Aurelio Contreras Moreno

Lo primero que hacen los regímenes autoritarios cuando llegan el poder es, casi invariablemente, tomar el control de la narrativa pública acallando la crítica en los medios de comunicación. Durante todo el sexenio, fue más que evidente la manera en la que desde el gobierno federal se orquestó una campaña de propaganda para desacreditar a los medios y periodistas críticos a través de un uso abusivo de los canales públicos de difusión del régimen, lo que generó un clima de tensión y de hostilidad hacia quienes ejercen la profesión de informar. Quienes afirman que hubo “respeto” a la libertad de expresión durante el obradorato o vivieron en otra dimensión o mienten descaradamente. De acuerdo con la organización Artículo 19, de los 166 comunicadores asesinados en México en los últimos 24 años, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron ultimados 46. Apenas uno menos que en el periodo de Enrique Peña Nieto y dos menos que en el de Felipe Calderón. Con la salvedad que a este gobierno le quedan todavía tres meses. A aquellas administraciones se les reclamó airadamente la ausencia de condiciones para ejercer el periodismo con libertad y seguridad. Pero muchos de los que protestaron entonces ahora buscan justificar al obradorato con la tontería de que no es lo mismo, que este gobierno no mata periodistas. A los anteriores tampoco se les podría probar una acusación de esa dimensión. Pero lo que los tres tienen en común, empero, es la responsabilidad sobre esa situación, que a ninguno le importó asumir.

La discusión sobre la reforma judicial que se llevará a cabo de aquí al mes de septiembre tiene que ver con la viabilidad de un verdadero sistema de justicia para el país, que el obradorato quiere convertir en una –otra más- simulación, en su loca carrera y desbordada ambición por concentrar absolutamente todo el poder en el Ejecutivo. La iniciativa con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende no acabar con la corrupción –que en su sexenio y su administración ha sido rampante y descarada-, sino vengarse y someter a la Suprema Corte, compromete el funcionamiento de todo el sistema de justicia, pues mientras desmantela al Poder Judicial al despojarlo de facto de su autonomía, deja intacto el malfuncionamiento de todas las fiscalías del país, empezando por la General de la República, fuente de la mayoría de los rezagos y corruptelas que obstaculizan el acceso a la justicia en México. Al tener únicamente motivaciones políticas, la reforma desmerece como enmienda jurídica, amén de que el supuesto de que pretende “democratizar” la justicia no es más que una falacia, un engaño demagogo que esconde –y ni siquiera demasiado- su intención de acabar con el equilibrio de poderes para, en su lugar, colocar en el Poder Judicial de la Federación a jueces, magistrados y ministros cuyo compromiso no sea con la defensa de la Constitución –razón de ser de ese poder de la Unión-, sino con el partido, fuerza política o poder fáctico que los impulse para llegar y permanecer en el cargo.

La borrachera de poder y soberbia con la que el régimen se venía comportando en Veracruz luego del 2 de junio se vio abruptamente interrumpida por un acto que, de alguna manera, no fue más que una consecuencia de lo mismo. La brutalidad asesina con la que la policía estatal reprimió la semana pasada una protesta de habitantes de la comunidad de Totalco, municipio de Perote, además de una reiteración del muy “humanista” uso del “garrote” que caracterizó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en su relación con cualquier clase de disidencia todo el sexenio, fue un exceso propio de quien se cree intocable. Y así se siente –o se sentía- el infame gobernador veracruzano. La violencia ejercida contra los campesinos que protestaban contra el acaparamiento y contaminación del agua de la región por parte de la empresa Granjas Carroll, además de completamente innecesaria, fue desmedida y propia de regímenes autocráticos, pues se trataba solo de un bloqueo carretero, no del incendio de un pozo petrolero, como muchos morenistas saben muy bien quién los protagonizó hace 30 años, a pesar de lo cual no los agarraron a balazos. La saña de los gendarmes, dizque con preparación de excelencia en la Academia Regional de Policía –cuyo director se la pasa todo el día en Facebook “agitando la matraca”, alabando al gobierno y a Morena-, los llevó a perseguir a población desarmada, indefensa, y a asesinar a sangre fría a dos hermanos a los que fueron a “cazar” a sus domicilios particulares. Si así fueran con los sicarios del narco, otro estado sería éste.

Si una certeza dejó el pasado proceso electoral, además de la brutal suciedad e inequidad con la que se desarrolló, es que el sistema de partidos que tenemos en México no da para más. Si bien se enfrentó una elección de Estado como no se había vivido en México en los últimos 30 años, eso no desaparece la responsabilidad de los partidos que desde la oposición demostraron con creces que se merecen el repudio de la ciudadanía. La debacle del 2 de junio no podría comprenderse en su justa dimensión sin la actuación protagónica de los peores dirigentes partidistas en la historia del PRI y el PAN: Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés. El tal “Alito” Moreno fue un absoluto lastre para todos los candidatos de la alianza opositora. Donde se paraba durante la campaña, se convertía en un negativo, en una resta automática de apoyo. No solo por la corrupción evidenciada de este sujeto –que no fue castigada porque al régimen le conviene tenerlo donde se encuentra-, sino porque su gestión como presidente nacional del PRI ha implosionado al otrora todopoderoso tricolor, provocando un éxodo de figuras, militantes y operadores hacia otras fuerzas políticas, en especial a Morena o a su “patiño” el Partido Verde.

Más allá del resultado de la elección, contundente más no convincente, al tratarse de uno de los procesos más viciados y plagados de ilegalidades de la historia moderna de los comicios en México, lo cual merece un análisis aparte, lo importante es lo que viene: la destrucción de las instituciones de la primera alternancia y la transición democrática. Horas después de que un destartalado Instituto Nacional Electoral fuera capaz de dar a conocer los resultados de la elección, que en otros años se informaban no más allá de las 10 de la noche para brindar certeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó quién manda –y pretende seguir haciéndolo- en el país, y anunció que llevará a cabo sus planes de desmantelamiento de los contrapesos institucionales al Poder Ejecutivo antes de irse. “Lo voy a hablar con Claudia, la virtual presidenta electa, porque presentamos iniciativas que están en el Congreso, a ver cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar. (…) Nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta”, dijo en su “mañanera” de este lunes, “tirando línea” a quien se perfila como su sucesora, pero que asumirá el poder un mes después de que entre en funciones el nuevo Congreso de la Unión, que estará dominado por Morena.

La imagen de la pistola apuntando a la cabeza del candidato de PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, José Alfredo Cabrera, asesinado a balazos momento antes de iniciar su cierre de campaña el miércoles pasado, se quedará como muestra indeleble de lo que ha sido el sexenio obradorista. Y no ha sido otra cosa que una espiral ascendiente de violencia, en la que toda la población está completamente indefensa ante los criminales. Baste decir que José Alfredo Cabrera contaba con protección federal, pues sufrió otro atentado en 2023, y el miércoles lo asesinaron a mansalva, en las narices de los elementos de la Guardia Nacional que lo “cuidaban” y que, eso sí, ejecutaron de inmediato al sujeto que jaló el gatillo y éste ya no pudo señalar a los que lo mandaron a cometer el crimen. Muy convenientemente. Este asesinato rubricó el saldo rojo sangre de las campañas políticas más violentas de la historia: 56 actores políticos, incluyendo 32 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, de acuerdo con Causa en Común, fueron ejecutados durante el proceso electoral entre junio de 2023 y mayo de 2024, mismo que aún no concluye y que todavía podría sumar muertos de aquí a la jornada del 2 de junio.

Este miércoles, las campañas llegarán finalmente a su final. Quizás, las más sucias de la historia moderna de México. ¿Por qué sería así? Durante todo el sexenio, el gobierno se dedicó a hacer propaganda en lugar de atender su verdadera responsabilidad, que es gobernar, lo cual explica el lamentable estado del país en áreas como la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo. Pero desde hace por lo menos tres años, se lanzó una desenfrenada campaña propagandística nacional, absolutamente ilegal, para posicionar la imagen de Claudia Sheinbaum en el imaginario colectivo como la “heredera”, aderezada con una intervención sistemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, descalificando todos los días a la oposición, socavando la normalidad democrática y la equidad de la contienda y resquebrajando al país en dos bandos: los que están conmigo (los buenos), y los que están contra mí (los traidores a la patria. Porque la patria soy yo). Esta arremetida desde el régimen contra las reglas mínimas de la frágil e incipiente democracia que se había venido construyendo institucionalmente en las últimas tres décadas –tarea en la cual participaron activamente muchos de los que hoy la quieren destruir- ha herido de muerte al sistema político actual, que fue completamente rebasado por los tramposos caraduras que pretenden una restauración autoritaria.

Si algo han demostrado las campañas que están por llegar a su fin es la miseria moral del morenato, que no solo ha reeditado, sino que ha hecho suyas las peores prácticas del viejo priismo. Ésas que juró desterrar y que ahora usa en su beneficio. La reciente exhibición de la doble nómina con la que se cobra la vocera de la candidata a la gubernatura de Veracruz Rocío Nahle, es como un deja vú de la manera como se disponía de los recursos públicos en otros tiempos para financiar actividades políticas a la par de funciones públicas. Otros tiempos que en realidad nunca dejaron de ser estos tiempos. En este caso, la vocera de Nahle, Adriana Muñoz Cabrera, cobró al mismo tiempo como jefa de la Delegación Veracruz-Boca del Río de la emisora pública estatal Radiotelevisión de Veracruz –cargo al que arribó en este sexenio- con un sueldo que alcanzaba hasta los 46 mil pesos mensuales, y también como enlace de Control de Acuerdos y Seguimiento de la Secretaría de Energía –donde Nahle era titular-, con una remuneración que en promedio rondaba más-menos los 15 mil pesos mensuales. Este doble cobro en nómina estatal y federal al mismo tiempo es completamente ilegal. Pero lo peor de todo es que a principios de este año, a esas dos tareas sumó formalmente –porque lo hacía “por lo bajito”- la de la vocería de la precampaña y luego de la campaña de Rocío Nahle. Es decir, mientras cobraba como funcionaria estatal y como funcionaria federal, desempeñaba tareas político-partidistas, lo cual representa un flagrante desvío de recursos y un delito electoral que merece cárcel, pues ya es considerado como infracción grave.

Las campañas han entrado en su recta final en todo el país. Queda exactamente una semana para que concluyan los actos de proselitismo, así como semana y media para la elección que va a definir el rumbo del país y de Veracruz para la siguiente década, por lo menos. Y el ambiente político, como el meteorológico, está que arde. Contrario al triunfalismo del discurso que intenta propalar –con una pequeña ayuda de sus textoservidores y amanuenses más abyectos-, el morenato en el poder en Veracruz vive una profunda crisis que hace unos meses parecía impensable. La candidata del oficialismo, Rocío Nahle, sufre una estrepitosa caída libre desde hace varias semanas, producto de la amplia exhibición mediática de sus millonarias propiedades, la vida de lujos y privilegios de su familia, el tráfico de influencias en beneficio propio y, especialmente, la manera déspota y prepotente con la cual se conduce con propios y extraños y que le ha abierto varios flancos dentro de su propio partido.

Mientras la opinión pública nacional se ocupaba de la marcha de la “marea rosa” en distintas ciudades del país y del tercer debate de las y el aspirante a la Presidencia de la República, México vivía el día más violento en lo que va de este año. De acuerdo con las cifras del reporte diario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), este domingo se registraron 104 homicidios dolosos en todo el país, convirtiéndose en la jornada más sangrienta de lo que va de 2024 hasta su quinto mes. Otro dato destacable es que en 20 de los 32 estados del país se reportó al menos un homicidio, y en cinco de concentró el mayor número de asesinatos: encabezaron el Estado de México y Guanajuato con 15 ejecuciones, les siguieron Jalisco y Michoacán con diez, Baja California con seis y Veracruz –donde el gobierno estatal morenista estaba ocupado boicoteando mítines y hostigando opositores- con cuatro.