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El grupo de ‘hacktivistas’ Guacamaya obtuvo y filtró millones de documentos clasificados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile, México, El Salvador, Colombia y Perú, lo que ya ha provocado una serie de escándalos por la falta de ciberseguridad de los Estados, así como la persecución a periodistas, ambientalistas, feministas, defensores de derechos humanos y todo tipo de organizaciones sociales. Guacamaya, nombre de una de las aves oriundas de América Latina, se dio a conocer en marzo pasado, cuando difundió datos sobre la persecución a ambientalistas en Guatemala, pero en las últimas semanas saltó a la fama al revelar archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México. En Chile, el escándalo generó la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, Guillermo Paiva, mientras que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador ha restado importancia a las primeras informaciones que se han referido a su estado de salud y ha negado la compra del programa Pegasus, que según una investigación periodística sirvió para espiar a dos periodistas y un defensor de derechos humanos. Hasta la fecha, se conocen dos sitios web donde se comparten las filtraciones de este grupo: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivist. En este último, anticipan que también se infiltraron en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de El Salvador; el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia; y en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en el Ejército de Perú, por lo que se prevé que en los próximos días darán acceso a esa información.

Una investigación periodística colectiva demostró que, en 2019, el Ejército mexicano compró el software Pegasus para espiar de manera ilegal por lo menos a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos, que estaban investigando presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. La información, que fue publicada por los portales Animal Político y Aristegui Noticias, la revista Proceso y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), contradice al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había asegurado que durante su Gobierno ya no se realizaban este tipo de intervenciones. Sin embargo, un grupo activista autodenominado Guacamaya hakeó el mes pasado millones de comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la filtración de los documentos confirmó que la Sedena adquirió el sistema Pegasus y que lo operó del 1 al 30 de junio de 2019. Para entonces, hacía ya seis meses que López Obrador gobernaba el país. Pegasus, que es propiedad de la empresa isralí NSO Group, ha provocado múltiples polémicas en diversos países, debido a la discrecionalidad con la que ha sido usado por varios gobiernos para espiar de manera ilegal a activistas y opositores.