Aurelio Contreras Moreno

Desde siempre, el uso de la represión policíaca contra la ciudadanía erosiona la legitimidad democrática y demuestra que ante la ausencia de argumentos y de capacidad, lo único que se impone es la fuerza.

La movilización de granaderos para disolver manifestaciones ciudadanas de los últimos días en Xalapa —de maestros jubilados y padres de familia de zonas indígenas, específicamente— muestra el talante autoritario de la gobernadora Rocío Nahle, que a menos de un año de haber asumido el poder demuestra cómo es que está dispuesta a ejercerlo, y que lejos de dialogar, opta por blindarse.

No parece ser un hecho aislado ni una reacción improvisada, sino más bien una respuesta de Estado al descontento que crece en una de las áreas más delicadas de la administración estatal: la de la educación. Aunque las de la salud y la seguridad no están muy lejos de provocar reacciones similares.

La revisión de la Cuenta Pública 2024 por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha confirmado lo que durante años se denunció y era tan evidente como el Pico de Orizaba: el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no solo fue incompetente en la gestión pública, sino que convirtió sus obras “insignia” en monumentos al desvío, la simulación y la corrupción que tanto juró combatir, llenándose la boca al afirmar con displicencia “no somos iguales”.

El presunto daño patrimonial del gobierno de Cuitláhuac García en el último año de su desastrosa y corrupta administración asciende a casi mil 600 millones de pesos entre las secretarías de despacho, que acumulan irregularidades por 830 millones 868 mil pesos en dependencias clave como la SEV, la SIOP, Sedesol, Sedema y Sedarpa, y los organismos públicos descentralizados, que presentaron posibles desvíos por 766 millones 765 mil pesos.

Es en este último rubro donde se ha puesto énfasis en tres proyectos que, siempre en una triste y patética imitación de López Obrador, García Jiménez pretendió erigir como sus supuestas “obras insignia”. Lo cual, habrá que reconocer, logró. Se convirtieron en insignia de su corrupción.

Una nueva página vergonzosa de la historia reciente Universidad Veracruzana fue escrita por la pandilla que la tiene secuestrada.

Casi un mes después de presentada, se confirmó la renuncia de José de Jesús Franco López a la Junta de Gobierno, ocurrida el pasado 5 de septiembre. Durante casi un mes, el órgano que jura e intenta convencer de que sus actos, como la prórroga ilegal concedida a Martín Aguilar, son apegados a la legalidad, no consideró “necesario” informar a la comunidad universitaria que uno de sus integrantes, el tercero al hilo, había decidido abandonarlo.

Éste no es un hecho aislado. Es el síntoma más reciente de una espiral de desprestigio institucional provocada por la captura política de sus órganos autónomos y la simulación como método de dirección.

El cateo realizado la semana pasada por fuerzas federales en el rancho “Los Quintero”, presuntamente propiedad de José Gil Quintero -sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero-, ha expuesto una vez más la realidad que se vive en los márgenes del poder en Veracruz.

El operativo, vinculado con la desaparición del empresario Neftalí González López, no solo evidenció la presencia y acción de estructuras criminales en esa zona del estado de Veracruz en tiempo real, hoy en día y con absoluta impunidad, sino que al colocar en el centro del escándalo a una alcaldesa morenista, la munícipe de Colipa Gabriela Alejandra Ortega Molina, el gobierno de Rocío Nahle terminó exhibiéndose.

La narrativa gubernamental fue inmediata y predecible: negación, deslinde y una defensa institucional que raya en el encubrimiento. La alcaldesa, señalada por medios locales de haber sido encontrada en el rancho durante el cateo, fue convocada el lunes pasado por el gobierno estatal para “aclarar” su situación. Y lo que presentó fueron “justificantes médicos” –como los de los estudiantes cuando se van de fiesta y no llegan a clases por la resaca- que “acreditaban” una supuesta hospitalización durante el fin de semana, aunque el operativo fue el jueves 18 de septiembre.

En México, las élites políticas nos han demostrado una y otra vez que la alternancia de gobiernos no ha sido más que el cambio de máscaras de una misma maquinaria de corrupción, impunidad y complicidades que arrastran décadas de desfalcos y fraudes. Lo que todavía intentan vendernos como la “herencia maldita del PRIAN”, en realidad se reproduce bajo el sello de la autoproclamada “cuarta transformación” con los mismos métodos, los mismos pactos y, peor aún, con la misma catadura moral.

El ejemplo más escandaloso de esta continuidad criminal es el “huachicol” fiscal, quizás el fraude más monumental de la historia de México, tejido con una red de complicidades que permitió un bestial saqueo al erario vía factureras, empresas fantasma y contrabando de combustibles disfrazado de operaciones legales.

La llamada “guerra contra el huachicol”, con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó legitimarse desde el arranque de su sexenio –como sistemáticamente hicieron todos los presidentes que le antecedieron, por lo menos, desde Miguel de la Madrid-, no fue más que un espectáculo mediático, un engaño: los ductos perforados se sellaron para abrir válvulas más jugosas en las aduanas, con la bendición de funcionarios de primer nivel.

Veracruz se ha convertido en una suerte de laboratorio. Uno en el que se ensaya, a prueba y error, el renacido autoritarismo electoral que, por obra y gracia de la autoproclamada “cuarta transformación, nos han traído de vuelta al país tras tres décadas de fallida transición a la democracia.

Lo que hemos visto en las últimas semanas son tentativas para establecer fórmulas que lleven a revertir resultados, despojar triunfos e imponer derrotas a la conveniencia de quien tenga el poder, o de quien cuente con los recursos para disputarlo.

Eso es posible porque las pocas instituciones que quedaron en pie tras el cataclismo obradorista son débiles y fáciles de someter, gracias también a una sociedad fragmentada y todavía bastante alienada por la propaganda y el clientelismo, misma que ha permanecido pasiva frente a la destrucción sistemática de los contrapesos que le dieron viabilidad a las diferentes alternancias políticas que hoy, con la reforma electoral en puerta, están por convertirse casi en algo del pasado.

Lo ocurrido particularmente en el municipio de Poza Rica es la confirmación de que el partido en el poder, Morena, está dispuesto a arrebatar lo que no obtuvo en las urnas con toda clase de trampas y artimañas, y que el voto popular es visto como un accesorio que puede ser modificado en la mesa, en la bodega, de madrugada, en las sombras.

También, que la lucha por el poder cada vez más será como solía ser en las épocas anteriores a la transición: entre grupos antagónicos de una misma franja política. Porque aun cuando contendió por Movimiento Ciudadano en la elección municipal de Poza Rica, Emilio Olvera proviene de Morena, donde simplemente no fue elegido para la candidatura porque es aliado del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el principal adversario de la gobernadora Rocío Nahle y su cuadrilla. En realidad, es más de lo mismo.

La “nueva era” del país comenzó con una ceremonia de purificación. Bastones de mando “consagrados” en una zona arqueológica –en las que está prohibido celebrar actos políticos-, ministros de la Suprema Corte investidos como si fueran jefes de comunidad, y una narrativa que mezcla lo indígena, lo mesiánico y lo autoritario, junto con la farsa, el montaje folklórico y la simulación.

Es un simbolismo que no es para nada casual: el régimen que a partir de hoy controla los tres poderes de la Unión busca legitimarse no por la ley, a la cual desprecia e ignora cuando no le es favorable, sino por el mito.

La toma del Poder Judicial por parte del oficialismo marca el cierre de un ciclo de concentración institucional que comenzó en 2018. Con el Legislativo subordinado desde el primer día, y el Ejecutivo convertido en púlpito de propaganda, el último dique -la Suprema Corte- ha sido derribado. Lo que sigue es el control de los medios. Y no lo ocultan.

La Universidad Veracruzana está literalmente secuestrada. No por actores externos, sino por quienes hoy la regentean desde la cúpula y pretenden apoderarse a la mala, ilegal e ilegítimamente, de la rectoría saltándose los procedimientos establecidos en la legislación universitaria. Como delincuentes que se apoderan de una casa que no les pertenece.

El cuarto informe de labores de Martín Aguilar Sánchez previsto para este miércoles, lejos de ser un ejercicio de rendición de cuentas, está organizado como una especie de ritual de consolidación de una prórroga ilegítima, blindada por muros físicos y legaloides que excluyen a la comunidad universitaria.

El Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, espacio emblemático de la UV, fue literalmente cercado desde un día antes del acto “solemne”. Filtros de acceso y vigilancia reforzada para impedir el ingreso de estudiantes, académicos, egresados y hasta de los integrantes del Consejo Universitario General –máximo órgano de la casa de estudios, ante el que el rector saliente tendría que rendir cuentas- que se oponen a la imposición de Aguilar Sánchez, quien ni siquiera cumple ya con los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica para sostenerse en el cargo, que desde ya está usurpando.

La historia política de México ha demostrado ser como una espiral que, lejos de avanzar hacia la consolidación democrática, parece girar sobre sí misma para invariablemente regresar a sus momentos más oscuros con una sorprendente naturalidad. La propuesta de reforma político-electoral impulsada por Claudia Sheinbaum es un ejemplo de ello.

Bajo el disfraz de eficiencia administrativa y austeridad republicana, se asoma una intención manifiesta: reconcentrar de manera absoluta el poder político en el Ejecutivo, desmantelar los contrapesos institucionales y restaurar el control hegemónico que caracterizó al viejo régimen priista durante décadas.

La narrativa oficial habla de reducir el costo de las elecciones, disminuir el número de legisladores, recortar el financiamiento público a los partidos políticos y “hacer más eficientes” los organismos electorales, como si se tratase de una modernización del sistema político. Pero como suele ocurrir en todos los regímenes autoritarios, no son sino meros pretextos para eliminar de tajo la pluralidad político-partidista y que ésta no pase de ser un elemento decorativo y a la vez, legitimador de un régimen cerrado, sordo y arbitrario como el que gobernó al país durante 70 años. Y como el que construyen sus “herederos” en Morena.

La República constitucional mexicana, esa arquitectura jurídica que garantizó un cierto y funcional equilibrio entre poderes las últimas tres décadas, así como el acceso a garantías individuales y democráticas de las que se carecía en la antigua etapa autoritaria del país, ha entrado en una fase terminal.

Esto gracias a una erosión sistemática desde el poder de las instituciones construidas en el periodo de la alternancia. Deterioro y destrucción que fueron permitidos por la indiferencia y la complicidad política y, sobre todo y hay que señalarlo, por la complacencia social, que entregó derechos y libertades a cambio de dádivas.

Los últimos episodios de esta tragicomedia -la admisión pública de trampas en la elección judicial, a pesar de las cuales se validaron esos comicios fraudulentos; la exoneración del corrupto hermano del expresidente López Obrador; y la escalada en la persecución judicial de periodistas- no son hechos aislados. Son síntomas de un modelo de gobierno que ha dejado de simular respeto por la legalidad y que viene a imponerse autoritariamente.