Felipe de Jesús Fernández Basilio

La oposición al gobierno de López Obrador de acuerdo a la propaganda oficial es una sola (todos los malos del cuento a los que su héroe debe de derrotar), mientras que, para muchos analistas es binaria (la sociedad civil y los partidos políticos no afines al gobierno); mas, en realidad, ésta es mucho más diversa de lo que se piensa. Ya que si tomamos como punto de partida el modelo partidos-sociedad civil, nos daremos cuenta que entre los primeros hay tres visiones de país muy diferentes y además cada uno tiene grupos internos que son diferentes entre sí y si, hablamos de la sociedad civil organizada, la cuestión es infinitamente mucho más diversa que en los partidos, ya que hay tantas visiones del país e intereses específicos, como organizaciones civiles a lo largo y ancho de la república. Obviamente amalgamar a toda esa diversidad política y social es una tarea tan compleja que raya en la imposibilidad debido a que muchas ideas y visiones se excluyen entre sí. Sin embargo, también es cierto que todos esos grupos tienen un interés común, el cual es sacar a MRN del poder y con ello terminar con las arbitrariedades, el saqueo y la destrucción sistemática del país que el actual gobierno está llevando a cabo, y por lo mismo es posible agrupar, tal vez no a toda, pero sí a la mayor parte de la oposición para lograr ese fin.

En la entrega anterior de esta columna se abordó la sumisión expresa en la que se encuentran los órganos de procuración e impartición de justicia ante el gobierno del estado y también, se mencionaron las maneras con las que están sometiendo a los jueces para que actúen sin la independencia que los debe de caracterizar y que son muy notorias en los casos de persecución política. Lo que es evidente, ya que fabrican carpetas exprés sin pruebas, pero que son suficientes para primero detener y luego encarcelar, mediante la prisión preventiva oficiosa, a personajes políticos no afines a quienes gobiernan en estado. En esta ocasión, vamos a comentar la otra cara de la justicia veracruzana, es decir, la justicia que se procura e imparte al ciudadano común, al ciudadano que no tiene intereses políticos, pero que por mala fortuna es víctima de la comisión de un delito y se ve en la urgente necesidad de solicitar los “servicios” (es un decir) de la fiscalía y del poder judicial.

La falsa cruzada en contra de la independencia judicial emprendida por los gobiernos de la muy mal autollamada 4t, en Veracruz ha llegado a los niveles más ruines y grotescos que se hayan visto y la detención arbitraria de una juez de control y proceso penal oral fue la última muestra de ello. ¿Cuál fue el delito que cometió la juzgadora que fuera detenida, liberada por falta de elementos pero que sigue siendo investigada y también sujeta a un procedimiento administrativo totalmente punitivo por parte de una institución nada autónoma que se denomina Consejo de la Judicatura de Veracruz? Su delito fue acatar una sentencia de amparo que no gustó a los que gobiernan en la entidad, vaya, ni siquiera fue el actuar con independencia, puesto que, previo a la promoción del amparo, su actuación había sido la de una juez de consigna que subsanó hasta donde pudo las deficiencias presentadas por la dizque fiscalía que existe en Veracruz.

Recientemente el presidente de la república frustrado por la declaración de inconstitucionalidad llevada a cabo por parte de la SCJN en relación a diversas leyes y decretos ordenados por él, convocó al pueblo de México para que en el 2024 voten apabullantemente por su partido y así modificar la constitución a su antojo las veces que quiera. Sin embargo, esa sugerencia presidencial aparte de ser técnicamente imposible de lograr, tiene una serie de consecuencias altamente perniciosas y un buen ejemplo de ello lo vemos con lo que sucede en el estado de Veracruz. Y sí, prácticamente hacia a donde se volteé en Veracruz, se encuentra un poder o un organismo constitucionalmente autónomo totalmente sumiso al gobernador o quienes lo controlan.

Al momento de escribir estas líneas, está sucediendo algo inédito en la historia de México y es que el presidente de la república está actuando en franco desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual, si no es frenado de inmediato, se puede convertir en una alteración al orden constitucional que constituye un tipo de golpe de Estado. En resumen, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la SCJN resuelve una controversia constitucional planteada por el INAI en contra de un decreto del presidente que ordena clasificar como información reservada, por ser de seguridad nacional, el monto de los gastos que se erogan en las obras que está llevando a cabo, tales como la refinería del pantano y el trenecito destruye selvas. Dicha resolución, se basó en que un decreto es una norma de jerarquía menor, la cual por su naturaleza no puede estar por encima de las de mayor jerarquía como las leyes y ni se diga, la constitución, y es que, ese decreto iba en contra de los derechos humanos de petición, a la información y al principio de máxima publicidad consagrados en la constitución, ya que al pretender reservar todo tipo de información relacionada con la obra pública del gobierno federal, se vulneran los derechos humanos antes mencionados.

Tanto el presidente de la república como los legisladores y los gobernadores de su partido (MRN) mienten descaradamente cuando claman a los cuatro vientos que la SCJN usurpó las funciones de los legisladores al echar abajo las dos primeras leyes que conforman el paquete de reformas legales en materia electoral, mejor conocido como el plan B de López Obrador. También mienten los sujetos ya mencionados cuando alegan que la SCJN no es electa democráticamente dando a entender que, por votación popular, y que a pesar de ello se pretende imponer a los otros dos poderes que sí son electos de esa manera. Y sí, mienten descaradamente y ello es así, porque la constitución establece detalladamente tanto las facultades de la SCJN y del poder judicial en general, como el método por el cual son elegidos los ministros que la integran y en el cual, por cierto, intervienen los otros dos poderes. Ahora bien, ¿Por qué fue absolutamente legal la resolución que tomo la SCJN de declarar la invalidez de las primeras dos leyes que integran el llamado plan B de López?

En la última Desde a Janela de 2022 (Ricardo Monreal: el falso rebelde) detallamos como Monreal nada más aparenta ser diferente al oficialismo y también como engaña a la oposición y la hora buena, se pliega a los deseos del presidente; en aquella ocasión fue por el cochinero de leyes electorales que aprobaron y ahora les volvió a repetir la dosis. Bueno, así como en aquella ocasión advertimos que Ricardo Monreal era un embustero, ahora, debemos de hacer lo propio con otro personaje del oficialismo que, aunque es menos sagaz que el senador, lleva un juego similar y de ser posible, busca engañar a muchos opositores, tanto en los partidos como en la sociedad civil, aparentando ser el hijo desobediente, cuando en realidad ha sido uno de los hombres más fieles que López Obrador ha tenido en su carrera política. Así es, Marcelo Ebrard es leal entre los leales, Marcelo Ebrard le ha cuidado las espaldas a su jefe como su sucesor en el entonces Distrito Federal y también Marcelo Ebrard sostuvo a su patrón, cuando este no tenía cargo formal pero sí una farsa de gobierno que sostener y que fue sostenido por el fiel Marcelo, quien diligentemente dispuso de los fondos de los capitalinos para que la carpa del “gobierno legítimo” siguiera recorriendo el país.

Según el oficialismo los órganos autónomos y las instituciones especializadas deben de desaparecer, porque son muy caros, son nidos de corrupción y son ineficientes y más aún, porque sus funciones las puede asumir la administración pública centralizada y con ello, se ahorran los millones de pesos que, según ellos, cuesta al erario su mantenimiento. Eso lo sostienen, a pesar de que está demostrado que dichas instituciones han trabajado con una razonable eficiencia desde su creación; lo cual no se puede decir de los legisladores de MRN y aliados en las últimas dos legislaturas, quienes no han desempeñado sus funciones constitucionales, pero eso sí, cobran su dieta completita y de ninguna manera perdonan los apoyos y los viáticos que les corresponden. Y sí, los legisladores de MRN y asociados mantienen casa de gestoría, pagan asesores y asistentes y se trasladan de o hacia la capital del país con cargo al erario, pero ¿Qué creen? Votan a favor de las iniciativas que les manda el ejecutivo sin siquiera leerlas, bloquean los nombramientos que están obligados a hacer según la Carta Magna solo porque va el secretario de gobernación a decirles que para su jefe “es el mundo ideal que no salgan esos nombramientos” y si ya ni eso pueden evitar, desde un principio dicen que se van la tómbola y con ello, desde el comienzo, clausuran cualquier posibilidad de diálogo.

Después de guardar los días santos, de disfrutar de unos merecidos días de descanso o de, mejor aún, ambas cosas, es tiempo de volver a reflexionar sobre las cosas mundanas que atañen esta ahora muy atribulada nación. Esta vez no vamos a hablar de grillas o de los temas que en estos tiempos dividen tanto a los mexicanos y, aunque el título de este texto pareciera que nos lleva por esos caminos, la realidad es que vamos a tratar un tema que es totalmente ajeno a lo que se trata en el show diario de palacio, tan es así que lo tratan de ocultar, pero que es muy importante para la vida de una nación moderna y democrática como lo es México. Así que hablaremos de transparencia, sí esa palabra que todo gobernante y más si tiene tendencias autocráticas, como es el caso de López O., repugna y tiende a minimizar. Más esa repulsión, lo que en realidad esconde es un temor por parte del autócrata tanto al significado como a las consecuencias de lo que es la transparencia, y por esa razón, es que una constante en la administración de López O. ha sido ocultar casi toda la información pública y, al mismo tiempo, reducirla a lo que él expone en sus programas diarios, exposiciones que realiza en forma de diatribas con la finalidad de desviar la atención sobre los datos duros que genera el ejercicio de la administración pública.

El 27 de marzo, en Ciudad Juárez, 39migrantes murieron como consecuencia de un incendio en una estación migratoria dependiente del Instituto Nacional de Migración, que a su vez depende de la Secretaría de Gobernación. La muerte de 39 personas es una verdadera tragedia y si a ello, le sumamos otras 27 personas heridas, de las cuales 16 se encuentran en condición grave como consecuencia de las quemaduras que sufrieron, la situación se vuelve mucho más lamentable. Más si a todo lo anterior, le añadimos que el siniestro ocurrió en un lugar que estaba a cargo de una dependencia del gobierno federal y que, para colmo, la tragedia era evitable y no se evitó, entonces nos encontramos ante un crimen perpetuado por el Estado. Pero lo peor es que la cosa no termina ahí, sino que se agrava con la indiferencia y el menosprecio con el que las autoridades abordaron el asunto, primero tratando de evitar que la tragedia se difundiera tal como fue y luego restando importancia al evento y culpando a los mismos migrantes de haber causado la desgracia.