Aurelio Contreras Moreno

Más allá de los discursos huecos y triunfalistas, y de los aplausos ensayados, lo que quedó en evidencia durante el mitin por el primer informe de gobierno de Rocío Nahle en Veracruz el pasado domingo fue el desaire político de proporciones bíblicas que le hizo la cúpula de Morena.

De los 24 gobernadores de Morena, apenas dos se presentaron y no precisamente los más top: Oaxaca y Chiapas. Y de las figuras nacionales, ninguna. Salvo el misógino, corrupto e impresentable senador Gerardo Fernández Noroña, que no es precisamente alguien para presumir con la familia.

La ausencia fue tan notoria que ni el acarreo masivo de burócratas ni los gritos desaforados de sus textoservidores queriendo vender una imaginaria validación popular pudieron disimularla. El espectáculo de adulaciones prefabricadas contrastó con la realidad: un gobierno sin logros tangibles, sin resultados que entusiasmen siquiera a sus correligionarios.

A poco más de un año de haber dejado formalmente la Presidencia de la República, la reaparición de Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de presentar su libro “Grandeza” –lleno de clichés, inexactitudes y hasta aberraciones históricas- no es un gesto inocente.

En primer lugar, rompe su “promesa” –una más de las cientos de éstas que él mismo se ha encargado de incumplir- de retirarse de la vida pública tras dejar la Presidencia. Aun cuando siempre ha sido evidente que se ha mantenido haciendo política desde las sombras y, en muy buena medida, tomando decisiones que en teoría, ya no le corresponden.

Contradice también sus propias palabras, pronunciadas en el video difundido el pasado domingo desde su rancho “La Chingada” en Palenque, Chiapas, de “no hacerle sombra” a Claudia Sheinbaum. Su sola irrupción en el escenario le hizo mucho más que sombra a la presidenta constitucional: la eclipsó por completo, la borró al apoderarse de todos los titulares de los medios y de la conversación pública, confirmando que él sigue siendo el eje rector de su movimiento y que no solo no se ha ido, sino que su figura sigue orbitando sobre la política nacional.

Cerca de la medianoche de este martes 25 de noviembre, el Congreso de Veracruz consumó una reforma constitucional que tuvo exactamente durante un año en la “congeladora” y que sin más, decidieron revivir en uno de los peores momentos de la administración de Rocío Nahle, en medio de una severa crisis de imagen a unos días de cumplir sus primeros 12 meses de haber asumido el poder.

La reforma en cuestión elimina der tajo cualquier pretensión de autonomía que hubiese podido tener la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), devolviendo al Ejecutivo el control directo sobre el nombramiento y la remoción de su titular, lo que lo convierte en un subordinado más, de hecho y de derecho, del gobernador en turno.

No hay duda de que desde la reforma que transformó a la Procuraduría en Fiscalía General, su autonomía fue siempre de puro papel. Formal, más no sustantiva. Todos los fiscales que pasaron por esa oficina se comportaron siempre como empleados del gobernador en turno, desde el duartista Luis Ángel Bravo, pasando por el yunista Jorge Winckler y la actual –y a punto de salir por piernas- “bolaochista” Verónica Hernández Giadáns.

Conforme avanza y se consolida la demolición institucional del país a manos del morenato destructor, éste descara su vena más arbitraria y despótica.

El megabloqueo carretero en 25 estados del país protagonizado este lunes por transportistas y organizaciones campesinas no es un hecho menor. Se trata de una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, con un impacto directo en la economía nacional y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La protesta exhibió lo que desde hace tiempo se denuncia sin que haya una respuesta eficaz de las autoridades: una enorme inseguridad en las carreteras, extorsiones, robos y abandono del campo.

Pues en lugar de atender con seriedad estas demandas, que no son nuevas ni desconocidas para ellos, el gobierno de Claudia Sheinbaum optó por la amenaza. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que varios líderes de la protesta tienen carpetas de investigación abiertas y que podrían enfrentar procesos judiciales si mantienen los cierres, además que los “acusó” de tener vínculos con partidos, como si quienes están en la administración federal no los tuviesen también. Es decir, el mensaje oficial no fue tender puentes de negociación ante una problemática que todo mundo conoce y que la mayoría de la población padece: la respuesta de los “humanistas” fue advertir que el peso del aparato estatal caerá sobre quienes se atrevan a desafiarlos.

La Universidad Veracruzana ha caído al punto más bajo de toda su historia como la principal institución de educación superior del estado.

Martín Aguilar y su pandilla mafiosa no solamente pisotearon la legalidad y se pasaron las normas universitarias por salva sea la parte para perpetuarse en la rectoría, con la complicidad del Poder Judicial sometido al morenato. Ahora, confeccionan y financian campañas negras contra sus críticos dentro de la misma institución.

Esta misma semana fue lanzado el avance de lo que se anuncia como un supuesto “documental” que pretende “revelar” los “secretos” detrás de la oposición a la prórroga ilegal concedida por una mutilada y facinerosa Junta de Gobierno a Martín Aguilar.

El tráiler de “La Red: Los que están detrás”, se muestra como un instrumento de propaganda negra para lanzar una campaña de desprestigio, disfrazada de investigación, contra los exrectores y académicos que se atrevieron a cuestionar la legalidad de la continuidad de Aguilar, muy posiblemente financiada con recursos de la propia rectoría. O sea, con dinero público que debería usarse para mejorar las condiciones de la UV.

Claudia Sheinbaum y su gobierno decidieron enfrentar la convocatoria de la llamada “Marcha de la Generación Z” con una estrategia que revela su acendrado autoritarismo: una campaña de linchamiento mediático, intimidación y desacreditación contra quienes se atrevieron a organizarse.

Desde la tribuna presidencial se ha intentado reducir la movilización a un “montaje” financiado por la oposición –cuyos partidos ni por asomo tienen algo cercano a ese alcance- y esa entelequia a la que llaman “la derecha”; se han señalado cuentas en redes sociales como si se tratase de “conspiraciones internacionales” y hasta se ha buscado ridiculizar a quienes promueven la protesta. El mensaje es claro: deslegitimar antes que escuchar.

La resolución que tomó el Poder Judicial Federal la semana pasada al negarse a analizar el fondo de las solicitudes de amparo contra la prórroga ilegalmente concedida a Martín Aguilar en la rectoría de la Universidad Veracruzana, es apenas el síntoma más visible de una enfermedad más profunda: la claudicación del Estado de Derecho.

En lugar de analizar de fondo la legalidad de la extensión del mandato rectoral, un juez –ha de ser de “tómbola”- del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa optó por desechar los amparos con argumentos procesales anacrónicos, invocando jurisprudencias previas a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, alegando que como la UV es autónoma, las decisiones de sus autoridades no causan violaciones a los derechos humanos de los universitarios. Una brutalidad, digna del retroceso que vive el país.

Contra la versión que la rectoría espuria divulga, no se resolvió si la prórroga fue legal o no. Simplemente se negó el acceso a la justicia. En palabras de los académicos promoventes de los amparos, “ningún tribunal confirmó la validez de la prórroga”. Pero sí cerraron la puerta a su revisión.

La espiral de violencia que consume a México escaló a un nuevo nivel este fin de semana con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue ejecutado en público, durante un festival al que acudió una gran cantidad de personas en pleno centro de esa ciudad michoacana, sin que la supuesta escolta de 14 elementos de la Guardia Nacional que el gobierno federal dice que tenía asignados, hiciera nada para protegerlo.

La respuesta oficial fue la misma de siempre. Dijeran por ahí, de manual: atrincherada en la negación y en lugar de asumir con responsabilidad el más que evidente deterioro de la seguridad pública en todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por descalificar toda crítica y colocarle el sambenito de “campaña de odio” o “uso político del dolor”. Algo debe saber de eso, pues ella, su mentor y su partido se especializaron en hacer eso mismo durante más de dos décadas.

Pero lo único cierto es que el país se le va de las manos. La realidad es que los cárteles del crimen organizado han tomado el control de regiones enteras en las que los alcaldes están bajo amenaza –porque no podría decirse que gobiernan-, y los ciudadanos viven entre el miedo y la desesperación.