Aurelio Contreras Moreno

A raíz de la multiplicación de los movimientos para visibilizar la violencia contra las mujeres en los diferentes espacios de la vida pública y privada, la Universidad Veracruzana ha salido a relucir como uno de los sitios menos seguros para ellas, las estudiantes, ante la complicidad de las diferentes autoridades universitarias y de los propios académicos con los agresores. Aproximadamente desde 2018 se han generalizado las denuncias de las alumnas que han sufrido violencia en razón de género en alguna de las facultades de la Universidad Veracruzana, la cual han buscado exhibir durante las marchas de protesta de los colectivos feministas y especialmente a través de los llamados “tendederos”, en donde exponen los nombres de estudiantes y profesores que han incurrido en acoso e incluso en situaciones de abuso sexual y violación, y por lo cual también han recibido respuestas violentas de parte de los alumnos exhibidos y hasta de los maestros y maestras de sus escuelas, que lo menos que llegan a hacer es burlarse y minimizar el fenómeno.

En los regímenes autoritarios, la lealtad ciega –y entre más abyecta, mejor- se premia con generosidad. Pero cualquier atisbo de disenso se castiga ferozmente y si se trata de “compañeros” o “camaradas”, el “garrote” se aplica aun con mayor saña. Especial lugar tienen en la historia del siglo XX las llamadas “purgas” que ordenó el dictador ruso José Stalin dentro del propio régimen soviético, que supusieron el asesinato o destierro de cientos de miles de rusos por considerarlos “traidores”. Ello, con el objetivo de concentrar absolutamente el poder a través del terror y para lo cual, tras la muerte de Lenin, mandó ejecutar a todos los líderes de la Revolución de 1917, incluido León Trotsky, a quien sus tentáculos persiguieron hasta México, donde un agente estalinista lo asesinó. Esa costumbre de “purgar” de sus filas a sospechosos de “traición” se convirtió en una constante de los movimientos sociales y políticos de izquierda, en los cuales su paranoia y autoritarismo no admitía opiniones ni alternativas diferentes a las posturas más dogmáticas y radicales. Quienes se atrevían a expresar desacuerdo era expulsados, cuando no se les aplicaba la “receta” estalinista.

El ejercicio del poder conlleva siempre la tentación de abusar del mismo. De usar ese poder en beneficio propio o del grupo al que se pertenece. Es una tentación de la que es muy difícil sustraerse en un sistema político como el mexicano, en el que los gobernantes pueden hacer prácticamente lo que quieran durante el tiempo de su encargo, pues la cultura de sumisión que da sustento al presidencialismo se cuela en todos los demás espacios de poder. Solo quienes tienen la suficiente madurez y altura política han salido más o menos bien librados de ese trance y no perdieron el piso. A veces por el uso del sentido común. Las más, porque no les quedó de otra. Pero son la excepción. Los menos preparados, los que cargan con enormes resentimientos y fobias, y los que no hicieron nada para merecer el acceso a esos espacios de representación porque fueron producto de una imposición o de una mera circunstancia, se engolosinan instantáneamente, creen que ese poder que tienen les pertenece y actúan de esa manera, manipulando además a las instituciones para que sirvan como arietes de sus intereses y, especialmente, para dar rienda suelta a sus caprichos.

Vaya que son una bomba los documentos contenidos en los “Guacamaya Leaks” que han ido desnudando la podredumbre del régimen entero. Y por supuesto, Veracruz no podía ser la excepción. Las revelaciones, a través de dos medios de comunicación diferentes, sobre reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acerca de la situación de la seguridad en Veracruz dejan muy mal parado no solo al actual gobierno, sino al propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien ya dejó pasar todo un día sin dar una explicación sobre los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado que pesarían sobre su propia persona y la de varios de sus colaboradores. En el primero de esos reportes extraídos de las bases de datos de la Sedena, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise) señala que “sí es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales, puedan tener vínculos con estas personas”, en referencia a las bandas de la delincuencia organizad, conclusión plasmada en un informe sobre la operación y estructura del crimen en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, todos estados gobernados por Morena.

En la elección de 2018, fue evidente el apoyo que los operadores de Elba Esther Gordillo le dieron a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y en general al Movimiento de Regeneración Nacional en todo el país. La relación se había fraguado desde un año antes, durante la campaña por la gubernatura del Estado de México de 2017. El yerno de la maestra Gordillo, Fernando González Sánchez –ex subsecretario de Educación Básica del sexenio de Felipe Calderón- y quien fue su brazo derecho en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, trabajaron abiertamente en favor de la candidata a gobernadora de Morena, Delfina Gómez, quien estuvo cerca de ganar esos comicios y el año entrante buscará nuevamente hacerlo. Durante el proceso electoral para la sucesión presidencial de 2018, estos mismos personajes se adhirieron públicamente al proyecto de López Obrador, junto con el nieto de Gordillo, René Fujiwara Montelongo. Y en estados como el de Veracruz, la estructura magisterial y política que se mantenía leal al elbismo también se incorporó de manera abierta y pública a la operación en favor de los candidatos de Morena, comandados por el propio Rafael Ochoa.

No es asunto menor ni una “volada” del presidente su idea de someter a “consulta” la militarización del país. Luego de que en el Senado se frenó momentáneamente la reforma constitucional para extender hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, redactada en Palacio Nacional y presentada en la Cámara de Diputados por un PRI en calidad de “patiño”, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con el único argumento que tiene a mano: la demagogia, en forma de consulta popular. “Me gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan cupularmente, o que no decidamos cupularmente, que es el pueblo, todos, y que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor, se argumente en contra, y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente”, dijo, al tiempo que se echó a andar la maquinaria propagandística del régimen. Con su proverbial desprecio por la legalidad cuando ésta le estorba, López Obrador afirmó que la “consulta” no la organizaría el INE, como establece la Constitución, sino la Secretaría de Gobernación. Obvio, para “cantar” el resultado que ellos quieran “aun cuando no sea vinculante”.

El tema que acaparó la agenda de la opinión pública este fin de semana fue el de las revelaciones que la periodista Peniley Ramírez hizo sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su columna publicada en el diario Reforma el sábado pasado, la periodista refirió el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, al cual tuvo acceso en una versión sin testar, esto es, sin censura, a diferencia de la que hizo pública la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, tachada casi en su totalidad. En su texto, Peniley Ramírez señala que el informe establece que “casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche”, lo cual era lo más obvio, luego de ocho años sin rastro de ellos y a sabiendas de la forma salvaje en que operan las bandas del crimen organizado. Peniley Ramírez además publicó en Twitter fragmentos del informe con las conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen organizado, en las que detallan muy claramente el destino de los 43 estudiantes. Y particularmente, esos mensajes demuestran que miembros del Ejército mantuvieron con vida a seis de los normalistas hasta el 30 de septiembre de 2014, para luego asesinarlos y desaparecer sus cuerpos.

La mañana de este miércoles fuimos testigos de una prueba contundente, dolorosa, aterradora, del fracaso de cualquier “estrategia” de seguridad, civil o militar, en Veracruz, como reflejo de esa misma situación en el resto del país. Dos mujeres más, una niña y una maestra, fueron víctimas de la violencia homicida en el estado, que por enésima ocasión desmiente la palabrería de un gobierno incapaz y timorato como el de Cuitláhuac García Jiménez. En Hidalgotitlán, en el sur de la entidad, Roxana, una pequeña de apenas cinco años de edad, murió víctima de un ataque a su familia mientras arreglaban una llanta en una vulcanizadora, después de medianoche. Aunque el caso tomó alguna notoriedad mediática, la lejanía del municipio del centro político lo convirtió prácticamente en un número más a la estadística. Muy diferente de lo acontecido por la mañana en la capital del estado. Una maestra de una escuela primaria, Elizabeth Meza Rivera, fue ejecutada por hombres armados que le dieron alcance en una motocicleta cuando descendió de su automóvil acompañada de su nieto, quien no solo presenció con horror el feminicidio de su abuela, sino que también recibió una bala en la pierna, aunque lo más probable es que de haber tenido tiempo, los asesinos lo habrían matado también.

Ante su incapacidad para argumentar con seriedad y una ausencia absoluta de vocación democrática, el régimen de la “4t” decidió usar prácticas mafiosas para obtener lo que quiere. Aprovechando las debilidades, flaquezas, ambiciones y corruptelas de varios integrantes de la oposición –que encarnan fehacientemente las razones por las que en 2018 la población arrebatadamente se decantó por un cambio que ha resultado en más de lo mismo y hasta en algo peor-, el lopezobradorismo configura lo que podría ser un golpe letal para la democracia y las libertades individuales en México. Así como “dobló” a Alejandro Moreno Cárdenas mediante la amenaza de llevarlo a la cárcel para que fuera el PRI quien presentara y apoyara la iniciativa de reforma constitucional que prorroga la presencia del ejército en tareas de seguridad pública hasta 2029, este martes abiertamente se lanzó a la “pepena” de senadores para intentar alcanzar la mayoría calificada en la Cámara alta y consumar la militarización total del país.

Entre martes y miércoles quedará configurado lo que en muchos sentidos y vías será el futuro de México. Y podría afirmarse que ningún escenario es venturoso. Luego de que el PRI consumara su traición al electorado en la Cámara de Diputados –salvo las honrosas excepciones de los legisladores Sue Ellen Bernal Bolnik y José Yunes Zorrilla- sacándose de la manga y votando a favor una iniciativa redactada en Palacio Nacional para extender constitucionalmente la presencia militar en tareas de seguridad pública hasta 2028, el último reducto de resistencia al embate lopezobradorista es el Senado de la República, que se ha convertido en el centro de enormes presiones del régimen, en especial hacia los senadores tricolores. Después de las recurrentes visitas del secretario de Gobernación a la Cámara alta se sabe que el inicialmente sólido bloque priista que se opuso públicamente a la abyección y doblez del corrupto dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno –a quien literalmente tienen agarrado de su muy larga cola-, ha comenzado a sufrir en su unidad.