Aurelio Contreras Moreno

Además de resultar un distractor perfecto frente a otras grandes falencias del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, la resurrección del tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa le devuelve al lopezobradorismo su “causa madre”, la narrativa con la cual socavó hasta la raíz al gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero sin necesidad de ponerse muy quisquilloso, es evidente que las conclusiones a las que arribó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa son muy similares a las que se plantearon desde un principio: que los 43 normalistas fueron asesinados casi inmediatamente por un grupo delictivo y que hubo agentes de diferentes niveles de gobierno involucrados en el crimen. Y aquí es donde empiezan los verdaderos dilemas de quienes desde la oposición gritaban lo que hoy no se atreven ni a mencionar: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador clama que se trató de un “crimen de Estado”, lo que implicaría una acción coordinada de diferentes autoridades del más alto nivel en el país que habría llevado a decidir la muerte y desaparición de los normalistas. Incluidos los mandos de las fuerzas castrenses a nivel nacional y en el estado de Guerrero en ese entonces, así como el propio Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que no es otro que el Presidente de la República.

El 10 de noviembre de 2016, a unos cuantos días de que terminara el horrendo sexenio de Javier Duarte de Ochoa –que para entonces ya era prófugo de la justicia-, el brutal feminicidio de la maestra Guadalupe Mora Palacios sacudió a Xalapa. Tuvieron que pasar más de cuatro años desde el crimen –sin sentido, por puro odio- para que el presunto feminicida, Eliel “N”, fuera detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México, más por la presión de la familia de la víctima, que nunca cedió a las intentonas por cerrar el caso, que por una verdadera voluntad de la Fiscalía de Veracruz por hacer justicia, pues desde un principio realizó un trabajo deficiente en la integración de la carpeta de investigación. Esas falencias en la integración del expediente fueron solventadas gracias a que sus hijos estuvieron encima de los incapaces miembros de los equipos de trabajo de tres fiscales: desde Luis Ángel Bravo, pasando por Jorge Winckler y hasta Verónica Hernández Giadáns.

Los modos facciosos y hasta pandilleriles que caracterizan a Morena y que demostraron en todo su esplendor durante su reciente elección interna, salieron a relucir nuevamente este fin e inicio de semana. Verdaderamente enloquecidos por la sucesión en la gubernatura –hasta ¿parece? que Cuitláhuac García ya no gobernara-, la camarilla que quiere mostrar a la zacatecana Rocío Nahle como “ungida” desde ahora con una pretendida candidatura al gobierno de Veracruz, no dudó en irse incluso contra su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, porque se le ocurrió aparecerse en el acto de campaña –disfrazado de informe de actividades- del todavía presidente de la Cámara de Diputados, el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna. Aunque “chillones” y pusilánimes como suelen ser, en lugar de plantarse frontalmente mandaron a lanzar puyas contra Delgado a un segundón: el mismo al que sacrificaron como diputado local plurinominal para que entrara Juan Javier Gómez Cazarín a la LXVI Legislatura del Estado, cuando no le correspondía. Pero el mensaje del “grupo Nahle” fue claro: no están dispuestos a siquiera tolerar un atisbo de competencia por la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz.

Luego de varios rumores, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. La tercera en lo que va del sexenio y que confirma lo que para su gobierno significa este rubro: nada. La única relación de la nueva secretaria Leticia Ramírez Amaya con el tema de la educación data de hace casi 40 años, cuando fue maestra de primaria. El resto del tiempo se ha desempeñado en labores políticas sin vinculación alguna con el ámbito de la educación, ni como docente ni como administrativa. Su nombramiento claramente obedece a la premisa que en su momento mencionó el propio presidente López Obrador para participar en la malhadada “4t”: lealtad absoluta, aunque la capacidad sea nula. Y aun cuando Ramírez Amaya hubiese desempeñado bien su último cargo como responsable de Atención Ciudadana de la Presidencia, eso no la habilita para hacerse cargo, ni más ni menos, que del sistema educativo del país.

La semana que concluyó será recordada como una de las más aciagas en la historia reciente de México. La oleada de violencia que azotó a varios estados del centro, occidente y norte del país no puede considerarse como un hecho aislado, sino como un muy claro síntoma de la descomposición que aqueja a México en materia de seguridad, así como del claro fracaso de la política de tolerancia del gobierno de la República para con los grupos criminales, resumida en una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador: “abrazos, no balazos”. Los delincuentes respondieron no solo con balazos, sino con una refriega violenta que dejó al menos 260 personas asesinadas entre el 9 y el 12 de agosto pasados, así como diferentes agresiones a comercios y civiles que en varios espacios, privados y públicos, ya no se duda en calificar como actos terroristas. Este clima de zozobra se produce en medio de la intentona del gobierno lopezobradorista por transferir por decreto el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, militarizando por completo una corporación que se aseguró se mantendría dirigida por civiles. Aunque valga decir que en los hechos, siempre estuvo militarizada.

n la ya lejana década de los 70, el sexenio de José López Portillo se caracterizó por la extrema vulgaridad de sus excesos de poder. En plena época de la “presidencia imperial” incuestionable y del espejismo de la “administración de la abundancia” petrolera, la familia López Portillo Romano se concedía varias “licencias” que superaron lo anecdótico para instalarse en lo grotesco. Por ejemplo, aquel bochornoso episodio en el que Carmen Romano, la esposa del presidente, hizo derribar una pared de un lujoso hotel parisino para que pudiera entrar en su habitación el piano de cola con el que acostumbraba viajar por el mundo, mientras su cónyuge disfrutaba las mieles del poder con cargo a un erario que pronto colapsaría y hundiría al país en una colosal crisis económica.

A estas alturas, ya no causan asombro alguno las incongruencias y abiertas falsedades con que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” ha mal gobernado y engatusado al país entero. El anuncio presidencial de la emisión de un “decretazo” para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional no hace sino formalizar lo que de hecho ya era una realidad: ese cuerpo de seguridad nunca fue civil, contrario a lo que se prometió al momento de su creación. Siempre estuvo militarizado y queda claro que jamás hubo la intención de que fuera de otra manera. Pero aun cuando en este tema no hay “nada nuevo bajo el sol”, no deja de ser preocupante atestiguar cómo la militarización total del país -el ejército y la marina tienen en sus manos obras, infraestructura, aduanas y millonarios negocios- se da a la par de la radicalización del régimen, no solo en su discurso, sino también en sus prácticas.

En los últimos días se han atestiguado en medios y corrillos políticos intrigas palaciegas de la más baja estofa que no tendrían por qué interesarle a nadie, más que a quienes se revuelcan en esos fangos, si no fuera porque están involucrados recursos públicos desviados por millones entre los protagonistas. La disputa entre una funcionaria del Poder Judicial y una diputada local por un lío de su vida privada íntima –cada quién su estómago- trascendió a instancias mediáticas y políticas, involucrando a las más altas esferas del poder en el estado. Sin entrar en detalles morbosos, el encontronazo provocó que instituciones del Estado fueran usadas para ventilar y ajustar cuentas personales. El Tribunal Electoral de Veracruz –cada vez más sumiso y abyecto- emitió medidas cautelares contra una de las involucradas, mientras que el Poder Legislativo se pronunció por investigar los –muy conocidos y todo el tiempo solapados- malos manejos de la otra en el Poder Judicial.

En política no suele haber casualidades. Y si en la ecuación participa Estados Unidos, así tenga el gobierno más anodino –como el de Joe Biden-, el “imperio” actúa como tal e impone condiciones. Esto viene a cuento porque es imposible separar la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero a manos de elementos de la Marina –aunque la DEA dice que participó en el operativo, contrario a lo que afirman la Embajada de Estados Unidos y el propio gobierno mexicano- de la visita que unos pocos días antes realizó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a su homólogo norteamericano. Más allá de las mutuas descortesías, la ruptura del protocolo y el tenso ambiente que rodeó la visita “de trabajo” de López Obrador a Biden, sin duda la sustancia estuvo en lo que no se hizo público. Y además de los acuerdos comerciales leoninos que aceptó el mandatario mexicano –como el de comprar 20 mil toneladas de leche en polvo a Estados Unidos, en menoscabo de los productores mexicanos-, sin duda debieron hablar de seguridad. Y de las exigencias en ese rubro al gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”.

Pocas veces se había visto tal desfachatez y cinismo para abiertamente violar la ley desde el poder como durante el actual sexenio. Es absoluto el desprecio que el régimen de la pretendida “cuarta transformación” tiene por la legalidad plasmada en normas jurídicas. Si le estorba, simplemente la ignora y la quebranta, cuando no puede cambiarla o desaparecerla. Y claro, lo hace así porque campea una impunidad verdaderamente asquerosa. Y no es que en anteriores gobiernos fueran muy respetuosos de las normas. Al contrario, en buena medida eso provocó su caída y la ruptura del sistema. Empero, el régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador y todos a su alrededor han llevado a grados superlativos lo que podríamos definir como la “cultura de la ilegalidad”. En repetidas ocasiones hemos atestiguado la manera como a lo largo del sexenio los gobernantes y políticos de la “4t” han pasado por encima de amparos, de candados legales, de acuerdos comerciales y de prohibiciones legales. Muchas incluso promovidas por ellos mismos cuando eran oposición, pero que ahora como gobierno les estorban, engolosinados como están con el poder.