Aurelio Contreras Moreno

Después de un intenso jaloneo, finalmente el Congreso del Estado procesó tres nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todos, con ligas con el grupo gobernante en Veracruz. Como lo adelantamos en este mismo espacio, fueron nombrados como magistrados Arturo Sosa, quien se desempeñaba como director de Patrimonio del Estado; Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien era representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura; y Claudia Marlen Galán Espinoza, quien fungía como representante del Poder Ejecutivo ante ese mismo órgano del Poder Judicial estatal. Claramente, ninguno cuenta con un perfil ni trayectoria judicial. Sosa viene de ser empleado en el gobierno de Cuitláhuac García en una dependencia en la que antes despachó David Jiménez, acusado de despojo, y contra quien ni siquiera se molestó en simular como que lo investigaba. Claudia Marlen Galán de por sí era la representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. El enroque más significativo es el de Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien está ligado al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena Juan Javier Gómez Cazarín, así como al secretario del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, quienes a su vez llevaron al ahora ex consejero del IVAI, Alfredo Corona Lizárraga –quien indebidamente dobleteó cobrando al mismo tiempo una beca Conacyt- a la representación del Poder Legislativo en la Judicatura.

Veracruz es un polvorín cuyas mechas de violencia se encienden prácticamente todos los días, mientras el gobernador Cuitláhuac García está ocupado entrometiéndose en el proceso electoral. La semana pasada, la presidenta municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez, apareció de manera sorpresiva en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva para denunciar lo que, de por sí, es de sobra conocido: que el crimen organizado controla territorios y hasta gobiernos municipales en el estado de Veracruz. La alcaldesa afirmó además que “el crimen organizado quiere entrar a Acayucan, quiere tomar las riendas de Acayucan, aquí estuvo la alcaldesa de Sayula y manifestó también como parte del hecho de que somos mujeres (gobernando), es la manera que (grupos delincuenciales) tienen para actuar, a través de la descalificación, de generar zozobra, de generar miedo y sumarle a esto, actos violentos que prueban lo que nos están diciendo o nos mandan a decir de alguna forma”. Como ella misma lo mencionó, en meses pasados otra alcaldesa veracruzana, la de Sayula de Alemán, denunció en ese mismo espacio una situación similar. La respuesta del gobierno estatal en ambos casos, fue la descalificación y la amenaza a las ediles con la destitución.

“Dime con quién andas y te diré quién eres” es un popular refrán que explica muy bien ciertas alianzas, candidaturas y conexiones en la política mexicana. Desde su creación, Morena se ha caracterizado por sus nulos filtros para aceptar lo que sea y a quien sea en sus filas, si es que les reporta alguna rentabilidad, ya sea política o financiera. Postura altamente pragmática que, sin embargo, se contrapone completamente con su bandera de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, que no es sino mera retórica, palabrería. Más que conocidas son sus alianzas con personajes verdaderamente impresentables, cuyos antecedentes de corrupción o simplemente sus ideas los harían inelegibles para formar parte de su movimiento, que se ostenta con una supuesta “autoridad moral” de la que, en realidad, carece. Sin embargo, en Morena han llegado a extremos imperdonables, como el de promover a cargos públicos y/o de elección popular a delincuentes sexuales. A violadores de niños cuyas conductas han sido capaces de soslayar y hasta negar.

Aun cuando en teoría no cuenta con los votos necesarios en el Congreso de la Unión para sacar adelante las 20 iniciativas de reformas constitucionales que envió este lunes 5 de febrero, no es gratuito que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido “jugarse su resto” en el último tramo de su sexenio. El paquete de reformas es una mezcolanza de temas y rubros con los que, principalmente, López Obrador buscará tomar el control de la agenda pública durante el proceso electoral. Es una manera de meterse en la campaña sin ser él, formalmente, el candidato. Y los principales temas a discutir serán previsiblemente las amenazas de desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la elección de ministros se vuelva un tianguis electoral; la desaparición de los organismos autónomos, a lo que en su discurso calificó de «onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal”; así como la “joya de la corona”: el aumento en los montos de las pensiones, becas y programas clientelares, que son la base de su éxito y popularidad. Mientras quede dinero para derrocharlo, por supuesto.

Cada que se acerca el fin de un periodo de gobierno, quienes ejercieron el poder a plenitud (o estuvieron en la plenitud del pinche poder, diría un clásico), buscan la manera de “cuidarse las espaldas”. Esto es, de evitar ser llamados a cuentas una vez que esa condición de poder termine. Para ello luchan por imponer como sucesor(a) a un incondicional –o que creen que les será incondicional-. Pero cuando las condiciones políticas no les son favorables para alcanzar ese propósito, otra vía es la de hacer nombramientos en áreas estratégicas, de preferencia transexenales. En los últimos años, los casos más comunes son los de los fiscales, que a partir de las reformas al sistema de procuración e impartición de justicia de la década pasada adquirieron esa característica de trascender los periodos de gobierno. Pero también las magistraturas en los tribunales superiores de justicia estatales ofrecen el acceso necesario para influir en las decisiones de quienes tienen en sus manos casos de probable –o muy comprobable- corrupción.

Junto con el supuesto “fin” de la corrupción, que no ha pasado de ser pura retórica demagógica, la violencia y la inseguridad representan el mayor de los fracasos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La violencia que asuela a prácticamente todo el país ha alcanzado niveles insoportables, por más que el presidente intente “marear” a quienes lo cuestionan y engañar a quienes le creen sus “otros datos”. Durante lo que va del agonizante sexenio obradorista se han registrado más de 160 mil asesinatos dolosos en el país. La sola cifra, sin tener que compararla con nada, es brutal, evidencia de una tragedia gigantesca para la que el gobierno no tuvo nunca una estrategia real. La idea de “atacar el problema de raíz” atendiendo las causas de la delincuencia como la pobreza o la ausencia de oportunidades de desarrollo, sonaría bien y hasta podría haber dado algún resultado si el gobierno hubiese instrumentado una verdadera política pública para elevar la calidad de vida de la población. En cambio, lo único que hizo fue implementar programas clientelares, repartir dinero público con el único fin de ganar elecciones comprando voluntades y consciencias. El resultado está a la vista.

Parte de la discusión pública actual sobre las opciones existentes en el tablero de la elección del próximo 2 de junio tiene qué ver con el rechazo a lo que representan muchos de quienes buscan ser protagonistas del país el sexenio siguiente. Esta disyuntiva existe sobre todo entre quienes no están plenamente convencidos de por quién votar. No solo para la Presidencia de la República, sino para todos los cargos que estarán en disputa. Y con especial importancia, para el Congreso de la Unión. Las personas formadas en la izquierda tradicional afirman que les resulta impensable votar por un partido de derecha como Acción Nacional (aunque su actual tendencia al centro político alejó del blanquiazul a la ultraderecha más fundamentalista), o por el símbolo de la represión antidemocrática que ven en el PRI. Y bajo esa base, justifican su inclinación por Morena, que se presenta ante el electorado como una opción “progresista” de “izquierda”.

La violación contumaz de las leyes en que incurre cotidianamente el obradorato en el poder tiene que ver con una actitud propia de los regímenes autoritarios: la sensación de que no va a pasar nada, la certeza de la impunidad, que a su vez se traduce en una grosera soberbia y un cinismo soez. Las adelantadísimas campañas que con cargo al erario realizaron gran cantidad de funcionarios durante por los menos dos años antes de los periodos legales establecidos, deberían haber sido motivo suficiente para negar el registro de buena parte de las candidaturas que hoy buscan acceder a nuevos puestos de poder. Pero la realidad es que el sistema electoral que hace poco más de dos décadas abrió paso a la alternancia en el poder en México y que llegó a ser verdaderamente ejemplar, hoy ha sido rebasado. Se le ha debilitado a tal grado, que las autoridades electorales no se atreven a actuar contra los infractores. Menos aún, si son del bando que se encuentra en el gobierno.

Conforme se acerca el fin de su infame sexenio, Cuitláhuac García se desespera más, se torna agresivo y se encierra en su cada vez más reducido círculo, habida cuenta de que terminando, habrá cuentas que le exigirán pagar en varios frentes. En los hechos, Cuitláhuac García nunca ha gobernado a plenitud. Los primeros cinco años fue públicamente eclipsado por el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien durante algún tiempo representó los intereses de la secretaria de Energía Rocío Nahle García y que por esa causa, concentró en su persona los hilos del poder y abusó procazmente del mismo. El papel de Cuitláhuac García, entonces como ahora, era el de la formalidad institucional luego de que un golpe de suerte lo hiciera gobernador de Veracruz. Pero las principales decisiones siempre se tomaron en un escritorio diferente al suyo. Si acaso, le dieron la oportunidad de colocar algunos alfiles en dependencias importantes, en especial en la Secretaría de Finanzas, donde su primo hermano Eleazar Guerrero ha saqueado los recursos del estado para destinarlos a la operación política y electoral a través del organismo fachada llamado “Unidos Todos”. Hoy mismo, tienen el estado inundado de propaganda para promover a candidaturas de Morena a los personeros del “primo incómodo” del gobernador. Pero todas las trapacerías y abusos que se han cometido durante el sexenio que agoniza tienen un único responsable: el titular del Ejecutivo del estado, que es quien debe responder por lo que quizás –dándole todavía el beneficio de la duda- él no ordenó ejecutar. Pero que sin lugar a dudas dejó pasar o bien cerró los ojos, lo que lo convierte en cómplice, por obra u omisión.

El 2024 comenzó en medio de la incertidumbre para trabajadores, burócratas y académicos a los que les han regateado el pago de sueldos, becas y prestaciones, a pesar de que el gobierno –federal y estatal- jura que las finanzas se encuentran bien. Incluso, trabajadores del gobierno del estado de Veracruz, como los de la Secretaría de Salud –uno de los principales “hoyos negros” de corrupción de la administración de Cuitláhuac García Jiménez- se vieron obligados a salir a protestar a principios de año porque ni siquiera les habían terminado de pagar sus aguinaldos. Varias otras dependencias y organismos estatales están en la misma situación: les retrasan el pago de sus sueldos, se los difieren y los cubren en partes o por obligación cuando detectan que hay una protesta por estallar. El pasado viernes 12 de enero, ya había pasado de mediodía y varios trabajadores de la Universidad Veracruzana no habían recibido el pago de su quincena. Fue hasta la tarde de ese día que la casa de estudios comenzó a dispersar el resto del dinero, cuando el asunto estaba llegando a los medios de comunicación y los trabajadores universitarios se aprestaban para manifestarse.