Aurelio Contreras Moreno

Hace casi ocho años, en octubre de 2016, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció en el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola en Televisa que pediría licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones de peculado y desvío de recursos que enfrentaba luego del hasta entonces peor gobierno de la historia de Veracruz.
Faltaba realmente muy poco tiempo para que concluyera su mandato, mes y medio aproximadamente, pero Duarte ya era insostenible. Veracruz era un caos financiero, político y social. Había perdido las elecciones por la gubernatura ante su odiado enemigo Miguel Ángel Yunes Linares y lo peor, había perdido también el favor y la protección política y penal del presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, las denuncias que finalmente lo llevaron a la cárcel, donde aún permanece, fueron las presentadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para cubrir el corto periodo que le restaba al sexenio, en medio del júbilo generalizado por la caída de Duarte, ocupó la oficina como gobernador interino el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien en ese mes y medio que le tocó inauguró algunas obras, encabezó unos cuantos actos públicos, realizó pequeños cambios administrativos y enfrentó la crisis política y económica que le dejó Duarte, quien en lugar de dar la cara por las acusaciones en su contra, se dio a la fuga. El resto de la historia es por demás conocida.

La determinación de este lunes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de las impugnaciones a los comicios presidenciales, bien podría hacer las veces de “acta de defunción” de la transición a la democracia iniciada hace 30 años.
Por una mayoría de cuatro votos contra dos, los magistrados con los que el obradorato “colonizó” el alguna vez sólido órgano jurisdiccional legitimaron la elección de Estado más descarada desde los comicios de 1988 y de alguna manera se cerró el círculo que anula la pluralidad y devolverá al país a un estadio antidemocrático y ascendentemente autoritario.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por “infundadas” todas las impugnaciones que pedían la nulidad de la elección presidencial, a pesar de que reconoció la existencia de irregularidades graves, que se cometieron a la vista de todo México, pero que los juzgadores prefirieron no mirar.
Los magistrados “pro-4t”, Mónica Soto, Claudia Valle, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes fueron pródigos en adjetivaciones para las denuncias de la oposición, a las que tildaron de “vacías, incoherentes, deficientes, absurdas, inconsistentes, aisladas o simples manifestaciones temerarias”, a pesar de que admitieron la existencia de por lo menos dos situaciones que comprometieron por completo la legalidad y legitimidad de todo el proceso.

El pasado fin de semana, desde el sur de Veracruz y sin venir a cuento, el presidente Andrés Manuel López Obrador deslizó la versión de que la gobernadora electa Rocío Nahle había sido víctima de una extorsión por parte de una televisora durante la campaña a la gubernatura. Lo reiteró el lunes en su “homilía mañanera”: “ya no voy a mencionar la televisora, pero se lanzaron. Es que ayer estuve en Veracruz y me contó Rocío Nahle de cómo fueron a extorsionarla, creo que le pedían 200 millones de pesos porque supuestamente tenían información de Dos Bocas, tenían información de actos de corrupción, le dijeron”. López Obrador refirió que le dijeron a Nahle que “había supuestas facturas en donde demostraban que había permitido la corrupción en la construcción de la refinería. Y la acusaban de tener propiedades, y que para detener todo eso le pedían 200 millones de pesos”. Y todavía el martes, se volvió a referir al tema. Ese mismo día, la propia Rocío Nahle comenzó a aparecer dando entrevistas a distancia a medios afines, como la televisora pública Canal Catorce, donde repitió el mismo guion de la supuesta extorsión.

Mientras los morenistas en el poder se regodean en la euforia de una victoria contundente, pero claramente malhabida e ilegítima ante la elección de Estado que llevaron a cabo, el país es una bomba de tiempo. La sacudida financiera de principios de esta semana que provocó una considerable -aunque todavía manejable- devaluación del peso frente al dólar, dejó totalmente al descubierto la fragilidad de las finanzas del país, a merced de cualquier factor externo que las desestabilice. Y si tomamos en cuenta que lo que se anuncia es una posible recesión de la economía estadounidense, no es difícil prever el impacto que eso pueda tener en nuestro país, justo en la transición sexenal. A ello habría que sumar la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en septiembre, cuando entre en funciones el nuevo Congreso de la Unión y si al final los órganos electorales –como consecuencia de la misma elección de Estado- le otorgan a Morena la sobrerrepresentación con la que pretenden desmantelar las instituciones que hacen contrapeso al poder presidencial absoluto y que, paradójicamente, muchos de sus integrantes ayudaron a construir durante el periodo de la alternancia y transición democrática de los últimos 30 años.

A la farsa pública del supuesto proceso interno para “elegir” (já) a la próxima dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, hay que añadir el ambiente de intimidación interna para aplastar cualquier asomo de disidencia contra el impresentable Alejandro Moreno Cárdenas. Desde la última Asamblea Nacional a modo que se organizó “Alito” Moreno para acomodarse los estatutos del PRI a su particular conveniencia política, fue notoria una agresiva hostilidad contra los militantes que no aceptan la imposición de un cacicazgo que se apodere por completo de su partido y perpetúe una dirigencia a todas luces fracasada. Pero muy útil para el sistema. Mientras en el proceso electivo hacen como que sí hay competencia interna por la dirigencia, hacia adentro el clima es de terror: quien no acepte a Moreno Cárdenas prácticamente como nuevo “dueño” del PRI, no tiene cabida en ese partido y mejor será si se larga. Lo anterior no es una interpretación ni una exageración. En días pasados, en el Comité Directivo Estatal del PRI de Veracruz –donde manda una incondicional de Alejandro Moreno- les leyeron la cartilla en medio de improperios a quienes ocupan cargos directivos de todos niveles: quien no esté de acuerdo con el “reinado” del campechano en el tricolor, que se vaya, porque según esto, “todos están ahí por ‘Alito”. Lo cual, valga decir, tampoco es verdad, pues varios son posiciones del ex candidato a la gubernatura.

Usar al aparato de procuración e impartición de justicia para amedrentar, neutralizar e incluso aplastar a los adversarios políticos es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos. Pero es una práctica de lo más común en México. Fue todo un escándalo en la década de los 90 del siglo pasado la detención y procesamiento del ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro luego de que se peleara con el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien ordenó echarle toda la maquinaria judicial al político que se atrevió a “salirse del huacal” y renunciar al PRI. El encargado de operar la cacería de Dante Delgado fue quien en esa época fungía como secretario general de Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Y huelga decir que había pruebas de que el hoy dueño de Movimiento Ciudadano había aprovechado su posición como gobernador para beneficiar con contratos millonarios de su administración a empresas relacionadas con él y su familia. Al final, Delgado Rannauro tuvo que ser liberado, pero no porque hubiese demostrado su inocencia, sino porque los delitos que se le imputaban ya habían prescrito. O sea, porque la intención siempre fue la de ajustar cuentas con él, no la de hacer justicia.

De todos los anuncios que ha hecho hasta el momento la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre quiénes integrarán su gabinete, el de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública ha sido el peor recibido. Más allá de que se haya desempeñado al frente del sector educativo de la Ciudad de México hacia el final del gobierno de Marcelo Ebrard –en cuya administración también fue secretario de Finanzas-, el principal problema de Delgado no solo es que no cuenta con el perfil para el cargo. Es una señal ignominiosa de lo que se pretende hacer con la educación en el siguiente sexenio. Varias de las controversias más fuertes durante el periodo obradorista –que pareciera no tener fin- fueron precisamente en el ámbito educativo. Primero, con la toma por asalto de instituciones de investigación científica como el Colegio de la Frontera Norte o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al que acusaron de “neoliberal” y convirtieron en un triste reducto de pseudoacadémicos hiperideologizados, alineados con las consignas del régimen y desprovistos de pensamiento crítico hacia las falencias del gobierno actual. La embestida continuó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al que le hicieron más o menos lo mismo, pero con un elemento adicional: la “cacería” emprendida por su directora, María Elena Álvarez Buylla, en contra de los investigadores que no se sometían a sus caprichos y prejuicios políticos y personales, lo que incluso llegó a persecuciones judiciales que, una a una, se vinieron abajo, pero lograron amedrentar a buena parte del sector científico del país.

Lo que queda del Partido Revolucionario Institucional –esa pequeña parte que no se ha ido a Morena, donde los reciben con los brazos abiertos- entró en una fase de decadencia y descomposición de la que parece, ahora sí, no habrá vuelta atrás. Este domingo, al estilo morenista –que a su vez es el estilo del más arcaico priismo de la “época dorada”-, Alejandro Moreno Cárdenas encabezó una Asamblea Nacional a modo para aprobar reformas a los estatutos del partido que le permitirían perpetuarse en la dirigencia nacional hasta 2032, convirtiendo al PRI en su personal coto de poder, de la misma manera que ocurre en partidos como Movimiento Ciudadano, el PT o el Verde, que tienen dueño. La dirigencia de “Alito” Moreno es la más desastrosa de toda la historia del PRI. En cuatro años ha perdido 11 gubernaturas y el Revolucionario Institucional pasó a ser la cuarta fuerza política del país. Y a pesar de ello, se apoderó de las estructuras que toman las decisiones en el tricolor a partir del reparto de prebendas, cargos y dinero, desplazando a los grupos y personajes que no se sometieron a sus ambiciones y que han ido desgajando al partido que creó las instituciones de este país en el siglo XX. Su conducción del otrora todopoderoso “partido aplanadora” durante el último proceso electoral fue errática, funesta. Donde se paraba, les restaba simpatías a los candidatos del frente opositor, que no hallaban cómo mantenerlo lo más lejos posible.

En lo que podría calificarse como su primer movimiento de “solista” después de la elección, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que envió una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer la reelección inmediata de los senadores y diputados, tanto federales como locales, así como de los ediles. La figura de la reelección en estos cargos en específico fue incorporada en el texto constitucional en la reforma electoral de 2014, bajo el argumento de procurar una especialización y una carrera legislativa, así como la continuidad de proyectos en el ámbito municipal que en tres años de periodo no se pueden llegar a concluir. Sin embargo, la realidad es que la reelección se convirtió, como todo lo relacionado con la podredumbre de la política en México, en un arma para la construcción de cotos de poder de grupúsculos y succionadores del presupuesto que se enquistaron en los cargos sin especializarse en nada, más que en vivir del erario. Por ejemplo, gracias a la reelección, un sujeto sin preparación, burdo y corrupto como Juan Javier Gómez Cazarín fue diputado local de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz durante seis años consecutivos, en los que convirtió al Poder Legislativo estatal en el hazmerreír nacional por la pésima calidad y la ínfima producción de leyes, muchas de las cuales le fueron echadas abajo por inconstitucionales.

Lo primero que hacen los regímenes autoritarios cuando llegan el poder es, casi invariablemente, tomar el control de la narrativa pública acallando la crítica en los medios de comunicación. Durante todo el sexenio, fue más que evidente la manera en la que desde el gobierno federal se orquestó una campaña de propaganda para desacreditar a los medios y periodistas críticos a través de un uso abusivo de los canales públicos de difusión del régimen, lo que generó un clima de tensión y de hostilidad hacia quienes ejercen la profesión de informar. Quienes afirman que hubo “respeto” a la libertad de expresión durante el obradorato o vivieron en otra dimensión o mienten descaradamente. De acuerdo con la organización Artículo 19, de los 166 comunicadores asesinados en México en los últimos 24 años, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron ultimados 46. Apenas uno menos que en el periodo de Enrique Peña Nieto y dos menos que en el de Felipe Calderón. Con la salvedad que a este gobierno le quedan todavía tres meses. A aquellas administraciones se les reclamó airadamente la ausencia de condiciones para ejercer el periodismo con libertad y seguridad. Pero muchos de los que protestaron entonces ahora buscan justificar al obradorato con la tontería de que no es lo mismo, que este gobierno no mata periodistas. A los anteriores tampoco se les podría probar una acusación de esa dimensión. Pero lo que los tres tienen en común, empero, es la responsabilidad sobre esa situación, que a ninguno le importó asumir.