Emilio Cárdenas Escobosa

Una consulta para la revocación de mandato es un ejercicio por el que se pregunta a los ciudadanos si el presidente o un servidor público elegido por votación debe dejar su cargo por pérdida de confianza. Es una de las formas de participación ciudadana directa que prevén las leyes en muchos países. Desde que inició su gobierno Andrés Manuel López Obrador ofreció que a la mitad de su gobierno preguntaría a los ciudadanos si desean que siga hasta concluir su encargo o quieren que se vaya. No obstante, nadie ha pedido que se vaya el presidente. No hubo promotores para activar la revocación de mandato por pérdida de confianza, y en cambio los más interesados en que se realizara la consulta fueron, paradójicamente, el presidente de la República y los suyos. El México surrealista en todo su esplendor.

Todos sabemos que desde diciembre del 2018 llegó al poder un movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador empeñado en impulsar un cambio profundo en México, una transformación de fondo del estado de cosas. No dudo y no lo hago ahora del propósito último del proyecto del mandatario de rescatar a los más pobres de este país, de revertir desigualdades, impulsar una distribución del ingreso más justa, apoyar a los que menos tienen y moralizar la actividad gubernamental. Un objetivo de desarrollo para un país como México que debe ser un imperativo ético luego de décadas y décadas de saqueos, negocios al amparo del poder y de corrupción desbordada.

Todos estamos de acuerdo en que la corrupción no se termina por decreto ni con discursos. Que erradicar este pernicioso fenómeno precisa eliminar el caldo de cultivo que la hace posible, esto es, que se atempere la vocación patrimonialista del poder, que se interiorice que el servicio público no es la vía para acumular fortuna y que entre los que hoy gobiernan se entienda que el apoyo mayoritario que recibieron en las urnas en el 2018 no representaba en absoluto un cheque en blanco para que a nombre de una pretendida transformación, que seguimos esperando, se impongan voluntades, se someta a los adversarios y críticos, se avasalle a quien se pueda y se gobierne exactamente como lo hicieron en el pasado.

En los años recientes al celebrarse el Día Internacional de la Mujer abundan las marchas, los discursos, análisis y manifiestos que reivindican la lucha social y política de las mujeres para garantizar la igualdad de derechos y la eliminación de la violencia en su contra. Cada 8 de marzo se pone en la mesa de discusión, en el debate público, en las redes sociales, los medios y en todos los foros el tema de la equidad de género y los avances alcanzados en nuestro país en la materia. Con motivo de esta efeméride se ha dado un impulso sin precedentes al tema que ha marcado por igual las discusiones académicas que a los movimientos sociales de todo signo ideológico. Hoy es políticamente correcto abrazar la causa de las mujeres, aunque en el terreno de los hechos, los gobiernos, los partidos y la sociedad en general hayamos avanzado muy poco.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Durante la sesión pública de este día, el Pleno del máximo tribunal del país analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, mediante la cual impugnó las reformas y adiciones al artículo 331, relativo a ultrajes a la autoridad, así como a las fracciones 1, 2 y 4, correspondientes a las agravantes de este delito, contenidas en el Código Penal de Veracruz. Como se recordará, a partir de estas reformas aprobadas por el Congreso del Estado en marzo del año pasado se incrementó la penalidad del delito de ultrajes a la autoridad, lo que generó un intenso debate respecto a las afectaciones a la libertad de expresión y lo confuso de la redacción de aquellas adiciones que dejaba al criterio de un juez la posibilidad de cometer excesos en su aplicación.

En la historia reciente del país nunca se había vivido una relación tan tensa entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya cereza en el pastel se dará seguramente en el momento en que Andrés Manuel López Obrador mande al Congreso su propuesta de reforma electoral. Desde hace varios meses, el Primer Mandatario anunció que ésta será, junto con la reforma eléctrica y la de la Guardia Nacional, las que consoliden su proceso de transformación del país. El argumento central esgrimido por López Obrador para justificar la reforma electoral es disminuir los gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral, que las elecciones no cuesten tanto dinero y al mismo tiempo sean democráticas y libres para evitar los fraudes en los comicios.

El tema que ha marcado la agenda pública del país en las últimas tres semanas y que tiene fuera de sí al presidente de México es la investigación hecha pública por el periodista Carlos Loret de Mola sobre el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y sus propiedades en Estados Unidos. Las revelaciones sobre las casas en Houston, Texas, donde vivió y vive el primogénito del Primer Mandatario, el exhibir el estilo glamoroso de la pareja, donde el lujo y la buena vida, vida de ricos, plantea un dramático contraste con la forma de vida de millones de mexicanos y sobre todo con el discurso de AMLO que pregona la frugalidad, una vida austera, una personalidad pública humilde y que cuestiona acremente a los clasemedieros aspiracionistas y a todo ese conglomerado que etiqueta en el bando de los conservadores.

Desde luego que es lógico que el grupo de políticos que se congregaron el pasado sábado 5 de febrero en la Plaza Lerdo de Xalapa para dar el banderazo de salida al Movimiento por la Justicia con el que pretenden buscar la liberación de mil 33 personas detenidas bajo el delito de ultrajes a la autoridad, hayan aprovechado esta inmejorable oportunidad para volver a escena que les ha dado la cerrazón y soberbia del gobierno veracruzano. Si el demostrado abuso de parte de policías, jueces de consigna y personal de la Fiscalía General del Estado, en el caso de un grupo de jóvenes injustamente detenidos y retenidos en un penal veracruzano por varios meses, en una flagrante fabricación del delito de ultrajes a la autoridad, llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación al gobierno veracruzano para derogarlo, ello debió bastar para que se manejara con pinzas este asunto.

Este lunes 31 de enero y ya al cuarto para las doce, a punto de que el gobierno de Veracruz cayera en desacato ante la recomendación que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos para derogar el articulado relativo al delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal del Estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió a la LXVI Legislatura del Estado la iniciativa para hacerlo y cumplir así con lo indicado por el órgano autónomo. La iniciativa del mandatario veracruzano fue turnada para el proceso legislativo a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Con esta son cinco las iniciativas que para derogar el delito que llegan al Congreso local. Antes las presentaron dos organizaciones de abogados, otra el Partido del Trabajo y una más el Partido Acción Nacional. Movimiento Ciudadano hizo otra que le llevó al Palacio de Gobierno al gobernador Cuitláhuac García la semana pasada.