Aurelio Contreras Moreno

La figura de la revocación de mandato fue presentada e impulsada por Andrés Manuel López Obrador como una de las grandes conquistas democráticas de la “cuarta transformación”. Un mecanismo para que el pueblo “ponga o quite” a sus gobernantes, en ejercicio directo de su soberanía.

Para ello, se reformó la Constitución federal, se legisló su reglamentación y en 2022 se realizó la primera consulta nacional, aplicada a él mismo, aunque con resultados más que cuestionables por su diseño –su verdadera intención era sustentar una intentona de extensión de mandato con una “revocación” empujada desde el poder, no desde la ciudadanía- y ejecución que, al final, no tuvo efecto legal alguno, pues no se alcanzó el requisito mínimo de votación para que el ejercicio fuese vinculante.

Pero la figura legal quedó ahí, establecida en la Constitución de la República y, para no desentonar ni contrariar los deseos y ejemplo del “patriarca”, se incluyó en la legislación de varias entidades federativas, principalmente las controladas por Morena.

En medio de un despliegue militar y mediático, con decenas de elementos castrenses presentes en labores de apoyo tras las inundaciones, y el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nahle acudieron a la ciudad, en Álamo la violencia volvió a imponerse con brutal claridad.

Este jueves 23 de octubre, a plena luz del día, en una localidad de ese municipio fue asesinado a balazos el empresario citrícola de 43 años Javier Vargas Arias. Un abierto desafío al Estado mexicano, cuyo aparato estaba concentrado en sus tres niveles en esa ciudad, semidestruida por las lluvias y la negligencia de las autoridades.

Ni la presencia castrense, ni la visita presidencial ni la devastación y la emergencia impidieron que un grupo armado ejecutara a Vargas Arias en la vía pública, a plena luz del día. La escena es tan absurda como reveladora: mientras se hablaba de reconstrucción, se perpetraba un asesinato. Mientras se prometía seguridad, se sembraba miedo.

La emergencia provocada por las lluvias en el norte de Veracruz no solo dejó comunidades bajo el agua, caminos destruidos y miles de familias damnificadas. También desnudó el oportunismo y la precariedad institucional con que se ejerce el poder en el estado y el país.

Durante su conferencia “mañanera” de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las familias damnificadas recibirán, cada una, ¡20 mil pesos! como apoyo emergente. Veinte mil pesos. Y si la vivienda tuvo pérdida total, se promete un apoyo adicional de ¡70 mil pesos!

Sin necesidad de analizar mucho, resulta más que obvio que el gobierno pretende darle “mejoralitos” o, peor aún, un placebo a la población afectada, a la que no puede responderle con un verdadero plan de ayuda y reconstrucción porque, como sabemos, desde el sexenio pasado el régimen desapareció el mecanismo que permitía accionar de manera inmediata ante las emergencias: el Fondo de Desastres Naturales.

A Claudia Sheinbaum le tomó tres días asomarse al desastre. Tres días para que la presidenta de la República pusiera un pie en el norte de Veracruz y en los otros estados donde miles de familias perdieron todo bajo el agua y la gente sobrevivió como pudo, mientras desde el poder se intentaba imponer una narrativa de “coordinación, atención y trabajo conjunto” que no resiste el menor contraste con la realidad.

Aun cuando tuvo más valor y responsabilidad que Andrés Manuel López Obrador, que jamás se dignó a exponerse a los reclamos del “pueblo bueno” cuando sucedía un desastre natural como aquel que devastó Acapulco, Claudia Sheinbaum no salió ilesa y mostró su lado más intolerante cuando, agobiada por los reclamos de la población en Poza Rica a la que visitó este domingo, amenazó con irse si no se callaban y a gritos pretendía imponerse a la desesperación de quienes perdieron patrimonio y seres queridos.

Este lunes, comenzó el intento de control de daños políticos, porque el de los daños a infraestructura y vidas van para largo. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum soltó una frase que resume la actitud del régimen ante su responsabilidad en la tragedia: “No había ninguna condición científica o meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud”.

El maltrato que sufrieron los integrantes del grupo “Son de Madera” y otros miembros de conjuntos artísticos veracruzanos en su traslado al Festival Cervantino esta semana, más que un “accidente logístico” o una mera desatención, es en realidad síntoma de una política cultural que en Veracruz desprecia a sus protagonistas. Que los instrumentaliza para la foto oficial y los aprovecha para alimentar la narrativa propagandística, pero que los humilla en el camino. No es la primera vez. Y lamentablemente, no parece que vaya a ser la última.

Este año, el estado de Veracruz, junto con el Reino Unido, son los invitados especiales a la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, uno de los más importantes referentes culturales de Iberoamérica. La cartelera de actividades relacionadas con la cultura veracruzana es bastante amplia y supone una enorme oportunidad para promover a la entidad, incluso, como se hizo, bajo la frívola consigna de que “Veracruz está de moda”, eslogan de la administración de Rocío Nahle que, sin duda, la define bien.

Con todo y ello, el escaparate es gigantesco y debería aprovecharse la vastísima riqueza cultural y artística con la que cuenta la entidad para proyectar una imagen diferente a la que ha definido a Veracruz los últimos años: la de la corrupción desmedida y la violencia sin freno. Sin duda, este estado también es creación, y no solo destrucción.

Desde siempre, el uso de la represión policíaca contra la ciudadanía erosiona la legitimidad democrática y demuestra que ante la ausencia de argumentos y de capacidad, lo único que se impone es la fuerza.

La movilización de granaderos para disolver manifestaciones ciudadanas de los últimos días en Xalapa —de maestros jubilados y padres de familia de zonas indígenas, específicamente— muestra el talante autoritario de la gobernadora Rocío Nahle, que a menos de un año de haber asumido el poder demuestra cómo es que está dispuesta a ejercerlo, y que lejos de dialogar, opta por blindarse.

No parece ser un hecho aislado ni una reacción improvisada, sino más bien una respuesta de Estado al descontento que crece en una de las áreas más delicadas de la administración estatal: la de la educación. Aunque las de la salud y la seguridad no están muy lejos de provocar reacciones similares.

La revisión de la Cuenta Pública 2024 por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha confirmado lo que durante años se denunció y era tan evidente como el Pico de Orizaba: el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no solo fue incompetente en la gestión pública, sino que convirtió sus obras “insignia” en monumentos al desvío, la simulación y la corrupción que tanto juró combatir, llenándose la boca al afirmar con displicencia “no somos iguales”.

El presunto daño patrimonial del gobierno de Cuitláhuac García en el último año de su desastrosa y corrupta administración asciende a casi mil 600 millones de pesos entre las secretarías de despacho, que acumulan irregularidades por 830 millones 868 mil pesos en dependencias clave como la SEV, la SIOP, Sedesol, Sedema y Sedarpa, y los organismos públicos descentralizados, que presentaron posibles desvíos por 766 millones 765 mil pesos.

Es en este último rubro donde se ha puesto énfasis en tres proyectos que, siempre en una triste y patética imitación de López Obrador, García Jiménez pretendió erigir como sus supuestas “obras insignia”. Lo cual, habrá que reconocer, logró. Se convirtieron en insignia de su corrupción.

Una nueva página vergonzosa de la historia reciente Universidad Veracruzana fue escrita por la pandilla que la tiene secuestrada.

Casi un mes después de presentada, se confirmó la renuncia de José de Jesús Franco López a la Junta de Gobierno, ocurrida el pasado 5 de septiembre. Durante casi un mes, el órgano que jura e intenta convencer de que sus actos, como la prórroga ilegal concedida a Martín Aguilar, son apegados a la legalidad, no consideró “necesario” informar a la comunidad universitaria que uno de sus integrantes, el tercero al hilo, había decidido abandonarlo.

Éste no es un hecho aislado. Es el síntoma más reciente de una espiral de desprestigio institucional provocada por la captura política de sus órganos autónomos y la simulación como método de dirección.

El cateo realizado la semana pasada por fuerzas federales en el rancho “Los Quintero”, presuntamente propiedad de José Gil Quintero -sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero-, ha expuesto una vez más la realidad que se vive en los márgenes del poder en Veracruz.

El operativo, vinculado con la desaparición del empresario Neftalí González López, no solo evidenció la presencia y acción de estructuras criminales en esa zona del estado de Veracruz en tiempo real, hoy en día y con absoluta impunidad, sino que al colocar en el centro del escándalo a una alcaldesa morenista, la munícipe de Colipa Gabriela Alejandra Ortega Molina, el gobierno de Rocío Nahle terminó exhibiéndose.

La narrativa gubernamental fue inmediata y predecible: negación, deslinde y una defensa institucional que raya en el encubrimiento. La alcaldesa, señalada por medios locales de haber sido encontrada en el rancho durante el cateo, fue convocada el lunes pasado por el gobierno estatal para “aclarar” su situación. Y lo que presentó fueron “justificantes médicos” –como los de los estudiantes cuando se van de fiesta y no llegan a clases por la resaca- que “acreditaban” una supuesta hospitalización durante el fin de semana, aunque el operativo fue el jueves 18 de septiembre.

En México, las élites políticas nos han demostrado una y otra vez que la alternancia de gobiernos no ha sido más que el cambio de máscaras de una misma maquinaria de corrupción, impunidad y complicidades que arrastran décadas de desfalcos y fraudes. Lo que todavía intentan vendernos como la “herencia maldita del PRIAN”, en realidad se reproduce bajo el sello de la autoproclamada “cuarta transformación” con los mismos métodos, los mismos pactos y, peor aún, con la misma catadura moral.

El ejemplo más escandaloso de esta continuidad criminal es el “huachicol” fiscal, quizás el fraude más monumental de la historia de México, tejido con una red de complicidades que permitió un bestial saqueo al erario vía factureras, empresas fantasma y contrabando de combustibles disfrazado de operaciones legales.

La llamada “guerra contra el huachicol”, con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó legitimarse desde el arranque de su sexenio –como sistemáticamente hicieron todos los presidentes que le antecedieron, por lo menos, desde Miguel de la Madrid-, no fue más que un espectáculo mediático, un engaño: los ductos perforados se sellaron para abrir válvulas más jugosas en las aduanas, con la bendición de funcionarios de primer nivel.