Ciencia

Comunidades de Yucatán, un estado ubicado en el sureste del país, denunciaron que la empresa avícola Bachoco ha cometido graves delitos ambientales al verter toneladas de excrementos de pollo sin autorización en varios predios.
De acuerdo con un reporte del portal Pie de Página, a lo largo de este año la empresa ha tirado los desperdicios entre colmenas de abejas y cultivos de la comisaría maya de Halachó, un municipio situado a poco menos de una hora de Mérida, la capital del estado.
El medio asegura que la planta tiene tres gigantescas granjas avícolas, que han crecido en las últimas décadas, a la par que las denuncias ambientales de las comunidades de Santa María Acú y San Antonio Sihó. Las alertas, que empezaron en abril pasado, provocaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Después de detectar los vertidos, las organizaciones apícolas mayas de la Península de Yucatán Kabnáalo’on denunciaron a la empresa y exigieron una nueva intervención de Profepa, el fin de la contaminación y la reparación de los daños generados.

Ante la constante narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como de los militantes de Morena, de que la reforma judicial permitirá al pueblo ser miembros del Poder Judicial Federal (PJF), jueces, magistrados y trabajadores del PJF han emprendido una campaña en redes sociales para demostrar que ellos también pertenecen al pueblo.
La campaña comenzó después de que la doctora Azul Aguiar, profesora-investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el ITESO, publicara el estudio «¿De dónde vienen las personas juzgadoras, cuáles son sus orígenes?», en el que reveló que la mayoría de ellos son originarios de una clase baja o media, donde la mayoría de las madres fueron amas de casas y sus padres realizaban oficios.
«Me di cuenta de que el Poder Judicial está conformado por personas que no son muy diferentes a la mayoría de las personas que vivimos en este país, pero sí tienen una cualidad que en un país tan desigual como México debe de ser resaltada y que tiene que ver con el cambio generacional y ser la primera generación de sus familias en ir a la universidad», destacó en la conferencia matutina de los juzgadores del pasado viernes.
A partir de ahí, jueces y magistrados empezaron a compartir en redes sociales su vida antes llegar a ser parte del Poder Judicial y destacaron que son parte del pueblo.
«Por supuesto que el pueblo de México ya está en el Poder Judicial de la Federación», dijo la jueza Sandra Gómez, quien aseveró que fue la primera de su familia en concluir una carrera universitaria tras haber estudiado los tres niveles educativos en escuela pública y que tras varios años en la institución logró ascender a su actual cargo por medio de los concursos de oposición.

La Cámara de Diputados de México aprobó varias reformas legales para dar rango constitucional a la protección animal, una de las 20 iniciativas que había enviado al ente legislativo el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
De esta manera los parlamentarios aprobaron, tanto en lo general como en lo particular, las reformas a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución, en materia de protección y cuidado animal, cambios que ahora prohíben el maltrato a los animales en el territorio mexicano y obligan al Estado a «garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales».
El nuevo texto con las reformas fue remitido al Senado de México para que otorgue a los documentos «sus efectos constitucionales», indicó un comunicado de la cámara. Ahora, el Congreso tendrá un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, para expedir la ley general en materia de protección y cuidado de los animales.
Para ello, esa instancia legislativa deberá considerar la «naturaleza, características y vínculos» de los animales con las personas, así como «la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano y en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro». También debe tener en cuenta las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios.