Prisión preventiva: arma para reprimir
Además de sus ánimos autoritarios, si algo ha caracterizado al régimen de la pretendida “cuarta transformación” es la extrema incompetencia de sus fiscalías para armar y sostener casos, aunado a la consigna política cuando el asunto transita por esas veredas. Cada que se concede un amparo a un presunto criminal, los gobernantes “cuatroté” braman contra el Poder Judicial y lo acusan de liberarlos a propósito para “afectar” al gobierno. Empero, lo que sucede en la mayoría de los casos es que las carpetas de investigación están elaboradas “con las patas” por las fiscalías –federal o estatales- o bien sin pruebas contundentes que las soporten, ya que fueron realizadas por encargo y con motivaciones políticas, por lo que terminan desmoronándose solas. Durante todo el sexenio, han sobrado casos de uso político del aparato de procuración de justicia como un arma para reprimir y encarcelar adversarios políticos, críticos y hasta enemigos personales de la clase gobernante actual, para lo cual se valen de una medida abusiva y que en todas partes es reconocida como violatoria de derechos humanos: la prisión preventiva oficiosa.
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