En muchos países del mundo con graves rezagos en su desarrollo, las microempresas constituyen la columna vertebral del tejido económico; sin embargo, aunque cumplen un papel esencial en la generación de empleo y la dinamización de la economía local, una estructura productiva dominada en un 88.63% por microempresas con un máximo de cinco trabajadores, como es el caso de Veracruz, presenta significativas desventajas económicas que limitan el crecimiento y el desarrollo sostenible.
Una de las principales limitaciones de este tipo de economías, es la escasa capacidad de innovación y productividad. Las microempresas suelen operar con recursos limitados, tecnología obsoleta y poca capacidad para invertir en investigación o mejoría de los procesos productivos, de administración y de cadenas de valor. Esta situación reduce su competitividad, tanto en mercados nacionales como internacionales, y perpetúa una economía de baja productividad, caracterizada por ínsulas de pobreza y actividades de subsistencia.
Justamente esta situación es la que ha propiciado que en la entidad la informalidad sea de más del 65%; es decir, la mayoría de estas microempresas no están registradas formalmente, lo que impide que accedan a financiamiento bancario, programas de apoyo estatal, capacitación o redes comerciales más amplias. La informalidad en Veracruz significa que los trabajadores suelen carecer de seguridad social, estabilidad laboral y derechos laborales básicos, lo cual afecta negativamente la calidad de vida de los veracruzanos y perpetúa la desigualdad.