La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XVI); UV decidirá su destino: Arredondo
A lo largo de tres meses y medio de denuncias por la ilegal solicitud de prórroga de Martín Aguilar a la Junta de Gobierno para mantenerse en el cargo, nadie ha aportado un argumento contundente, porque no lo hay, sobre el sustento normativo y ético de esa reprobable y vergonzosa conducta. Lo mismo ha sucedido con la torcida y oscura decisión de entregar esa prórroga, fuera de la ley, por una Junta que mancilló la historia de la Universidad Veracruzana y traicionó a su comunidad universitaria.
Simplemente, no cumplieron con su deber legal y ético de designar a quien ocupe la rectoría conforme a los requisitos y procedimientos establecidos por las normas, códigos y protocolos universitarios. Ese cinismo, ahora convertido en grave infracción y abuso por ambas autoridades, se agudiza aún más por el hecho de que los propios asesores jurídicos de la Junta dejaron constancia pública, en las minutas de la reunión donde se trató el tema y que son de acceso libre, de que ese órgano no tiene atribuciones legales para ignorar lo que dicta la norma jurídica de la máxima casa de estudios de Veracruz en la designación de rector(a).
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