Aurelio Contreras Moreno

Imagine que un día, a un gobierno –del partido que fuere- se le ocurre mandar una iniciativa de ley para prohibir en la Constitución de la República que vote y sea votada para cargos de elección popular cualquier persona que no esté dada de alta en Hacienda, por mencionar un supuesto.
Esa iniciativa es aprobada contra viento y marea gracias a que el partido en el gobierno cuenta con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y dada esa condición desoye todos los cuestionamientos acerca de que se trata de un acto de discriminación que atenta contra el derecho de toda la ciudadanía a votar y ser votada.
Lo primero que viene a la mente es que los afectados busquen revertir esa decisión autoritaria y, a todas luces absurda, acudiendo a las instancias legales que se encargan de defender sus derechos humanos y políticos, dentro y fuera de México. Pero resulta que otra ley aprobada por ese mismo partido –o por otros que le hayan antecedido en el ejercicio arbitrario del poder- impide que se pueda impugnar una reforma constitucional, aunque violente derechos humanos, aunque haya quebrantado el proceso legislativo y aunque esté hecha con las patas.

El daño que el régimen encabezado –por lo menos, formalmente- por Claudia Sheinbaum Pardo le está haciendo al país es de proporciones incalculables.
La deriva autoritaria en la que la presidenta de la República decidió sostenerse en el inicio de su sexenio no solo significa la demolición del Poder Judicial y en consecuencia instantánea, de la división de poderes. Es la destrucción del estado de Derecho, con todas las implicaciones que eso tiene para la convivencia social en una nación asolada por la violencia.
Al negarse a acatar la suspensión que le ordena bajar del Diario Oficial de la Federación la publicación del bodrio de reforma judicial y entrar en un desacato abierto, la primera mujer presidenta opta por la vía del autoritarismo en lugar de la de las leyes. Porque en todo caso, cuenta con vías jurídicas para combatir la resolución si la considera arbitraria o que excede las atribuciones de la jueza de distrito de Coatzacoalcos que la emitió.
En lugar de eso, Sheinbaum amenazó con someter a juicio político a la juzgadora, la exhibió en su “mañanera reloaded” –otra prueba más de que no llegaron todas al poder, como reza la propaganda oficial, sino solamente las que pertenecen a su camarilla política- y simple y llanamente desobedeció el mandato judicial, rompiendo con eso el orden constitucional y metiendo al país en un brete autocrático, en el que la voluntad del poderoso está por encima de cualquier estamento legal. Literalmente, fue su “no me vengan con que la ley es la ley”, digno de una república bananera y no de un Estado democrático.

Mientras que la mayoría de los anuncios de nombramientos de lo que será el gabinete de Rocío Nahle a partir del próximo mes de diciembre indican pagos de facturas, cercanía política regional y pertenencia grupal, junto con un perfil de medio pelo para abajo, hay una posición que sí llama la atención por sus nexos, trayectoria y perfil.
Se trata de será Leonardo Cornejo Serrano, quien será el próximo titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), una de las dependencias con mayor presupuesto del estado. Y que en este sexenio fue de las que más irregularidades y señalamientos por desvíos de recursos produjo.
Cornejo Serrano fue un muy cercano colaborador del ex director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, implicado este último en el escándalo de corrupción y pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para obtener contratos con aquel gobierno.
Pues el próximo encargado de las obras del gobierno de Veracruz participó directamente en la asignación de varios de esos contratos a Odebrecht. Una investigación del periodista Raúl Olmos señala que Leonardo Cornejo Serrano recibió en 46 ocasiones a Luis Alberto de Meneses Weyll, director de la compañía sudamericana en México durante siete años y principal operador de los “cochupos”, quien confesó haber pagado seis millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de un contrato en la refinería de Tula, Hidalgo.

Este fin de semana, México atestiguó uno de los momentos más grotescos y vergonzosos de su historia reciente, en el cual el parlamento fue transformado en un circo de tintes cavernarios.
Sin sustento legal, atentando contra sus derechos, través de una “tómbola” los senadores obradoristas –y vale la pena hacer la puntualización, pues es al expresidente al que le rinden cuentas- determinaron quitarle su trabajo, porque quieren y porque pueden –con la venia del “pueblo bueno”, juran-, a cientos de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, destruyendo la carrera judicial y encaminando al país hacia un estado de indefensión jurídica sin precedentes.
No es exageración. Desde hace varios meses ya, el desacato flagrante en que han incurrido los poderes Ejecutivo y Legislativo ante las resoluciones del Judicial han, en los hechos, dinamitado por completo el estado de Derecho en el país y desaparecido de facto la división de poderes, comprometiendo realmente el sistema democrático que costó años, sangre y miles de vidas construir, para convertir a México de un plumazo en una suerte de república bananera, donde lo que privará en adelante será la ley del más fuerte.
La desinstitucionalización del país promovida por el obradorismo gobernante –porque por desgracia, la presidenta Claudia Sheinbaum no se asume como quien ahora tiene sobre sus hombros la responsabilidad de las decisiones que se toman y se ha adherido obediente a la deriva autoritaria ordenada por su antecesor- tendrá un efecto devastador en los tiempos por venir para la ciudadanía de a pie y, tarde que temprano, también alcanzará a los verdugos de hoy, quienes invariablemente se convertirán en las reses del mañana.

El sexenio de Claudia Sheinbaum inició teñido de rojo.
Tan solo en la primera semana de su administración al frente del Ejecutivo federal, se registraron cerca de 500 homicidios en todo el país. Una cifra escalofriante que, sin embargo, ya no parece llamar mucho la atención de la población.
La realidad es que pocos se escandalizan y mucho menos se asustan ante la normalización de una violencia que permea en todo el tejido social de la nación, que entroniza como estereotipos a idealizar a sicarios y traficantes y que ha incorporado a su cotidianidad las noticias sobre balaceras, secuestros, mutilaciones y abandono de restos humanos en la vía pública.
Pero que la sociedad se haya acostumbrado a esta forma de vivir no quiere decir que sea normal y haya que pasarla por alto o minimizarla, pues eso es precisamente lo que le ha permitido escalar. Sin embargo, eso es exactamente lo que se han dedicado a hacer las autoridades en los últimos años para rehuir sus responsabilidades. Y no parece que algo vaya a cambiar con el nuevo gobierno.
En campaña, Claudia Sheinbaum ofreció básicamente mantener la misma “estrategia” –si a la omisión y/o complicidad se le pudiese llamar así- que su antecesor y lo refrendó en su toma de posesión: no habrá “guerra contra el narco”, mientras se militariza toda la estructura y el mando de la seguridad pública en el país, lo cual ha ofrecido resultados desastrosos desde que se puso en operación ese enfoque desde finales de 2006, y que tan solo entre 2018 y 2024 dejó un saldo de prácticamente 200 mil homicidios dolosos en todo el territorio nacional.

Por mucho, lo más destacable –y lamentable- de los discursos inaugurales del sexenio de Claudia Sheinbaum es su total sumisión a la figura del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su mensaje luego de rendir protesta como primera presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión, lo que por sí mismo representa un hecho histórico, así como en el del Zócalo horas más tarde, Claudia Sheinbaum Pardo prefirió desvivirse en elogios por un hombre lleno de complejos, que afirmó en más de una ocasión que las mujeres feministas que salen a protestar contra la violencia son “conservadoras” y que el término “feminicidio” se inventó en este sexenio para “atacarlo”.
El que debió ser no solamente su momento y espacio histórico, sino el de las mujeres mexicanas tras largos años de lucha por acceder a los principales espacios de decisión política, quedó reducido por la propia Sheinbaum a un refrendo de lealtades y un vergonzoso ejercicio de adulación al inmenso ego de López Obrador, quien hace como que se va de la actividad pública, pero que difícilmente lo cumplirá, al menos mientras su salud se lo permita. La droga del poder absoluto es demasiado adictiva para un hombre como él.
Así que cabe preguntarse, ¿de verdad se rompió el “techo de cristal” del que hoy se habla con vehemencia? ¿Verdaderamente llegaron “todas” al poder?

Hasta el último momento, Andrés Manuel López Obrador le hizo sentir a Claudia Sheinbaum que quien manda es él, y que el único líder del movimiento que se mantuvo y la entronizó en el poder, es él.
Contrario a la tradición política en México, en la que una vez electo el siguiente presidente, el saliente le cedía los reflectores y el escenario para que tomara paulatinamente las amarras del poder, López Obrador nunca le permitió a su sucesora un papel ni cercanamente protagónico tras las elecciones del 2 de junio, a diferencia de lo sucedido seis años atrás.
Fue al revés. Desde junio, López Obrador redujo a la primera presidenta de México al rol de “dama de compañía” en sus propias giras por el interior del país y en algunas “mañaneras”. Le impuso una agenda personal y política e incluso, la obligó a aceptar sin pestañear reformas constitucionales con cuyas consecuencias será ella quien las tenga que lidiar.
Sheinbaum aceptó ese papel. Por conveniencia política, por temor a perder la confianza del líder que la colocó ahí y quizás hasta por convicción. Pero a partir de este martes 1 de octubre la responsabilidad política, histórica y sobre todo legal de lo que suceda en el país es suya. De nadie más. Así que más le vale asumirlo como tal.

Exactamente en una semana concluye el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente no hay dato alguno –real, no de los “otros datos” que se inventa el presidente saliente para torcer la realidad- que pruebe consistentemente desarrollo o crecimiento real para el país.
Por el contrario, los indicadores en materia de salud, de educación, de crecimiento económico, de derechos humanos, de democracia, de libertad de expresión, de rendición de cuentas y principalmente de seguridad muestran retrocesos alarmantes, algunos incluso históricos, de un gobierno manejado con las vísceras, con miles de prejuicios y con un sentido paternalista y patrimonialista que ya ha fracasado en un pasado al cual están llevando aceleradamente al país con reformas retrógradas y autoritarias.
La reforma militarista, junto con la que desmantela al Poder Judicial de la Federación, son las más regresivas de todas las enmiendas legales impulsadas durante el sexenio que fenece y cuyo objetivo no es garantizar la seguridad, la paz ni el acceso a la justicia para la población, sino establecer un control férreo, absoluto y autoritario sobre la vida pública y hasta la privada de las y los mexicanos. Y si bien –todavía- no puede afirmarse que se ha establecido una dictadura en México, los factores que las distinguen se asoman cada vez con mayor temeridad.
De contar con un sistema electoral que llegó a verdaderamente brindar certeza sobre el respeto al sufragio ciudadano y que costó décadas, vidas y mucha sangre construir, con el obradorismo se ha retrocedido de nueva cuenta a organismos cooptados por el poder, que conceden mayorías que no otorgaron las urnas y que fueron incapaces –si no es que cómplices- de frenar la oleada de ilegalidades que marcaron y mancharon la última elección, ilegítima de origen y que en ese pecado, llevará la penitencia.

Por mucho que patalee el morenato en Veracruz, los Yunes –que han dejado de ser azules para ponerse sin el menor pudor su nueva chaqueta guinda- ya se les colaron al movimiento donde juran que “no roban”, “no mienten” y “no engañan al pueblo”.
Completamente descolocado luego de la jugada con la que el “clan Yunes” negoció impunidad a cambio de votar en favor de la reforma judicial, el todavía gobernador Cuitláhuac García ha evitado declarar cualquier cosa al respecto. Prácticamente les corre a los reporteros para no tener que darle la “bienvenida” a quienes asumió como sus enemigos durante su sexenio, porque sabe perfectamente que ya no los puede repudiar. Ni perseguir penalmente. Ahora son “aliados”.
La propia gobernadora electa Rocío Nahle lo sabe perfectamente. Pero todavía furiosa por la exhibición durante la pasada campaña por la gubernatura de su vida de lujos, quiere jugar a ser “cadenera” de Morena en Veracruz con supuestas reservas de “derecho de admisión” que no están en sus manos, ni en las de los “dependientes” –dirigentes se dicen- de las franquicias del Verde y el PT en la entidad. El arreglo se hizo en otro lado y a otro nivel.
Eso quedó claro desde el mismo día que los Yunes perpetraron su traición a los electores que les dieron el mandato de oponerse al régimen obradorista y votar contra la reforma judicial. La escena de Miguel Ángel Yunes Linares entrando entre aplausos y vivas de los morenistas al salón del Pleno del Senado para hacer nada en realidad –pues sería su hijo quien terminaría votando más tarde-, más que evidenciar que habían dado un bandazo, quedará entre las más grotescas de la historia parlamentaria de este país. Pero sobre todo, como una prueba de la ausencia absoluta de congruencia, principios, valores y madre de quienes, con una superioridad moral de caricatura, se asumen como “del lado correcto de la historia” y “transformadores” del país.

Nunca en la historia de las sucesiones presidenciales del México contemporáneo, el mandatario saliente le había hecho sombra al entrante hasta el grado de borrarle de la escena por completo.
La tradición política dictaba –incluso en la época de la fallida alternancia partidista- que una vez que el triunfo electoral era legalmente reconocido por la autoridad competente, todos los reflectores se dirigían al presidente electo, mientras que el presidente en funciones se replegaba paulatinamente para darle a su sucesor el espacio político suficiente para tomar las amarras del poder.
Hasta en la época del “maximato”, Plutarco Elías Calles –quien puso a cuatro presidentes que lo sucedieron- operaba con discreción y no se imponía, al menos públicamente, al mandatario en turno, aunque sí políticamente. Hasta que Lázaro Cárdenas le puso un “hasta aquí” y lo desterró, literalmente, del país.