Aurelio Contreras Moreno

La crisis política y de imagen para el gobierno de Claudia Sheinbaum detonada por los hallazgos del rancho Izaguirre en Jalisco no son sino consecuencia de una actitud omisa que viene de mucho tiempo atrás, de complicidades nunca castigadas y ni siquiera investigadas y también, en muchos casos, de la actuación directa de agentes del Estado mexicano en alguno de los tres niveles de gobierno.
El tema de la desaparición forzada de personas tiene unos 15 años de haberse vuelto un problema serio en México, y al menos una década siendo una verdadera emergencia humanitaria a la que ningún gobierno, de ningún partido, le ha dado la atención ni la importancia que se merece, porque finalmente es la consecuencia de un mal actuar que involucra a toda la clase política, que lo que busca es lavarse las manos.
Por eso causó tal escozor entre el morenato la decisión de iniciar un procedimiento contra México tomada la semana pasada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismo que determinó que “la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”, razón por la cual activó el procedimiento de intervención previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En éste, se establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

¿Usted piensa votar en la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio?
Hay quien considera que debe hacerlo, como en cualquier otra elección de curso legal, que hasta hace poco suponía la posibilidad real de elegir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a los representantes populares en el Poder Legislativo federal y de los estados.
Y decimos que suponía porque, como quedó bastante claro en la elección del año pasado, la certeza de esa posibilidad quedó hecha añicos luego de la toma del INE por parte del régimen obradorista. La actuación de las autoridades electorales, empezando por la presidenta Guadalupe Taddei, fue desastrosa y significó un retroceso democrático que tardará varias generaciones en revertirse. Tal vez a ninguno de nosotros nos toque ver retornar la alternancia política que marcó el inicio del siglo XXI.
Pero regresando a la llamada “elección judicial”, aquí no solo estamos ante una regresión democrática. El atraso que representa esta pantomima con la que el obradorato gobernante pretende hacer creer que se “democratizará” el Poder Judicial es justamente lo contrario: se trata de la demolición de la división de poderes en México para inaugurar, en pleno, una autocracia en la que no exista más voz que la del partido oficial, que controlará a todos los poderes de la Unión, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos que estaremos legalmente indefensos ante cualquier atropello de los poderosos. Incluso, eso ya se empieza a sentir y padecer desde ahora.

A casi tres de semanas de haber anunciado la intención de fusionar las secretarías de Cultura y Turismo, la gobernadora Rocío Nahle ha ignorado olímpicamente todos los llamados al diálogo y los justos reclamos de la comunidad artística veracruzana que se opone a este claro retroceso.
De nada han valido los pronunciamientos, las explicaciones, los reclamos, los manifiestos ni los argumentos de artistas y gestores culturales. Para la gobernadora, son como si no existieran. Y eso que muchos de ellos votaron por ella y su partido en las pasadas elecciones.
Por el contrario, la mandataria –que al parecer no sabe que ese término significa que tiene un mandato recibido de los ciudadanos a los cuales se debe, porque no es monarca- aprovechó la última edición de la Cumbre Tajín para refrendar su idea acerca de que la cultura es un adminículo del turismo, una herramienta para atraer visitantes y generar recursos. Y nada más.
Acompañada por la secretaria de Turismo federal –porque la del estado estaba quién sabe dónde haciendo quién sabe qué-, Nahle reiteró cuál es su idea al respecto: “turismo y cultura van de la mano y son la clave para generar empleo y movilidad económica en nuestras comunidades”. Una burda lógica de mercantilización.

La imagen es grotesca como pocas, pero ilustra a la perfección la simulación, la farsa del discurso del régimen de la “transformación” y su indolencia y complicidad con las peores prácticas, como la impunidad para la violencia contra las mujeres en este país.
El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, venido a político con gran poder por obra y gracia del obradorismo, denunciado por tentativa de violación por su propia media hermana, siendo protegido, arropado y hasta vitoreado no por sus pares varones en la Cámara de Diputados, sino por las mujeres, por las legisladoras morenistas, a las que obviamente enviaron –y ellas obedecieron- a secundarlo en la tribuna de San Lázaro, quedará grabado como un capítulo más que vergonzoso, asqueroso, de un sexenio –¿o sería más apropiado llamarlo “maximato”?- que no para de acumular agravios.
Al tratarse de uno de los suyos –en el más amplio sentido de la palabra-, el régimen no ha dudado un segundo en salir a respaldar a Cuauhtémoc Blanco, conocido violentador de mujeres, quien además dejó al estado de Morelos hecho una desgracia de corrupción y violencia criminal.
¿Dónde quedó el “yo te creo”? ¿Dónde el “si se meten con una, se meten con todas”? Para la mayoría de las diputadas morenistas –con algunas contadísimas excepciones-, en el retrete de los pretextos. Aunque no solo para ellas, valga decir.

El hallazgo de un campo de exterminio en un rancho de la localidad de Teuchitlán, Jalisco, no es más que una evidencia más del Estado fallido que pervive en México y de cómo las omisiones de todos los niveles de gobierno, han llevado a este país a una intolerable emergencia humanitaria.
El horror que sugieren –porque ni siquiera ha sido necesario encontrar cuerpos en el lugar- los cientos de pertenencias personales encontradas en el rancho Izaguirre es dantesco: hablan de tortura, de dolor, de la pérdida total de humanidad para infringir el mayor daño posible en los últimos momentos de la existencia de una persona.
Más de mil 300 registros de prendas, identificaciones y efectos personales –quizás los más impresionantes, los cerca de 200 pares de zapatos- encontrados en ese lugar dan cuenta, además del terror sufrido por las víctimas en los últimos momentos de sus vidas, de la brutal impunidad de los criminales y la complicidad de autoridades que nunca quisieron enterarse de lo que estaba sucediendo en sus narices. Lo cual ha sido una constante en prácticamente todo el país.
De Tijuana a Cancún, de Matamoros a Tapachula, la violencia sentó sus reales con la ayuda de autoridades que se coludieron con los criminales más sanguinarios de la historia de este país; que les entregaron no solo los territorios de comunidades, municipios, estados y regiones enteras, sino la tranquilidad y el derecho a la vida en paz de millones de personas, que hoy vivimos en la zozobra, que no contamos con ninguna certeza de que el Estado cumplirá con una de sus obligaciones fundamentales, básicas, que es la de garantizar la seguridad de la población, que para eso es que se dota de los diferentes niveles de gobierno.

A cuentagotas, en lo que “planchan” las inconformidades en cada municipio, Morena empezó a anunciar esta semana quiénes encabezarán sus candidaturas a los 212 ayuntamientos veracruzanos que se renovarán en los comicios de este próximo 1 de junio.
Como ya es una costumbre en el nuevo partido oficial, sus procesos se hicieron al margen de la legalidad electoral, a través de figuras que no están contempladas en norma alguna, como la de “promotores de la cuarta transformación”, eufemismo para darle la vuelta a las leyes y no decirles precandidatos, que es lo que en realidad son y que, por ese motivo, tendrían que rendir cuentas de sus gastos de promoción y las aportaciones recibidas en este periodo.
Sin embargo, como no hay autoridad que les ponga un alto y mucho menos que se atreva a anularles alguna candidatura, en Morena hacen lo que quieren y postulan a quienes la cúpula, no la militancia –como pretenden hacerles creer-, escoge.
Aunque el “método” que supuestamente utilizan para las definiciones es el de las encuestas, desde el proceso electoral del año pasado quedó más que probado que es una falacia, un engaño, porque la decisión final se toma en el centro del país, mediante el infalible e inefable “dedazo”. Así se definió en su momento la candidatura de Rocío Nahle a la gubernatura de Veracruz y así se están decidiendo las de las presidencias municipales.

Mientras la atención mediática y política en Veracruz está concentrada en los procesos electorales de las 212 presidencias municipales y, en menor medida, en el del Poder Judicial a nivel federal y estatal, hay otra elección en vísperas en la que también hay muchísimos intereses en juego: la de la rectoría de la Universidad Veracruzana.
Está por concluir el periodo de cuatro años para el que fue designado como rector Martín Aguilar Sánchez. Tiempo que podría considerarse como totalmente perdido, en el cual la casa de estudios fue ninguneada, humillada, gracias a la sumisión de quien tenía la responsabilidad de defender sus intereses.
Para nadie es un secreto a estas alturas que Aguilar Sánchez llegó a la rectoría de la Universidad Veracruzana con el beneplácito del régimen morenista, que vio en este académico de modesta imagen y muy cortos alcances el perfil perfecto para tomar el control de la casa de estudios, en sintonía con su estrategia de colonizar todas las instituciones para colocarlas dentro de una sola línea política y de pensamiento. Algo que, para una universidad, es monstruoso, valga decir.
Gris, apocado, negado para las relaciones públicas, Aguilar Sánchez se pasó los cuatro años de su gestión encerrado en la torre de rectoría, mientras la UV no solo perdía protagonismo entre las instituciones de educación superior del país –públicas y privadas-, sino que también veía vulnerado su derecho a contar con el presupuesto que le corresponde constitucionalmente y que, de manera sistemática, los gobiernos de la mal llamada “cuarta transformación” –el de Cuitláhuac García y ahora el de Rocío Nahle- le negaron.

Las sorpresivas -aunque no tan difíciles de explicar- extradiciones “fast track” que hizo el gobierno de México este jueves 27 de febrero de 29 presuntos –por aquello de que no tenían sentencias, lo cual no es un dato menor- criminales a Estados Unidos, suponen un completo viraje en la política que el actual régimen, el de la supuesta “transformación”, había aplicado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Desde que asumió el poder Donald Trump en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, las presiones que ejerció sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum –comerciales y hasta de tipo militar- provocaron un cambio total, palpable, en la estrategia de seguridad: se enterró el absurdo cómplice del “abrazos, no balazos” del sexenio obradorista y, como por arte de magia, comenzaron a caer operadores y sicarios de diversos grupos criminales, en especial del cártel de Sinaloa.
En cuatro meses de la administración de Sheinbaum, han sido detenidos más criminales de alta peligrosidad que en todo el sexenio de López Obrador. Y eso revela una sola cosa: siempre supieron dónde y cómo aprehenderlos. Simplemente, no habían querido hacerlo. Hasta ahora, que se han visto obligados a actuar.
Lo anterior, no solo por las bravuconadas y amenazas de Trump –que con que imponga uno solo de los aranceles con los que amaga, provocaría una recesión económica de grandes proporciones en México-, sino por lo que en realidad los tiene con los pelos de punta: la posibilidad de que el capo que está en Estados Unidos desde el año pasado, Ismael “El Mayo” Zambada, revele con lujo de detalle las redes de complicidad del régimen de la “cuarta transformación” con el crimen organizado. En tiempo presente.

Vaya embrollo en el que están metidos en la Secretaría de Educación de Veracruz, de donde no salen de una cuando ya están metidos en otra.
La SEV es una de las dependencias más importantes y sobre todo, más delicadas de la administración estatal. Tanto por el enorme presupuesto que maneja –el mayor de todas las secretarías de Veracruz- como por su número de empleados, que incluye a todo el magisterio de la entidad.
Por esa razón, su manejo requiere no solo capacidad operativa para dirigir a un verdadero monstruo en términos burocráticos, sino también de una singular capacidad de interlocución con todos los sindicatos de maestros, que tienen orientaciones e intereses variopintos.
La gobernadora Rocío Nahle decidió colocar al frente de esa sensible área a una persona de toda su confianza: Claudia Tello, a quien el sexenio pasado promovió dos veces para ser diputada federal por Xalapa –en donde sus electores, por cierto, no volvieron a saber de ella luego de los dos comicios en los que participó-, y el año pasado la hizo candidata de Morena al Senado, a donde llegó sin mucho problema, superando en la elección a –ironías de la vida y la política- su hoy “compañero de partido” Miguel Ángel Yunes Márquez.

Este jueves, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la cual detectó irregularidades que podrían constituir un daño a la Hacienda pública por más de 51 mil millones de pesos.
Se trata de la revisión del uso de los recursos federales en el quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y es la suma de las tres cuentas públicas de 2023. Solo en la última, están “bailando” más de 48 mil millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el auditor superior, David Colmenares Páramo.
Los principales boquetes fueron detectados en organismos como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur. Todos, directamente relacionados con algunos de los más graves saldos, símbolos de su estrepitoso fracaso, dejados por el gobierno obradorista: desabasto de medicamentos, carencia de insumos médicos, el pozo sin fondo de la dependencia del petróleo y el derroche ecocida del fallido Tren Maya.