Aurelio Contreras Moreno

Entre los distintos análisis e intentos de explicación –algunos delirantes, muchos francamente interesados- sobre la irracional violencia que se desató durante un partido de fútbol en Querétaro el sábado pasado, el más convincente tiene que ver con el principal mal que aqueja a nuestro país y del cual se derivan casi todos sus problemas: la ausencia en México de Estado de Derecho. Independientemente de los factores específicos que pudieron llevar a las brutales demostraciones de barbarie en el estadio “Corregidora” –muchas acciones, como el desnudar a los que ya están sometidos, son propias de los usos del crimen organizado- durante un encuentro entre clubes que no son precisamente los que más pasiones despierten, lo que salta a la vista es que están rotas por completo las condiciones mínimas que garanticen la convivencia social armónica. No hay ley ni autoridad que valga, como bien quedó de manifiesto con las imágenes que circularon.

Aunque siempre hubo indicios claros de mucho de lo que pretendía hacer la “4t” si arribaba al poder, tampoco puede decirse que aspirar a cambiar el estado de las cosas como estaban en México fuera un error de la ciudadanía. La corrupción rampante, la violencia incontenible, la desigualdad, la ausencia de oportunidades, eran parte de una realidad que provocó un entendible y justificado hartazgo social que se gestó y venía manifestándose en mayor o menor medida desde varios años antes, pero que en 2018 encontró un punto de ebullición que llevó a una sociedad dolida y víctima de sistemáticos abusos y constantes decepciones a decidir quebrar al sistema, con la esperanza de un cambio en la manera de conducir al país. Eso fue lo que representó para millones la figura de un Andrés Manuel López Obrador que, sin ofrecer nada del otro mundo más que “acabar con la corrupción”, funcionó como una válvula de escape que, para quienes no analizaban con mediana profundidad su discurso y actitudes, significaba una esperanza real de un México más justo y equitativo. Por eso tanta gente le brindó su confianza en ese momento.

Más allá de la burda manipulación que en sí representa la consulta de revocación de mandato del presidente de México–porque nadie desde la sociedad civil la está solicitando, salvo algunos sospechosos “tontos útiles” que más bien parecen esquiroles-, es aberrante la manera como el régimen viola (ni tan) veladamente la ley con sus acciones. Desde hace semanas se ha reportado desde distintas regiones del país la colocación de propaganda de promoción de la consulta en sentido contrario a lo que establece la ley, que dispone que se pregunte a la población sobre si se remueve o no de su cargo al Presidente de la República. En cambio, esa propaganda –de la que se hacen “responsables” supuestas y fantasmagóricas asociaciones claramente relacionadas con Morena- lo que promueve es una “ratificación” del presidente, figura inexistente en la Constitución de la República, lo que vuelve ilegales esas campañas.

Las crudas imágenes de lo que se percibe como una especie de fusilamiento de un grupo de personas a manos de un numeroso comando de hombres fuertemente armados durante un funeral en San José de Gracia, Michoacán, son una tétrica representación de la realidad en la mayor parte del país. A pesar de la militarización de casi todas las actividades estratégicas, incluida por supuesto la de la seguridad pública, la violencia es incontrolable y mucho más letal que la de sexenios anteriores. Incluso que la del periodo de Felipe Calderón, aquel presidente que declaró la “guerra al narcotráfico” que dejó 120 mil 563 homicidios durante todo su gobierno; o el de Enrique Peña Nieto, en cuya periodo gestión se cometieron 156 mil 66 asesinatos. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser el más violento de la historia de México, pues en la mitad de tiempo de sus antecesores, poco más de tres años, se han perpetrado prácticamente 114 mil homicidios dolosos de norte a sur del país. Una oleada de violencia que de mantenerse en el mismo nivel, superará los 200 mil asesinatos al final de este periodo de gobierno.

¿Puede un régimen que viola consuetudinariamente la ley tener legitimidad para exigir su cumplimiento? Ésta es una pregunta que bien puede plantearse en el caso de Veracruz, donde el Estado de Derecho ha sido hecho añicos por un gobierno intolerante, autoritario y particularmente ignorante, como el que encabeza Cuitláhuac García Jiménez. Es verdaderamente vergonzoso el desparpajo y cinismo con que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” en Veracruz miente y viola la ley y, en consecuencia, los derechos de los ciudadanos a los que es su obligación, entre otras cosas, garantizarles certeza jurídica y personal.

Una de las varias advertencias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo sobre el manejo de las finanzas del estado de Veracruz, que apenas si despertó un poco de interés mediático, es la referente a todos los empréstitos que ha contratado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). La ASF explicó que Veracruz es la entidad de la República con mayor riesgo de afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas precisamente por el elevado monto de la deuda pública que arrastra. Pero sobre todo, por el uso que le da a ese dinero. Por el destino que tienen esos créditos. En la tercera y última revisión del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020, la ASF señala que Veracruz fue la segunda entidad del país con la mayor cantidad de obligaciones contraídas, al solicitar créditos por 20 mil 631 millones de pesos. Lo cual no representaría problema alguno si esos recursos se destinaran para obra y servicios públicos. Finalmente, contratar deudas no es un delito y los instrumentos financieros son para eso.

Lo que tiene fuera de sí al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del escándalo de la “Casa Gris” de su hijo José Ramón es, sobre todo, la evidencia de que el discurso anticorrupción que enarbola y que ha sido su única bandera política, es mera retórica vacía. Aunque la mansión texana del “Junior del Bienestar” no es ni de cerca la única certeza que existe sobre los actos de abierta corrupción que campean en el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Año con año, los órganos fiscalizadores muestran que no están lejos de las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, a los que tanto les gusta aludir para farfullar que “no son iguales”. El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020 presentado este domingo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta de ello: precios inflados, sobrecostos e irregularidades que abiertamente demuestran hechos de muy probable corrupción, pueblan la práctica pública y el ejercicio de los recursos federales en todos los niveles de gobierno.

Exhibida la falsedad del discurso de “honestidad” y “moralidad” que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” ha usado como estandarte político, lo que ha seguido es el endurecimiento del discurso con la intención de intimidar. El escándalo de la “Casa Gris” del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston logró lo que nada ni nadie había podido conseguir en tres años: arrebatarle el control de la agenda pública a la propaganda y el discurso presidencial, al grado de hacerles perder el balance y obligarlos a mostrar su cara más autoritaria, sin importarles quebrantar la ley con tal de cambiar el foco de atención en el clima de la opinión pública. El caso lleva tres semanas liderando la conversación pública junto con sus temas adyacentes, como las agresiones del presidente a los periodistas que le han dado difusión, y que ya han llamado la atención de organismos civiles y actores políticos internacionales, que advierten sobre los riesgos de que la libertad de expresión en México termine anulada por un gobierno intolerante y crecientemente autoritario.

Arrastrado quizás por la corriente autoritaria del régimen al que sirve, o a lo mejor porque siempre estuvo interiorizado en su verdadero yo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha “revelado” como un violador contumaz de la legalidad. Las dos recomendaciones seguidas que ha recibido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhiben la manera en la que el otrora activista social, profesor de preparatoria y hasta “payasito de los mítines” se convirtió en un ser humano agobiado por sus odios, lo cual hasta parece que fuese requisito para formar parte de Morena. Las violaciones a derechos humanos que el gobierno que encabeza ha cometido y sigue infringiendo cotidianamente, serán la marca de un sexenio sin logros ni obras de relevancia propias, que no fue capaz ni de atender –ya no hablemos de cumplir- a lo que se comprometió en los primeros minutos de su administración, y que optó por el autoritarismo. Ése del que se quejaban como plañideras cuando se los dejaba sentir con dureza el régimen priista, al que emulan como alumnos avanzados.

Lo que vimos en las últimas horas en el país ya raya en lo demencial. Si un legado están construyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento es el de la destrucción de las instituciones democráticas que se crearon en las últimas tres décadas gracias al impulso y exigencia de la sociedad, pero en cuya edificación participó activamente la izquierda partidista, buena parte de la cual emigró a Morena y en donde de repente se le olvidó la vocación democrática que alguna vez ostentó, dejado salir en cambio su vena más autoritaria. Más cercana a Stalin que a Olof Palme. Al presidente literalmente le importa un carajo violar la ley para dar rienda suelta a sus odios y resentimientos –y de paso distraer la atención sobre las corruptelas de su entorno cercano-, y confunde la gimnasia con la magnesia… o por lo menos eso aparenta al pedirle al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que le entregue información personal sobre los bienes e ingresos de un periodista que no trabaja para ninguna dependencia de gobierno. Un perverso “plan con maña”.