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Elementos de la extinta Policía Federal custodian a diputados locales de Veracruz

20 enero, 202020 enero, 2020 12 Horas GR 0 comentarios

Según el periódico Reforma, la mayoría de los 190 exagentes adscritos a dichas funciones quedaron bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Foto: Christian Hernández/Cuartoscuro.com

POLÍTICOMX / MÉXICO.-Señalan que exagentes de la Policía Federal (PF) fueron asignados como escoltas de funcionarios de la Presidencia, de secretarios de Estado, ministros, magistrados, e incluso alcaldes.

Según el periódico Reforma, la mayoría de los 190 exagentes adscritos a dichas funciones quedaron bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual además se quedó a cargo de 14 de los 29 vehículos que la PF usaba para el servicio de escoltas.

Se detalla que los exintegrantes de la Policía Federal fueron distribuidos de la siguiente manera: 12 para el Poder Judicial, 8 para Pemex, 33 para ayuntamientos de Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco y Guanajuato y 20 para los gobiernos estatales de Guerrero, Morelos, la Ciudad de México e Hidalgo.

Mientras que otros 12 están asignados a senadores de Baja California, la Ciudad de México y Querétaro; 15 a seguridad de diputados federales en la Ciudad de México y Morelos y 9 más para legisladores locales de San Luis Potosí y Veracruz, de acuerdo con una respuesta de información de la PF, fechada el 28 de noviembre, antes de su extinción.

Ex agentes de la PF fueron enviados como escoltas de funcionarios de la Presidencia de la República, Secretarios de Estado, ministros, magistrados, senadores, diputados federales y locales y hasta alcaldes https://t.co/J5pvzRvBkx
— REFORMA (@Reforma) January 20, 2020

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Editorial

Cinismo de Sheinbaum defendiendo a los ciudadanos “narcoterroristas”

22 febrero, 2025 12 Horas GR 0

El absurdo, la insolencia y la bofetada a quienes le dieron su voto por la legalidad en las controvertidas elecciones de junio, el Estado de Derecho y el combate a la impunidad, la corrupción y la hidra de los narcos y el negocio del lavado de dinero.
Defender a los ‘narcoterroristas’ -designación de EU- no tiene nombre. Es ofender a los padres de los cruentos asesinatos y desaparecidos que ocurren en el país. Defender a los ‘ciudadanos’ matones, es sinónimo de complicidad aviesa.
La presidenta Claudia Sheinbaum desea que el gobierno de Trump devuelva al narcoterrorista ‘ciudadano’ Ismael ‘El Mayo’ Zambada porque se violó la soberanía del país por no pedirle permiso para atrapar al capo que permanecía intocable por décadas en México, según dice el sicario mayor en una carta.
Primero que nada, no es un ‘ciudadano’, es un asesino, un criminal que ha asesinado a cientos de mexicanos que nada tienen que ver con el millonario negocio de la droga, el fentanilo y el lavado de dinero.
‘El Mayo’ Zambada es un delincuente peligroso que, con la complacencia de los presidentes de turno, aterroriza al imaginario colectivo desde Baja California Norte hasta Yucatán, en todo el país.
Si la captura del criminal Ismael Zambada fue ilegal, serán las autoridades respectivas las que esclarezcan la detención del líder fundador del Cártel de Sinaloa. Pero…distraer a los agraviados y al país, es totalmente pueril.
No es necesario que la Señora Presidenta se rasgue las vestiduras en el púlpito mañanero por la detención del asesino y uno de los autores de la tragedia de miles de desaparecidos de norte a sur y centro de la república.

Columnistas Gaudencio García Rivera

Veracruz: campo minado

3 abril, 2025 12 Horas GR 0

Los veracruzanos enfrentan en carne propia el campo minado que sembró Cuitláhuac García. Batió récord con los delitos de alto impacto social. Más que una burla es una brutal infamia el discurso oficial de que los ‘morenistas’ no son como sus antecesores o los neoliberales.
Más que los ‘otros’, los morenistas agravian a la sociedad civil con sus discursos demagógicos, huecos y sombríos que han ido destapando la caja de Pandora del intríngulis político del gobierno de Veracruz.
La corrupción y opacidad no solo es la génesis de los cuerpos policiacos, donde la propia gobernadora admite el cese de más de 200 policías por actos de corrupción, si no en la mayoría de las dependencias de la administración pública, que avaló la titular del ORFIS, Delia González Cobos con singular cinismo.
La inseguridad público que provoca el crimen organizado con los 14 cárteles de la droga en la geografía veracruzana, continúa y seguirá siendo el talón de Aquiles del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum y de Veracruz con doña Rocío Nahle.
Se demostró con hechos, estadísticas y de las principales agencias de seguridad internacionales y de EU que la estrategia anticrimen del sexenio de talibán de Macuspana fue un auténtico fracaso y con evidentes ligas de complicidad aviesa. Una fiesta para la mafia de los cárteles de la droga.
Veracruz y el país viven un surrealismo político peor al que heredó del viejo PRI. Bastaron seis años del defenestrado gobierno de Morena con Cuitláhuac García para demostrar que la entidad cayó en un retroceso al igual que el resto del país por más de tres décadas.

Columnistas Quirino Moreno Quiza

-¿En Morena ignoran a gobernadores y hasta a la Presidente?

3 abril, 2025 12 Horas GR 0

Columnas de Interes Columnistas

Una Gran Mentira la construcción de un Acueducto que resolverá la falta de agua en Xalapa, por los próximos 20 años

2 abril, 2025 12 Horas GR 0

Aurelio Contreras Moreno Columnistas

A partir de ayer domingo 30 de marzo y durante 60 días más que es el tiempo autorizado para los aspirantes a ocupar cargos de juzgadores en el Poder Judicial Federal (PJF), podrán llevar a cabo sus campañas para permanecer en el cargo o para integrarse a este importante Poder de los 3 que forman lo que aún queda de la incipiente democracia mexicana.
Se elegirán 882 cargos, entre los que están ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); integrantes del Tribunal de Disciplina Administrativa; magistrados de circuito y jueces de distrito de entre aproximadamente 5, 379 candidatos.
Elección que desde sus comienzos, del planteamiento de la reforma judicial, estuvo plagada no solamente de errores de procedimiento, sino lo más grave, de acciones de inconstitucionalidad que las autoridades correspondientes entre las que están el Congreso de la Unión, no observaron y autorizaron se llevaran a cabo.
A lo que hay que sumar el grave recorte presupuestal que se hizo al Instituto Nacional Electoral (INE), con toda la intención de que esta reforma y especialmente la elección no se pudiera llevar a cabo en la forma adecuada, ya que de un presupuesto solicitado de 13 mil 205 millones de pesos para realizarla, los legisladores solamente le autorizaron 6 mil 219 millones, reduciendo lo solicitado en un 52.9 %, lo que arrojó como consecuencia que solamente se puedan instalar en 50 % de las casillas que originalmente se autorizaron.

Felipe de Jesús Fernández Basilio Opinión