Aurelio Contreras Moreno

La amenaza no fue ni velada: el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López se lanzó contra el Poder Judicial de una manera que no se le recuerda a algún otro mandatario del México contemporáneo, por el tema de la prisión preventiva oficiosa. “Dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México, y, ¿qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas pero ya una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, dijo, haciendo evidente su absoluto desprecio por la división de poderes. Y que ve a esos ministros como sus empleados.

A contracorriente de aquel discurso inicial de “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en Veracruz”, algo que ha caracterizado –para mal- al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez han sido el acoso dentro de su propia administración contra las empleadas gubernamentales. Áreas como la Secretaría de Gobierno se han “destacado” como una verdadera cueva de acosadores, que aprovechando su posición de poder –poca o mucha, ni siquiera hace falta que tengan altos cargos- se han dedicado a hostigar a las mujeres que prestan ahí sus servicios, pidiéndoles favores sexuales so pena de quitarles su empleo. El primer caso conocido de este tipo se dio, sin embargo, en la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), apenas iniciado el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez. En mayo de 2019, una empleada adscrita a la Dirección Jurídica denunció por acoso y violencia sexual y laboral a Rafael Ceballos Ruiz, quien en ese momento se desempeñaba como secretario particular de la titular de la dependencia, María del Rocío Pérez Pérez, y presumía cercanía con el gobernador por haberlo acompañado en campaña.

La línea discursiva predominante de la campaña propagandística del cuarto informe de gobierno, como se mencionó en una entrega anterior de la Rúbrica, es la frase “no somos iguales”, con la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pretendido desmarcar a su gobierno, a los de la “4t” y a él mismo de las prácticas corruptas que muy evidentemente predominaban en anteriores regímenes. Sin embargo, como se ha documentado ampliamente, hay sendos casos de monumentales corruptelas dentro de los diferentes gobiernos emanados de la autoproclamada “cuarta transformación”, incluido el federal, que demuestran que esa frase no solamente está vacía, sino que a estas alturas solo sirve para hacer humor negro a su costa. Veracruz, estado sobre el que pesa una suerte de maldición por los pésimos gobiernos que suele darse, no solo no es la excepción, sino que confirma la regla de que siempre se puede empeorar en materia de deshonestidad y mal uso de los recursos públicos.

La refinería “Olmeca” de Dos Bocas, Tabasco, una de las obras “insignia” del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es un verdadero pozo… y no precisamente de petróleo. El sobrecosto de la obra ha alcanzado niveles francamente demenciales, producto de la mala administración, la pésima gestión y, muy probablemente y contra lo que arguye el presidente, de la brutal corrupción que la ronda. Unos días después de asumir el poder, en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció que la refinería de Dos Bocas, una de las tres obras faraónicas de su administración y con la que según México recuperaría su “soberanía energética”, tendría un costo de más de ocho mil millones de dólares. Un gasto que desde un inicio se antojaba excesivo, por innecesario. Y que sin embargo, siempre fue una cifra alejada de la realidad.

Desde finales de la pasada semana comenzó la promoción del cuarto informe de gobierno que por ley le corresponde al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El hilo argumental de todos los spots que se transmiten profusamente en todos los medios y plataformas electrónicas –en un promedio de 21 mil promocionales al día en 777 canales de televisión en todo el país, más las radiodifusoras e internet- es la frase con la que inicia López Obrador en todos: “no somos iguales”, para luego hablar de alguno de los temas específicos. Recurrir al contraste con sus antecesores en gobiernos anteriores parecía una idea acertada y hasta lógica en el primer año, como resabio de campaña y ante los enormes retos de un país que, harto de la corrupción priista, había decidido dar un vuelco hacia quien ofrecía desterrarla.

Para nadie es un secreto que el Poder Judicial del Estado de Veracruz está envuelto en una serie de escándalos por el brutal desaseo con el que ha sido manejado desde que arribó la “4t” al gobierno del estado. Y no es que antes del actual régimen el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJEV) se hubiera conducido con pulcritud. Todo lo contrario y sobran pruebas de ello. Sin embargo y muy al estilo de eso que se hace llamar la “cuarta transformación”, el hambre de poder y dinero de quienes se vieron de pronto “en la plenitud del pinche poder” como jamás en sus vidas imaginaron, les ha llevado a rebasar todo límite, no solo legal, sino el del mínimo cuidado de las formas. Como pandilleros, desde el Ejecutivo y el Legislativo orquestaron el “abordaje” del TSJEV imponiendo en su presidencia a incondicionales. Solo que la primera, Sofía Martínez, al darse cuenta que lo que le pedían le implicaría responsabilidades legales posteriores, se negó a autorizar los “negocitos” de los que se ufanan de no ser “iguales”, lo que le valió ser defenestrada y perseguida por el régimen de Cuitláhuac García y sus testaferros, al tal grado que murió autoexiliada de Veracruz.

Además de resultar un distractor perfecto frente a otras grandes falencias del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, la resurrección del tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa le devuelve al lopezobradorismo su “causa madre”, la narrativa con la cual socavó hasta la raíz al gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero sin necesidad de ponerse muy quisquilloso, es evidente que las conclusiones a las que arribó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa son muy similares a las que se plantearon desde un principio: que los 43 normalistas fueron asesinados casi inmediatamente por un grupo delictivo y que hubo agentes de diferentes niveles de gobierno involucrados en el crimen. Y aquí es donde empiezan los verdaderos dilemas de quienes desde la oposición gritaban lo que hoy no se atreven ni a mencionar: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador clama que se trató de un “crimen de Estado”, lo que implicaría una acción coordinada de diferentes autoridades del más alto nivel en el país que habría llevado a decidir la muerte y desaparición de los normalistas. Incluidos los mandos de las fuerzas castrenses a nivel nacional y en el estado de Guerrero en ese entonces, así como el propio Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que no es otro que el Presidente de la República.

El 10 de noviembre de 2016, a unos cuantos días de que terminara el horrendo sexenio de Javier Duarte de Ochoa –que para entonces ya era prófugo de la justicia-, el brutal feminicidio de la maestra Guadalupe Mora Palacios sacudió a Xalapa. Tuvieron que pasar más de cuatro años desde el crimen –sin sentido, por puro odio- para que el presunto feminicida, Eliel “N”, fuera detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México, más por la presión de la familia de la víctima, que nunca cedió a las intentonas por cerrar el caso, que por una verdadera voluntad de la Fiscalía de Veracruz por hacer justicia, pues desde un principio realizó un trabajo deficiente en la integración de la carpeta de investigación. Esas falencias en la integración del expediente fueron solventadas gracias a que sus hijos estuvieron encima de los incapaces miembros de los equipos de trabajo de tres fiscales: desde Luis Ángel Bravo, pasando por Jorge Winckler y hasta Verónica Hernández Giadáns.

Los modos facciosos y hasta pandilleriles que caracterizan a Morena y que demostraron en todo su esplendor durante su reciente elección interna, salieron a relucir nuevamente este fin e inicio de semana. Verdaderamente enloquecidos por la sucesión en la gubernatura –hasta ¿parece? que Cuitláhuac García ya no gobernara-, la camarilla que quiere mostrar a la zacatecana Rocío Nahle como “ungida” desde ahora con una pretendida candidatura al gobierno de Veracruz, no dudó en irse incluso contra su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, porque se le ocurrió aparecerse en el acto de campaña –disfrazado de informe de actividades- del todavía presidente de la Cámara de Diputados, el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna. Aunque “chillones” y pusilánimes como suelen ser, en lugar de plantarse frontalmente mandaron a lanzar puyas contra Delgado a un segundón: el mismo al que sacrificaron como diputado local plurinominal para que entrara Juan Javier Gómez Cazarín a la LXVI Legislatura del Estado, cuando no le correspondía. Pero el mensaje del “grupo Nahle” fue claro: no están dispuestos a siquiera tolerar un atisbo de competencia por la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz.

Luego de varios rumores, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. La tercera en lo que va del sexenio y que confirma lo que para su gobierno significa este rubro: nada. La única relación de la nueva secretaria Leticia Ramírez Amaya con el tema de la educación data de hace casi 40 años, cuando fue maestra de primaria. El resto del tiempo se ha desempeñado en labores políticas sin vinculación alguna con el ámbito de la educación, ni como docente ni como administrativa. Su nombramiento claramente obedece a la premisa que en su momento mencionó el propio presidente López Obrador para participar en la malhadada “4t”: lealtad absoluta, aunque la capacidad sea nula. Y aun cuando Ramírez Amaya hubiese desempeñado bien su último cargo como responsable de Atención Ciudadana de la Presidencia, eso no la habilita para hacerse cargo, ni más ni menos, que del sistema educativo del país.