Aurelio Contreras Moreno

Mientras el escándalo por las empresas “fantasma” en la Secretaría de Educación de Veracruz causa revuelo político y mediático –aunque durante el anterior sexenio se documentaron varios casos más, que “embarraban” a las secretarías de Salud, de Seguridad Pública, de Finanzas y hasta al Tribunal Superior de Justicia-, por lo “bajito” se cocinan los negocios de los que quizás en seis años se estén entablando las correspondientes denuncias.
En el Congreso del Estado concretaron lo que Rocío Nahle anunció desde su toma de posesión como gobernadora de Veracruz: concentrar la construcción y la asignación de toda la obra pública del estado en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), convirtiéndola así en la “supersecretaría” del sexenio.
Mediante reformas a la Ley de Obras Públicas para el estado y otros ordenamientos en materia de construcción de infraestructura, adquisiciones y servicios, se determinó que todas las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas estarán a cargo exclusivamente de la SIOP, dotando a esa dependencia de un poder inmenso, tanto económico como político.

Vaya sacudida la que ha provocado el reconocimiento del Órgano de Fiscalización Superior de que el gobierno de Veracruz contrató empresas “fantasma” en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.
Especialmente, causó escozor el tema de la “empresa” denominada “Soluciones y Milagros”, la cual obtuvo 218 contratos por adjudicación directa y otros 27 vía licitación y que, como sucede con ese tipo de compañías, hacen y venden de todo. Y al final, no entregan nada de lo que se les contrata. Pero claro que lo cobran.
Pues bien, la aceptación de la auditora general Delia González de la existencia de ese esquema de desvíos de recursos –eso es lo que son- en el anterior gobierno, le puso los pelos de punta a más de uno de los que están hasta adentro en esos “negocitos” con los que se enriquecieron de la noche a la mañana, al amparo del presupuesto público y mientras pregonaban el traído y sobado discurso de la “honestidad”, la “austeridad” y el “no somos iguales”.
Uno de ellos es el exsecretario de Educación estatal y hoy diputado federal Zenyazen Escobar García. En la SEV, “Soluciones y Milagros” se fue “cabezona” con contratos para proveerle de folders, lapiceros, tóner, agua purificada y persianas apenas fue constituida en 2019, al arranque de la administración de su amigo Cuitláhuac García, y a pesar de que su giro inicial era el “comercio al por mayor de ropa”.

“Muerto el rey, viva el rey”, dice un refrán, aplicable casi siempre en los cambios de gobierno. Incluso, en los que son de un mismo partido, como sucede en Veracruz.
Después de ponerle “estrellita” a todas sus cuentas públicas mientras estaba en el poder, la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Delia Gonzáles Cobos, le dejó ir “la voladora” y exhibió –aunque fuera muy por encimita- al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, al admitir que en su administración se contrataron empresas “fantasma” –así como las de Javier Duarte- y que siempre no fue tan “pulcro” el desempeño de las diferentes secretarías durante el sexenio anterior.
Al comparecer ante diputados locales de la LXVII Legislatura, la auditora general del Orfis reveló lo que muchos señalaron durante años, con documentos en mano, y que durante todo el anterior gobierno fue ignorado: que hubo una corrupción galopante de la que el “honesto” Cuitláhuac “no se dio cuenta”.
A pregunta expresa del diputado Héctor Yunes –el único opositor que hace alguna clase de ruido en la LXVII Legislatura de Veracruz-, Delia Gonzáles Cobos informó que hay de 280 a casi 300 expedientes abiertos de la pasada administración que podrían acabar en denuncias penales.

El arranque del segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no podría haber sido más amenazante. No solo para México, sino para el mundo entero.
El ánimo que permea en el grupo que arriba con Trump a su segundo periodo es de un supremacismo e imperialismo fascistoide que, con derroche de soberbia y delirios de grandeza, siente que va a la conquista del mundo sin importar por encima de quien tengan que pasar.
Y el primer presidente estadounidense que llega al poder con antecedentes penales ha decidido comenzar por quienes tiene más cerca: sus vecinos y principales socios comerciales, México y Canadá.
El solo amago de imponer aranceles de un 25 por ciento a las exportaciones de ambos países si no ceden sus chantajes y el riesgo real de dinamitar el tratado de libre comercio representa un cambio radical en la relación de las naciones de Norteamérica de los últimos 30 años. Lo que se irá extendiendo rápidamente a otras regiones del orbe, en lo que muchos ya ven como el verdadero inicio de un nuevo orden mundial cuyos alcances y consecuencias aún son difíciles de prever, pero que sin duda serán graves y modificarán el escenario geopolítico.

El ADN priista que le brota a Morena a la mínima oportunidad se ha hecho presente con fuerza en su proceso interno de selección de candidatos a las presidencias municipales de Veracruz.
Nepotismo, uso de cargos públicos para la promoción personal, guerra sucia mediática, aspirantes impresentables y el adelanto del más clásico “dedazo” han caracterizado el arranque de un proceso que, como lo fue durante décadas en el PRI, de democrático no tiene absolutamente nada, pero que en Morena además es burdo, soez de tan obvio.
En una entrega anterior de la Rúbrica referimos cómo varios funcionarios públicos del gobierno de Rocío Nahle campechanamente se inscribieron al proceso de elección morenista sin tomarse la molestia de dejar sus cargos, incurriendo en un abuso que, como se mencionó en ese texto, con mucha facilidad podría caer en el uso de los recursos públicos para promover esas aspiraciones electorales.
Pues bien, resulta que en pleno proceso, el Instituto de Pensiones del Estado anunció que a partir del próximo lunes 20 de enero activará un programa de préstamos para sus derechohabientes con un presupuesto de más de 700 millones de pesos, maniobra que claramente busca beneficiar a su titular Daniela Griego, quien tras una trayectoria aparentemente sin tacha en la política y el activismo, decidió enlodarse en el fango de la corrupción electorera en su ambición por ser alcaldesa de Xalapa.

Más allá de las cuentas alegres con las que la presidenta Claudia Sheinbaum pretendió “celebrar” sus primeros 100 días de gobierno con un acto faraónico a la vieja usanza priista, con los sindicatos acarreando a sus “fuerzas vivas” para ensalzar al poderoso en turno, la realidad del país tiene, paradójicamente, otros datos.
Según las cifras de Sheinbaum, entre septiembre y diciembre de 2024 los homicidios dolosos disminuyeron 16 por ciento, las lesiones dolosas por arma de fuego 20 por ciento y “todos” los robos con violencia un 5 por ciento.
Con ese estilo altanero que la ha caracterizado, la presidenta aseguró que “algunos quisieran que fracasáramos. La estrategia de seguridad va a funcionar porque hay humanismo, dedicación y honestidad”.
Sin embargo, la realidad es terca y no suele sujetarse a torpes guiones de propaganda oficialista.
De acuerdo con datos oficiales –ésos a los que cada vez va a ser más difícil acceder, tras el aniquilamiento de los mecanismos e instituciones de transparencia y acceso a la información-, desde el 1 de octubre pasado en que inició el sexenio del autoproclamado “segundo piso de la transformación”, al menos cinco mil 160 personas han sido asesinadas en México. Ése solo hecho debería ser suficiente para que reconocieran que han sido incapaces de frenar la violencia y de garantizar uno de los derechos fundamentales de la población, que es el de la seguridad.

Verdadero furor causó la apertura del proceso de inscripción para ser candidato/a de Morena a las presidencias municipales que estarán en juego en el estado de Veracruz en los comicios de junio próximo.
Según sus datos, han sido “miles” los inscritos en todos los municipios del estado que buscan ser abanderados del nuevo partido hegemónico, el que se perfila –gracias al clientelismo con que gobierna y a la demolición de las instituciones democráticas que instrumentó- para arrasar en unas elecciones en las que la oposición, simple y sencillamente, no existe. Ha sido borrada. Incluso, por decisión propia.
Partidos como el PRI y hasta el PAN –ni qué decir del extinto PRD- se han desfondado y varias de sus figuras regionales han comenzado a emigrar hacia el organismo político que, como antes el tricolor, “garantiza” el acceso a posiciones de poder.
Ese fenómeno es uno más de los efectos del retroceso democrático que se vivió tras la elección del pasado mes de junio de 2024, misma que devolvió a México a un estadio político como el de la década de los 70 del siglo pasado, e incluso quizás más atrás en la historia del país.

El arranque de 2025 ha vuelto a poner al descubierto la naturaleza más autoritaria del régimen, así como las redes de complicidades que lo han mantenido en el poder a pesar de su manifiesta incapacidad y corrupción.
Mientras la mayoría de los mexicanos celebraba el fin de año, el morenato asestaba un golpe con el que buscará mantener a raya a cualquiera que considere una amenaza, un adversario o simplemente un crítico que se niegue a seguir la línea oficial.
En su edición vespertina del 31 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la reforma aprobada por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos merecedores de prisión automática.
Entre éstos se incluye la “emisión de falsos comprobantes fiscales”, con lo que se anuncia claramente que el rubro hacendario e impositivo se convertirá en un arma de persecución del gobierno, algo sobre lo que diversos organismos de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión han alertado como una estrategia recurrente en gobiernos autoritarios para acallar las críticas y reprimir el disenso, escondiendo su talante arbitrario en actos de supuesta legalidad.

Quizás el principal saldo que deja 2024 y por lo que este año será recordado históricamente es la destrucción de la idea de país edificada alrededor de la alternancia electoral y la fallida transición a la democracia, así como la restauración del régimen más anacrónico, centralista, iliberal y concentrador del poder.
En los últimos tres meses, el morenato desmanteló un entramado institucional que costó por lo menos tres décadas de construcción, con el único objetivo de restaurar un sistema en el que no existan contrapesos a los deseos del grupo gobernante, para lo cual dinamitaron la división de poderes, enterraron la transparencia y la rendición de cuentas y, lo más grave, han demolido la mínima normalidad democrática basada en el respeto al estado de Derecho, que hoy día es un chiste.
Tomando por asalto a los poderes Legislativo y Judicial, el obradorismo –porque quien toma las principales decisiones sigue siendo el mismo desde hace seis años, y se llama Andrés Manuel López Obrador- convirtió en un circo de varias pistas la creación de leyes para que éstas les permitan hacer, literalmente, lo que les dé la gana. Con todos los riesgos que eso entraña.
La cerrazón, los oídos sordos, la soberbia y altanería de la que se quejaron por décadas en los tiempos del PRI hegemónico y de las que se decían víctimas cuando estaban en la oposición, son ahora la marca de la casa, su sello para hacer una política por demás bananera, caprichosa, alejada del sentido común y que paulatinamente se va volviendo cada vez más autoritaria, pues el mínimo disenso les resulta intolerable.

Este fin de semana se difundió una medida tomada por el gobierno de Veracruz que, si bien es positiva de entrada, parece más bien el adelanto de una escalada de ajustes de cuentas internas en el grupo gobernante.
El pasado 5 de diciembre, el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, Alfonso Reyes Garcés, ordenó restringir el uso de grúas de empresas privadas para tareas viales, lo que en los últimos años se ha había convertido no solamente en un jugoso negociazo, sino en una mafia en la que los ciudadanos sufrían una suerte de extorsión al más puro estilo del crimen organizado.
De acuerdo con el oficio SSP/SP/DIC/011/2024, enviado al subsecretario de Operaciones de Seguridad Pública y al director general de Tránsito y Seguridad Vial, el servicio de grúas será usado en adelante únicamente en “casos que sean necesarios con motivo de un siniestro, accidente de tránsito, en el aseguramiento de objetos ante un hecho delictivo o que sea utilizado en la comisión de un delito, o bien cuando el conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia prohibida (narcóticos) y no se encuentre presente persona alguna de su confianza que pueda hacerse cargo del mismo”.
De igual manera, el funcionario instruye a sus subalternos que para usar el servicio de grúas privadas deberán coordinarse con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) para que solamente se utilicen empresas de servicios de transporte de grúas concesionadas.