Aurelio Contreras Moreno

El anuncio del programa de incentivos fiscales a la producción cinematográfica realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana tuvo como protagonista estelar a la actriz veracruzana Salma Hayek, quien con su presencia y su discurso no solo validó al régimen, sino que fue más allá: propuso que con el cine se puede “cambiar la narrativa del país”.

La frase encierra un problema de fondo: cambiar la narrativa no significa realmente transformar la realidad, que es lo que haría falta, sino maquillarla, desplazarla y, en muchos casos, ocultarla.

“Cómo contar las historias es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea. Poder tomar el control y decir ‘esto es México, no lo que les están vendiendo’. Estos somos nosotros”, dijo, en el acto celebrado el domingo en Palacio Nacional.

Sus palabras se inscriben sin duda en el contexto de los constantes señalamientos del gobierno de Donald Trump sobre la violencia en México y el control que ejerce el crimen organizado en amplios territorios de la nación. Y que más allá de que provengan de un sujeto desequilibrado como el presidente norteamericano, que busca con ello encender a sus bases electorales en un momento en que su aceptación está en su punto más bajo, tampoco es que sean mentira.

La agresión sufrida por la periodista Heidi Castellanos, empujada por una integrante de la escolta de Rocío Nahle mientras intentaba cuestionarla en un evento público en Coatzacoalcos, no es un hecho aislado ni anecdótico. Es la expresión de un patrón de hostigamiento que se ha venido consolidando contra la prensa crítica en la entidad y que tiene como protagonista a la propia Nahle, quien ha convertido la intolerancia hacia los cuestionamientos periodísticos en su marca personal y por lo visto, en una política de su gobierno.

La escena no deja mucho a la interpretación: una reportera que cumple con su deber de preguntar por hechos de violencia extrema en el sur de Veracruz –una fosa clandestina con varios cuerpos enterrados- es agredida físicamente por una agente de seguridad –que cuenta con antecedentes de haber atacado ya a otras mujeres comunicadoras- cuyo trabajo es proteger a la funcionaria, pero no agredir a la ciudadanía. El mensaje es inequívoco: quien se atreva a incomodar a Nahle, que se atenga a las consecuencias.

La infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales, especialmente en los ayuntamientos, no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años ha sufrido una escalada: desde ahí, los grupos delictivos ejercen control territorial, manipulan candidaturas y aseguran la protección institucional de sus intereses.

El caso reciente del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de extorsionar empresarios y de secuestrar a candidatos de su propio partido para imponer perfiles afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo las instituciones municipales se convierten en trincheras del crimen. Pero está lejos de ser un asunto aislado.

En 2021, durante el proceso electoral municipal en aquella entidad del occidente mexicano, dos aspirantes de Morena fueron secuestrados y obligados a renunciar a sus candidaturas. La investigación de la FGR señala directamente al alcalde Diego Rivera Navarro como responsable de estos hechos, en complicidad con colaboradores cercanos.

El objetivo era claro: garantizar que la presidencia municipal quedara bajo control de un perfil funcional a los intereses del CJNG. La detención del alcalde este 2026 y su vinculación a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado revelan la profundidad de la infiltración criminal en gobiernos locales.

La esperada caída de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado –que en automático, lo saca también de la presidencia de la Junta de Coordinación Política y le quita el manejo político y financiero de la Cámara- marca un punto de inflexión para el régimen.

Debilitado por los señalamientos de vínculos con el crimen organizado, concretamente con el grupo conocido como “La Barredora”, y por presiones al interior de Morena, su salida abre un espacio para que la presidenta Claudia Sheinbaum empiece a ejercer un mayor liderazgo en su partido, el cual le había sido disputado de manera inaudita por el exgobernador tabasqueño, envalentonado –y muy probablemente animado- por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador.

Las investigaciones judiciales y periodísticas que documentaron el crecimiento atípico de grupos criminales en Tabasco durante su gestión como gobernador, con acusaciones de protección institucional y redes de impunidad, finalmente tomaron forma con la detención de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad y líder de “La Barredora”, explotando un escándalo que minó inevitablemente el liderazgo del también exsecretario de Gobernación del obradorato, no obstante lo cual se aferró a su cargo en el Senado hasta que, por lo visto, fue insostenible por sus costos políticos. Para Morena y para el gobierno.

Ahora, este movimiento abre un espacio no solo para que Claudia Sheinbaum ejerza un liderazgo más directo sobre la bancada morenista y sobre la agenda legislativa, sino para su mismo ejercicio presidencial.

El pasado fin de semana, Oaxaca vivió un ejercicio de revocación de mandato que, en los hechos, buscaba ser una ratificación del gobernador en turno, Salomón Jara. Los resultados oficiales confirmaron la permanencia del mandatario, pero lo hicieron bajo un tufo de sospechas de fraude y la certeza de la ilegitimidad.

Aunque el gobierno de Jara intentó presentar la jornada como un triunfo de la democracia participativa, las cifras oficiales revelaron un dato imposible de ocultar: el rechazo ciudadano fue estruendoso. La participación estuvo por debajo de lo esperado y, aun entre quienes acudieron a las urnas, se registró un porcentaje significativo de votos en favor de la revocación del gobernador morenista. De hecho, en la capital oaxaqueña, perdió estrepitosamente.

La figura de la revocación de mandato, incorporada en la Constitución mexicana como un mecanismo de democracia directa, nació con la promesa de “empoderar”, aparentemente, a la ciudadanía frente a gobernantes que incumplen sus compromisos o ejercen el poder de manera autoritaria. Sin embargo, en la práctica, este instrumento fue utilizado más bien como un recurso de legitimación política y no como un verdadero mecanismo de rendición de cuentas.

Incluso, la verdadera intención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en aquella consulta de revocación de su mandato que nadie pedía –ni la oposición- era en realidad justificar una extensión de su gobierno, lo que muy probablemente hubiese sido el siguiente paso de haber logrado que la consulta fuese vinculante, lo que al igual que Jara, tampoco consiguió debido a la baja participación ciudadana.

López Obrador promovió la consulta porque tenía la certeza de que los aparatos de movilización y el clientelismo ramplón de su sexenio garantizarían un resultado favorable, además de la aceptación real de su figura por una amplia franja de la población de este país. Era una apuesta segura. Pero con otros políticos es distinto.

Desde finales del año pasado, México enfrenta un brote de sarampión que acumula ya más de siete mil 400 casos confirmados y contabiliza al menos 24 muertes. Hablamos de una enfermedad que había sido declarada eliminada en el continente americano desde 2016 y que diez años después, siete con la “4t” gobernando el país, ha resurgido.

El brote de sarampión en México es un síntoma de una crisis que sí podía saberse: la erosión de la política pública de vacunación y la negligencia gubernamental en garantizar el acceso universal a la salud. En Veracruz, con dos casos confirmados oficialmente en Xalapa, también se abrió la puerta al regreso de una enfermedad que estaba erradicada.

El discurso oficial sostiene que México cuenta con más de 23 millones de dosis disponibles de la vacuna triple viral. Sin embargo, la realidad en los centros de salud contradice, como suele, los “otros datos”: padres de familia reportan desabasto, largas filas y brigadas improvisadas que no alcanzan a cubrir a toda la población.

La crisis no se explica únicamente por la falta de vacunas, sino por la desarticulación de la política de salud. Desde 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo la inversión en campañas de vacunación masiva, apostando por una estrategia que fracasó y que la pandemia del covid-19 agravó, pues miles de niños quedaron sin recibir sus dosis de refuerzo, rompiendo con décadas de un manejo eficiente y reconocido de sus campañas de vacunación.

Durante el segundo semestre de la administración de Rocío Nahle en Veracruz, así como en el inicio de 2026, se han exhibido de manera cruda algunas de sus más severas limitaciones, ineptitudes y corruptelas, mismas que, por más que pretenden cubrirlas con simulaciones y propaganda, brotan por todos lados, pestilentes.

Los casos recientes de la Secretaría de Salud y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) son ejemplos claros del desaseo con el que se gobierna la entidad y que, al verse expuesto, se ha pretendido maquillar con “gatopardismo” político, recurriendo a movimientos en los que se cambia todo –o eso pareciera-para que nada cambie.

El cantado relevo en la Secretaría de Salud es el mejor ejemplo de lo anterior. Después de un año de verdadero terror, Valentín Herrera Alarcón salió defenestrado, humillado y responsabilizado de facto por la deplorable situación de la dependencia, que explotó con la crisis del pago del bono navideño en forma de vales de despensa y luego con el retraso de la primer quincena de 2026, en lo cual el ahora exfuncionario –que muy arrepentido debe estar de haber venido a enlodar su nombre a Veracruz- no tuvo realmente mucho que ver, pues el dinero se maneja en otro lado: en la oficina de David Rangel Zermeño, para ser exactos.

Lo verdaderamente sintomático es que Rangel, el director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz sobre quien pesan múltiples señalamientos por, literalmente, saquear el área, se mantuvo en su puesto junto con sus operadores en Recursos Humanos y Recursos Financieros. ¿Cuál fue entonces el cambio real?

Las declaraciones de Pablo Gómez, el operador de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, no dejan lugar a dudas: “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”. Con esa frase, se desnuda –aunque tampoco era algo que no se supiera- la verdadera intención detrás de la iniciativa: desmantelar el único contrapeso que ha garantizado elecciones libres en México durante las últimas tres décadas y hacer retroceder al país a un estadio de partido cuasi único.

El Instituto Federal Electoral (el antecedente del INE) no nació de la benevolencia de los gobiernos. Fue producto de la presión social tras décadas de fraudes, simulaciones y un partido hegemónico que había llegado a su límite tras las elecciones de 1988 y la “caída del sistema” instrumentada por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, a quien no falta el imbécil expriista neomorenista que hoy lo erige como “luchador social”. ¿Verdad, Alejandro Armenta?

La autonomía del órgano electoral fue la condición indispensable para que la transición a la democracia fuera posible, para romper con la “dictadura perfecta” del PRI y para que la ciudadanía pudiera confiar en que su voto sería contado sin manipulación, sin trampas. ¡Ah! Y para que políticos como Pablo Gómez accedieran a cargos legislativos por la vía plurinominal, la cual también pretenden cancelar.

A menos que suceda algo extraordinario en los tribunales –lo cual ya es bastante improbable-, este lunes llegó a su fin el movimiento de resistencia a la burda imposición de Martín Aguilar en la rectoría de la Universidad Veracruzana.

El Consejo Universitario General (CUG), la máxima autoridad de la casa de estudios, consumó el asalto a la UV con un vergonzoso acto de claudicación institucional: se negó a siquiera debatir la ilegalidad de la prórroga concedida a Martín Aguilar Sánchez, a pesar de que algunos consejeros solicitaron incluir el tema en el orden del día de la sesión de este lunes, la última del año, blindando así una decisión que es totalmente política y profundamente cuestionable.

El “argumento” fue muy similar a los esgrimidos por jueces y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: que no se puede hacer nada. En este caso, dizque porque el caso está “judicializado” y le corresponde a los tribunales resolverlo. Los tribunales, a su vez, arguyen que como la UV es “autónoma”, no se pueden meter en su gobierno interno. En la “Corte del acordeón” ni siquiera quisieron debatirlo. Todos optaron por lavarse las manos, convirtiéndose en cómplices y encubridores de una arbitrariedad.

El caso de un “cártel inmobiliario” en Veracruz que explotó esta semana a nivel mediático es un espejo de la descomposición institucional que atraviesa al estado y cuyas aristas amenazan con hacer una brutal carambola entre la clase política de la entidad.

Lo que comenzó como denuncias de despojos de viviendas y terrenos mediante juicios fabricados, escrituras falsas y mutilación de registros públicos, se revela como algo mucho más amplio y grave: una red de complicidades que involucra a jueces, notarios, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, abogados, “coyotes”, empresas inmobiliarias y operadores políticos.

Uno de los casos que captó la atención mediática fue el del desalojo de una familia de una residencia en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa, valuada en ocho millones de pesos, pero que fue “vendida” en una operación irregular en la ridícula suma de 300 mil pesos. En este caso, se denunció que quien firmó las actuaciones judiciales y ordenó el desahucio de los legítimos dueños fue el entonces juez Leopoldo Toss Capistrán.