Aurelio Contreras Moreno

Verdadero furor causó la apertura del proceso de inscripción para ser candidato/a de Morena a las presidencias municipales que estarán en juego en el estado de Veracruz en los comicios de junio próximo.
Según sus datos, han sido “miles” los inscritos en todos los municipios del estado que buscan ser abanderados del nuevo partido hegemónico, el que se perfila –gracias al clientelismo con que gobierna y a la demolición de las instituciones democráticas que instrumentó- para arrasar en unas elecciones en las que la oposición, simple y sencillamente, no existe. Ha sido borrada. Incluso, por decisión propia.
Partidos como el PRI y hasta el PAN –ni qué decir del extinto PRD- se han desfondado y varias de sus figuras regionales han comenzado a emigrar hacia el organismo político que, como antes el tricolor, “garantiza” el acceso a posiciones de poder.
Ese fenómeno es uno más de los efectos del retroceso democrático que se vivió tras la elección del pasado mes de junio de 2024, misma que devolvió a México a un estadio político como el de la década de los 70 del siglo pasado, e incluso quizás más atrás en la historia del país.

El arranque de 2025 ha vuelto a poner al descubierto la naturaleza más autoritaria del régimen, así como las redes de complicidades que lo han mantenido en el poder a pesar de su manifiesta incapacidad y corrupción.
Mientras la mayoría de los mexicanos celebraba el fin de año, el morenato asestaba un golpe con el que buscará mantener a raya a cualquiera que considere una amenaza, un adversario o simplemente un crítico que se niegue a seguir la línea oficial.
En su edición vespertina del 31 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la reforma aprobada por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos merecedores de prisión automática.
Entre éstos se incluye la “emisión de falsos comprobantes fiscales”, con lo que se anuncia claramente que el rubro hacendario e impositivo se convertirá en un arma de persecución del gobierno, algo sobre lo que diversos organismos de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión han alertado como una estrategia recurrente en gobiernos autoritarios para acallar las críticas y reprimir el disenso, escondiendo su talante arbitrario en actos de supuesta legalidad.

Quizás el principal saldo que deja 2024 y por lo que este año será recordado históricamente es la destrucción de la idea de país edificada alrededor de la alternancia electoral y la fallida transición a la democracia, así como la restauración del régimen más anacrónico, centralista, iliberal y concentrador del poder.
En los últimos tres meses, el morenato desmanteló un entramado institucional que costó por lo menos tres décadas de construcción, con el único objetivo de restaurar un sistema en el que no existan contrapesos a los deseos del grupo gobernante, para lo cual dinamitaron la división de poderes, enterraron la transparencia y la rendición de cuentas y, lo más grave, han demolido la mínima normalidad democrática basada en el respeto al estado de Derecho, que hoy día es un chiste.
Tomando por asalto a los poderes Legislativo y Judicial, el obradorismo –porque quien toma las principales decisiones sigue siendo el mismo desde hace seis años, y se llama Andrés Manuel López Obrador- convirtió en un circo de varias pistas la creación de leyes para que éstas les permitan hacer, literalmente, lo que les dé la gana. Con todos los riesgos que eso entraña.
La cerrazón, los oídos sordos, la soberbia y altanería de la que se quejaron por décadas en los tiempos del PRI hegemónico y de las que se decían víctimas cuando estaban en la oposición, son ahora la marca de la casa, su sello para hacer una política por demás bananera, caprichosa, alejada del sentido común y que paulatinamente se va volviendo cada vez más autoritaria, pues el mínimo disenso les resulta intolerable.

Este fin de semana se difundió una medida tomada por el gobierno de Veracruz que, si bien es positiva de entrada, parece más bien el adelanto de una escalada de ajustes de cuentas internas en el grupo gobernante.
El pasado 5 de diciembre, el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, Alfonso Reyes Garcés, ordenó restringir el uso de grúas de empresas privadas para tareas viales, lo que en los últimos años se ha había convertido no solamente en un jugoso negociazo, sino en una mafia en la que los ciudadanos sufrían una suerte de extorsión al más puro estilo del crimen organizado.
De acuerdo con el oficio SSP/SP/DIC/011/2024, enviado al subsecretario de Operaciones de Seguridad Pública y al director general de Tránsito y Seguridad Vial, el servicio de grúas será usado en adelante únicamente en “casos que sean necesarios con motivo de un siniestro, accidente de tránsito, en el aseguramiento de objetos ante un hecho delictivo o que sea utilizado en la comisión de un delito, o bien cuando el conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia prohibida (narcóticos) y no se encuentre presente persona alguna de su confianza que pueda hacerse cargo del mismo”.
De igual manera, el funcionario instruye a sus subalternos que para usar el servicio de grúas privadas deberán coordinarse con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) para que solamente se utilicen empresas de servicios de transporte de grúas concesionadas.

Es una arraigada costumbre de los políticos en cargos de gobierno en México calificar las críticas a su desempeño o a la situación imperante como “hablar mal” del país, el estado o el municipio, dependiendo a quien se dirija el señalamiento.
Eso tiene una lógica muy simple –o más bien, simplona, en realidad-: si se habla “mal” de un gobierno o se pone en evidencia una situación caótica en el territorio gobernado por tal o cual político, la “verdadera intención” es hacer “quedar mal” a la demarcación, lo que en automático convierte al crítico en un “mal ciudadano”, si no es que hasta en un “traidor” a la tierra donde nació o vive. Claro, desde la óptica del político evidenciado como incompetente o corrupto.
Siempre que algún gobernante alude a que “hay que hablar bien de”, en realidad se está intentando excusar de lo que está haciendo mal, de lo que ha dejado de hacer o de lo que es incapaz de solucionar, aun cuando sea ésa su responsabilidad y función.

Durante todo el infame sexenio de Cuitláhuac García, fue público, notorio, descarado y por demás cínico cómo se utilizó a la burocracia estatal para hacer proselitismo en favor de Morena y de sus candidatos a todos los cargos que se disputaron en ese tiempo.
A través de organismos políticos sostenidos con recursos públicos, como el multicitado “Unidos Todos” del primo incómodo y ex subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, o “Generando Bienestar” del ex secretario de Turismo y aspirante (dice él) a alcalde de Xalapa Iván Martínez Olvera, se desvió dinero del erario para financiar acarreos, para llenar plazas y zócalos, y hasta para votar en los procesos internos de Morena y hacer que “ganaran”, a la de a fuerza, los perfiles afines al grupo enquistado en el gobierno veracruzano los últimos seis años.
Otra de las “labores” que los burócratas –especialmente los de confianza- tenían que realizar “voluntariamente” –so pena de perder sus empleos-, era “brigadear” en las colonias populares de los municipios de todo el estado, repartir volantes y pasquines con propaganda de Morena y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y asistir a cuanta convocatoria se les llamara para hacer bulto y “celebrar” con sus jefes las “victorias” pírricas del régimen de la supuesta “transformación de la vida pública del país” y de la dizque “revolución de las consciencias”. A la de a huevo.

El sexenio de Rocío Nahle inició sin anuncios rimbombantes ni compromisos públicos más allá de la retórica facilona del “no les voy a fallar”, “es tiempo de mujeres” y otros lugares comunes.
Incluso, lo que la propaganda oficialista difundió como el “primer gran compromiso cumplido” de la nueva gobernadora, la cancelación de la caseta de peaje del puente Coatzacoalcos I, es una engañifa, pues lo que en realidad ocurrió es que la concesión de esta vía venció desde el pasado 26 de agosto. Simplemente, ya no se renovó, y eso ni siquiera le tocó hacerlo a Rocío Nahle. Pero para los titulares de los medios en busca de convenio con el gobierno, suena a todo dar.
Eso no quiere decir, empero, que no haya temas en el arranque sexenal que merezcan prestarles puntual atención. Uno de ellos sin duda es el que tiene que ver con el esquema anunciado por la gobernadora para la realización de la obra pública de su administración.
En su discurso en la plaza central de Xalapa, luego de rendir la protesta de ley en el Congreso del Estado el pasado domingo, Rocío Nahle anunció que enviará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal para concentrar en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) todos los recursos y licitaciones de las obras de construcción que se lleven a cabo en las dependencias estatales.

En septiembre de 2019, Verónica Hernández Giadáns fue impuesta como fiscal general del estado de Veracruz a través de un verdadero asalto al organismo, violando la ley con su mismo nombramiento y prefigurando la andanada autoritaria del nefasto gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Verónica Hernández Giadáns era hasta ese entonces una empleada de segundo nivel de la Secretaría de Gobierno, su directora jurídica, sin perfil para un cargo de esa envergadura, pues ni siquiera se especializaba en derecho penal. Pero su cercanía con su entonces poderoso jefe, Eric Cisneros Burgos, fue suficiente para imponerla como una fiscal a modo, que desde ese momento se limitó a ejecutar las órdenes que le daban desde esa oficina, en especial las de perseguir a los adversarios del régimen y meterlos a la cárcel.
La última “misión” que le encomendaron fue desempolvar una vieja denuncia contra el que hasta ese momento era uno de los peores enemigos del morenato en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien imputó por presentar documentos falsos y mentir a la autoridad cuando intentó ser candidato a la alcaldía del puerto jarocho en 2021. Aunque la verdadera motivación era impedirle que rindiera protesta como senador del PAN.

Dentro de menos de una semana concluirá el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez y con éste, una pesadilla de incompetencia, corrupción, violencia y autoritarismo.
Lo que comenzó con al menos tenues señales de darle una dirección distinta al gobierno de Veracruz, luego de varias administraciones impresentables y corruptas, terminó como una más de las que quedarán para la ignominia histórica, aunque no necesariamente para el olvido.
No hay un solo indicador que salve al gobierno de García Jiménez. Veracruz es hoy un estado con altos índices de violencia, destacando sin duda la feminicida, que ubica a la entidad entre las punteras del país en agresiones contra las mujeres.
En materia de obra pública, la poquísima que se realizó no es eficiente ni atendió los problemas de las regiones. Apenas si hicieron caminos semirrurales, mientras que el resto de la red carretera estatal es un verdadero desastre. Y las obras viales que levantaron en zonas urbanas están mal hechas, mal planeadas pero eso sí, bien “fileteadas” con su respectivo “moche”.

En el cierre del desastroso sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, una de las cloacas de corrupción más pestilentes de la administración estatal se encuentra en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).
Prácticamente desde el inicio del gobierno de García Jiménez, se registraron irregularidades y diversos actos que sin mucho apuro califican como corrupción pura y dura, como las consabidas compras sin licitación, el pago a sobreprecio de equipo y medicamentos y la entrega de contratos a empresas de los mismos funcionarios de la dependencia, vía prestanombres.
Todos los titulares que ha tenido Sesver en este sexenio han estado al tanto de todas estas trapacerías y por lo menos las consintieron, cuando no se vieron muy seguramente beneficiados por las mismas.
Cabe pensar lo anterior cuando los responsables de todas las operaciones fraudulentas que fueron denunciadas durante los últimos seis años, como el director administrativo Eduardo Sisniega, siguieron tan campantes en sus cargos. Incluso luego de situaciones de verdadero escándalo, como el hallazgo de los lotes de vacunas para covid-19 que se dejaron caducar, o el hackeo de todos los sistemas cibernéticos de la Secretaría, en donde se perdió absolutamente toda la información ahí contenida. Lo cual no fue necesariamente algo que vino del exterior.