Nicaragua: ¿Quién sigue?

Luis Gutiérrez R.

El pasado martes 22 de junio, 59 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, reunidos en Ginebra, Suiza, firmaron una declaración conjunta para condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua, pedir la celebración de elecciones libres en noviembre próximo y exigir la “liberación inmediata” de opositores detenidos, particularmente cinco precandidatos a la presidencia: Cristiana Chamorro (bajo arresto domiciliario), Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.

Por cierto, desde 2017, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, impuso como vicepresidenta del país (segunda en el mando) a su esposa Rosario Murillo Zambrana.

Antes de continuar, es pertinente mencionar la ayuda económica aprobada por el llamado Comité Técnico del Fondo México (de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe)), el 20 de septiembre de 2019 (antes que cumpliera un año en el poder el gobierno de Andrés Manuel López Obrador): donó 885 millones de pesos (41 millones de dólares) para que Honduras y El Salvador pusieran en marcha los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Este comité técnico lo preside, opera y administra la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon.

Los representantes diplomáticos de México y Argentina, presentes en Ginebra, dieron la nota al negarse a firmar la declaración. El precedente inmediato de esta decisión fue que, habiéndose ofrecido como mediadores para un posible diálogo con el gobierno del nicaragüense Daniel Ortega, ex dirigente guerrillero sandinista y presidente desde el 10 de enero de 2007, no firmaron el documento porque la semana anterior la Organización de Estados Americanos (OEA), también emitió una resolución de condena a Ortega.

En cambio, mientras México llamó para consultar a sus respectivos embajadores en Managua, diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandaron elecciones libres y el cese a la represión de disidentes. Pero la abstención se mantuvo, para lo cual México invocó su decisión, como en otras ocasiones, de no involucrarse en los asuntos internos de otros países.

La dirección para las Américas de Human Rights Watch, informó recientemente que más de 108 mil nicaragüenses han dejado su país víctimas de la represión, que tuvo una de sus más sangrientas expresiones en 2018, cuando el gobierno reprimió violentamente manifestaciones que dejaron un saldo de 328 muertos, 2 mil heridos y cientos de detenidos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de Ortega atribuyó la rebelión a “un fallido golpe de Estado”.

Desde luego, otros factores podrían enmarcar la decisión de México y de Argentina, de no sumarse a la condena contra el gobierno nicaragüense. Ortega no ha cumplido con 14 recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras la crisis política de 2018, incluidas detenciones arbitrarias de personas opositoras al gobierno y limitaciones en el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación.

Otro elemento soslayado en torno al voto condenatorio de Ginebra y la abstención de los dos países latinoamericanos arriba mencionados, se resume en una pregunta: ¿Por qué negaron su voto aprobatorio México y Argentina? ¿Por su respeto a la no injerencia en asuntos internos de otros Estados?

La respuesta puede estar en la Clausura del Foro Antiimperialista contra el Neoliberalismo, efectuado el 4 de noviembre de 2019, en La Habana, Cuba, donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó abiertamente su entusiasmo al augurar que el gobierno de México (de Andrés Manuel López Obrador), y en su momento la representación del entonces presidente electo de Argentina (Alberto Fernández), serán parte de un “hermano frente progresista” que combatirá al neoliberalismo en América Latina.

Maduro, quien estuvo acompañado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, precisó que “México y Argentina son dos grandes países, hermanos, aliados, que tienen sus propias características”.

Semanas después, en controvertida conferencia de prensa, López Obrador negó ser parte de ese “de frente anti neoliberal contra el neoliberalismo. Y matizó: los comentarios de Maduro hacia su gobierno son parte del respeto que otros gobiernos le tienen a México.

También impulsó Ortega una norma aprobada como “ley anti-terrorismo”, para prohibir las manifestaciones de protesta.​

Entre los periodistas perseguidos y prácticamente expulsados recientemente de Nicaragua por la dictadura de Ortega, está Carlos Fernando Chamorro, hijo del anti somocista director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, amigo del autor de estas líneas, traicionado y asesinado por el sandinismo en enero de 1978, en Managua; la ex presidenta de Nicaragua (1990-1997), Violeta Barrios Vda. de Chamorro (1990-1997), quien refundó el 29 de mayo de 1989 la Unión Nacional Opositora (UNO), para derrotar al FSLN en las elecciones generales (hecho que significó la ruptura del sandinismo orteguista con Carlos Fernando).

La atención pública internacional está puesta hoy en el eje México-Buenos Aires. ¿Qué sigue? ¿No jalen que descobijan?

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