Emilio Cárdenas Escobosa

El periodismo existe porque alguien tiene que relatar los sucesos que marcan el día a día de cualquier sociedad. Y ello ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. El relato de lo cotidiano, la crónica de los hechos que hacen la historia inmediata y, desde luego, el socializar el conocimiento de los que pasa en una comunidad, de sus problemas y demandas, y sobre todo de lo que hacen quienes la dirigen o tienen la representación popular; todo ello es lo que ha moldeado el ejercicio de esta actividad necesaria y fundamental para el escrutinio de las acciones de los personajes públicos y de los gobiernos. Y ello, dado el acelerado proceso de modernización de las sociedades que se definen como democráticas, es uno de los temas nodales en la agenda pública. Sin el periodismo libre, crítico y que toma distancia del poder no se hace efectiva la función social de esta actividad, que es el mostrar los resultados y andanzas de quienes ejercen el poder, función que se supondría entienden, impulsan y auspician quienes tienen una visión y vocación progresista.

Cada Día Internacional de la Mujer abundan los análisis y reflexiones sobre los avances logrados en México y el mundo para garantizar el acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres y continuar el impulso de las acciones legales e institucionales que hagan falta para lograr la igualdad de oportunidades para ellas en todos los ámbitos. De igual manera son ya costumbre las marchas y expresiones públicas de colectivos, organizaciones y de mujeres de todos los estratos sociales y grupos de edad que reivindican sus luchas y que exhiben su sororidad, así como su compromiso indeclinable con la causa; Marchas y movilizaciones, algunas de ellas no exentas de violencia de activistas que llevan al extremo sus demandas, que son parte del paisaje en esta efeméride.

El primer tema que abordarán los senadores al reanudarse el trabajo legislativo en este 2023 será la reforma electoral y el famoso Plan B, el polémico y criticado paquete de reformas a diversos ordenamientos legales que regulan la organización de las elecciones. Ante ello, el Instituto Nacional Electoral hizo público al inicio de esta semana de un diagnóstico sobre los efectos de la reforma electoral, la cual ya fue impugnada, como se preveía, por los líderes del PRI, PAN y PRD que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los recursos que van en contra del primer paquete de reformas aprobado por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión. Particularmente, en contra de dos de las cinco leyes que planteó el mandatario Andrés Manuel López Obrador modificar, como son la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y aún falta que el Senado analice y vote las modificaciones a la Ley de Procedimientos Electorales para que se presentan más recursos para combatirlas. Incluso el Instituto Nacional Electoral anunció que también interpondrá las impugnaciones correspondientes en contra el “plan B”.

Tal y como se preveía, la derrota del proyecto de reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, al no alcanzar la mayoría calificada, iría acompañada del envío de su famoso Plan B por el que se modifican leyes secundarias y reglamentarias, el que fue aprobado ipso facto por la mayoría morenista, obviando el proceso legislativo. De poco sirvieron los reclamos y pataleos de la oposición que terminó por abandonar el recinto parlamentario ante la negativa de la bancada oficialista de aceptar modificaciones o postergar la discusión. El Plan B sacaría la espina del rechazo a la reforma constitucional. Fue así el premio de consolación del mandatario mexicano, pero más allá de ello, es un conjunto de cambios a 450 artículos a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la de Partidos Políticos; la derogación de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y ajustes significativos a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que no son menores.

Terminó la ilusión colectiva. La Selección Mexicana de Futbol quedó eliminado de la Copa del Mundo Qatar 2022. Por primera vez desde Argentina 1978, el Tri se despide de un Mundial sin superar la Fase de Grupos. El combinado nacional recuperó el gol demasiado tarde, en el juego contra Arabia Saudita, pero se quedó en la orilla de un milagro en Medio Oriente que todo el país esperaba. Esta eliminación es un desastre que se veía venir desde hace tiempo y pese a que se buscaba conjurar esa posibilidad, se rompió la racha de siete Mundiales de forma ininterrumpida con clasificación a octavos de final. Despertamos del sueño y volvemos a nuestra frustrante realidad. Porque México es un país ávido de buenas noticias, de triunfos, de alegrías en medio de nuestra cotidianeidad marcada por la inseguridad y la violencia, las promesas de los políticos, el desánimo, el hartazgo ante la corrupción y la simulación de los gobiernos, el enojo social por nuestras lacras del día a día, potenciadas hoy por la guerra sin cuartel que libran los bandos en pugna en una nación polarizada y dividida.

Con la consigna de defender al INE ante la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador y que concentraría en los hechos el control de las elecciones en manos del gobierno, cientos de miles de personas marcharon el pasado domingo en todo el país para expresar su rechazo a este intento. Se han vertido infinidad de interpretaciones y análisis sobre lo que esta movilización significa, de sus alcances y de su impacto no solo en el propósito de frenar la cuestionada reforma sino en sus implicaciones para las elecciones federales del 2024. Abundan las lecturas optimistas, las conclusiones apresuradas sobre presuntas derrotas y victorias, sobre el significado de salir a las calles y ejercer plenamente la ciudadanía, las discusiones bizantinas sobre si fueron 12 mil o 500 mil los que marcharon en la Ciudad de México y en un número importante de ciudades del país, de si se hubiera llenado o no el zócalo de la capital de la República, de que la intensidad de la protesta augura que Morena perderá las elecciones en el feudo de Claudia Sheinbaum y con ello la candidatura de la favorita del presidente se tambalea. Se disfruta el gusto de tomar las calles, de ir por voluntad propia y sin acarreos, de alzar la voz, de encontrarse con amigos y conocidos en la protesta y se cree, ilusoriamente, que la reforma se frenará, que la fuerza ciudadana mostrada hará el milagro. Nada más alejado de la realidad.

Se cumplen ochos años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero. Un crimen de Estado -reconocido así por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador- en el que participaron corporaciones policiacas municipales, elementos y mandos del ejército mexicano, así como miembros de una organización criminal denominada Guerreros Unidos, que sigue sin ser castigado porque no se ha logrado hasta ahora, comisiones de la “verdad” aparte, tener la historia completa de este atroz hecho. La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los episodios de violación a los derechos humanos más cruentos en la historia reciente de nuestro país y que marcaría el sexenio de Enrique Peña Nieto: 43 jóvenes estudiantes fueron perseguidos, tiroteados y luego asesinados brutalmente por miembros del crimen organizado y sus cuerpos desaparecidos. De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro un total de más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas lo fueron de manera indirecta, considerando a los familiares de los agraviados.

Uno de los temas más importantes del debate público en los días que corren es sin duda la decisión que habrá de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 5 de septiembre por la que se eliminaría la prisión preventiva oficiosa, que ha sido señalada como una disposición contraria a la Constitución, al principio de presunción de inocencia, al respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Los argumentos que se presentarán en el Pleno y la sentencia correspondiente sentarán un precedente de suma importancia para la impartición de justicia en México. Pues no está a discusión si se mantiene la prisión preventiva, figura jurídica que prevé el artículo 18 de la Constitución Política y que establece que “sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva”. Lo que estará a juicio es la eliminación de la imposición oficiosa. Hay que recordar que en junio de 2008 se introdujo al artículo 19 constitucional una modalidad de aplicación de la prisión preventiva denominada oficiosa o automática, por lo que desde entonces en determinados delitos ya no es necesario que un juez analice la procedencia o no de la prisión preventiva.

Este jueves 11 de agosto se anunció que el Banco de México aumentó la tasa de interés de referencia a un 8.5 por ciento, la más alta en 16 años y la mayor desde el 2008 cuando se puso en marcha la actual política monetaria. Una decisión de la Junta de Gobierno que refleja el grave impacto que la inflación tiene ya en el rumbo de la economía mexicana. Esta medida llevará a que el crecimiento económico del país se frene aún más puesto que como sabemos al subir las tasas de interés se incrementa el costo de los créditos y se desincentiva el consumo. Lo que se busca es evitar que haya salida de inversionistas extranjeros al hacer atractivo el permanecer en México si se ofrecen réditos más altos, y, desde luego, se quitan presiones al tipo de cambio; todo ello para intentar frenar la altísima inflación que ya tenemos. Así, el aumento en la tasa de interés del Banco de México representa un freno para la economía, sobre todo si observamos que la tasa de interés del Banco Central es el parámetro de referencia que toma la banca comercial para establecer las tasas que ellos cobran a las personas y empresas.