Aurelio Contreras Moreno

Aunque nadie lo dice abiertamente, todos lo saben: en Morena todas las decisiones importantes las toma una sola persona, que no es otro que Andrés Manuel López Obrador. Entre esas decisiones se encuentra naturalmente la postulación de los candidatos de ese partido a los principales cargos de elección popular, como las senadurías, algunas diputaciones y presidencias municipales, especialmente las gubernaturas y, próximamente, la candidatura presidencial. Es el ejercicio de lo que en teoría política Jorge Carpizo llamó las “facultades metaconstitucionales” del presidente de la República, erigido en “gran elector”. Una de las prácticas que dieron forma y sustento al sistema hiperpresidencialista del PRI durante el siglo XX, del que abreva completa y directamente el lopezobradorismo, tanto en sus orígenes políticos como en su concepción del país.

El régimen de la pretendida “cuarta transformación” ha demostrado en repetidas ocasiones su intolerancia hacia quien no comparte sus fobias y dogmas, y generalmente lo hace con altas dosis de violencia verbal, que después se traslada a sus seguidores más fanatizados que, esos sí, han estado dispuestos a que ésta llegue también al terreno de lo físico. Las conferencias “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador son el ejercicio más acabado de cómo se hace propaganda indiscriminada a través de la violencia. En lugar de informar, el mandatario ocupa un tiempo y recursos técnicos y humanos que se pagan con dinero público para ofender, para estigmatizar, para linchar y, en varias y documentadas ocasiones, para mentir acerca de quienes más que adversarios, considera y trata como enemigos. El presidente no solo se pelea con molinos de viento. Una buena descarga de su violencia la reciben las y los reporteros –los de a de veras, no la fila de paleros que pone Comunicación Social para aplaudirle y hacerle ridículas preguntas a modo- que de vez en cuando logran entrar a las conferencias matutinas y más eventualmente aún, le puede hacer una pregunta real. De las que no le gustan.

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, encontró al fin la oportunidad de demostrar de qué está hecho y cuál será el verdadero alcance de su rectorado. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el estado de Veracruz del ejercicio 2023, la Secretaría de Finanzas y Planeación estableció destinar a la casa de estudios recursos por cinco mil 844.4 millones de pesos, lo que no solo resulta inaceptable, sino que también es ilegal. Ese monto es menor por 40 millones de pesos al presupuesto que se le otorgó a la Universidad Veracruzana para 2022, lo que contraviene claramente el Decreto 350 que reformó el Artículo 10 de la Constitución del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de noviembre de 2017, y que estableció que el presupuesto de la UV aumentaría progresivamente año con año hasta llegar al cuatro por ciento del presupuesto total del estado para el ejercicio de 2023. Y que ordena además que en ningún caso el monto del presupuesto puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Ese monto es menor por 40 millones de pesos al presupuesto que se le otorgó a la Universidad Veracruzana para 2022, lo que contraviene claramente el Decreto 350 que reformó el Artículo 10 de la Constitución del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de noviembre de 2017, y que estableció que el presupuesto de la UV aumentaría progresivamente año con año hasta llegar al cuatro por ciento del presupuesto total del estado para el ejercicio de 2023. Y que ordena además que en ningún caso el monto del presupuesto puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.

Este 15 de noviembre, Cuitláhuac García Jiménez presenta su cuarto informe de gobierno ante el Congreso local, tal como lo establece la Constitución del Estado, en un acto protocolario sin mayor chiste. El acto político, como se acostumbra desde hace algunos años ya, se celebrará un día después, el 16. Pero este año, Cuitláhuac García decidió hacerlo lo más lejos posible de la capital del estado: será en Pánuco, al norte de la entidad, en la colindancia con Tamaulipas. No están claras las razones para llevar la sede a un municipio cuyo acceso no es fácil, tanto por la distancia como por las pésimas vías de comunicación que existen. Lo cierto es que ante el descontento magisterial por el incumplimiento de su gobierno en el pago del incremento salarial prometido por la federación desde mayo, la lejanía con Xalapa le viene como “anillo al dedo” al gobernador.

Pase lo que pase este domingo en las cerca de 30 ciudades en las que la ciudadanía saldrá a marchar en contra de la regresiva reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la convocatoria a protestar ya cumplió con su cometido de manera exitosa. Y es que independientemente de si la participación es o no muy numerosa –el régimen apuesta a que no lo sea y para eso insulta y amedrenta a los ciudadanos que piensan ejercer su legítimo derecho a la manifestación-, el tema se posicionó en la agenda pública a tal grado que la reacción del lopezobradorismo ha sido furibunda, lo cual es directamente proporcional al nivel de molestia y preocupación que les causa. Además del presidente, todos sus voceros, facilitadores, textoservidores y, por supuesto, los funcionarios de los tres niveles de gobierno de la “4t” salieron a descalificar la marcha, llenando de epítetos y calificativos -a cual más soeces y vulgares- a quienes convocan y a quienes acudan, lo cual habla más de ellos que de los manifestantes.

Menuda bronca en la que se metió el gobierno de Veracruz al pretender “jugar a las escondidas” con el dinero del magisterio estatal. El gobierno federal anunció en mayo pasado un incremento gradual del 1, 2, y 3 por ciento a todos los maestros del país con salarios menores a 20 mil pesos mensuales, tanto federales como estatales, con pago retroactivo al mes de enero. En el estado de Veracruz hay, de acuerdo con cifras oficiales, 93 mil docentes del sistema federal, mientras que en el sistema estatal son más de 65 mil los trabajadores de la educación con los que se hizo el compromiso de pagarles ese incremento salarial. A los maestros federales, vía las secretarías de Hacienda y de Educación Pública, ya se les depositaron los recursos prometidos, con un inocultable objetivo político-electoral, valga apuntar. Pero a los estatales no. Están “bailando” 700 millones de pesos, lo que se convirtió ya en una crisis para el gobierno de Cuitláhuac García por su mala administración de los recursos. Esto, en el mejor de los casos, porque la otra es que simple y llanamente se hayan gastado el dinero en otra cosa.

Hay un grotesco operativo de Estado para justificar ante la opinión pública la destrucción del sistema electoral basado en la ciudadanización y autonomía de los órganos electorales y jurisdiccionales, y con ello presionar a los legisladores federales que comenzaron a debatir el bodrio de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales, las cuentas de facilitadores, trols, bots, textoservidores y voceros del morenato están a todo lo que dan intentando descalificar como sea al árbitro electoral con las falacias, clichés, lugares comunes y abiertas falsedades que pueblan el discurso lopezobradorista, cada días más agresivo y antidemocrático. Eso es más evidente todavía a nivel político e institucional. Todo el aparato del Estado está volcado en la reforma electoral, desviando recursos para ello.

Ya suena hasta ocioso señalarlo, pero a pesar de las gigantescas evidencias de la corrupción y el desprecio por la legalidad que privan en el actual sexenio, tanto a nivel federal como estatal, hay quien todavía se cree la perorata de la “honestidad” y el “no somos iguales” que pervive en el discurso de quienes hoy gobiernan y con lo cual hacen propaganda. Por todos lados hay evidencias enormes de que la ley es letra muerta en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores morenistas, que han superado con creces a varios de sus antecesores de PRI, PAN y PRD. Y eso que la vara estaba bastante alta. Lo que actualmente priva es una suerte de primitivismo político autoritario, en el que la clase gobernante viola la ley a placer, convencida de que no habrá consecuencias para su proceder arbitrario. Y ése es el mayor problema. La corrupción y el quebrantamiento generalizado de la legalidad solo son posibles cuando existe impunidad. Y en el escenario actual, ésa es la regla y para nada la excepción.

El proceso para aprobar en el Congreso de la Unión la extensión de la militarización de las tareas de la seguridad pública, marcó la ruta que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” buscaba para doblar a la oposición e intentar –con altas probabilidades de lograrlo- destruir el sistema electoral que ha costado más de 40 años construir en este país. Por medio de la coacción, la amenaza, el chantaje y el soborno, el gobierno que iba a “transformar la vida pública del país” aprovechó las falencias, miserias y larga cola de los legisladores de varios partidos “opositores”, a los que se les acabó la valentía cuando les dieron a escoger entre sus posiciones políticas –sería darles demasiado crédito creer que tienen convicciones- y su libertad o sus intereses. Así, de manifestar posiciones totalmente contrarias a lo que representa un retroceso histórico como la militarización, los legisladores colaboracionistas del régimen de pronto le encontraron “virtudes” a las iniciativas redactadas en los cuarteles militares, a las cuales solo les agregaron promesas de “transparencia” y “rendición de cuentas” que a la primera oportunidad, los jefes castrenses incumplieron.

Hace una semana, fueron dados a conocer reportes “hackeados” a las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los que se menciona que funcionarios estatales tendrían vínculos con bandas de la delincuencia organizada en Veracruz. En uno de los reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise) -uno de los millones de documentos filtrados en el “Guacamaya Leaks”- fechado el 16 de marzo de 2019, se afirma que “el gobernador del estado de Veracruz está apoyando la entrada a la entidad del Cártel del Noreste” para desplazar al Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese mismo documento también se señala que “los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil, dan protección al Cártel del Noreste”. Como es usual que ocurra en México, no pasó nada. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió a decir -24 horas después de que se difundió la información- que lo investigaran a él y a su familia porque no tiene nada que esconder, y para distraer, su régimen montó una campaña para destacar sus “logros” en materia de seguridad pública.