Aurelio Contreras Moreno

Por si algo le faltase a un proceso que ha perdido toda credibilidad, la renuncia a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana de la profesora María Angélica Buendía Espinosa le dio en la puntilla a la sucesión rectoral y evidenció, más que nunca, la manera porril en la que Martín Aguilar Sánchez pretende ser impuesto en una extensión ilegal e ilegítima del periodo para el que fue designado hace cuatro años.

El silencio de la Junta de Gobierno ante la renuncia de Buendía Espinosa, confirmada de manera extraoficial pero sin ningún posicionamiento, en ningún sentido, de autoridad universitaria alguna –pero que obedecería a las presiones a las que se les está sometiendo para que avalen el golpe a la UV-, expone de manera diáfana la magnitud de una crisis cuyo único responsable es Martín Aguilar. Además, por supuesto, de quienes lo empinaron y embarcaron en una misión suicida.

Las manifestaciones de repudio a la intentona golpista de Martín Aguilar han sido contundentes y generalizadas desde la semana pasada. Y si no se expresaron de manera masiva en la protesta del pasado lunes en la explanada de rectoría y en la plaza Lerdo, fue porque existen amenazas contra el personal docente y administrativo, al grado de condicionar su permanencia en su trabajo –con la complicidad de sus respectivos sindicatos-, así como contra los estudiantes, a los que se les intimida con la posibilidad de darles “muerte académica” si se manifiestan contra el aspirante a dictadorzuelo.

Aun con ello, todo indicaría que es inminente que la Junta de Gobierno apruebe la prórroga de Aguilar Sánchez y consume una imposición cuyas consecuencias no se acaban de dimensionar, pero que implicarían de entrada la judicialización de la sucesión en la rectoría de la UV y su caída en una espiral de inestabilidad, pues los aspirantes que en su legítimo derecho han manifestado su intención por contender por el cargo, como Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez, no piensan quedarse cruzados de brazos.

Rúbrica Los resultados de las elecciones del pasado domingo dejan varios asuntos sobre los que vale la pena realizar un

Gran revuelo causó la noche de este pasado miércoles la difusión de un pronunciamiento conjunto de los tres exrectores de la Universidad Veracruzana de su época de autonomía, exigiendo a la Junta de Gobierno apegarse a la legislación universitaria “sin interpretaciones” para conducir el proceso de renovación del periodo de rectorado de la casa de estudios.
Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez suscribieron de manera conjunta una petición a la Junta de Gobierno –órgano en cuyas manos estará la decisión de elegir a quien encabezará la rectoría de la UV para el periodo 2025-2029- para que “actúe con estricto apego a derecho en cada etapa del proceso de designación”.
Advirtieron que “cualquier desvío del marco normativo –por mínimo que parezca– puede poner en entredicho no solo la autonomía de nuestra casa de estudios, sino también el compromiso ético y social que debe regir su gobernanza”, y destacaron que la legislación universitaria define con precisión –y sin dejar duda o espacio a interpretaciones meta legales– los pasos y plazos a seguir.

Ante el inminente fiasco de la elección judicial, que no despierta el interés de nadie por ir a votar por candidatos que no conocen ni en su cuadra, el morenato recurre, como es costumbre, a violar la ley para intentar que el ridículo no sea tan escandaloso.
La utilización ilegal el pasado sábado del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México por palafreneros de Morena, para hacerle propaganda a los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afines al gobierno, tomó un cariz trágico cuando unas horas después sucedió el accidente en el puente de Brooklyn, en el que murieron dos cadetes. Pero lo que dejó muy en claro es la manera en la cual son capaces de pervertir instituciones y símbolos importantes para el país, en aras de cumplir con la ruta autocrática y antidemocrática trazada desde el sexenio anterior.
En ese tenor, el ejército de operadores electorales disfrazado de facilitadores de los programas sociales federales, los llamados “servidores de la nación”, están llevando a cabo la misma labor: en Veracruz, fue denunciado que distribuyen entre los beneficiarios de becas y pensiones una imagen con los candidatos más afines a Morena para ser ministros de la SCJN, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y César Gutiérrez Priego. Y si alguien les reclama o les pregunta el porqué, la respuesta es que son instrucciones del delegado de Bienestar Juan Javier Gómez Cazarín, así como de la gobernadora Rocío Nahle.

El brutal asesinato la noche de este domingo de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, y de otras cuatro personas, es solo la reiteración y la consecuencia de la indolencia del gobierno estatal, que prefirió negar la grave situación de violencia por la que atraviesa la entidad en lugar de tomar las medidas que, ahora sí, quiere establecer.
Lo cierto es que hasta hace unas cuantas semanas, la gobernadora Rocío Nahle descalificaba con sorna las denuncias y llamados de auxilio provenientes de la sociedad civil en primer lugar, y de los aspirantes opositores a alguno de los cargos de elección popular municipal que se disputarán el 1 de junio. Los acusaba de “victimizarse”.
Tuvieron que asesinar a dos candidatos de Morena a presidencias municipales para que la mandataria reconociera, aunque sea a medias y a fuerza, la gravedad del problema que minimizó y que ahora amenaza con brotar en cualquier parte y contra cualquiera de los aspirantes a ediles.
El mismo día que iniciaron las campañas, el candidato de su partido a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, fue ejecutado a plena luz del día. Dos semanas después, en Texistepec la tragedia volvió en forma de una masacre de cinco personas, asesinadas en un recorrido de campaña en el que había familias enteras que terminaron huyendo aterrorizadas cuando empezaron los balazos.
Si a los candidatos de Morena, el partido oficial, el partido en el poder y con todo el poder, los pueden asesinar con esa facilidad, ¿qué se pueden esperar los demás entonces?

Si solo pretendía darle un “llegue” a su antecesor, a la gobernadora Rocío Nahle le salió el “tiro por la culata”.
Su anuncio de que la Contraloría General del Estado presentó denuncias por un presunto desvío por 200 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023 de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) –cifra ridícula, contra los mil 600 millones detectados por la Auditoría Superior de la Federación-, lo que provocó realmente fue la suposición de que había un rompimiento franco con el anterior mandatario, Cuitláhuac García Jiménez.
Es conocida la “ojeriza” que la actual gobernadora le tiene a todo lo que “huela” al cuitlahuato y cómo ha intentado deshacerse de varias de sus “herencias”. O por lo menos, neutralizarlas, en lo que se cumplen los periodos mínimos de los compromisos políticos contraídos o impuestos.
Sin embargo, también es sabido que la anterior administración estatal apoyó con todos los recursos públicos posibles –humanos, materiales y financieros, dicho por los propios empleados a los que luego de usarlos les dieron una patada en el trasero- la candidatura de Rocío Nahle. Una fractura total se antoja imposible. Por lo menos en este tramo del sexenio. Menos aún, después del “estatequieto” que le puso la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque intentaron esconderlo y minimizarlo en la agenda pública, el desfalco en los Servicios de Salud de Veracruz ha terminado por explotar y a la gobernadora Rocío Nahle no le ha quedado de otra que denunciar, pues de lo contrario, sería omisa y, en consecuencia, cómplice.
En la revisión de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades en contratos en los Servicios de Salud de Veracruz que suman casi mil 600 millones de pesos sin justificación, por lo cual, ordenó iniciar 24 investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, que abarca a la Secretaría de Salud estatal.
Varias de las irregularidades son conocidas para quienes hayan seguido las denuncias que se presentaron -con poco eco- desde los partidos de oposición en el Congreso del Estado durante el sexenio pasado: contratación por adjudicación directa de empresas sancionadas y cuestionadas por prácticas corruptas, de reciente creación, de giros diversos a los de la salud o bien cuyos “propietarios” eran beneficiarios de programas sociales. Prestanombres, pues. En el mejor estilo de las empresas “fantasma” del duartismo.

En un clima de incertidumbre y en medio de una violencia que el gobierno del estado de Veracruz prefiere no voltear a ver y en cambio minimizar, comenzaron formalmente las campañas del proceso electoral municipal por el que se renovarán los 212 ayuntamientos de la entidad.
Una veintena de aspirantes a cargos edilicios han denunciado haber sido víctimas de amenazas y varios han incluso renunciado, mientras que el gobierno y la propia titular del Ejecutivo estatal, Rocío Nahle García, lo menos que han hecho es tirarlos a locos. Incluso, los han ridiculizado, acusándoles de hacerse las “víctimas”.
Pero la realidad que no se quiere asumir –por omisión o complicidad- es que el crimen organizado también participa en la elección y su manera de hacerlo es a través de la violencia.
Desde el año pasado algunos aspirantes a presidencias municipales fueron agredidos y otros asesinados. Incluidos simpatizantes y/o militantes de Morena, el partido oficial, cuyos dirigentes, para no “incomodar” a las autoridades estatales emanadas de ese mismo instituto político, hicieron mutis y prefirieron “descartar” que los ataques se debiesen al tema político-electoral.

Desde que asumió el poder el morenato obradorista hace poco más de seis años, uno de sus principales objetivos fue limitar la libertad de expresión en redes sociales y medios de comunicación.
Ello fue patente y explícito desde el mismo comienzo del régimen. La estrategia de denostar sistemáticamente a todos los críticos desde el “púlpito” presidencial mañanero, la toma por asalto de los medios públicos para convertirlos en vergonzosos difusores de propaganda del más ínfimo nivel y la promoción –con recursos públicos- de aduladores, textoservidores, youtubers, bots y troles replicadores de las versiones oficiales –por inverosímiles e idiotas que fuesen-, contaminó hasta grados irreversibles el intercambio público, con el objetivo de apoderarse de la narrativa e imponer la visión gubernamental.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se horadó la estabilidad de medios y periodistas críticos, a quienes les aplicaron la máxima lopezportillista del “no pago para que me peguen”, como si el presupuesto de comunicación social fuera para pagar paleros en lugar de para rendir cuentas e informar sobre las acciones del gobierno, además de que se les expuso al escarnio y el linchamiento público desde las conferencias presidenciales matutinas, que también se financian, hasta la fecha, con recursos públicos.

Si hay un área del gobierno de Veracruz que ha sido saqueada indiscriminadamente es la de los Servicios de Salud, que durante varios sexenios funcionó como “caja chica” y fuente de enriquecimiento de quienes estuvieron a cargo de administrar sus millonarios recursos, en su mayoría de procedencia federal.
Ese saqueo invariablemente ha tenido repercusiones en la prestación de los servicios médicos en las diferentes unidades y hospitales del estado, en todos los puntos de la entidad veracruzana, poniendo en serio riesgo a la población que no tiene acceso a la seguridad social –donde tampoco es mejor la situación- y depende de la atención que le pueda brindar el gobierno estatal, que las más de las veces es limitada o de plano insuficiente e ineficaz.
En su edición del mes de abril, la revista Proceso publicó un reportaje de la periodista Flavia Morales en el que retoma muchas de las denuncias sobre corrupción en la Secretaría de Salud que se presentaron en los últimos años, específicamente durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, quien en lugar de estar rindiendo cuentas de su pésima administración en Veracruz, sigue incrustado en la nómina junto con su cofradía.
Contratos por adjudicación directa a empresas de reciente creación, a beneficiarios de programas sociales-clientelares o de plano a compañías y proveedores “fantasma”, con giros comerciales declarados que nada tenían que ver con la salud, fueron la constante que unos pocos diputados como Marlon Ramírez -y algunos otros que ya no se quieren acordar de eso, porque ya agarraron “hueso” en la “4t”- denunciaron durante el anterior sexenio, sin que pasara nada realmente, más que la exhibición de corruptelas que no tuvieron –y siguen sin tener- consecuencias legales y que hasta ahora, ascienden, solo en Salud, a alrededor de dos mil millones de pesos. Más lo que se acumule.