Emilio Cárdenas Escobosa

Este fin de semana habrá elecciones en Morena, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López obrador y que lo llevó a la Presidencia de México. De acuerdo con la convocatoria lanzada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena el pasado mes de junio, este fin de semana y en la primera semana de agosto se elegirán a tres mil consejeros, a los dirigentes estatales y a toda la pléyade de morenistas notables y otros no tanto que tendrán decisión en los procesos de elecciones a las gubernaturas de 2023 y 2024, así como las reglas a la nominación presidencial. El Congreso Nacional de Morena se celebrará los días 17 y 18 de septiembre próximos y para llegar a ese momento se tendrán que renovar sus coordinaciones distritales federales y consejos estatales en las 31 entidades federativas del país. En Veracruz, Morena ha estado sin un dirigente oficial desde la salida hace casi cuatro años de Manuel Huerta, hoy delegado de los programas federales en la entidad, y quien ha estado a cargo del partido es Esteban Ramírez Zepeta como delegado con funciones de presidente en el estado, cuando el Comité Ejecutivo Nacional lo nombró hace un año y medio.

En un anuncio inesperado por todas las señales y la resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a entrarle al tema, finalmente este jueves 7 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que presentó una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita por 26 millones y medios de pesos. De acuerdo a la denuncia presentada por Pablo Gómez, titular de la UIF, el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales en efectivo en los años 2019 y 2021 cuyo origen es desconocido, y que fueron transferidos desde una cuenta en México hacia España. Además, se detectó que se realizaron en esa cuenta retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos entre el año 2013 y el año 2022, de los cuales se depositaron en efectivo 36 millones 333 mil 939 pesos de los que se desconoce el origen.

El caso de José Manuel del Río Virgen deja en claro la crisis de la procuración de justicia en Veracruz, su carácter faccioso y la absoluta falta de autonomía de la institución. Para el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez este episodio, en el que de lo menos que se le acusa es de autoritario y represor, ha sido muy desgastante para su imagen; calificativos que pueden ser los que marquen el balance de estos años del primer gobierno morenista en Veracruz. Un gobierno que se anunció distinto a los anteriores y que lo repite como mantra, resultó en la procuración de justicia igual o peor que aquellas administraciones que padecimos en los años recientes los veracruzanos. Con los poderes al servicio del Ejecutivo, sin contrapesos, con una fiscalía sin autonomía y teniendo como meta el agradar en todo al presidente López Obrador, el escenario ideal para la revancha política, el sometimiento de los opositores y el buscar asegurar futuras victorias electorales, por las buenas o como haga falta, está puesto y se ha usado alegremente, porque no pasa nada; el apoyo del primer mandatario todo lo justifica. Amor con amor se paga.

A más de tres décadas de la publicación del libro “La disputa por la nación”, escrito por Carlos Tello Macías y Rolando Cordera, texto que en su tiempo abrió un gran debate en círculos académicos y políticos, mantiene una vigencia fundamental. La relectura de este texto es reveladora pues con una absoluta claridad vislumbraba en 1981 el futuro inmediato que se abría para nuestro país, tiempo en el que iniciaba lento pero inexorable el proceso de apertura comercial, de integración de bloques económicos y etapa en la que nuestro país vivía una crisis más, donde la devaluación del peso, la concentración de la riqueza y la desigualdad en la distribución del ingreso eran la norma, y donde el modelo económico cerrado y orientado al consumo interno mostraba evidentes signos de agotamiento. En su momento los autores tuvieron la visión de capturar lo que desde las últimas dos décadas del siglo XX se perfilaba como la disyuntiva para México y que hoy en plena discusión sobre la pertinencia del proyecto de izquierda que enarbola el movimiento impulsado por el presidente López Obrador es totalmente claro: las opciones entre el nacionalismo revolucionario y el neoliberalismo.

Hace más de cuatro años el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales realizaron un estudio sobre el sistema de justicia en México cuyas conclusiones fueron demoledoras. “Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis -dijeron en su informe- y la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza.” Estas aseveraciones las hacían antes del presunto cambio de paradigma en el funcionamiento del sistema de justicia en México con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y antes de que se creara como institución autónoma la Fiscalía General de la República. Esto es, antes del inicio del actual gobierno de la Cuarta Transformación.

Como apuntábamos en nuestra anterior colaboración, la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de entrada rechazada por legisladores y voceros de los partidos PAN, PRI y PRD por sus fobias a todo lo que provenga del gobierno morenista y a la oportunidad que vieron, sobre todo, de cobrarle cuentas al presidente por las constantes descalificaciones del primer mandatario al llamarlos traidores a la patria. Es lógico que se rechace porque no guste nada el que se proponga recortar las prerrogativas de los partidos y complicarles el mantenimiento de las costosas burocracias. Ello es entendible en los dirigentes de las fuerzas políticas, pero lo que no se entiende es que algunos analistas, académicos y buena parte de los opinadores y comunicadores, dejen brotar sus prejuicios y aún su desprecio a todo lo que huela a la 4T y rechacen a rajatabla y sin medias tintas la propuesta, calificándola como una vía para desmantelar las instituciones electorales y la propia competencia democrática. ¡Nos convertiremos en Cuba o Venezuela!, claman presuntamente preocupados.

Como todo lo que propone el presidente de México su iniciativa de reforma electoral divide opiniones. Para sus opositores esta propuesta no pasará, simple y llanamente, y más allá de otros temas polémicos, porque pega en el bolsillo de las burocracias partidistas al desaparecer el financiamiento público ordinario y solo dejarlo para las campañas electorales. Por ello, más allá de que contenga elementos novedosos y necesarios para reducir los costos gigantescos de los procesos electorales, asegurar una mejor representación política en el Congreso de la Unión, en los congresos locales y en los ayuntamientos, la iniciativa será difícilmente aprobada porque Morena no dispone del control total y necesita los votos de parte de la oposición para sacar adelante cualquier reforma constitucional. Y más porque desde el gobierno lopezobradorista se ha enrarecido el ambiente y alejado la posibilidad de construir acuerdos al persistirse en tildar de traidores a la patria a los legisladores que rechazaron la reforma eléctrica que quería el presidente de México y que son los mismos con quienes se deben sentar a negociar la reforma electoral.

Según cifras oficiales, México es el segundo país de América Latina donde se comete más violencia homicida contra las mujeres y donde la impunidad para con los victimarios es casi total, pues de acuerdo con informes elaborados por diferentes organismos nacionales e internacionales alcanza entre el 97% y el 99%. El último escándalo en este terrible escenario surgió a raíz del caso de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció el 9 de abril y cuyo cuerpo fue hallado sin vida por las autoridades en la madrugada del viernes 22 en el perímetro de un motel en Nuevo León que ya había sido inspeccionado en reiteradas ocasiones en los últimos días por las autoridades de aquella entidad. Como era de esperarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el pésame a la familia de la víctima y dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República asuma la investigación del caso ante las inconsistencias en la actuación de la fiscalía estatal.

El rechazo de la oposición a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no es en absoluto un triunfo para México como se ufanan muchos militantes del PRI, PAN o PRD, ni estrictamente hablando es una victoria de un grupo de traidores a la patria como se les juzga desde el oficialismo. Ni una ni otra cosa, a mi parecer se trata más bien de la instantánea del estado de ánimo que se vive en el país y que revela lo mismo errores en la estrategia del primer mandatario para impulsar en verdad una transformación de la nación, que la pobreza discursiva y la carencia de proyecto de las fuerzas opositoras que no atinan a ser convincentes y ofertar un rumbo alterno y deben conformarse con festinar el hacer tropezar al presidente. De eso y no de otra cosa se trata este episodio. Del lado presidencial el que la oposición en la Cámara de Diputados haya hecho valer su fuerza política para echar atrás uno de sus grandes proyectos no es resultado sino de la falta de cálculo político.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe sobre la situación en México en este sensible tema, que se ha convertido desde hace al menos veinte años en una pesadilla para miles de familias en nuestro país. Luego de la visita oficial que realizó una delegación del organismo en noviembre del año pasado para realizar trabajo de campo, reunirse con autoridades federales y estatales, con comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, entre otros, y de constatar el trabajo de rastreo que realizan los colectivos de búsqueda, las exhumaciones y verificar los sistemas de registro forense, este martes 12 de abril desde Ginebra, Suiza, el Comité hizo públicas las conclusiones de su informe que es contundente y que no cayó nada bien al gobierno de México. Sus conclusiones son rotundas: la impunidad y la violación a los derechos humanos es la norma, existe colusión de servidores públicos con el crimen organizado y – lo que más caló hondo en el ánimo presidencial- que dejar la estrategia de seguridad pública en manos de los militares solo ha agravado el problema.