Aurelio Contreras Moreno

Veracruz se ha convertido en una suerte de laboratorio. Uno en el que se ensaya, a prueba y error, el renacido autoritarismo electoral que, por obra y gracia de la autoproclamada “cuarta transformación, nos han traído de vuelta al país tras tres décadas de fallida transición a la democracia.

Lo que hemos visto en las últimas semanas son tentativas para establecer fórmulas que lleven a revertir resultados, despojar triunfos e imponer derrotas a la conveniencia de quien tenga el poder, o de quien cuente con los recursos para disputarlo.

Eso es posible porque las pocas instituciones que quedaron en pie tras el cataclismo obradorista son débiles y fáciles de someter, gracias también a una sociedad fragmentada y todavía bastante alienada por la propaganda y el clientelismo, misma que ha permanecido pasiva frente a la destrucción sistemática de los contrapesos que le dieron viabilidad a las diferentes alternancias políticas que hoy, con la reforma electoral en puerta, están por convertirse casi en algo del pasado.

Lo ocurrido particularmente en el municipio de Poza Rica es la confirmación de que el partido en el poder, Morena, está dispuesto a arrebatar lo que no obtuvo en las urnas con toda clase de trampas y artimañas, y que el voto popular es visto como un accesorio que puede ser modificado en la mesa, en la bodega, de madrugada, en las sombras.

También, que la lucha por el poder cada vez más será como solía ser en las épocas anteriores a la transición: entre grupos antagónicos de una misma franja política. Porque aun cuando contendió por Movimiento Ciudadano en la elección municipal de Poza Rica, Emilio Olvera proviene de Morena, donde simplemente no fue elegido para la candidatura porque es aliado del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el principal adversario de la gobernadora Rocío Nahle y su cuadrilla. En realidad, es más de lo mismo.

La “nueva era” del país comenzó con una ceremonia de purificación. Bastones de mando “consagrados” en una zona arqueológica –en las que está prohibido celebrar actos políticos-, ministros de la Suprema Corte investidos como si fueran jefes de comunidad, y una narrativa que mezcla lo indígena, lo mesiánico y lo autoritario, junto con la farsa, el montaje folklórico y la simulación.

Es un simbolismo que no es para nada casual: el régimen que a partir de hoy controla los tres poderes de la Unión busca legitimarse no por la ley, a la cual desprecia e ignora cuando no le es favorable, sino por el mito.

La toma del Poder Judicial por parte del oficialismo marca el cierre de un ciclo de concentración institucional que comenzó en 2018. Con el Legislativo subordinado desde el primer día, y el Ejecutivo convertido en púlpito de propaganda, el último dique -la Suprema Corte- ha sido derribado. Lo que sigue es el control de los medios. Y no lo ocultan.

La Universidad Veracruzana está literalmente secuestrada. No por actores externos, sino por quienes hoy la regentean desde la cúpula y pretenden apoderarse a la mala, ilegal e ilegítimamente, de la rectoría saltándose los procedimientos establecidos en la legislación universitaria. Como delincuentes que se apoderan de una casa que no les pertenece.

El cuarto informe de labores de Martín Aguilar Sánchez previsto para este miércoles, lejos de ser un ejercicio de rendición de cuentas, está organizado como una especie de ritual de consolidación de una prórroga ilegítima, blindada por muros físicos y legaloides que excluyen a la comunidad universitaria.

El Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, espacio emblemático de la UV, fue literalmente cercado desde un día antes del acto “solemne”. Filtros de acceso y vigilancia reforzada para impedir el ingreso de estudiantes, académicos, egresados y hasta de los integrantes del Consejo Universitario General –máximo órgano de la casa de estudios, ante el que el rector saliente tendría que rendir cuentas- que se oponen a la imposición de Aguilar Sánchez, quien ni siquiera cumple ya con los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica para sostenerse en el cargo, que desde ya está usurpando.

La historia política de México ha demostrado ser como una espiral que, lejos de avanzar hacia la consolidación democrática, parece girar sobre sí misma para invariablemente regresar a sus momentos más oscuros con una sorprendente naturalidad. La propuesta de reforma político-electoral impulsada por Claudia Sheinbaum es un ejemplo de ello.

Bajo el disfraz de eficiencia administrativa y austeridad republicana, se asoma una intención manifiesta: reconcentrar de manera absoluta el poder político en el Ejecutivo, desmantelar los contrapesos institucionales y restaurar el control hegemónico que caracterizó al viejo régimen priista durante décadas.

La narrativa oficial habla de reducir el costo de las elecciones, disminuir el número de legisladores, recortar el financiamiento público a los partidos políticos y “hacer más eficientes” los organismos electorales, como si se tratase de una modernización del sistema político. Pero como suele ocurrir en todos los regímenes autoritarios, no son sino meros pretextos para eliminar de tajo la pluralidad político-partidista y que ésta no pase de ser un elemento decorativo y a la vez, legitimador de un régimen cerrado, sordo y arbitrario como el que gobernó al país durante 70 años. Y como el que construyen sus “herederos” en Morena.

La República constitucional mexicana, esa arquitectura jurídica que garantizó un cierto y funcional equilibrio entre poderes las últimas tres décadas, así como el acceso a garantías individuales y democráticas de las que se carecía en la antigua etapa autoritaria del país, ha entrado en una fase terminal.

Esto gracias a una erosión sistemática desde el poder de las instituciones construidas en el periodo de la alternancia. Deterioro y destrucción que fueron permitidos por la indiferencia y la complicidad política y, sobre todo y hay que señalarlo, por la complacencia social, que entregó derechos y libertades a cambio de dádivas.

Los últimos episodios de esta tragicomedia -la admisión pública de trampas en la elección judicial, a pesar de las cuales se validaron esos comicios fraudulentos; la exoneración del corrupto hermano del expresidente López Obrador; y la escalada en la persecución judicial de periodistas- no son hechos aislados. Son síntomas de un modelo de gobierno que ha dejado de simular respeto por la legalidad y que viene a imponerse autoritariamente.

La “transformación” del Poder Judicial de la Federación, cuya nueva conformación entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, no es -como se ha querido vender desde Palacio Nacional y sus satélites mediáticos y propagandísticos- una democratización de la justicia. Es, en realidad, la culminación de un proceso de captura institucional que busca convertir al aparato judicial en un instrumento de persecución política. Y los primeros en la mira son, desde antes incluso de su entronización, los periodistas críticos.

Desde que tomó el poder, el régimen morenista ha mostrado una obsesión enfermiza por controlar la narrativa pública. Lo hizo primero desde la tribuna presidencial, con las infames “mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador, que sirvieron como paredón mediático para exhibir, descalificar y estigmatizar a comunicadores incómodos.

Luego vino la judicialización del disenso: demandas por daño moral, acusaciones de violencia política de género, y hasta procesos penales por delitos que deberían estar extintos en cualquier democracia funcional, que es lo que en este momento se vive en varios estados del país.

Uno de los principales problemas que ha evidenciado la incapacidad y en buena medida la corrupción del actual régimen es el del desabasto de medicamentos. Y no es cualquier problema. Es uno que cuesta vidas.

El pasado domingo, cientos de personas marcharon en la Ciudad de México y otras ciudades del país para exigir acceso a medicamentos. No fue una manifestación partidista, aunque algunos políticos de oposición se sumaron, así como en su momento quienes hoy gobiernan se sumaron a otras manifestaciones civiles cuando no estaban en el poder. Pero fue en lo general una marcha de enfermos, madres, activistas y ciudadanos, muchos de los cuales han visto morir a sus hijos, padres o parejas por la falta de fármacos oncológicos, antibióticos y anestésicos en hospitales públicos. “Queremos medicinas”, fue el llamado y la consigna.

Con la ausencia de empatía y la mezquindad que la caracteriza, usando ese tonito burlón indigno de quien tiene la más alta responsabilidad en este país, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la movilización al sugerir que estaba encabezada por la diputada panista Margarita Zavala. Eso, para no atender el fondo del reclamo y salirse por la tangente. Como si la presencia de la política opositora –quien se presentó motu proprio y no fue organizadora- fuera suficiente para negar la realidad o desvirtuar la demanda.

Morena está en guerra. No contra la oposición. Ni siquiera contra el “neoliberalismo” que tanto invoca en un discurso cada vez más incongruente y desgastado. Está en guerra consigo mismo.

Esa guerra se libra en pasillos, redes sociales y hoteles de lujo, y ya empezó a definir quién manda, quién cae y a quién se exhibe.

El verano de 2025 será recordado como el de los viajes de la “nueva nobleza guinda”. “Andy” López Beltrán fue captado en Tokio, hospedado en un hotel de cinco estrellas, “relajándose” con compras en boutiques de lujo. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, disfrutando de Lisboa. Y el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, viviendo la “vida loca” en Madrid junto con su amigo el multimillonario “obrero” Pedro Haces.

Tampoco hay que olvidar que, tras intentar humillar y acallar a una ciudadana traficando influencias en el Tribunal Electoral federal, el infame diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez Luna y su esposa fueron, además de hechos trizas en las redes, exhibidos en medios en la opulencia en la que viven, con mansiones, joyas, ropa y accesorios de marcas exclusivas y altos costos que nadie del “pueblo” que los mantiene, se puede dar el lujo de costear.

A ocho meses de iniciado su mandato, la gobernadora Rocío Nahle enfrenta no solo una crisis de seguridad -que está rebasando por mucho a su gobierno-, sino una crisis de credibilidad, la cual está quedando sepultada bajo los escombros de su propia narrativa.

La violencia desatada por todo el estado Veracruz no es nueva, cierto. No se puede responsabilizar totalmente a la actual administración de un fenómeno que ningún gobierno, incluido el anterior del mismo partido, pudo ni quiso atender. Pero de eso a la semianarquía en la que por momentos parece que se hunde la entidad, hay un largo trecho de responsabilidad que al parecer la mandataria se niega a asumir.

El brutal asesinato de la maestra jubilada y taxista por necesidad Irma Hernández, secuestrada y obligada a leer un mensaje bajo amenaza de muerte, fue un punto de quiebre en este primer trecho del sexenio. La versión oficial -que murió de un infarto luego de ser “violentada” por los sicarios que le apuntaban- fue una verdadera mentada de madre no solo para la víctima y sus familiares, sino para toda la ciudadanía que vive en el estado, por tratarse de una minimización grotesca del horror. Y lo más grave es que el verdadero propósito de impulsar ese relato siempre fue uno: no registrar el crimen como un feminicidio en las estadísticas oficiales.

Frente a una oposición que se vuelve cada vez más irrelevante en México, son los medios de comunicación, tradicionales y sociodigitales, prácticamente la última trinchera para exponer los abusos, corruptelas y prepotencias de una casta política enloquecida por el poder, el cual creen será eterno.

La confirmación de que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Tabasco en  el periodo de Adán Augusto López Hernández era el líder de un grupo criminal ligado al cártel Jalisco, dedicado al robo de combustible, solo viene a reiterar la evidencia de colusión descarada del régimen de la autoproclamada “transformación” con la delincuencia, misma que hoy, precisamente, lo tiene contra las cuerdas de cara a las acusaciones que estarían por hacerse públicas tras el acuerdo de culpabilidad y la negociación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, con la administración de Donald Trump.

Hernán Bermúdez –curiosa y macabra coincidencia con el apellido de otro exjefe policiaco corrupto, éste cobijado con impunidad en Veracruz por el gobierno de Cuitláhuac García- fue señalado como presunto jefe de “La Barredora” desde abril de 2022, hace tres años, a partir de una filtración de documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional difundida por el grupo de “hacktivistas” Guacamaya y retomado por varios medios de comunicación.