Aurelio Contreras Moreno

A menos de dos semanas de que se acabe el infame sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, resuenan cada vez con mayor volumen los señalamientos sobre actos de corrupción cometidos por los que, a estas alturas, todavía se atreven a decir que “no somos iguales” que quienes les antecedieron.
Pero esos señalamientos no provienen necesaria ni solamente desde la oposición. Desde el mismo seno del régimen hay cuestionamientos sobre el despilfarro, el mal uso y el abierto robo de los recursos públicos en varias de las dependencias del gobierno que está por llegar a su fin.
Uno de los críticos más severos del gobierno morenista de Veracruz es el senador de ese mismo partido Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien este lunes le atizó al “fuego amigo” contra el gobierno de Veracruz, donde dijo “presupuesto hay, lo que sobran son rateros”.
Huerta mencionó particularmente el deplorable estado de las carreteras estatales, las obras que nunca se acaban, o bien que ya se han ido inaugurando y que a los pocos días se vienen abajo.

Junto con el enorme cúmulo de irregularidades, la descarada elección de Estado, la compra y coacción del voto y la intromisión del crimen organizado, el resultado de las pasadas elecciones se explica en muy buena medida por la miseria de partidos de oposición que hay en México.
La descomposición del PRI es como la de un cuerpo leproso al que la carne, o en este caso los militantes, se le caen a pedazos, mientras ha quedado reducido a ser el coto personal de poder de Alejandro Moreno Cárdenas y su camarilla. Claro, mientras le sea de utilidad al régimen, que lo tiene agarrado del cuello con las investigaciones sobre su escandaloso enriquecimiento y sendos procesos de desafuero guardados en el cajón.
Pero en Acción Nacional no están mejor. Prácticamente igual que hizo el PRI, en el PAN se volvió a imponer el mismo grupo que ha controlado a ese partido en la última década y que lo tiene al borde de la total irrelevancia y, si se descuidan, del mismo destino del PRD.
Este domingo, el panismo –o mejor dicho, un ínfimo porcentaje de su militancia- se decantó por completo por la continuidad en la persona de Jorge Romero, un integrante de la misma nomenclatura panista de Santiago Creel, Ricardo Anaya, Marko Cortés y, adivine… Sí. Miguel Ángel Yunes.

Aunque estaba cantada la caída del Poder Judicial, la manera en la que se da habla mucho de los tiempos canallas que se viven en México.
Este martes, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un ministro, Alberto Pérez Dayán, aplicó un “Yunes” –que por lo visto se va a convertir en un nuevo clásico para referirse al acto de doblegarse cobardemente ante una amenaza por lo largo del tamaño de la cola- y rompió el bloque que había mantenido una mayoría para contener los afanes más autoritarios del régimen.
Pérez Dayán “chaqueteó” y se pasó al lado morenista de la Corte –seguro ahora se siente orgulloso de compartir bando con “eminencias” de la talla de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- para impedir que se discutiera el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que anulaba una parte de la reforma judicial, la más grave: la que echa a jueces y magistrados por tómbola para que los siguientes sean votados en elecciones que estarán controladas por el gobierno.
Por seis votos contra cinco, los ministros determinaron que se requerían ocho votos para entrar al estudio del fondo, por lo que desestimaron el proyecto y no se pudo determinar si es o no constitucional la reforma judicial por la vía de la acción de inconstitucionalidad.

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española de Lengua, el terrorismo puede entenderse como una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, así como la “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.
Las últimas dos décadas, las bandas del crimen organizado en México se han dedicado precisamente a eso, a generar altísimos niveles de violencia con el propósito de infundir terror entre la población. Lo han hecho con métodos que pudiéramos considerar como “tradicionales”, como las explosiones de bombas, aunque en una escala realmente baja. Pero su fuerte ha estado más bien en la exposición cruda, salvajísima, de cuerpos torturados, cercenados y abandonados en la vía pública, o bien expuestos en internet.
Esas escenas se han convertido en el día a día en la mayoría de las regiones del país. Ciertamente, esto sucede desde hace varios años, bajo la responsabilidad –e incluso complicidad- de otros gobiernos. Pero es una realidad que en la administración que terminó hace un mes y en la que cumple ya sus primeros 30 días, la violencia más descarnada no disminuyó ni un ápice, aunque desde Presidencia, antes y ahora, pretendan marear a la opinión pública difundiendo porcentajes engañosos o francamente falaces.

Imagine que un día, a un gobierno –del partido que fuere- se le ocurre mandar una iniciativa de ley para prohibir en la Constitución de la República que vote y sea votada para cargos de elección popular cualquier persona que no esté dada de alta en Hacienda, por mencionar un supuesto.
Esa iniciativa es aprobada contra viento y marea gracias a que el partido en el gobierno cuenta con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y dada esa condición desoye todos los cuestionamientos acerca de que se trata de un acto de discriminación que atenta contra el derecho de toda la ciudadanía a votar y ser votada.
Lo primero que viene a la mente es que los afectados busquen revertir esa decisión autoritaria y, a todas luces absurda, acudiendo a las instancias legales que se encargan de defender sus derechos humanos y políticos, dentro y fuera de México. Pero resulta que otra ley aprobada por ese mismo partido –o por otros que le hayan antecedido en el ejercicio arbitrario del poder- impide que se pueda impugnar una reforma constitucional, aunque violente derechos humanos, aunque haya quebrantado el proceso legislativo y aunque esté hecha con las patas.

El daño que el régimen encabezado –por lo menos, formalmente- por Claudia Sheinbaum Pardo le está haciendo al país es de proporciones incalculables.
La deriva autoritaria en la que la presidenta de la República decidió sostenerse en el inicio de su sexenio no solo significa la demolición del Poder Judicial y en consecuencia instantánea, de la división de poderes. Es la destrucción del estado de Derecho, con todas las implicaciones que eso tiene para la convivencia social en una nación asolada por la violencia.
Al negarse a acatar la suspensión que le ordena bajar del Diario Oficial de la Federación la publicación del bodrio de reforma judicial y entrar en un desacato abierto, la primera mujer presidenta opta por la vía del autoritarismo en lugar de la de las leyes. Porque en todo caso, cuenta con vías jurídicas para combatir la resolución si la considera arbitraria o que excede las atribuciones de la jueza de distrito de Coatzacoalcos que la emitió.
En lugar de eso, Sheinbaum amenazó con someter a juicio político a la juzgadora, la exhibió en su “mañanera reloaded” –otra prueba más de que no llegaron todas al poder, como reza la propaganda oficial, sino solamente las que pertenecen a su camarilla política- y simple y llanamente desobedeció el mandato judicial, rompiendo con eso el orden constitucional y metiendo al país en un brete autocrático, en el que la voluntad del poderoso está por encima de cualquier estamento legal. Literalmente, fue su “no me vengan con que la ley es la ley”, digno de una república bananera y no de un Estado democrático.

Mientras que la mayoría de los anuncios de nombramientos de lo que será el gabinete de Rocío Nahle a partir del próximo mes de diciembre indican pagos de facturas, cercanía política regional y pertenencia grupal, junto con un perfil de medio pelo para abajo, hay una posición que sí llama la atención por sus nexos, trayectoria y perfil.
Se trata de será Leonardo Cornejo Serrano, quien será el próximo titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), una de las dependencias con mayor presupuesto del estado. Y que en este sexenio fue de las que más irregularidades y señalamientos por desvíos de recursos produjo.
Cornejo Serrano fue un muy cercano colaborador del ex director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, implicado este último en el escándalo de corrupción y pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para obtener contratos con aquel gobierno.
Pues el próximo encargado de las obras del gobierno de Veracruz participó directamente en la asignación de varios de esos contratos a Odebrecht. Una investigación del periodista Raúl Olmos señala que Leonardo Cornejo Serrano recibió en 46 ocasiones a Luis Alberto de Meneses Weyll, director de la compañía sudamericana en México durante siete años y principal operador de los “cochupos”, quien confesó haber pagado seis millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de un contrato en la refinería de Tula, Hidalgo.

Este fin de semana, México atestiguó uno de los momentos más grotescos y vergonzosos de su historia reciente, en el cual el parlamento fue transformado en un circo de tintes cavernarios.
Sin sustento legal, atentando contra sus derechos, través de una “tómbola” los senadores obradoristas –y vale la pena hacer la puntualización, pues es al expresidente al que le rinden cuentas- determinaron quitarle su trabajo, porque quieren y porque pueden –con la venia del “pueblo bueno”, juran-, a cientos de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, destruyendo la carrera judicial y encaminando al país hacia un estado de indefensión jurídica sin precedentes.
No es exageración. Desde hace varios meses ya, el desacato flagrante en que han incurrido los poderes Ejecutivo y Legislativo ante las resoluciones del Judicial han, en los hechos, dinamitado por completo el estado de Derecho en el país y desaparecido de facto la división de poderes, comprometiendo realmente el sistema democrático que costó años, sangre y miles de vidas construir, para convertir a México de un plumazo en una suerte de república bananera, donde lo que privará en adelante será la ley del más fuerte.
La desinstitucionalización del país promovida por el obradorismo gobernante –porque por desgracia, la presidenta Claudia Sheinbaum no se asume como quien ahora tiene sobre sus hombros la responsabilidad de las decisiones que se toman y se ha adherido obediente a la deriva autoritaria ordenada por su antecesor- tendrá un efecto devastador en los tiempos por venir para la ciudadanía de a pie y, tarde que temprano, también alcanzará a los verdugos de hoy, quienes invariablemente se convertirán en las reses del mañana.

El sexenio de Claudia Sheinbaum inició teñido de rojo.
Tan solo en la primera semana de su administración al frente del Ejecutivo federal, se registraron cerca de 500 homicidios en todo el país. Una cifra escalofriante que, sin embargo, ya no parece llamar mucho la atención de la población.
La realidad es que pocos se escandalizan y mucho menos se asustan ante la normalización de una violencia que permea en todo el tejido social de la nación, que entroniza como estereotipos a idealizar a sicarios y traficantes y que ha incorporado a su cotidianidad las noticias sobre balaceras, secuestros, mutilaciones y abandono de restos humanos en la vía pública.
Pero que la sociedad se haya acostumbrado a esta forma de vivir no quiere decir que sea normal y haya que pasarla por alto o minimizarla, pues eso es precisamente lo que le ha permitido escalar. Sin embargo, eso es exactamente lo que se han dedicado a hacer las autoridades en los últimos años para rehuir sus responsabilidades. Y no parece que algo vaya a cambiar con el nuevo gobierno.
En campaña, Claudia Sheinbaum ofreció básicamente mantener la misma “estrategia” –si a la omisión y/o complicidad se le pudiese llamar así- que su antecesor y lo refrendó en su toma de posesión: no habrá “guerra contra el narco”, mientras se militariza toda la estructura y el mando de la seguridad pública en el país, lo cual ha ofrecido resultados desastrosos desde que se puso en operación ese enfoque desde finales de 2006, y que tan solo entre 2018 y 2024 dejó un saldo de prácticamente 200 mil homicidios dolosos en todo el territorio nacional.

Por mucho, lo más destacable –y lamentable- de los discursos inaugurales del sexenio de Claudia Sheinbaum es su total sumisión a la figura del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su mensaje luego de rendir protesta como primera presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión, lo que por sí mismo representa un hecho histórico, así como en el del Zócalo horas más tarde, Claudia Sheinbaum Pardo prefirió desvivirse en elogios por un hombre lleno de complejos, que afirmó en más de una ocasión que las mujeres feministas que salen a protestar contra la violencia son “conservadoras” y que el término “feminicidio” se inventó en este sexenio para “atacarlo”.
El que debió ser no solamente su momento y espacio histórico, sino el de las mujeres mexicanas tras largos años de lucha por acceder a los principales espacios de decisión política, quedó reducido por la propia Sheinbaum a un refrendo de lealtades y un vergonzoso ejercicio de adulación al inmenso ego de López Obrador, quien hace como que se va de la actividad pública, pero que difícilmente lo cumplirá, al menos mientras su salud se lo permita. La droga del poder absoluto es demasiado adictiva para un hombre como él.
Así que cabe preguntarse, ¿de verdad se rompió el “techo de cristal” del que hoy se habla con vehemencia? ¿Verdaderamente llegaron “todas” al poder?