Aurelio Contreras Moreno

La infame sentencia impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una ciudadana por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión y a criticar a la clase política es una muestra más de las consecuencias de la toma por asalto de las instituciones y la destrucción del orden medianamente democrático que fue construido durante la fallida transición que feneció desde el año pasado.

Karla María Estrella, ciudadana sonorense, publicó en X un mensaje cuestionando la candidatura de una diputada del Partido del Trabajo, sugiriendo que fue impulsada gracias a las influencias de su esposo, el veracruzano de ocasión Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, fue lo que publicó en su momento Karla María Estrella, quien ni siquiera mencionó el nombre de la hoy diputada. Pero sí el del marido que, obsequioso, le demostró que efectivamente tiene influencias en el ámbito político y, más concretamente, en el Tribunal Electoral federal.

Los defectos estructurales exhibidos tras la “reinauguración” del estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente” deberían poner en la cárcel a más de un exfuncionario de la pasada administración estatal en Veracruz. Empezando por el que simuló gobernar hasta el año pasado.

Empezando por el costo de la “remodelación” del “Pirata” Fuente, que pasó de un presupuesto inicial de 500 millones de pesos a un gasto final estimado en mil 676 millones de pesos –aunque se habla de que en realidad fueron casi dos mil millones-, no hay absolutamente ninguna justificación de tipo social ni de bien común que soporte la idea de semejante derroche. Menos en un estado como Veracruz, donde no hay medicamentos oncológicos ni de casi ningún otro, donde las carreteras son una trampa de muerte por sus condiciones deplorables, y en donde hay enormes carencias en cuanto a infraestructura educativa, rural y de desarrollo. Gastar el dinero público de esa forma es ofensivo y hasta criminal.

Pero si a eso le agregamos que no solo se gastó, sino que esa multimillonaria suma se tiró miserablemente y, muy probablemente, terminó en las cuentas de los políticos que manejaron ese dinero, el asunto adquiere otra dimensión. Una de tipo penal, carcelaria.

Como ya se había alertado, la crisis provocada con premeditación, alevosía y ventaja por la pandilla gobernante en la Universidad Veracruzana es, como muchas otras de las acometidas del régimen de los últimos años, un “experimento” para medir hasta dónde pueden estirar la liga.

Por supuesto que los perpetradores de la ilegal extensión de periodo rectoral de Martín Aguilar Sánchez -y él mismo- sabían que su imposición no iba a pasar tersamente y sin obstáculos. Tan lo sabían, que pretendían hacerlo sin consultarlo con nadie. Simplemente, un día iban a hacer el anuncio de que se concedía la prórroga y listo.

Pero torpes como son en el círculo del llamado “cártel de las Lomas (del Estadio)”, la información se filtró y provocó que tres exrectores salieran a alertar sobre el despropósito y que los aspirantes tuvieran que adelantar el anuncio de sus legítimas intenciones por contender por la rectoría, con tal de desactivar el madruguete. Aunque al final, se atrevieron a violar la ley, con la seguridad de saberse impunes porque hay un factor de poder político que los respalda. En este caso, el impresentable senador de Morena –señalado como acosador y hasta como abusador sexual- Manuel Huerta Ladrón de Guevara. El mismo al que ni la gobernadora puede controlar y menos, expulsar de su partido.

La escalada de las últimas semanas para censurar (con todas sus letras) cualquier crítica y señalamiento contra quienes hoy ostentan el poder en México avanza ante la indiferencia de la mayoría.

En una entrega anterior de la Rúbrica, “Los déspotas iletrados”, se mencionó el uso faccioso de tribunales y órganos electorales para acallar a medios y periodistas usando el arma de censura de moda, el tipo penal de la violencia política de género, así como al Poder Legislativo para sacar adelante reformas legales que amenacen el ejercicio de la libertad de expresión, como ha sucedido en Veracruz, Campeche y Puebla.

Esos “déspotas iletrados” comienzan a brotar por todas partes, animados por la absoluta impunidad con la que pueden abusar del poder a través de instituciones que hace no tanto tiempo fueron un baluarte democrático, pero que han sido cooptadas, colonizadas y demolidas por un régimen cuyo elevado y feroz autoritarismo solo es comparable con el desparpajado cinismo que le asoma para jurar que “no hay censura” en el país. “Hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie. Ahora todos traen censura, censura, y nadie los censura, pero hablan de censura”, dijo, sin asomo de vergüenza, la presidenta con “A” para defender a los impresentables y autoritarios gobernadores de Puebla y Campeche.

No fue inesperado que la Junta de Gobierno terminara aprobando la ilegal “prórroga” automática que, sin estar contemplada como una opción específica en ninguna norma interna de la Universidad Veracruzana, solicitó Martín Aguilar Sánchez para enquistarse en la rectoría otros cuatro años, a pesar de que ya no cumple con el requisito de la edad ni tiene mérito alguno para seguir ahí.

Desde que se supo de la intención de torcer la ley para que el peor rector de la historia de la Universidad Veracruzana se quedara otros cuatro años sin someterse al escrutinio de la comunidad universitaria, impidiendo que otros aspirantes pudiesen postularse en su legítimo derecho, era previsible que los perpetradores tenían la decisión tomada y que todo lo demás sería una simulación, muy al estilo de la “4t”, para darle algún aire de legitimidad a lo que, en los hechos, es una burda imposición.

Así fue. Martín Aguilar y sus “cilindreros” se “interpretaron” un supuesto “derecho” a prorrogar de manera directa un periodo rectoral, lo cual no existe en ninguna de las leyes internas invocadas para “sustentar”, falazmente, este gigantesco fraude a la legalidad.

Si bien se incluye en las leyes orgánica y de autonomía que el periodo de un rector puede prorrogarse una sola vez, en ningún lado se establece que pueda hacerse a petición del interesado y de manera directa. En cambio, las normas de la UV marcan cuál es el procedimiento para el cambio de periodo en la rectoría, que comienza con la emisión de una convocatoria y la inscripción de todos los interesados en participar. Precisamente, lo que Aguilar y su hoy fraudulenta Junta de Gobierno evitaron a toda costa.

Por si algo le faltase a un proceso que ha perdido toda credibilidad, la renuncia a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana de la profesora María Angélica Buendía Espinosa le dio en la puntilla a la sucesión rectoral y evidenció, más que nunca, la manera porril en la que Martín Aguilar Sánchez pretende ser impuesto en una extensión ilegal e ilegítima del periodo para el que fue designado hace cuatro años.

El silencio de la Junta de Gobierno ante la renuncia de Buendía Espinosa, confirmada de manera extraoficial pero sin ningún posicionamiento, en ningún sentido, de autoridad universitaria alguna –pero que obedecería a las presiones a las que se les está sometiendo para que avalen el golpe a la UV-, expone de manera diáfana la magnitud de una crisis cuyo único responsable es Martín Aguilar. Además, por supuesto, de quienes lo empinaron y embarcaron en una misión suicida.

Las manifestaciones de repudio a la intentona golpista de Martín Aguilar han sido contundentes y generalizadas desde la semana pasada. Y si no se expresaron de manera masiva en la protesta del pasado lunes en la explanada de rectoría y en la plaza Lerdo, fue porque existen amenazas contra el personal docente y administrativo, al grado de condicionar su permanencia en su trabajo –con la complicidad de sus respectivos sindicatos-, así como contra los estudiantes, a los que se les intimida con la posibilidad de darles “muerte académica” si se manifiestan contra el aspirante a dictadorzuelo.

Aun con ello, todo indicaría que es inminente que la Junta de Gobierno apruebe la prórroga de Aguilar Sánchez y consume una imposición cuyas consecuencias no se acaban de dimensionar, pero que implicarían de entrada la judicialización de la sucesión en la rectoría de la UV y su caída en una espiral de inestabilidad, pues los aspirantes que en su legítimo derecho han manifestado su intención por contender por el cargo, como Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez, no piensan quedarse cruzados de brazos.

Rúbrica Los resultados de las elecciones del pasado domingo dejan varios asuntos sobre los que vale la pena realizar un

Gran revuelo causó la noche de este pasado miércoles la difusión de un pronunciamiento conjunto de los tres exrectores de la Universidad Veracruzana de su época de autonomía, exigiendo a la Junta de Gobierno apegarse a la legislación universitaria “sin interpretaciones” para conducir el proceso de renovación del periodo de rectorado de la casa de estudios.
Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez suscribieron de manera conjunta una petición a la Junta de Gobierno –órgano en cuyas manos estará la decisión de elegir a quien encabezará la rectoría de la UV para el periodo 2025-2029- para que “actúe con estricto apego a derecho en cada etapa del proceso de designación”.
Advirtieron que “cualquier desvío del marco normativo –por mínimo que parezca– puede poner en entredicho no solo la autonomía de nuestra casa de estudios, sino también el compromiso ético y social que debe regir su gobernanza”, y destacaron que la legislación universitaria define con precisión –y sin dejar duda o espacio a interpretaciones meta legales– los pasos y plazos a seguir.

Ante el inminente fiasco de la elección judicial, que no despierta el interés de nadie por ir a votar por candidatos que no conocen ni en su cuadra, el morenato recurre, como es costumbre, a violar la ley para intentar que el ridículo no sea tan escandaloso.
La utilización ilegal el pasado sábado del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México por palafreneros de Morena, para hacerle propaganda a los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afines al gobierno, tomó un cariz trágico cuando unas horas después sucedió el accidente en el puente de Brooklyn, en el que murieron dos cadetes. Pero lo que dejó muy en claro es la manera en la cual son capaces de pervertir instituciones y símbolos importantes para el país, en aras de cumplir con la ruta autocrática y antidemocrática trazada desde el sexenio anterior.
En ese tenor, el ejército de operadores electorales disfrazado de facilitadores de los programas sociales federales, los llamados “servidores de la nación”, están llevando a cabo la misma labor: en Veracruz, fue denunciado que distribuyen entre los beneficiarios de becas y pensiones una imagen con los candidatos más afines a Morena para ser ministros de la SCJN, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y César Gutiérrez Priego. Y si alguien les reclama o les pregunta el porqué, la respuesta es que son instrucciones del delegado de Bienestar Juan Javier Gómez Cazarín, así como de la gobernadora Rocío Nahle.

El brutal asesinato la noche de este domingo de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, y de otras cuatro personas, es solo la reiteración y la consecuencia de la indolencia del gobierno estatal, que prefirió negar la grave situación de violencia por la que atraviesa la entidad en lugar de tomar las medidas que, ahora sí, quiere establecer.
Lo cierto es que hasta hace unas cuantas semanas, la gobernadora Rocío Nahle descalificaba con sorna las denuncias y llamados de auxilio provenientes de la sociedad civil en primer lugar, y de los aspirantes opositores a alguno de los cargos de elección popular municipal que se disputarán el 1 de junio. Los acusaba de “victimizarse”.
Tuvieron que asesinar a dos candidatos de Morena a presidencias municipales para que la mandataria reconociera, aunque sea a medias y a fuerza, la gravedad del problema que minimizó y que ahora amenaza con brotar en cualquier parte y contra cualquiera de los aspirantes a ediles.
El mismo día que iniciaron las campañas, el candidato de su partido a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, fue ejecutado a plena luz del día. Dos semanas después, en Texistepec la tragedia volvió en forma de una masacre de cinco personas, asesinadas en un recorrido de campaña en el que había familias enteras que terminaron huyendo aterrorizadas cuando empezaron los balazos.
Si a los candidatos de Morena, el partido oficial, el partido en el poder y con todo el poder, los pueden asesinar con esa facilidad, ¿qué se pueden esperar los demás entonces?