cambió, hasta la fecha, fue la oligarquía dominante. Prevalece intocable.

Cual pandemia avasallante, la violencia criminal cobra víctimas todos los días en el territorio nacional. En el blanco de las pandillas criminales hay ciudadanos inermes, autoridades maniatadas y hasta militares (¡quién lo hubiera imaginado!), a los que ahora llega la orden increíble desde el Palacio Nacional: no se metan, no respondan a los gritos de multitudes indefensas que exigen protección. Que aguanten los uniformados. Que se expongan cruzados de brazos a emboscadas de delincuentes (estos sí), con licencia para herir y matar. Se multiplican las alertas: ataques armados en Chiapas, asesinatos y secuestros en Tamaulipas, expulsión forzada de comunidades enteras en Guerrero. Virtual estado de sitio en Aguililla, Michoacán, donde hace días una multitud confió en la amurallada consigna palaciega de “abrazos, no balazos”, pero cuando con palos y piedras (por las dudas), acudió al cuartel de la cercana 43 Zona Militar para pedir ayuda, los soldados respondieron con gas lacrimógeno.

uando empiezo a pergeñar estas líneas, vienen a mi memoria unas palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Armados con la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana, están revolucionando uno de los legados más siniestros del pasado. Los muros de la intolerancia empiezan a caer. Esta afirmación de la dignidad, que nos dignifica todo, nace del coraje de ser diferente”. Así fue la Marcha número 43 por el orgullo gay CDMX 2021, realizada el sábado 26 de junio por céntricas avenidas, como el Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo. Marcha por una libertad secularmente reprimida. Por compatriotas que desfilaron hacia la Plaza de la Constitución con cubrebocas de todas las tonalidades, jubilosos, en una fiesta de orgullo y dignidad.

El pasado martes 22 de junio, 59 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, reunidos en Ginebra, Suiza, firmaron una declaración conjunta para condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua, pedir la celebración de elecciones libres en noviembre próximo y exigir la “liberación inmediata” de opositores detenidos, particularmente cinco precandidatos a la presidencia: Cristiana Chamorro (bajo arresto domiciliario), Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Por cierto, desde 2017, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, impuso como vicepresidenta del país (segunda en el mando) a su esposa Rosario Murillo Zambrana.

Buena parte de la sociedad mexicana ha sido agraviada desde hace meses por un clima de violencia criminal, extendida a lo político y social, que arroja negros presagios sobre las elecciones del próximo domingo 6 de junio. Llamo agravio a la incapacidad (manifiesta o deliberada) del gobierno federal para cumplir con uno de sus principales mandatos constitucionales: garantizar seguridad plena a los gobernados. Corresponde a su jefe, el presidente del poder ejecutivo, y a su nutrido y costoso equipo de asesores, asumir la obligación de hacerse corresponsables de la gobernabilidad de la nación. Es inaceptable que el primer mandatario del país eluda esa responsabilidad, con solo culpar “al crimen organizado” de asesinatos, secuestros y otros atropellos que vulneran la paz pública. No puede ignorar o eludir que al ser reconocido su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018, asumió también legitimidad​ en obligada defensa del Estado, el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de esa orden.