Aurelio Contreras Moreno

Tras la entrega y detención en Estados Unidos de dos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el régimen morenista quedó contra las cuerdas, exhibido por lo menos como protector de delincuentes y debilitado a tal grado en su credibilidad, que se ha visto obligado a intentar “pintar su raya” con personajes a los que antes recibió jubiloso en su regazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, forzada por la evidencia y la circunstancia que la acorrala, desarmado su discurso de supuesta superioridad moral, lanzó este fin de semana una advertencia que suena más bien a una suerte de confesión: “ninguna persona que no sea honesta puede esconderse bajo el halo de la transformación”.

La revelación de que en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, ambos en Xalapa, y ahora también en el Hospital “General Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla se almacenaron y dejaron caducar medicamentos, algunos con vencimientos desde 2022, confirma el desastre por el que atraviesa el sistema de salud en el estado de Veracruz, aderezado con la irresponsabilidad criminal de quienes están al frente y toman decisiones desde el más alto nivel.

No es un tema menor. Se trata de un crimen ominoso contra la salud de miles de personas que dependen de la atención en el sistema público de salud para sobrevivir. Esos medicamentos, sin exagerar, representan la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas o infecciones graves. Que se haya permitido que caducaran en hospitales públicos es muestra de una negligencia abominable. Peor todavía, en medio de un escenario de desabasto generalizado como el que padecen los usuarios de estos servicios, que ahora se encuentran con que las medicinas que sí había en existencia para su atención, se dejaron echar a perder. De las pérdidas millonarias que esto provoca, luego hablamos.

La solicitud de extradición de Estados Unidos contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha detonado una crisis política que ha puesto contra las cuerdas al régimen de la llamada “cuarta transformación”, pero sobre todo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La respuesta del gobierno del “segundo piso de la transformación” al reclamo estadounidense, con todo y que el político oriundo de Badiraguato fue obligado a pedir licencia a la gubernatura, ha sido protegerlo, con todo el costo político que ello implica. La presidenta ha insistido en que las acusaciones “carecen de pruebas” consistentes y, envolviéndose en la bandera del patrioterismo, alega injerencias extranjeras y una supuesta defensa de la soberanía para intentar desviar la atención del tema central: la implicación, conocida desde hace tiempo, de políticos de la “4t” con el crimen organizado.

La sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 22 de abril fue, en los hechos, el acto simbólico que selló la caída de la autonomía del árbitro electoral mexicano y la consumación de un proceso de captura institucional que se venía gestando en los últimos años.

Con la toma de protesta de tres consejeros del INE afines al régimen, para hacer un total de ocho pro-gobierno, se cerró un ciclo histórico: el de la transición democrática iniciada en la década de los 90 del siglo pasado, para dar paso a una regresión autoritaria que recuerda, con tintes aún más burdos, al más viejo priismo.

El caso más escandaloso entre las nuevas designaciones operadas sin el mínimo escrúpulo y con un exceso de descaro es el de Arturo Chávez López, hasta hace unos días director de Talleres Gráficos de México, o sea, empleado del gobierno federal. Su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum es algo que ni siquiera se molesta en intentar ocultar. Ahí andan circulando videos e imágenes suyas haciendo campaña en 2024 por la hoy mandataria. No hay manera de que pueda alegarse un mínimo de independencia y, claramente, no es algo que le importe en absoluto. Incluso, en su primera intervención como consejero electoral afirmó que el órgano debía “caminar al lado de las transformaciones que está viviendo la sociedad”. Más directo no se puede.

En política, pocos conceptos resultan tan útiles para quienes buscan desviar la atención y evadir sus propias responsabilidades como el de ser víctimas de una “campaña”.

Es un término que, precisamente, permite victimizarse, señalar enemigos invisibles y, sobre todo, evitar responder por hechos concretos. Como lo ha hecho sistemáticamente durante casi un año y medio la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, al descalificar cualquier crítica, cualquier señalamiento sobre las pifias de su administración o los horrores de su paso por la Secretaría de Energía.

Esta vez le tocó a los expertos y ambientalistas que documentaron el origen del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México como responsabilidad directa de Pemex desde el mes de febrero que ocurrió, como acaba de reconocer el mismo gobierno federal. Según ella, todo se trata de una “campaña” de la “derecha” –una de las entelequias favoritas de la “4t”- contra la empresa estatal.

La historia oficial sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se derrumba y en su lugar queda expuesta la serie de mentiras con las que el gobierno ha pretendido encubrir su propia responsabilidad en un desastre ambiental de proporciones históricas.

Lo que se presentó oficialmente como una contingencia súbita, atribuida a causas inciertas, a barcos de empresas que no atinaban a identificar e incluso a fenómenos naturales, hoy se revela como un desastre del que tenían pleno conocimiento las autoridades y que deliberadamente decidieron ocultar.

La evidencia disponible es contundente: el vertido comenzó a principios del pasado mes de febrero en un ducto de Pemex que transporta crudo hacia la refinería de Dos Bocas. Y eso tendría que obligar a fincar responsabilidades ambientales, administrativas e incluso penales.

La tragedia ambiental y humana que se vive en el Golfo de México no es un hecho fortuito, sino la consecuencia directa de una gestión marcada por la soberbia, la improvisación, la indolencia y, claramente, por la corrupción.

Primero como secretaria de Energía y ahora como gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García ha sido protagonista y artífice de una política energética que privilegia los negocios sobre la responsabilidad y la simulación sobre la rendición de cuentas. El incendio en la refinería de Dos Bocas que la semana pasada cobró la vida de cinco trabajadores, y el derrame de hidrocarburos que hoy contamina costas, lagunas y ríos de Veracruz, son la evidencia más cruda de un proyecto concebido desde el error y sostenido en la mentira sistemática.

Desde su anuncio, la refinería Olmeca en Dos Bocas fue cuestionada por especialistas, ambientalistas y académicos. No era necesario ser ingeniero para advertir que construir una planta petrolera sobre un manglar era una sentencia de desastre. Los manglares son ecosistemas vitales, amortiguadores naturales contra inundaciones y tormentas. Arrasarlos para levantar un complejo petrolero fue un crimen ambiental disfrazado de “soberanía energética”.

Independientemente de lo que implica que las únicas salidas de su supuesto “retiro” de la vida pública hayan sido para defender dictaduras, la más reciente irrupción en redes del expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene en realidad una lectura hacia la agenda local, más que a la de la política exterior, y con un claro propósito, que no es precisamente legal.

Este domingo, López Obrador publicó en sus redes un mensaje convocando al “pueblo” de México a apoyar con donaciones al cubano, al que según él buscan “exterminar por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía”. Aunque en realidad a quien salió a defender fue a la agonizante dictadura castrista que, acorralada por lo que ahora sí es un bloqueo de Estados Unidos a todos los subsidios –en especial, al de petróleo- que le dieron vida artificial las últimas décadas, ha aceptado “negociar” con el gobierno de Donald Trump lo que parece hasta ahora una ruta a un cambio de régimen, del que aún no hay claridad bajo qué términos.

Pero decíamos que eso solo es un pretexto, pues ni el gobierno mexicano y mucho menos López Obrador en lo personal tienen posibilidad alguna de incidir en ese proceso. Así que el objetivo es otro.

López Obrador llamó a hacer depósitos a una cuenta bancaria de Banorte –institución propiedad de la familia Hank González, cuyo patriarca acuñara la frase “un político pobre es un pobre político”- a nombre de la asociación civil “Humanidad con América Latina”, abierta según por “ciudadanos, escritores y periodistas”. Por supuesto, todos afines, militantes, beneficiarios y/o propagandistas/matraqueros de Morena y el régimen de la “4t”.