Aurelio Contreras Moreno

La “transformación” del Poder Judicial de la Federación, cuya nueva conformación entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, no es -como se ha querido vender desde Palacio Nacional y sus satélites mediáticos y propagandísticos- una democratización de la justicia. Es, en realidad, la culminación de un proceso de captura institucional que busca convertir al aparato judicial en un instrumento de persecución política. Y los primeros en la mira son, desde antes incluso de su entronización, los periodistas críticos.

Desde que tomó el poder, el régimen morenista ha mostrado una obsesión enfermiza por controlar la narrativa pública. Lo hizo primero desde la tribuna presidencial, con las infames “mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador, que sirvieron como paredón mediático para exhibir, descalificar y estigmatizar a comunicadores incómodos.

Luego vino la judicialización del disenso: demandas por daño moral, acusaciones de violencia política de género, y hasta procesos penales por delitos que deberían estar extintos en cualquier democracia funcional, que es lo que en este momento se vive en varios estados del país.

Uno de los principales problemas que ha evidenciado la incapacidad y en buena medida la corrupción del actual régimen es el del desabasto de medicamentos. Y no es cualquier problema. Es uno que cuesta vidas.

El pasado domingo, cientos de personas marcharon en la Ciudad de México y otras ciudades del país para exigir acceso a medicamentos. No fue una manifestación partidista, aunque algunos políticos de oposición se sumaron, así como en su momento quienes hoy gobiernan se sumaron a otras manifestaciones civiles cuando no estaban en el poder. Pero fue en lo general una marcha de enfermos, madres, activistas y ciudadanos, muchos de los cuales han visto morir a sus hijos, padres o parejas por la falta de fármacos oncológicos, antibióticos y anestésicos en hospitales públicos. “Queremos medicinas”, fue el llamado y la consigna.

Con la ausencia de empatía y la mezquindad que la caracteriza, usando ese tonito burlón indigno de quien tiene la más alta responsabilidad en este país, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la movilización al sugerir que estaba encabezada por la diputada panista Margarita Zavala. Eso, para no atender el fondo del reclamo y salirse por la tangente. Como si la presencia de la política opositora –quien se presentó motu proprio y no fue organizadora- fuera suficiente para negar la realidad o desvirtuar la demanda.

Morena está en guerra. No contra la oposición. Ni siquiera contra el “neoliberalismo” que tanto invoca en un discurso cada vez más incongruente y desgastado. Está en guerra consigo mismo.

Esa guerra se libra en pasillos, redes sociales y hoteles de lujo, y ya empezó a definir quién manda, quién cae y a quién se exhibe.

El verano de 2025 será recordado como el de los viajes de la “nueva nobleza guinda”. “Andy” López Beltrán fue captado en Tokio, hospedado en un hotel de cinco estrellas, “relajándose” con compras en boutiques de lujo. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, disfrutando de Lisboa. Y el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, viviendo la “vida loca” en Madrid junto con su amigo el multimillonario “obrero” Pedro Haces.

Tampoco hay que olvidar que, tras intentar humillar y acallar a una ciudadana traficando influencias en el Tribunal Electoral federal, el infame diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez Luna y su esposa fueron, además de hechos trizas en las redes, exhibidos en medios en la opulencia en la que viven, con mansiones, joyas, ropa y accesorios de marcas exclusivas y altos costos que nadie del “pueblo” que los mantiene, se puede dar el lujo de costear.

A ocho meses de iniciado su mandato, la gobernadora Rocío Nahle enfrenta no solo una crisis de seguridad -que está rebasando por mucho a su gobierno-, sino una crisis de credibilidad, la cual está quedando sepultada bajo los escombros de su propia narrativa.

La violencia desatada por todo el estado Veracruz no es nueva, cierto. No se puede responsabilizar totalmente a la actual administración de un fenómeno que ningún gobierno, incluido el anterior del mismo partido, pudo ni quiso atender. Pero de eso a la semianarquía en la que por momentos parece que se hunde la entidad, hay un largo trecho de responsabilidad que al parecer la mandataria se niega a asumir.

El brutal asesinato de la maestra jubilada y taxista por necesidad Irma Hernández, secuestrada y obligada a leer un mensaje bajo amenaza de muerte, fue un punto de quiebre en este primer trecho del sexenio. La versión oficial -que murió de un infarto luego de ser “violentada” por los sicarios que le apuntaban- fue una verdadera mentada de madre no solo para la víctima y sus familiares, sino para toda la ciudadanía que vive en el estado, por tratarse de una minimización grotesca del horror. Y lo más grave es que el verdadero propósito de impulsar ese relato siempre fue uno: no registrar el crimen como un feminicidio en las estadísticas oficiales.

Frente a una oposición que se vuelve cada vez más irrelevante en México, son los medios de comunicación, tradicionales y sociodigitales, prácticamente la última trinchera para exponer los abusos, corruptelas y prepotencias de una casta política enloquecida por el poder, el cual creen será eterno.

La confirmación de que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Tabasco en  el periodo de Adán Augusto López Hernández era el líder de un grupo criminal ligado al cártel Jalisco, dedicado al robo de combustible, solo viene a reiterar la evidencia de colusión descarada del régimen de la autoproclamada “transformación” con la delincuencia, misma que hoy, precisamente, lo tiene contra las cuerdas de cara a las acusaciones que estarían por hacerse públicas tras el acuerdo de culpabilidad y la negociación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, con la administración de Donald Trump.

Hernán Bermúdez –curiosa y macabra coincidencia con el apellido de otro exjefe policiaco corrupto, éste cobijado con impunidad en Veracruz por el gobierno de Cuitláhuac García- fue señalado como presunto jefe de “La Barredora” desde abril de 2022, hace tres años, a partir de una filtración de documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional difundida por el grupo de “hacktivistas” Guacamaya y retomado por varios medios de comunicación.

La infame sentencia impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una ciudadana por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión y a criticar a la clase política es una muestra más de las consecuencias de la toma por asalto de las instituciones y la destrucción del orden medianamente democrático que fue construido durante la fallida transición que feneció desde el año pasado.

Karla María Estrella, ciudadana sonorense, publicó en X un mensaje cuestionando la candidatura de una diputada del Partido del Trabajo, sugiriendo que fue impulsada gracias a las influencias de su esposo, el veracruzano de ocasión Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, fue lo que publicó en su momento Karla María Estrella, quien ni siquiera mencionó el nombre de la hoy diputada. Pero sí el del marido que, obsequioso, le demostró que efectivamente tiene influencias en el ámbito político y, más concretamente, en el Tribunal Electoral federal.

Los defectos estructurales exhibidos tras la “reinauguración” del estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente” deberían poner en la cárcel a más de un exfuncionario de la pasada administración estatal en Veracruz. Empezando por el que simuló gobernar hasta el año pasado.

Empezando por el costo de la “remodelación” del “Pirata” Fuente, que pasó de un presupuesto inicial de 500 millones de pesos a un gasto final estimado en mil 676 millones de pesos –aunque se habla de que en realidad fueron casi dos mil millones-, no hay absolutamente ninguna justificación de tipo social ni de bien común que soporte la idea de semejante derroche. Menos en un estado como Veracruz, donde no hay medicamentos oncológicos ni de casi ningún otro, donde las carreteras son una trampa de muerte por sus condiciones deplorables, y en donde hay enormes carencias en cuanto a infraestructura educativa, rural y de desarrollo. Gastar el dinero público de esa forma es ofensivo y hasta criminal.

Pero si a eso le agregamos que no solo se gastó, sino que esa multimillonaria suma se tiró miserablemente y, muy probablemente, terminó en las cuentas de los políticos que manejaron ese dinero, el asunto adquiere otra dimensión. Una de tipo penal, carcelaria.

Como ya se había alertado, la crisis provocada con premeditación, alevosía y ventaja por la pandilla gobernante en la Universidad Veracruzana es, como muchas otras de las acometidas del régimen de los últimos años, un “experimento” para medir hasta dónde pueden estirar la liga.

Por supuesto que los perpetradores de la ilegal extensión de periodo rectoral de Martín Aguilar Sánchez -y él mismo- sabían que su imposición no iba a pasar tersamente y sin obstáculos. Tan lo sabían, que pretendían hacerlo sin consultarlo con nadie. Simplemente, un día iban a hacer el anuncio de que se concedía la prórroga y listo.

Pero torpes como son en el círculo del llamado “cártel de las Lomas (del Estadio)”, la información se filtró y provocó que tres exrectores salieran a alertar sobre el despropósito y que los aspirantes tuvieran que adelantar el anuncio de sus legítimas intenciones por contender por la rectoría, con tal de desactivar el madruguete. Aunque al final, se atrevieron a violar la ley, con la seguridad de saberse impunes porque hay un factor de poder político que los respalda. En este caso, el impresentable senador de Morena –señalado como acosador y hasta como abusador sexual- Manuel Huerta Ladrón de Guevara. El mismo al que ni la gobernadora puede controlar y menos, expulsar de su partido.

La escalada de las últimas semanas para censurar (con todas sus letras) cualquier crítica y señalamiento contra quienes hoy ostentan el poder en México avanza ante la indiferencia de la mayoría.

En una entrega anterior de la Rúbrica, “Los déspotas iletrados”, se mencionó el uso faccioso de tribunales y órganos electorales para acallar a medios y periodistas usando el arma de censura de moda, el tipo penal de la violencia política de género, así como al Poder Legislativo para sacar adelante reformas legales que amenacen el ejercicio de la libertad de expresión, como ha sucedido en Veracruz, Campeche y Puebla.

Esos “déspotas iletrados” comienzan a brotar por todas partes, animados por la absoluta impunidad con la que pueden abusar del poder a través de instituciones que hace no tanto tiempo fueron un baluarte democrático, pero que han sido cooptadas, colonizadas y demolidas por un régimen cuyo elevado y feroz autoritarismo solo es comparable con el desparpajado cinismo que le asoma para jurar que “no hay censura” en el país. “Hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie. Ahora todos traen censura, censura, y nadie los censura, pero hablan de censura”, dijo, sin asomo de vergüenza, la presidenta con “A” para defender a los impresentables y autoritarios gobernadores de Puebla y Campeche.

No fue inesperado que la Junta de Gobierno terminara aprobando la ilegal “prórroga” automática que, sin estar contemplada como una opción específica en ninguna norma interna de la Universidad Veracruzana, solicitó Martín Aguilar Sánchez para enquistarse en la rectoría otros cuatro años, a pesar de que ya no cumple con el requisito de la edad ni tiene mérito alguno para seguir ahí.

Desde que se supo de la intención de torcer la ley para que el peor rector de la historia de la Universidad Veracruzana se quedara otros cuatro años sin someterse al escrutinio de la comunidad universitaria, impidiendo que otros aspirantes pudiesen postularse en su legítimo derecho, era previsible que los perpetradores tenían la decisión tomada y que todo lo demás sería una simulación, muy al estilo de la “4t”, para darle algún aire de legitimidad a lo que, en los hechos, es una burda imposición.

Así fue. Martín Aguilar y sus “cilindreros” se “interpretaron” un supuesto “derecho” a prorrogar de manera directa un periodo rectoral, lo cual no existe en ninguna de las leyes internas invocadas para “sustentar”, falazmente, este gigantesco fraude a la legalidad.

Si bien se incluye en las leyes orgánica y de autonomía que el periodo de un rector puede prorrogarse una sola vez, en ningún lado se establece que pueda hacerse a petición del interesado y de manera directa. En cambio, las normas de la UV marcan cuál es el procedimiento para el cambio de periodo en la rectoría, que comienza con la emisión de una convocatoria y la inscripción de todos los interesados en participar. Precisamente, lo que Aguilar y su hoy fraudulenta Junta de Gobierno evitaron a toda costa.