Aurelio Contreras Moreno

La semana que concluyó será recordada como una de las más aciagas en la historia reciente de México. La oleada de violencia que azotó a varios estados del centro, occidente y norte del país no puede considerarse como un hecho aislado, sino como un muy claro síntoma de la descomposición que aqueja a México en materia de seguridad, así como del claro fracaso de la política de tolerancia del gobierno de la República para con los grupos criminales, resumida en una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador: “abrazos, no balazos”. Los delincuentes respondieron no solo con balazos, sino con una refriega violenta que dejó al menos 260 personas asesinadas entre el 9 y el 12 de agosto pasados, así como diferentes agresiones a comercios y civiles que en varios espacios, privados y públicos, ya no se duda en calificar como actos terroristas. Este clima de zozobra se produce en medio de la intentona del gobierno lopezobradorista por transferir por decreto el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, militarizando por completo una corporación que se aseguró se mantendría dirigida por civiles. Aunque valga decir que en los hechos, siempre estuvo militarizada.

n la ya lejana década de los 70, el sexenio de José López Portillo se caracterizó por la extrema vulgaridad de sus excesos de poder. En plena época de la “presidencia imperial” incuestionable y del espejismo de la “administración de la abundancia” petrolera, la familia López Portillo Romano se concedía varias “licencias” que superaron lo anecdótico para instalarse en lo grotesco. Por ejemplo, aquel bochornoso episodio en el que Carmen Romano, la esposa del presidente, hizo derribar una pared de un lujoso hotel parisino para que pudiera entrar en su habitación el piano de cola con el que acostumbraba viajar por el mundo, mientras su cónyuge disfrutaba las mieles del poder con cargo a un erario que pronto colapsaría y hundiría al país en una colosal crisis económica.

A estas alturas, ya no causan asombro alguno las incongruencias y abiertas falsedades con que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” ha mal gobernado y engatusado al país entero. El anuncio presidencial de la emisión de un “decretazo” para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional no hace sino formalizar lo que de hecho ya era una realidad: ese cuerpo de seguridad nunca fue civil, contrario a lo que se prometió al momento de su creación. Siempre estuvo militarizado y queda claro que jamás hubo la intención de que fuera de otra manera. Pero aun cuando en este tema no hay “nada nuevo bajo el sol”, no deja de ser preocupante atestiguar cómo la militarización total del país -el ejército y la marina tienen en sus manos obras, infraestructura, aduanas y millonarios negocios- se da a la par de la radicalización del régimen, no solo en su discurso, sino también en sus prácticas.

En los últimos días se han atestiguado en medios y corrillos políticos intrigas palaciegas de la más baja estofa que no tendrían por qué interesarle a nadie, más que a quienes se revuelcan en esos fangos, si no fuera porque están involucrados recursos públicos desviados por millones entre los protagonistas. La disputa entre una funcionaria del Poder Judicial y una diputada local por un lío de su vida privada íntima –cada quién su estómago- trascendió a instancias mediáticas y políticas, involucrando a las más altas esferas del poder en el estado. Sin entrar en detalles morbosos, el encontronazo provocó que instituciones del Estado fueran usadas para ventilar y ajustar cuentas personales. El Tribunal Electoral de Veracruz –cada vez más sumiso y abyecto- emitió medidas cautelares contra una de las involucradas, mientras que el Poder Legislativo se pronunció por investigar los –muy conocidos y todo el tiempo solapados- malos manejos de la otra en el Poder Judicial.

En política no suele haber casualidades. Y si en la ecuación participa Estados Unidos, así tenga el gobierno más anodino –como el de Joe Biden-, el “imperio” actúa como tal e impone condiciones. Esto viene a cuento porque es imposible separar la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero a manos de elementos de la Marina –aunque la DEA dice que participó en el operativo, contrario a lo que afirman la Embajada de Estados Unidos y el propio gobierno mexicano- de la visita que unos pocos días antes realizó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a su homólogo norteamericano. Más allá de las mutuas descortesías, la ruptura del protocolo y el tenso ambiente que rodeó la visita “de trabajo” de López Obrador a Biden, sin duda la sustancia estuvo en lo que no se hizo público. Y además de los acuerdos comerciales leoninos que aceptó el mandatario mexicano –como el de comprar 20 mil toneladas de leche en polvo a Estados Unidos, en menoscabo de los productores mexicanos-, sin duda debieron hablar de seguridad. Y de las exigencias en ese rubro al gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”.

Pocas veces se había visto tal desfachatez y cinismo para abiertamente violar la ley desde el poder como durante el actual sexenio. Es absoluto el desprecio que el régimen de la pretendida “cuarta transformación” tiene por la legalidad plasmada en normas jurídicas. Si le estorba, simplemente la ignora y la quebranta, cuando no puede cambiarla o desaparecerla. Y claro, lo hace así porque campea una impunidad verdaderamente asquerosa. Y no es que en anteriores gobiernos fueran muy respetuosos de las normas. Al contrario, en buena medida eso provocó su caída y la ruptura del sistema. Empero, el régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador y todos a su alrededor han llevado a grados superlativos lo que podríamos definir como la “cultura de la ilegalidad”. En repetidas ocasiones hemos atestiguado la manera como a lo largo del sexenio los gobernantes y políticos de la “4t” han pasado por encima de amparos, de candados legales, de acuerdos comerciales y de prohibiciones legales. Muchas incluso promovidas por ellos mismos cuando eran oposición, pero que ahora como gobierno les estorban, engolosinados como están con el poder.

Siempre que se acerca o llega la quincena en Xalapa, los operativos de compañías privadas de grúas -en complicidad con la Dirección de Tránsito del Estado- arrasan con los automovilistas en una ciudad con grandes problemas de movilidad, como lo es la capital veracruzana. Basta darse una vuelta por las zonas estudiantiles de la ciudad, en especial la Rectoría de la Universidad Veracruzana, o en las que se prestan servicios de salud, como los hospitales y clínicas del IMSS y el ISSSTE, el Centro de Especialidades Médicas y la Secretaría de Salud estatal, para ver cómo los operadores de las grúas –siempre acompañados arriba de sus unidades por agentes de Tránsito del Estado- se dan vuelo levantando automóviles en lugares en los que no existen señalamientos claros sobre dónde sí y dónde no es posible estacionarse. Particularmente en las zonas hospitalarias, los afectados son pacientes y sus familiares que acuden, evidentemente, a atender cuestiones de salud y que no encuentran en dónde dejar cerca los vehículos en los que les resulta indispensable transportarse, lo que además de todo termina siendo inhumano, pues no solo cargan con un problema médico y muchas veces están en condiciones precarias, sino que acaban como víctimas de esa rapiña oficialmente consentida.

Ya sin freno –porque pudor y vergüenza nunca han tenido-, las “corcholatas” oficiales de la “4t” están desbordadas haciendo campaña abiertamente, violentando campechanamente la Constitución. La mañana de este lunes muchas bardas de la capital de Veracruz amanecieron tapizadas de pintas con la leyenda “Para que siga la transformación #EsClaudia”, claramente refiriéndose a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Que estas pintas aparezcan en el estado de Veracruz no es casual: el gobernador Cuitláhuac García Jiménez colocó todas las fichas de su apuesta política en Sheinbaum, aunque recientemente se ha tomado fotos y menciona al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Por aquello de las “recochinas dudas”, con eso de que la “regenta” nomás no despega y acumula negativos por su pésima gestión de gobierno. El mandatario veracruzano sin duda está en su derecho de apoyar la opción política de su preferencia, nadie le niega su prerrogativa como ciudadano. Lo que es inmoral –con eso de que se sienten con superioridades de esa índole- y sobre todo ilegal es que promueva sus “simpatías” e intereses desviando recursos públicos.

Incapaz de accionar de otra manera que no sea pandilleril, el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” ha hecho del chantaje, la extorsión y la coacción un estilo para gobernar y hacer política. Por supuesto, para chantajear a alguien es necesario que éste sea chantajeable, o dicho de otra manera, que tenga “cola que le pisen”. Y que mayor “colota” que la que pueden tener en lo que queda del otrora imbatible “partidazo”, el Revolucionario Institucional. Toda la serie de audios que la gobernadora de Campeche Layda Sansores ha presentado en las últimas semanas para exhibir la corrupción del todavía dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es material con el que el régimen contaba desde hace mucho y que si decidieron sacarlo ahora a la luz, es por dos razones fundamentales: cobrarle al priista el voto de su bancada contra la fracasada iniciativa de reforma eléctrica y hacerle saber lo que va a suceder si hace lo mismo con la reforma política.

Varias encuestas señalan que si las elecciones fueran hoy, Morena retendría sin problema la Presidencia de la República y gubernaturas como la del estado de Veracruz. Ello, a pesar de la inseguridad, de la crisis económica galopante, del desempleo creciente y la falta de oportunidades que, entre otras cosas, provocó un crecimiento de la pobreza en el país que afecta a 43.9 por ciento de la población, esto es, a 55.7 millones de mexicanas y mexicanos, de los cuales 3.8 millones cayeron en esa condición entre 2018 y 2020, de acuerdo con la medición más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Entonces, tal fenómeno de aprobación para un régimen más bien mediocre e incompetente solo puede explicarse en dos vías: los programas sociales clientelares del gobierno –que sin duda alguna le han resultado muy redituables políticamente- y el total descrédito de la oposición, que en cuatro años no logró articular ningún discurso ni propuesta de país que represente una alternativa real para una población que rechaza a los partidos tradicionales, y que difícilmente lo estructurará en los dos años que restan del sexenio, habida cuenta de que en sus cúpulas se niegan a soltar lo que les queda de cotitos de poder, que de todos modos pronto se les terminarán.