Felipe de Jesús Fernández Basilio

Recientemente el presidente de la república frustrado por la declaración de inconstitucionalidad llevada a cabo por parte de la SCJN en relación a diversas leyes y decretos ordenados por él, convocó al pueblo de México para que en el 2024 voten apabullantemente por su partido y así modificar la constitución a su antojo las veces que quiera. Sin embargo, esa sugerencia presidencial aparte de ser técnicamente imposible de lograr, tiene una serie de consecuencias altamente perniciosas y un buen ejemplo de ello lo vemos con lo que sucede en el estado de Veracruz. Y sí, prácticamente hacia a donde se volteé en Veracruz, se encuentra un poder o un organismo constitucionalmente autónomo totalmente sumiso al gobernador o quienes lo controlan.

Al momento de escribir estas líneas, está sucediendo algo inédito en la historia de México y es que el presidente de la república está actuando en franco desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual, si no es frenado de inmediato, se puede convertir en una alteración al orden constitucional que constituye un tipo de golpe de Estado. En resumen, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la SCJN resuelve una controversia constitucional planteada por el INAI en contra de un decreto del presidente que ordena clasificar como información reservada, por ser de seguridad nacional, el monto de los gastos que se erogan en las obras que está llevando a cabo, tales como la refinería del pantano y el trenecito destruye selvas. Dicha resolución, se basó en que un decreto es una norma de jerarquía menor, la cual por su naturaleza no puede estar por encima de las de mayor jerarquía como las leyes y ni se diga, la constitución, y es que, ese decreto iba en contra de los derechos humanos de petición, a la información y al principio de máxima publicidad consagrados en la constitución, ya que al pretender reservar todo tipo de información relacionada con la obra pública del gobierno federal, se vulneran los derechos humanos antes mencionados.

Tanto el presidente de la república como los legisladores y los gobernadores de su partido (MRN) mienten descaradamente cuando claman a los cuatro vientos que la SCJN usurpó las funciones de los legisladores al echar abajo las dos primeras leyes que conforman el paquete de reformas legales en materia electoral, mejor conocido como el plan B de López Obrador. También mienten los sujetos ya mencionados cuando alegan que la SCJN no es electa democráticamente dando a entender que, por votación popular, y que a pesar de ello se pretende imponer a los otros dos poderes que sí son electos de esa manera. Y sí, mienten descaradamente y ello es así, porque la constitución establece detalladamente tanto las facultades de la SCJN y del poder judicial en general, como el método por el cual son elegidos los ministros que la integran y en el cual, por cierto, intervienen los otros dos poderes. Ahora bien, ¿Por qué fue absolutamente legal la resolución que tomo la SCJN de declarar la invalidez de las primeras dos leyes que integran el llamado plan B de López?

En la última Desde a Janela de 2022 (Ricardo Monreal: el falso rebelde) detallamos como Monreal nada más aparenta ser diferente al oficialismo y también como engaña a la oposición y la hora buena, se pliega a los deseos del presidente; en aquella ocasión fue por el cochinero de leyes electorales que aprobaron y ahora les volvió a repetir la dosis. Bueno, así como en aquella ocasión advertimos que Ricardo Monreal era un embustero, ahora, debemos de hacer lo propio con otro personaje del oficialismo que, aunque es menos sagaz que el senador, lleva un juego similar y de ser posible, busca engañar a muchos opositores, tanto en los partidos como en la sociedad civil, aparentando ser el hijo desobediente, cuando en realidad ha sido uno de los hombres más fieles que López Obrador ha tenido en su carrera política. Así es, Marcelo Ebrard es leal entre los leales, Marcelo Ebrard le ha cuidado las espaldas a su jefe como su sucesor en el entonces Distrito Federal y también Marcelo Ebrard sostuvo a su patrón, cuando este no tenía cargo formal pero sí una farsa de gobierno que sostener y que fue sostenido por el fiel Marcelo, quien diligentemente dispuso de los fondos de los capitalinos para que la carpa del “gobierno legítimo” siguiera recorriendo el país.

Según el oficialismo los órganos autónomos y las instituciones especializadas deben de desaparecer, porque son muy caros, son nidos de corrupción y son ineficientes y más aún, porque sus funciones las puede asumir la administración pública centralizada y con ello, se ahorran los millones de pesos que, según ellos, cuesta al erario su mantenimiento. Eso lo sostienen, a pesar de que está demostrado que dichas instituciones han trabajado con una razonable eficiencia desde su creación; lo cual no se puede decir de los legisladores de MRN y aliados en las últimas dos legislaturas, quienes no han desempeñado sus funciones constitucionales, pero eso sí, cobran su dieta completita y de ninguna manera perdonan los apoyos y los viáticos que les corresponden. Y sí, los legisladores de MRN y asociados mantienen casa de gestoría, pagan asesores y asistentes y se trasladan de o hacia la capital del país con cargo al erario, pero ¿Qué creen? Votan a favor de las iniciativas que les manda el ejecutivo sin siquiera leerlas, bloquean los nombramientos que están obligados a hacer según la Carta Magna solo porque va el secretario de gobernación a decirles que para su jefe “es el mundo ideal que no salgan esos nombramientos” y si ya ni eso pueden evitar, desde un principio dicen que se van la tómbola y con ello, desde el comienzo, clausuran cualquier posibilidad de diálogo.

Después de guardar los días santos, de disfrutar de unos merecidos días de descanso o de, mejor aún, ambas cosas, es tiempo de volver a reflexionar sobre las cosas mundanas que atañen esta ahora muy atribulada nación. Esta vez no vamos a hablar de grillas o de los temas que en estos tiempos dividen tanto a los mexicanos y, aunque el título de este texto pareciera que nos lleva por esos caminos, la realidad es que vamos a tratar un tema que es totalmente ajeno a lo que se trata en el show diario de palacio, tan es así que lo tratan de ocultar, pero que es muy importante para la vida de una nación moderna y democrática como lo es México. Así que hablaremos de transparencia, sí esa palabra que todo gobernante y más si tiene tendencias autocráticas, como es el caso de López O., repugna y tiende a minimizar. Más esa repulsión, lo que en realidad esconde es un temor por parte del autócrata tanto al significado como a las consecuencias de lo que es la transparencia, y por esa razón, es que una constante en la administración de López O. ha sido ocultar casi toda la información pública y, al mismo tiempo, reducirla a lo que él expone en sus programas diarios, exposiciones que realiza en forma de diatribas con la finalidad de desviar la atención sobre los datos duros que genera el ejercicio de la administración pública.

El 27 de marzo, en Ciudad Juárez, 39migrantes murieron como consecuencia de un incendio en una estación migratoria dependiente del Instituto Nacional de Migración, que a su vez depende de la Secretaría de Gobernación. La muerte de 39 personas es una verdadera tragedia y si a ello, le sumamos otras 27 personas heridas, de las cuales 16 se encuentran en condición grave como consecuencia de las quemaduras que sufrieron, la situación se vuelve mucho más lamentable. Más si a todo lo anterior, le añadimos que el siniestro ocurrió en un lugar que estaba a cargo de una dependencia del gobierno federal y que, para colmo, la tragedia era evitable y no se evitó, entonces nos encontramos ante un crimen perpetuado por el Estado. Pero lo peor es que la cosa no termina ahí, sino que se agrava con la indiferencia y el menosprecio con el que las autoridades abordaron el asunto, primero tratando de evitar que la tragedia se difundiera tal como fue y luego restando importancia al evento y culpando a los mismos migrantes de haber causado la desgracia.

“¡Los jueces son corruptos!” es la frase que más se ha escuchado los últimos días en el púlpito palaciego, “¡Los jueces son corruptos!” repiten los sátrapas emanados del partido, movimiento, asociación delictuosa y/o de conveniencia ( ya que no se sabe bien a bien qué cosa es) del presidente actual, “Los jueces son corruptos” replican los mercenarios yutuberos y los mercenarios a secas pagados con nuestros impuestos para repetir las sarta de mentiras insidiosas que pregona el que ocupa el ejecutivo en este sexenio. Sí, los mismos que están muele y muele que los funcionarios del INE son unos saqueadores, son los que ahora culpan a los jueces de que la justicia criminal es un desastre en el que no se puede procesar a ningún presunto criminal, porque los juzgadores están vendidos y los liberan antes de que la impoluta fiscalía siquiera pueda señalarlos con su dedo revestido con el dedal de la justicia. Así es, los gobiernos de la auto llamada 4t nos dicen que sus fiscales son unas personas honradas y trabajadoras a los que ningún pillo debiera de poder resistir, pero que tan nobles personajes enfrentan a un lobo muy malo y muy puerco que es el juez que conoce del caso, quien casi seguramente está muy corrompido y por unas cuantas monedas va a liberar a quienes le presenten.

Uno de los grandes mitos que siempre han existido en México es que el gobierno hace su trabajo en la lucha contra el crimen cuando satura las cárceles con personas a las que se les acusa de haber cometido un delito y otro de los grandes mitos, el cual ahora es muy usado por el presidente que vive en el Palacio Real, consiste en decir que las fuerzas de seguridad pública apresan a los delincuentes solo para que luego los liberen los jueces corruptos. Cabe señalar, que estos mitos no han sido exclusivos del gobierno actual, ya que prácticamente en todos los sexenios se han escuchado; lo cual nos lleva a pensar que una buena parte del problema radica en la práctica punitiva que el Estado mexicano ha tenido desde que existe y dentro de esa práctica destaca de sobremanera la existencia y el abuso de lo que se conoce como prisión preventiva, a la cual últimamente se le agregaron apellidos y uno de ellos es “oficiosa”. Y en efecto, el uso y abuso de la prisión preventiva oficiosa es generadora de la impunidad debido a que su naturaleza es contraria a la finalidad del derecho penal y por ello, es la causante de muchos vicios que se producen dentro y fuera del proceso penal.

Ahora que los trogloditas que están encaramados tanto en el Congreso de la Unión, como en el Palacio Nacional han enfocado sus baterías, inventando cuanta sandez se les ocurre, en contra del poder judicial y en virtud de ello es que los integrantes y las funciones de ese poder se encuentran inmersos en una rumorología que está basada en una serie de mentiras, al igual que sucede con las autoridades electorales y con cualquiera que no se pliegue a los designios de López Obrador. Por ello es que considero de suma importancia tratar de explicar en qué consiste el procedimiento jurisdiccional en lo general y el constitucional en lo particular. En principio de cuentas, el Poder Judicial está compuesto por una serie de tribunales, los cuales son los órganos encargados de impartir justicia, cabe señalar que por “impartir justicia” únicamente se entiende que es decidir quién tiene la razón jurídica en una determinada controversia, estos tribunales pueden ser de grado inferior o superior, mixtos o especializados en alguna rama del derecho, unipersonales o colegiados y pueden estar integrados por jueces, magistrados o ministros; por ello bien se puede decir que son tribunales tanto la Suprema Corte de Justicia como el más apartado juzgado municipal.