Luis Gutiérrez R.

En una de sus ocurrencias mañaneras (junio de 2021), Andrés Manuel López Obrador decidió enlistar los motivos (“razones”, las llamó), por lo que se debería llevar a juicio a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quezada (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). No sorprendió la jactancia en el estrecho vocabulario presidencial. Se sumaría a lo que faltaba: la rifa del avión presidencial de Peña Nieto, la demanda de “disculpas” al Papa Francisco (Jorge Bergoglio), al gobierno de España, etcétera. Ya transcurrió más de la mitad del mandato presidencial. ¿Hay resultados positivos para la sociedad que eligió, así haya sido por una ínfima mayoría esperanzada? México enfrenta una peligrosa y gran ausencia. Esperanza que se acrecienta sin resultados. Por el contrario, mientras aumenta el crimen organizado, se multiplican los asesinatos y los desafíos descarados (e impunes) a las autoridades de todos los niveles (judicial, administrativa y aun militar); brotan por todos lados los vacíos de autoridad, poder y buen gobierno.

El problema no es de ahora, pero se ha enquistado en los sótanos del poder de algunos países latinoamericanos y, a lo que se ve, ¡qué difícil es extirparlo! Se trata de gobiernos autoritarios o por lo menos de resquicios francamente dictatoriales. En México la tentación es muy grande, por todo lo que ha significado, desde hace décadas, el omnipotente poder presidencial. El desbordamiento autoritario, como ocurre actualmente, transgrede barreras constitucionales y el avance de un totalitarismo que no cabe en la vida democrática de México. Es imprescindible tomar nota de que ante las autocracias suelen abrirse dos vías peligrosas para perpetuarse: el golpe castrense o el cautivador refugio de los montajes electorales. Menudean casos y ejemplos: Augusto Pinochet Ugarte, Fidel Castro Ruz, quien después de derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista, asumió el poder como primer ministro el 16 de febrero de 1959 y fue elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976

Hace tres años, en febrero de 2019, el vocero de la arquidiócesis católica de Veracruz, José Manuel Suazo Reyes, recibió la encomienda de enfrentar una serie de ataques del flamante secretario general de gobierno del estado, Enrique Patrocinio Cisneros Burgos, presumiblemente por órdenes de su jefe, e gobernador Cuitláhuac García Jiménez (1º. de diciembre de 2018). En uno de sus virulentos ataques, videograbado, Cisneros Burgos llegó a sostener que el llamado “secreto de confesión” estaba siendo usado por los sacerdotes de la diócesis veracruzana para hacer proselitismo en las misas dominicales. ¿Qué había ocurrido? Que no solamente la arquidiócesis, sino también empresarios y activistas sociales, acusaron al gobernador de que, desde el principio de su mandato, pareció más ocupado (y preocupado) por destituir al entonces fiscal general del estado, el oaxaqueño Jorge Winckler Ortiz, que en cuidar la necesaria gobernabilidad para los veracruzanos. Finalmente, Winkler fue destituido en septiembre de 2019 por el delito de privación ilegal de la libertad. Pero ya se había dejado crecer: la mala hierba de la impunidad gubernamental.

Poco a poco se corren los velos de otro año electoral. Y la ciudadanía tiene derecho a preguntarse: ¿Más de lo mismo? ¿Más promesas? Me atrevo a afirmar que, desde mi modesto espacio de libre observador, se advierte que el ciudadano medio se abre paso paulatinamente en la espesa urdimbre electorera. El engaño y la mentira empiezan a caer lentamente, con dificultad y feroz resistencia, pero bajo el peso de una realidad aplastante. Avanzan las propuestas ciudadanas de la mano con la sociedad. Por supuesto, siguen pendientes varios y muy graves problemas que virtualmente tienen a un amplio sector de la ciudadanía de espaldas a la pared. Por ejemplo, las graves deficiencias en materia de salud pública y asistencia médica. Detrás del parapeto que, a modo de barrera defensiva (u ofensiva), se construyó durante muchos sexenios en torno a la corrupción, permanecen intocables focos contaminantes en todos los niveles de la administración pública.

En los planteles académicos de educación superior, que imparten la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, los egresados suelen ser capacitados para descifrar y analizar la realidad política del país, y estudiar sus elementos teóricos e históricos para ponerla en práctica en la sociedad, en beneficio de la sociedad. En México y en muchos otros países de niveles académicos similares, ello implica aprender y comprender cómo operan las instituciones públicas de todos los estratos. Pero también, sobre todo, conocer y respetar el marco constitucional que las rige, de modo que la única vía para modificarlas, incluso cambiarlas o suprimirlas, sea el camino de la ley. Este es un principio básico de la gobernanza: todas las personas, instituciones, entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, deben respetar y cumplir con leyes que se promulgan públicamente, independientemente de que sean compatibles normas y principios internacionales de derechos humanos.

Es urgente recuperar la paz, respetar derechos, libertades y justicia en todas sus expresiones, como atinadamente lo ha señalado el senador Dante Delgado. Urge también lograr lo que tanto tiempo hemos deseado los mexicanos: un gobierno eficaz, congruente, realista, que deje de recurrir a la mentira, a las amenazas y al engaño para mantener, a toda costa, su pernicioso “control” sobre el poder. El problema es cíclico. Perpetuado durante sexenios por gobiernos que, sin excepción, solamente han visto en el ejercicio del poder público la oportunidad de lograr beneficios personales o de camarilla, cobijados por el manto de la impunidad. Bajo esa cobija se emboza hoy un absurdo “decreto” presidencial, que chorrea antidemocracia por todos lados. Su impulsor, nada menos que el inquilino principal del palacio nacional, pretende reafirmar el autoritarismo del poder a secas, por encima de la pluralidad y de la ley, así como de la vida republicana y democrática de nuestra sociedad. Resume su mandato con el recordado anatema: “Al diablo las instituciones”.

Si bien los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que la tasa de desempleo se ubicó el 21 de septiembre de 2021 en el 4.2% de la población económicamente activa (PEA) en septiembre de 2021, cifra inferior al 5.1% del mismo mes de 2020, nadie puede echar al vuelo campanas triunfales. Sin ánimos pesimistas, el dato real es que el desempleo creció más de medio millón de personas en un año. Avezados especialistas en el tema, precisan que la tasa de informalidad aumentó 7.7% respecto a abril de 2020, cuando la pandemia daba el primer golpe a la economía mexicana. A un año del primer indicador importante de la crisis, está claro que el empleo aún no logra recuperarse satisfactoriamente. Según la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la desocupación a finales de abril de este año, había crecido 574 mil personas en comparación con el mismo mes de,1 millones de 2020.

Muchos mexicanos han de recordar la escena, captada hace poco más de un par de años por un noticiero de televisión. El presidente López Obrador andaba de gira por la zona cañera de la Huasteca hidalguense, cuando advirtió, cerca de él, a un modesto campesino que con un rudimentario trapiche extraía jugo fresco de dos cañas blancas. Lo ayudaba en estrechos círculos un caballo cansino, que tiraba de un cable y hacía funcionar el rústico molino. Cuando el campesino advirtió la presencia de la importante visita, depositó en un vaso la dulce y refrescante bebida, y la ofreció con satisfacción al recién llegado: “Está muy fresca, recién hecha”. Con el molino del trapiche, el productor cañero y la bestia de tiro, AMLO aprovechó la oportunidad para disertar sobre lo importante que es crear oportunidades de empleo, con otro ejemplo: la producción y molienda de maíz y habas, para producir los sabrosos tlacoyos que luego los campesinos llevan a vender en los populosos tianguis de las ciudades.

Es incuestionable que la corrupción ancestral que padecemos los mexicanos, es un enorme obstáculo para alcanzar los niveles de desarrollo con que sueñan millones de compatriotas. Lo grave es que la corrupción se ha vuelto permeable. Su contaminación se ha filtrado en actividades públicas y privadas. Particularmente en las públicas, donde el poder suele lubricar bolsillos de todos los tamaños. Ha llegado a alturas insospechadas de mentiras, ambición, voracidad y cinismo. A tal grado que el uso impúdico de la palabra ya es un lugar común. Como también es grave que la corrupción se propague cebada en la impunidad, cínica o encubierta desde las alturas del poder. Un caso paradigmático, que la opinión pública ya califica como el mayor escándalo de corrupción en la historia de nuestro sistema político, es el de Emilio Lozoya Austin (ex director general de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016), cuyas delaciones han involucrado a políticos de postín, entre ellos tres ex presidentes de la república, beneficiados con sobornos de Odebrecht, la empresa constructora del Brasil.

Han transcurrido 34 meses desde que comenzó el promisorio gobierno de la transformación. Todo parece indicar que llegará a la mitad de su mandato, el 1° de diciembre próximo, con las manos vacías. O peor: a bandazos, sin rumbo claro, con obstinaciones por encima del interés colectivo, que solamente han provocado pobreza, deterioro económico e incertidumbre. Excepto por otra realidad, que la todopoderosa mano presidencial ya dividió en dos escenarios: el de la política y el de la violencia. Cuenta nueva, sin borrón, si bien con frecuencia se entreveran los hechos. Escribo estas líneas cuando, por ejemplo, en las noticias del día dan pormenores de cuatro policías asesinados en Zacatecas y nueve uniformados municipales son apresados por robo en Ciudad Juárez.