Aurelio Contreras Moreno

El tono y la narrativa con los que comenzaron las campañas para las elecciones federales 2024 en México están inevitablemente centrados en el tema de la inseguridad. No es para menos. El país vive una oleada de violencia en distintos puntos del territorio nacional, mientras la indolencia y la incompetencia son las respuestas oficiales, intentando minimizar el desastre que han provocado en México. Los hechos hablan por sí mismos. De junio a febrero, se registraron 11 asesinatos de candidatos, precandidatos y ex candidatos. Tres candidatos fueron asesinados en el arranque mismo del periodo de proselitismo y no son sino la prueba del fracaso de una “estrategia” que es más bien un pago de facturas del régimen, que todo el sexenio decidió “dejar hacer y dejar pasar” a los grupos delincuenciales, que ahora en cada vez más ciudades han decidido ser los únicos electores, eliminando a sus “opositores” no en las urnas, sino a través del único método que conocen: la violencia brutal.

El pasado 30 de enero, se publicó en la Rúbrica y en el portal informativo La Clave información acerca de una denuncia sobre un posible contubernio entre la Subsecretaría de Educación Básica, la Unidad de Género y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para mantener en la impunidad los casos de acoso y hostigamiento sexual en escuelas del estado, bloqueando las denuncias de las víctimas a las que se les somete a más violencia aún y a la revictimización desde las instancias encargadas de atender estos casos. En esa ocasión, se documentó cómo la Unidad de Género de la SEV les da ruta de primer contacto a las denuncias por acoso sexual y hostigamiento, para que al final no procedan y sean archivadas. A raíz de esa publicación, tres víctimas, una de ellas de acoso sexual y todas de acoso laboral, contactaron a quien esto escribe para denunciar que la situación por la que atraviesan es todavía más grave. Las maestras María del Carmen Carrillo y Ana Lilia Melchor, así como la trabajadora de intendencia Guadalupe Morales Cortés, todas adscritas a la Escuela Telesecundaria “Carolino Anaya” de Miahuatlán, han pasado un viacrucis por la violencia, el encubrimiento, la complicidad y la indolencia no solo de las autoridades educativas estatales, sino de su sindicato, la Sección 32 del SNTE, coludido con el gobierno de Cuitláhuac García en lugar de defender a sus agremiados.

Desde que llegó a la rectoría de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez ha hecho gala de su gran propensión a doblar la cerviz ante quienes lo colocaron ahí. Lo cual sería solamente un asunto personal de falta de dignidad, si no repercutiera directamente en la casa de estudios. Aunque no la manifiesta abiertamente, es muy clara la afinidad del rector hacia el régimen de la pretendida “cuarta transformación”. O más bien, su mansedumbre, muy acorde con los modos del sexenio que exigen “lealtad absoluta”, traducida ésta como obediencia ciega a las órdenes de la cúpula. Así, desde que asumió la rectoría de la UV, Aguilar Sánchez se puso “a las órdenes” del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien le ha impuesto agenda, rumbo y tono. Y que principalmente, le escamoteó los recursos que le corresponden constitucionalmente a la casa de estudios, sin que su principal autoridad tuviese las gónadas necesarias para exigir el cumplimiento de la ley, que de por sí es algo que a los gobiernos morenistas les tiene sin cuidado. La lastimosa campaña que montó para casi suplicarle al gobierno de Cuitláhuac García que le “concediera” a la Universidad el 4 por ciento del presupuesto total del estado, no fue más que una vergonzosa simulación con la cual, además, se pasó a traer a la comunidad universitaria que creyó que la exigencia, con fundamento constitucional, iba en serio.

Entre el jueves y domingo pasados fuimos testigos en todo México de una prueba deleznable de la degradación a la que han llevado al país el régimen obradorista y su desprecio por la legalidad. Primero fue el mismo presidente López Obrador, quien en su ejercicio propagandístico llamado “conferencia mañanera” violentó la privacidad de la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del New York Times en México, al exhibir su número telefónico en transmisión en cadena nacional. Ese acto ilegal –y sumamente cobarde- fue, además, totalmente intencional, como lo reconoció el viernes el propio “jefe de las instituciones del país”. Quería “escarmentar” a la periodista por atreverse a hacer un reportaje sobre una investigación que llevaron a cabo autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos del círculo cercano de López Obrador con el crimen organizado. Y se aprovechó de que Kitroeff realizó una buena práctica periodística al pedirle su versión antes de publicar el trabajo y dejarle sus datos de contacto, mismos que exhibió pública y masivamente.

Además de sus ánimos autoritarios, si algo ha caracterizado al régimen de la pretendida “cuarta transformación” es la extrema incompetencia de sus fiscalías para armar y sostener casos, aunado a la consigna política cuando el asunto transita por esas veredas. Cada que se concede un amparo a un presunto criminal, los gobernantes “cuatroté” braman contra el Poder Judicial y lo acusan de liberarlos a propósito para “afectar” al gobierno. Empero, lo que sucede en la mayoría de los casos es que las carpetas de investigación están elaboradas “con las patas” por las fiscalías –federal o estatales- o bien sin pruebas contundentes que las soporten, ya que fueron realizadas por encargo y con motivaciones políticas, por lo que terminan desmoronándose solas. Durante todo el sexenio, han sobrado casos de uso político del aparato de procuración de justicia como un arma para reprimir y encarcelar adversarios políticos, críticos y hasta enemigos personales de la clase gobernante actual, para lo cual se valen de una medida abusiva y que en todas partes es reconocida como violatoria de derechos humanos: la prisión preventiva oficiosa.

Si en el sexenio de Cuitláhuac García sus compinches conocieron las mieles del arca abierta y pretenden irse “locos de contento con su cargamento”, los que quieren llegar están por las mismas, si no es que son peores. Este martes se difundió un video en el que aparece José Luis Peña Peña, esposo de la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz Rocío Nahle García, haciendo proselitismo en plena veda electoral en favor de su cónyuge. Pero eso, aunque representa una ilegalidad, no es lo verdaderamente grave. José Luis Peña asistió a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local de Sayula de Alemán el pasado sábado 18 de febrero junto con el senador morenista Ernesto Pérez Astorga, el presidente municipal petista de Jesús Carranza Pasiano Rueda Canseco y el subsecretario de Ganadería y Pesca de la Sedarpa, Humberto Amador Zaragoza, para prometer apoyos a los ganaderos. La presencia de al menos dos funcionarios de gobierno, uno estatal y otro municipal, ya configuran delitos electorales más graves, pues implican desvío directo de recursos. Y tampoco fue lo único.

Además de probar de manera contundente que la realidad del país no se ve desde un solo prisma ni en un solo color, la “Marcha por la Democracia” de este domingo mostró nuevamente el envilecimiento de la clase gobernante, que se cree dueña absoluta de la verdad, de los símbolos patrios y hasta del derecho de manifestación. La reacción del presidente López Obrador a la marcha que solo en la Ciudad de México congregó a más de 100 mil personas en la plancha del Zócalo lo retrata: acusó a los ciudadanos de “alcahuetes”, de “defender la corrupción” y de buscar que “regresen los corruptos”. Dijo además que los manifestantes –que demostraron gran capacidad de organización sin necesidad de acarreos, sin despensas ni pagos de por medio, y sin la amenaza de perder su trabajo si no acudían- fueron a defender “la democracia de ellos” y no la “democracia del pueblo”, así como que se “quedaron callados” ante los fraudes electorales del pasado.

La violencia que desde los gobiernos federal y estatal se niegan a ver, volvió a mostrar su cara más cruda en Veracruz. La tarde de este jueves fue asesinado con siete balazos un aspirante de Morena a una diputación local. Se trata de Manuel Hernández Hernández, quien se desempeñaba como director de Política y Gobierno del Ayuntamiento de Misantla y acababa de separarse del cargo para inscribirse en el proceso de su partido para ser abanderado por ese mismo distrito. Un grupo de motociclistas lo interceptó en una comunidad y éstos abrieron fuego contra el vehículo en el que transitaba, matando instantáneamente al político que se dirigía a Xalapa para asuntos electorales. Porque pueden y no pasa nada. El estado de descomposición avanza aceleradamente en Veracruz conforme se acerca el fin del sexenio de Cuitláhuac García quien, en los hechos, ya no gobierna, si es que alguna vez lo hizo. De lo único que se ocupa es de lanzar diatribas e incoherencias contra quien evidencia su monumental incompetencia, lo mismo periodistas que autoridades municipales, mientras la entidad se le cae a pedazos.

Después de un intenso jaloneo, finalmente el Congreso del Estado procesó tres nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todos, con ligas con el grupo gobernante en Veracruz. Como lo adelantamos en este mismo espacio, fueron nombrados como magistrados Arturo Sosa, quien se desempeñaba como director de Patrimonio del Estado; Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien era representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura; y Claudia Marlen Galán Espinoza, quien fungía como representante del Poder Ejecutivo ante ese mismo órgano del Poder Judicial estatal. Claramente, ninguno cuenta con un perfil ni trayectoria judicial. Sosa viene de ser empleado en el gobierno de Cuitláhuac García en una dependencia en la que antes despachó David Jiménez, acusado de despojo, y contra quien ni siquiera se molestó en simular como que lo investigaba. Claudia Marlen Galán de por sí era la representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. El enroque más significativo es el de Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien está ligado al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena Juan Javier Gómez Cazarín, así como al secretario del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, quienes a su vez llevaron al ahora ex consejero del IVAI, Alfredo Corona Lizárraga –quien indebidamente dobleteó cobrando al mismo tiempo una beca Conacyt- a la representación del Poder Legislativo en la Judicatura.

Veracruz es un polvorín cuyas mechas de violencia se encienden prácticamente todos los días, mientras el gobernador Cuitláhuac García está ocupado entrometiéndose en el proceso electoral. La semana pasada, la presidenta municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez, apareció de manera sorpresiva en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva para denunciar lo que, de por sí, es de sobra conocido: que el crimen organizado controla territorios y hasta gobiernos municipales en el estado de Veracruz. La alcaldesa afirmó además que “el crimen organizado quiere entrar a Acayucan, quiere tomar las riendas de Acayucan, aquí estuvo la alcaldesa de Sayula y manifestó también como parte del hecho de que somos mujeres (gobernando), es la manera que (grupos delincuenciales) tienen para actuar, a través de la descalificación, de generar zozobra, de generar miedo y sumarle a esto, actos violentos que prueban lo que nos están diciendo o nos mandan a decir de alguna forma”. Como ella misma lo mencionó, en meses pasados otra alcaldesa veracruzana, la de Sayula de Alemán, denunció en ese mismo espacio una situación similar. La respuesta del gobierno estatal en ambos casos, fue la descalificación y la amenaza a las ediles con la destitución.