Los privilegios de la burocracia electoral
Rúbrica.
Desde hace poco más de un mes, el Instituto Nacional Electoral desarrolla un proceso para la selección y designación de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Se trata de espacios que quedaron vacantes en los OPLES de todas estas entidades por diferentes razones, aunque en la mayoría de los casos por haber concluido sus periodos como consejeros electorales quienes fungieron como tales hasta las más recientes elecciones locales.
Desde su desincorporación de la Secretaría de Gobernación para conformarse, al menos en cuanto a su concepción, como organismos integrados y dirigidos por ciudadanos, los institutos electorales a nivel federal y de los estados han pasado por diferentes transformaciones y, sobre todo, por incontables presiones por parte de los actores políticos de todos los frentes ideológicos, que los han visto como un botín a conquistar para favorecer sus particulares intereses.
Debido a ello, los órganos electorales se fueron “des-ciudadanizando” para convertirse en una especie de agencias de colocación de alfiles de la clase política, que muchas veces llegaban a ocupar cargos directivos y como autoridades en la materia sin tener, ni de cerca, un perfil adecuado para desempeñar esas responsabilidades.
Lo anterior ha sido una constante en Veracruz los últimos 15 años. Tanto el extinto Instituto Electoral Veracruzano creado en el sexenio de Miguel Alemán Velasco como el actual OPLE, han sido maniatados por operadores de los gobiernos estatales, algunos con mayor fuerza y descaro, como es el caso del tristemente célebre Gabriel Deantes Ramos, que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa hizo del órgano electoral su feudo personal. Todavía en la actualidad hay consejeros y funcionarios en ese organismo que responden a sus intereses.
Aunado a ello, paulatinamente se fue creando una burocracia electoral que tomó a estos organismos como si fueran parte de su patrimonio particular y que se ha mantenido navegando por años en el océano del sistema político-electoral del país.
Y eso es precisamente lo que ha salido a relucir en el actual proceso de renovación de consejeros de los OPLES: tras las fases de documentación y verificación de requisitos, así como de los exámenes de conocimientos, prácticamente todos los finalistas son integrantes de la burocracia electoral, por lo menos en el estado de Veracruz.
En la entidad veracruzana, el único de los más de 200 aspirantes que pasó a la siguiente etapa y que no trabaja para un organismo electoral en este momento es el abogado León Vladimir Hernández Ostos, quien además obtuvo una de las más altas calificaciones en el examen de conocimientos. Pero todos los demás son empleados vigentes o del OPLE o del INE, que obviamente conocen el camino y las trampas que hay puestas en el mismo, y que por ende, tendrán siempre una ventaja sobre quienes verdaderamente provienen de la sociedad civil.
La ciudadanización de los organismos electorales que se supone fue el espíritu con el que éstos fueron creados hace más de 25 años es ahora sólo un membrete más de un sistema que hace mucho se ha agotado y que sigue secuestrado por la clase política y la burocracia electoral que intentan, a toda costa, perpetuar los privilegios de los que gozan. Y que no son poca cosa.
¿Los ciudadanos? Que sigan votando y creyendo que algo cambian.
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