Luis Gutiérrez R.

Veinticuatro investigadores universitarios, coordinados por los maestros economistas Rolando Cordera Campos y Enrique Provencio Durazo, integrantes del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD), así como invitados especiales, presentaron recientemente, bajo los auspicios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una colección de ensayos (todos ellos entregados entre el 15 y el 20 de mayo de 2020), cuyo título “Cambiar el Rumbo: el Desarrollo tras la Pandemia”, anticipa su valioso contenido. No tengo la menor duda, como lo ofrece la presentación de la obra, que el trabajo de los autores habrá de contribuir a las necesarias y urgentes reflexiones sobre las implicaciones de la crisis generada por la pandemia de coronavirus o Covid-19, lejos de la trivialidad y el comportamiento irresponsable de altos funcionarios encargados, por ley, de preservar y garantizar la salud pública de los mexicanos.

Cómo en el juego de ¿dónde quedó la bolita?, así fue el escurridizo arribo del presunto delincuente y ex director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, al llegar a la Ciudad de México el pasado viernes 17 de julio, extraditado por España. ¿En dónde está Lozoya?, se preguntó esa tarde la agencia de noticias Infobae en Internet, poco después del presunto arribo a México del famoso extraditado por el gobierno español. La Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública y hasta el presidente de México, no quisieron, no supieron o no pudieron informar sobre el paradero del hombre cuya llegada a nuestro país acaparó titulares de prensa en México y España.

El jueves 9 de julio, senadores, diputados, funcionarios y destacados dirigentes de la sociedad civil de seis países latinoamericanos (Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Chile), tuvieron una trascendente reunión virtual para analizar, desde diferentes perspectivas, un tema cuyo tratamiento urgente se abre paso con rapidez en diversas partes de nuestro continente y del mundo: la adopción de un salario mínimo vital de emergencia para enfrentar la grave secuela de desempleo que trajo consigo la pandemia del Covid-19.

El miércoles 22 de enero del año en curso, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Decreto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador le cambió el kilométrico nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE), por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).Quiero pensar que tan ambiciosa y justiciera pretensión presidencial, no es otra retórica promesa de campaña, o un campanazo mediático a los que es tan proclive y de los cuales estamos hasta la coronilla. Hay incumplimientos del jefe del Ejecutivo que encuadran en francas violaciones a mandatos constitucionales, como garantizar la seguridad de los mexicanos, o hacer justicia y aplicar la ley “hasta las últimas consecuencias” (bella frase).

El jueves 4 del mes en curso, la presentación en el Senado de la República del proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital, significó una afortunada coincidencia de organizaciones civiles y gremiales, de académicos y legisladores de distintos partidos políticos, en apoyo de una iniciativa trascendental de Movimiento Ciudadano: ayudar económicamente a las y a los mexicanos que, por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), han perdido sus ingresos después de varios meses de crisis.El objetivo, sin rodeos, es abrir el debate y apoyar este noble propósito; urge establecer como derecho el ingreso vital para millones de hogares afectados.México vive una tragedia laboral inédita e histórica, a la cual el gobierno federal debe responder con grandeza y magnanimidad.

Hace unos días, en un artículo sobre intelectuales defensores de Andrés Manuel López Obrador, el diputado federal Jorge Álvarez Máynez (Secretario General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano y Director General de la Revista Digital Tercera Vía), espetó a bocajarro: “¿En qué México vive López Obrador?”Esta pregunta de Jorge, respetable y respetado compañero de lucha en Movimiento Ciudadano, se la hacen hoy millones de mexicanos: ¿en qué México asume que vive el presidente? Yo añadiría: ¿Qué rumbo lleva? ¿hacia dónde pretende llevar a nuestro país? ¿a partir de qué?

Hay explicable incertidumbre en amplios sectores de la sociedad mexicana respecto del rumbo actual del país.Quien no parece desviarse de su ruta (con todo y bandazos desafiantes, espectaculares, perturbadores, patéticos), es el jefe del Poder Ejecutivo.

Todo poder emanado de una voluntad colectiva y mayoritaria (político, empresarial, patronal, sindical, etcétera), es vital para una sociedad democrática y republicana. Su investidura (léase dignidad y honorabilidad) merece ser respetada en cualquiera de los ámbitos aquí mencionados.

El 10 de mayo de 2016, dos hombres entregaron en Veracruz a la naciente organización Colectivo Solecito, formado básicamente por madres de desaparecidas y desaparecidos en el estado, varias hojas que incluían un mapa señalado con cientos de cruces y una leyenda breve y siniestra: «Ahí encontrarán los cuerpos de todos los desaparecidos en Veracruz».

Recientemente, el conocido editor de un diario de circulación nacional, exhibió con varios videos cómo miente el presidente cuando asegura que nunca ha agraviado a los medios de comunicación. Todo lo contrario: lo hace una y otra vez.Esta conducta presidencial es recurrente y preocupante: afirmar, luego negar y enseguida acusar a sus adversarios, a los conservadores, a los neoliberales, de las consecuencias contraproducentes de sus propios actos y dichos.