Felipe de Jesús Fernández Basilio

El tema del momento según el presidente de la república y su secretaría de gobernación es la modificación del horario de verano a partir del próximo año y para llegar a esa determinación levantaron una de esas encuestas que, sin metodología conocida ni algún otro dato que le pueda dar alguna seriedad al ejercicio estadístico, arrojan resultados apabullantes para el promotor de la ideota (léase López Obrador); en este caso se habla de un 70 por ciento en favor de quitar el horario estival. Con ese resultado supuestamente tan amplio, el gran gobernante va a enviar una iniciativa para que sus lacayos en el legislativo la aprueben y así el “estadista” pueda promulgar una ley que modifique el horario de verano y así satisfacer uno de los anhelos de su pueblo bueno y sabio. No vamos a tratar en esta ocasión si el horario de verano tiene o no ventajas, aunque es evidente que tiene muchas; sino que lo vamos a resaltar en esta ocasión es que al presidente le interesa demasiado ese tema, cuando el país se le está cayendo debido a que la inseguridad y la corrupción han alcanzado niveles nunca antes vistos y el gobierno que él encabeza no ha podido y lo que es aún peor, no ha querido frenarlas.

En esta columna se han señalado con mucha frecuencia los desatinos y los atracos cometidos por López Obrador y sus secuaces, resultando esa tarea bastante dolorosa y frustrante, al ver como se están acabando al país y destruyendo lo que con tantos años y esfuerzo se ha ido construyendo poco a poco, y no sin dificultades, en materia de democracia, de libre mercado, de servicios públicos de salud y de educación, de energías limpias y eficientes y de modernización de la economía y la infraestructura pública; entre otras muchas cosas que en menos de cuatro años han sido destruidas, anuladas o están siendo sujetas a las embestidas de Palacio Nacional.

La semana pasada en esta columna se comentó que es un hecho demasiado notorio la amistad existente entre el gobierno de López Obrador y el crimen organizado y también se dijo que, debido a esa notoriedad, para comprobarlo solo basta hacer un recuento de todas las acciones del presidente en relación a los criminales. En esta ocasión, vamos a ver las implicaciones que tienen para México y su sociedad, el deterioro de la legalidad derivado del notorio contubernio que existe entre un gobierno que ha decidido con plenitud de consciencia permitir la expansión del crimen organizado, al cesar prácticamente el combate a las mafias que lo integran; mandando a las fuerzas armadas a realizar tareas ajenas a sus funciones de brindar seguridad al país, como construir elefantes blancos (enriqueciendo a sus altos mandos con contratos opacos), administrar puertos mercantes o hasta vacunar a la población.

Para el derecho procesal un hecho notorio es aquel que debido a lo evidente que es no requiere ser probado ni tampoco juzgado, limitándose el juzgador a solo declararlo como tal.Un buen ejemplo de un hecho notorio en la actualidad mexicana es el entendimiento que se da entre el presidente López O. y el crimen organizado, particularmente el cártel de Sinaloa. Y es tan obvia esa alianza, que no requiere más que hacer un recuento de otros hechos igualmente notorios para demostrarla y así tenemos las campañas presidenciales oficiales y extraoficiales de López O. en las cuales recorrió lugares de control exclusivo de la delincuencia y que son inaccesibles para cualquier otro mexicano, el Culiacanazo, los “abrazos no balazos” y “hay que acusarlos con su mamá” pero no reprimirlos, uno que otro golpecito a otro cártel rival del Sinaloa, el rendir pleitesía a la madre de un conocido cabecilla de ese cártel así como confraternizar (tacos de por medio) con la plana mayor que acompañaba a la señora, el tratar como “Don” a su hijo que purga una cadena perpetua en Estados Unidos por sus crímenes y rematando con que a los delincuentes hay que tratarles con mucha humanidad y cero violencia.

Muchos funcionarios del que cada vez es más difícil llamarle gobierno veracruzano escogieron un día del mes para para ponerse ropa o adornos de color anaranjado como símbolo de la lucha para erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas. Y no solo usan el anaranjado, sino que llevan a cabo esa lucha con programas y acciones tan importantes como plasmar con pintura de ese color las huellas de sus manos en edificios públicos, como lo son los del poder judicial, y con un discurso gubernamental basado en que todas las personas que encabezan los poderes legislativo y judicial, así como los órganos autónomos (todos secuestrados por el gobierno del estado) son del género femenino. Llegando al grado de que en marzo exhiben como trofeos de sus conquistas, las fotografías de las no tan distinguidas damas que se prestaron al juego del desacato constitucional.

Es de todos sabido que en Veracruz (des)gobierna una de las más burdas versiones que existen de la muy malamente autonombrada “Cuarta Transformación”, la cual violando todo tipo de leyes se ha apropiado de prácticamente todo el estado, torciendo para cumplir con sus corruptelas todo lo que se encuentra a su paso. En esta ocasión les voy a comentar tres atracos que han conmocionado a varios sectores de la población veracruzana y que a la vez muestran el burdo e ilegal actuar de las autoridades estatales pertenecientes al partido-movimiento de López Obrador. 1.- Se roban el Acuario. Como el subtítulo lo dice, el Acuario del Puerto de Veracruz literalmente fue robado por la administración estatal y es que esa atracción turística se encontraba administrada por una asociación civil, de esas que son tan odiadas por la 4t, misma que en coordinación con un fideicomiso constituido para su mantenimiento, se encargaban del mantenimiento de instalaciones, de la preservación de especies e incluso de la expansión el mismo centro acuático. Bajo esa administración, el Acuario de Veracruz llegó a ser el más grande de América Latina y muy posiblemente la principal atracción turística del Puerto de Veracruz.

El presidente López O. realizó una visita a algunos países centroamericanos, lo cual no estuvo tan mal salvo por dos aspectos, en primer lugar, porque fue a presentarse como el gran benefactor prometiendo cosas que ni en su país puede cumplir y en segundo, porque esas visitas fueron meramente teloneras para culminar con la estelar, la cual consistió en ir a rendir pleitesía y a regalar dinero a la madre de todas las dictaduras de la actual Latinoamérica: Cuba. En efecto, a Centroamérica fue a ofrecer un Seguro Social que en México está desmantelado por tanto recorte presupuestal y sin explicar en qué van a consistir las afiliaciones ofrecidas a los migrantes y lo más importante, sin explicar quién las va a costear, no hay que olvidar que la seguridad social en México no es nada gratuita y se paga a través de las cuotas obrero-patronales con una mínima aportación del Estado. Reitero, la idea no es mala ya que muchos migrantes trabajan en el país y por elemental justicia deben de tener los beneficios que cualquier trabajador recibe en México mas no está explicado cómo se va a implementar esa afiliación ni cómo se va a cubrir, espero que no sean simples palabras huecas que el tiempo se lleve.

Se acaba de cumplir un año de la caída de un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, tragedia que no debió de haber ocurrido y que costó muchas vidas y a pesar del tiempo transcurrido, no existe hasta la fecha una sola explicación creíble de lo ocurrido ni mucho menos un fincamiento serio de responsabilidades. Eso no quiere decir que el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la cada vez menos eficiente Claudia Sheinbaum, se haya quedado cruzado de brazos; ya que para explicar la situación y tratar de librar responsabilidades, encargó un peritaje a una empresa noruega de nombre DNV, empresa que a decir de la misma Sheinbaum era una certificadora independiente con más de 150 años de experiencia en la administración de riesgos, análisis forense y de causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas; en pocas palabras, una empresa que es lo mejor de lo mejor en la materia.

La invasión rusa a Ucrania ha tenido que ser replanteada tras un par de meses y es que, a decir verdad, las cosas no le salieron como a Putin como los tenía planeadas. Y es que el plan original de los rusos era hacer una invasión al estilo americano, es decir, valiéndose de su supuesta abrumadora superioridad militar y tecnológica para en máximo una semana ocupar los puntos neurálgicos del país, desarticular y poner fuera de combate al ejército regular ucraniano y de ser posible derrocar al gobierno y poner uno títere en su lugar. Sin embargo, las cosas no fueron como se imaginaban en el Kremlin debido a que en primer lugar Rusia no es Estados Unidos, ya que no cuenta con el presupuesto militar que estos últimos tienen ni tampoco con una tecnología militar comparable a la norteamericana ni mucho menos sus tropas tienen ni la formación ni la doctrina militares que existen en occidente. Lo anterior se debe a que Rusia no tiene ni de lejos el PIB norteamericano debido a que su población es menor y sobre todo a que, a pesar de ser ahora una oligarquía, no ha superado del todo el rezago económico heredado de tantos años de vivir bajo un régimen marxista.

A pesar del título, el tema de esta entrega no es de religión y ni tampoco es del abrazador clima que tuvimos en estos días, lo que sucede es que ¡Qué semana santa e inicio de pascuas tuvimos! Y es que al igual que en las festividades religiosas, hubo dos eventos que coincidieron con esos tiempos y que cada uno a su manera impactaron la política nacional. Primero la “semana mayor” inició con la famosa consulta de revocación de mandato, la cual, aunque no resultó vinculante debido a que tanto la abstención real como la abstención activa hicieron que el resultado no contara legalmente debido a que constitucionalmente se requería que al menos hubiera votado el 45 por ciento del padrón, requisito que legalmente valida la abstención, aunque Pablo Gómez con su autoritarismo de corte comunista haya dicho otra cosa, lo cierto es que dicha consulta provenía de una farsa y por lo mismo más de cuatro quintas partes del país la rechazaron.