La crisis política y de imagen para el gobierno de Claudia Sheinbaum detonada por los hallazgos del rancho Izaguirre en Jalisco no son sino consecuencia de una actitud omisa que viene de mucho tiempo atrás, de complicidades nunca castigadas y ni siquiera investigadas y también, en muchos casos, de la actuación directa de agentes del Estado mexicano en alguno de los tres niveles de gobierno.
El tema de la desaparición forzada de personas tiene unos 15 años de haberse vuelto un problema serio en México, y al menos una década siendo una verdadera emergencia humanitaria a la que ningún gobierno, de ningún partido, le ha dado la atención ni la importancia que se merece, porque finalmente es la consecuencia de un mal actuar que involucra a toda la clase política, que lo que busca es lavarse las manos.
Por eso causó tal escozor entre el morenato la decisión de iniciar un procedimiento contra México tomada la semana pasada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismo que determinó que “la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”, razón por la cual activó el procedimiento de intervención previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En éste, se establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
