El fracaso de la fiscalía: El País
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en el momento de su extradición en 2017. Foto: REUTERS.
Los sonados reveses que la fiscalía mexicana ha sufrido recientemente no solo ilustran con precisión las carencias históricas que arrastra la institución, sino que arrojan sombras más que preocupantes tanto sobre el tramo final del mandato de Enrique Peña Nieto como sobre el próximo sexenio del todavía presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Peor aún, la probada y repetida incapacidad de la PGR (Procuraduría General de la República) de sostener ante los jueces sus propias investigaciones amenaza con sumergir a México aún más en el agujero negro judicial en el que se encuentra desde hace décadas, donde el 99% de los delitos queda impune, la mayoría porque ni siquiera se denuncian.
Los dos últimos traspiés resultan especialmente alarmantes. Por un lado, la fiscalía ha retirado la acusación por delincuencia organizada contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, en la cárcel desde que fuera extraditado a México desde Guatemala, adonde había huido. El cargo ha sido sustituido por el de asociación delictuosa, de menor gravedad. Más allá de los tecnicismos legales, ello abre la posibilidad de que el acusado pueda salir de prisión mientras aguarda el final del proceso y deja meridianamente claro que los bandazos de la PGR, en este y en otros casos de alto nivel, se han constituido en uno de los obstáculos mayores para lograr justicia en México.
El otro asunto lo ha protagonizado la antigua lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, quien quedó en libertad hace unas semanas tras más de cinco años de reclusión (los últimos tiempos en su domicilio) al desestimar un juez los cargos en su contra de delincuencia organizada y lavado de dinero. Resulta necesario subrayar que Gordillo no ha sido juzgada y absuelta por estos delitos, un resultado siempre aceptable en una democracia establecida con un sistema judicial independiente y funcional. La veterana dirigente ha visto como la justicia ha desestimado los cargos, pese a los evidentes indicios y acumulación de patrimonio que sugieren cuando menos un manejo dudoso de los dineros del sindicato, el mayor de México y de América Latina, y sospechoso siempre de corruptelas y tráficos de influencia.
La fiscalía, de nuevo, y esta vez ante uno de los casos más emblemáticos del mandato de Peña Nieto (Gordillo fue encarcelada al inicio del sexenio en lo que se interpretó como un golpe de autoridad del entonces joven presidente) se ha mostrado incapaz, a lo largo de cinco años, y con todos los medios del Estado a su disposición, no ya de asegurar una condena ante los tribunales, sino ni siquiera de lograr que el caso vaya a juicio. Lo que apunta o bien a una insolvencia profesional de todo punto inaceptable en un país que, como México, aspira legítimamente a unas instituciones homologables a nivel internacional, o bien a una falta de voluntad de perseguir este tipo de asuntos, especialmente en las postrimerías del sexenio, cuando los costes políticos son menores. La respuesta es con toda probabilidad una mezcla de ambas.
La PGR lleva meses sin titular, con un funcionario ejerciendo de suplente, una responsabilidad directamente atribuible al presidente Peña Nieto, que ve en estos tropiezos cómo sus promesas anticorrupción se estrellan contra la realidad. La situación, por otra parte, se presenta como uno de los mayores retos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Desde su victoria en julio pasado, el futuro mandatario y los integrantes de su gabinete se han mostrado erráticos, cuando no contradictorios, al abordar los problemas de la fiscalía. Ante la petición de parte de la sociedad civil de una reforma integral del artículo 102 de la Constitución, López Obrador ha dado muestras más bien de preferir cambios cosméticos y de acelerar el nombramiento de un fiscal siguiendo la normativa vigente.
Por el contrario, México necesita una reforma en profundidad de la fiscalía que eleve la profesionalidad y la capacitación técnica de sus miembros; una decidida voluntad de homologar sus usos, su metodología, así como sus recursos humanos y tecnológicos con las mejores prácticas internacionales, y una decidida voluntad política de poner coto a la impunidad. Se trata de una tarea hercúlea cuyo fracaso, que conviene evitar a toda costa, arrojaría una sombra formidable sobre el conjunto del mandato del próximo presidente.
EDITORIAL / EL PAÍS