Aurelio Contreras Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente sacó la carta que todo mundo esperaba mostrara desde que asumió el cargo: la del desmantelamiento del sistema electoral que le permitió acceder al poder. La iniciativa de reforma electoral que presentó la mañana de este jueves en Palacio Nacional y que más tarde envió a la Cámara de Diputados contiene, en su parte fundamental, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por siete consejeros que serían elegidos por voto popular. Los candidatos a consejeros del INEC –así como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- serían propuestos por los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y competirían por el voto popular el primer domingo de agosto de cada seis años.

Recuerdo nítidamente el día que asesinaron a Regina Martínez. Me encontraba en un concierto cuando un amigo mutuo me escribió para darme a conocer la funesta noticia. La música se apagó en ese momento en mi cabeza y no hice más que llorar el resto de la noche. Los siguientes días fueron inenarrables. Sus amigos y conocidos del gremio y el medio político y social al que daba cobertura con su trabajo periodístico pasamos del estupor a la rabia, del dolor al reclamo porque el crimen no quedara impune, que es precisamente lo que el gobierno quería que sucediera. El inconmensurable cinismo del régimen de Javier Duarte de Ochoa –que para entonces ya tenía a Veracruz vuelto un infierno de violencia- alcanzó uno de sus niveles más siniestros con este crimen: primero se atrevió a enviar flores al funeral de Regina;

Los defensores más acérrimos del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” son muy proclives a tildar de “facho” a cualquiera que piense distinto a ellos, que critique los yerros del gobierno y los excesos y abusos del presidente López Obrador. “Facho” es una expresión que usan como sinónimo de “fascista”, sambenito que pretenden cargarle a cualquiera que no siga el guion oficial impuesto por la “4t”, pero que en realidad es cada vez más aplicable a muchos de los protagonistas del lopezobradorismo, el presidente incluido. El fascismo es una corriente política e ideológica que surgió hace cien años, en el periodo entre la primera y la segunda guerra mundial, y que tuvo como sus principales escenarios a la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolfo Hitler, por lo cual se le ha asociado tradicionalmente con el pensamiento extremista de derecha. Sin embargo, lo que principalmente define al fascismo es su tendencia al autoritarismo como forma de ejercicio de gobierno, la cual es perfectamente capaz de cancelar cualquier libertad individual “por el bien de la patria”.

La semana que concluyó fue una de las más traumáticas de los últimos años para las mujeres en México, ante el desbordamiento de la violencia feminicida que ha rebasado por mucho al Estado, mismo que de por sí nunca ha tenido –ni antes ni ahora- verdadero interés por encontrar las causas y las soluciones para este fenómeno. El feminicidio de Debanhi en Nuevo León encendió el interés mediático general sobre un tema que no ha dejado de estar ahí, como una grieta en uno de los pilares del país que se hace cada vez más grande y que refleja un problema estructural profundo, que ninguna institución ni la propia sociedad mexicana han sido capaces no solamente de atender, sino de entender. Las cifras muestran una realidad que las autoridades buscan matizar con verborrea y demagogia, pero que sin embargo, son desgarradoras y muy contundentes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2022 se registraron 228 feminicidios en México, de los cuales 76 se cometieron en enero, 79 en febrero y 73 en marzo.

Todavía con la resaca del fiasco de la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga un enésimo informe de actividades, el primero de 2022, en su afán cotidiano de cubrir con propaganda la ausencia de resultados reales. Con todo y eso, no le quedó de otra más que reconocer tendencias a la alza en delitos graves, como el de feminicidio, que creció 15 por ciento; extorsión, 40 por ciento, y robo en transporte público individual en un 22 por ciento. El presidente afirmó que “todo este esfuerzo para conseguir la paz” es “sin violaciones a derechos humanos. Sin involucramiento en masacres, sin desapariciones forzadas, como ocurría antes”.

Ni el brutal derroche y desvío de recursos, ni el acarreo descarado, y ni siquiera la “inversión” en sus clientelas electorales a través de los programas sociales, lograron que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” sacara a las calles masivamente a los mexicanos para validar la supuesta “ratificación” del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con las tendencias dadas a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de su conteo rápido –que ha demostrado ser completamente confiable-, la participación ciudadana en el ejercicio de este domingo oscila entre 17 y 18.2 por ciento, lo que equivale a unos 17 millones de votantes, de los cuales unos 14 millones votaron en favor de la permanencia de López Obrador en la Presidencia, entre los que hay que sumar a quienes fueron coaccionados para hacerlo mediante la amenaza de perder sus becas y pensiones, y hasta sus empleos. A lo priista.

Aunque un tanto opacadas por el tema de la revocación de mandato y otros que acaparan la agenda político-mediática, la elección de dirigentes magisteriales de la semana pasada fue otro duelo entre el régimen que a lo único que llegó fue a apropiarse de los espacios de poder –quítate tú para ponerme yo- usando las mismas prácticas y lógica de antaño, contra los viejos cacicazgos que mudan de color, pero que mantienen el control de sus cotos jugando un juego que bien conocen. La elección de Secretario General de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha representado siempre un ambicionado botín político del que por muchos años se sirvió el PRI para tener una muy importante fuente de votos en todos los procesos electorales. A cambio, sus líderes han recibieron a lo largo del tiempo toda clase de prebendas de parte del sistema, como plazas que cobraban sin trabajar y que repartían entre sus allegados, presidencias municipales, diputaciones, senadurías y derecho de picaporte con el poder en turno, lo que se traducía además en grandes sumas de dinero.

Este fin de semana se emprendió una escalada contra la democracia en México que augura tiempos negros para el país. La desesperación por el previsible fracaso para alcanzar el porcentaje mínimo que le dé validez legal a los resultados de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ejercicio que ha sido pervertido por el régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, ha terminado por revelarlos en toda su podredumbre política: como violadores contumaces de la ley. Además, con un descaro que ni el PRI se atrevía a mostrar tan abiertamente. Con un discurso de pandillero, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández arremetió –para no variar- contra el Instituto Nacional Electoral, augurando que los consejeros “ya se van”, mientras él violaba la Constitución promoviendo la consulta de revocación en un acto político en Sonora.

La noche del pasado lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el “Decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental”, mejor conocido como el “decretazo”, al considerarlo inaplicable e inconstitucional. Los magistrados electorales consideraron que dicho decreto –con el cual mayoría lopezobradorista en el Congreso de la Unión decidió permitir a los funcionarios públicos hacer propaganda para promover la consulta de revocación de mandato- no realizaba una interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”, sino que solamente se estableció una excepción a la prohibición de difusión de la misma -prevista en la propia Constitución General de la República- durante el proceso de revocación de mandato, lo cual, evidentemente, resultaba violatorio de lo dispuesto en la Carta Magna.

Resulta evidente la desesperación del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por convencer a la ciudadanía de acudir a la consulta de revocación de mandato, un ejercicio que resulta inútil para el país, pero cuyo trasfondo representa un enorme riesgo para el sistema democrático en México. En los últimos días han arreciado las diatribas y ataques de los personeros y textoservidores de la “4t” y desde el propio gobierno contra quien expresa su desacuerdo con una consulta que carece de legitimidad, ya que la misma no surge de la sociedad sino desde el mismo gobierno que en teoría sería revocado, con lo cual el mecanismo resulta ocioso, pues de antemano se conoce el resultado. Tal obviedad, así como el hecho de que el electorado ya votó por el presidente López Obrador y por lo tanto tiene un mandato que cumplir -y que, reiteramos, nadie le está pidiendo masivamente que abandone, salvo algunos trasnochados tontos útiles-, no podría tener otro efecto más que la desidia de una población que, además, está cansada de ir a procesos de votación a cada rato.