Aurelio Contreras Moreno

Ni duda cabe que los estándares bajo los que se maneja el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” en cuanto al manejo de la administración pública son de bajísima calidad. El rasero lo puso el mismo Andrés Manuel López Obrador con decisiones como la de postular candidatos mediante “tómbola”, frases como “no tiene mucha ciencia gobernar” o que basta con 90 por ciento de “honestidad” y diez por ciento de capacidad para desempeñar un cargo público.

La corrupción, como ya ha quedado completamente claro, no ha sido atacada de ninguna manera por el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, en ninguno de sus niveles. Todo se ha quedado al nivel del discurso. Obras con presupuestos inflados, asignaciones directas al por mayor, desvío de recursos para fines políticos. Todo lo que criticaron, todo lo que verbalmente atacaron y aprovecharon muy bien en su carrera hacia el poder, lo replican de manera idéntica a quienes les antecedieron. No son diferentes en nada y en muchos casos, son claramente peores. En Veracruz los desfalcos al erario siguen a la orden del día. Tan solo a la propaganda de la consulta de revocación de mandato siguen inyectándole una millonada a través de la asociación “Unidos Todos”, que manejan el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero y la directora de Administración del Tribunal Superior de Justicia Joana Marlen Bautista.

El régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” sufrió un duro golpe este fin de semana con la revelación de lo que era un secreto a voces: la descomposición interna en el gobierno que ya no puede ocultarse. La carta que el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, publicó en el semanario fundado por su padre, es en realidad un pequeño recuento de cómo se retuercen las instituciones públicas y las leyes en tiempos del lopezobradorismo, que de tanto querer ser distinto se igualó y hasta está superando a muchos de sus peores antecesores. Pero no se trata de un asunto menor. Lo que expone Scherer –que no es una blanca paloma, valga decir- es una muestra de la decadencia de un gobierno que tiene al país sumido en una tensión permanente, que sostiene la economía con alfileres y que cada día se vuelve más agresivo y autoritario contra quien le critica o simplemente señala sus falencias.

Despojado ya de cualquier careta democrática, quizás convencido de que no necesita seguir simulando ni aparentando lo que no es, el régimen autoproclamado como la “cuarta transformación” del país pisó el acelerador del retroceso autoritario a niveles prácticamente sin precedentes. Haciendo suyas y llevando a otra altura las peores prácticas del priismo más antidemocrático, Morena y el lopezobradorismo han emprendido un camino sin retorno: el de la ilegalidad y la más burda imposición, olvidando el discurso con el que navegaron durante décadas para hacer frente al ejercicio despótico del poder que hoy han abrazado sin sentir ni un poquito de asco. Verdaderamente enloquecidos por un poder que creen les durará para siempre, en el Congreso de la Unión los legisladores “4t” exhiben la excitación cuasiorgásmica que les provoca pasar por encima de sus opositores al humillarlos, “mayoritearlos” y además escupirles en la cara que son minoría y que ellos, la versión recargada de la vieja “aplanadora” priista, tienen la mayoría y pueden hacer prácticamente lo que les venga en gana.

Entre las más hilarantes –e indignantes- justificaciones que han circulado en los últimos días para el exabrupto de la delirante respuesta presidencial a la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación del periodismo en México, hay una que llama la atención: que los asesinatos de periodistas no son asunto y/o responsabilidad del Ejecutivo ni del Estado, sino producto de cuestiones pertenecientes al entorno cercano de las víctimas de la violencia. Una postura que es bastante lejana de aquella que hace unos pocos años, por cualquier agravio, viniese de donde viniese, a voz en cuello clamaba “fue el Estado”, precisamente para hacer notar la omisión del mismo en el cumplimiento de una de sus principales obligaciones: la de brindar seguridad y proteger la vida de los ciudadanos. Ya ni qué decir de las libertades de expresión y prensa. Hoy, a pesar de que el presidente López Obrador ha convertido las conferencias “mañaneras” en un “paredón” para los periodistas que no le gustan porque no lo alaban y sí lo exhiben, muchos que antes reclamaban “fue el Estado” dicen que ahora “no es el Estado” el responsable de la violencia hacia los comunicadores, que en 2022 avanza incontenible. Solo les falta decir “pórtense bien”, como Javier Duarte pidió a los reporteros para que “evitaran” ser asesinados, porque luego le echaban la culpa a él.

Es importante tener presente que las agresiones verbales que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador lanza todo el tiempo en contra de quien ejerce su libertad de expresión y su derecho a disentir y criticar a su gobierno, no son algo nuevo ni que no pudiera saberse que ocurriría al llegar al poder. Intolerante ante el mínimo señalamiento sobre su incongruencia, la corrupción a su alrededor de la que “nunca sabe nada” o sus pactos con impresentables y hasta con conocidos delincuentes, dicha actitud ha acompañado a López Obrador desde hace varios años y no se molestaba mucho en disimularla, si siquiera en los momentos en que hacía proselitismo, cuando los candidatos lo que buscan es quedar bien, mostrar una faceta amable –aunque sea falsa- y proyectar una imagen positiva ante la ciudadanía.

En los últimos días hemos sido testigos de la manera en la que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” se ha comenzado a radicalizar abiertamente. Y a descarar su verdadero cariz autoritario. La aberrante respuesta “diplomática” que el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió con los intestinos llenos y envió al Parlamento Europeo, además de servirle como un gran distractor para desviar el clima de la opinión pública de los temas que le incomodan –la inflación galopante, el aparente conflicto de interés de su hijo José Ramón con contratistas de Pemex, la corrupción en la Fiscalía General de la República y el servilismo del Poder Judicial, por mencionar algunos-, refleja ese endurecimiento del discurso que ya se expresaba sin muchos reparos hacia el interior, pero que ahora mostró en el exterior con total claridad el tipo de gobierno que hay en México.

Durante la campaña presidencial del año 2006, el entonces presidente Vicente Fox Quesada se inmiscuyó abiertamente en el proceso electoral para buscar evitar a como diese lugar que el abanderado del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ganase las elecciones y llegara a la Presidencia de la República. Abiertamente, Fox ocupaba sus apariciones públicas para lanzar consignas, más en contra de López Obrador que en favor del abanderado de su partido, Felipe Calderón, a quien tuvo que apoyar muy a su pesar, pues nunca fue su candidato al interior del PAN. La injerencia de Fox en el proceso fue descarada desde antes incluso de la campaña, cuando el proceso de desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México –por cierto, por un desacato a una orden judicial, lo que desde entonces pintaba el talante autoritario y el desprecio por la legalidad del actual presidente-, del cual se tuvo que terminar echando para atrás porque, desde entonces, el tabasqueño mostró su gran habilidad para la victimización.

La lección que este 8 de marzo le dieron las mujeres a quienes auguraban –y hasta parecía que deseaban y alentaban- una bacanal de violencia en la Ciudad de México y en otras de las principales demarcaciones del país, ha sido épica e ilustrativa de cómo este movimiento sigue siendo el gran talón de Aquiles del régimen de la pretendida “cuarta transformación”. Mientras en la Ciudad de México se amuralló todo el Centro Histórico y se lanzaron a las calles hasta a elementos de la Marina –el único cuerpo castrense que es capaz de anular a los sicarios del crimen organizado en un enfrentamiento- para “contener” a las mujeres, en su enorme mayoría muy jóvenes, éstas respondieron con flores, con abrazos, con cantos, sin dejar de lado sus demandas, su exigencia a su derecho a vivir sin miedo, sin violencia. Tremendo chasco se habrá llevado el presidente “más feminista de la historia” –como le dicen sus aduladores-, quien pocas horas antes, desde el palacio atrincherado en el que convirtió un monumento nacional, volvió a arremeter contra ellas, las que no se amilanan ante sus insultos y le hacen frente. Y que por eso mismo las detesta.

Quedó al descubierto la grotesca manera en la que el gobierno de Veracruz no solo ha violentado la ley al financiar con recursos públicos una dispendiosa campaña para promover la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, sino también cómo son capaces de mentir sin pudor alguno. Toda la semana pasada la agenda y el clima de opinión fueron dominados por la abrumadora campaña propagandística desplegada por todo el estado para promover la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cara a uno de los engaños más caros de la historia política reciente de México: la consulta de revocación de su mandato, que su propio régimen promueve en sentido inverso, como una ratificación.A los señalamientos mediáticos sobre que ningún particular puede sostener de su bolsillo una campaña tan costosa como la que está a la vista de todos en Veracruz, se agregaron las denuncias de actores políticos de oposición, que acusaron directamente al gobierno de Cuitláhuac García de estar detrás del derroche, que además –y no hay que dejar de insistir en ello- es completamente violatorio de la ley.