Aurelio Contreras Moreno

El caso de la desaparición y supuesto –porque hasta ahora no hay evidencia sólida que confirme el hecho- feminicidio de Viridiana Moreno se ha convertido en una de las más ominosas pifias y abusos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Ya no solo se trata de esa declaración del gobernador a dos días de la desaparición, cuando aseguró que Viridiana Moreno estaba “resguardada”. Las recientes revelaciones de la familia desvelan una actuación desaseada y rayada en la ilegalidad de parte de la Fiscalía General del Estado y del propio titular del Ejecutivo estatal. En la emisión de esta semana del programa de TV por internet La Clave –que conducimos la periodista Mónica Camarena y quien esto escribe-, el padre de Viridiana Moreno, Enrique Moreno Marini, expuso la razón concreta por la cual él y su esposa no aceptaron los restos que la Fiscalía intentó entregarles la noche del pasado 24 de mayo como los de su hija. Lo que dijo sería inverosímil, increíble, si no estuviésemos hablando del gobierno de Cuitláhuac García.

Cuando en el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la Presidencia de la República, muchos lo dieron por muerto y se regodearon de ello. Sin embargo, el tricolor estaba lejos de extinguirse. Aún sin la Presidencia, mantenía el control territorial en la mayor parte del país gracias a las gubernaturas que tenía y que le permitieron integrar un frente contra los dos gobiernos panistas que se sucedieron. De manera que nunca estuvo realmente fuera de combate. Al contrario, sacó mucho provecho de esa circunstancia. Fue en las entidades federativas donde el PRI trazó su camino de regreso al poder presidencial, el cual retomó en 2012 gracias a un proyecto diseñado cuidadosamente para dar la impresión de una renovación que, valga apuntarlo, nunca fue tal. El “partidazo” seguía siendo el mismo de siempre. Y lo demostró.

En las prácticas políticas del sistema de partido hegemónico (el que encabezó el PRI durante 70 años), una regla no escrita era la condensada en una frase de un político español, de nombre Alfonso Guerra González, y luego retomada por Fidel Velázquez, el dirigente que se enquistó cinco décadas al frente de la principal central obrera de México: “el que se mueve no sale en la foto”. Esto, de acuerdo con el periodista Víctor Mendoza Lambert, representaba “el respeto a lo establecido, a no enfrentar al jefe o jefa, quedarse calladito para no generar molestia o discordia, por ningún motivo promoverse antes de tiempo y esperar a que el partido político al que se pertenecía decidiera quién era el bueno”. Dicha práctica buscaba contener las ansias de aquellos que querían acceder a un cargo de poder público y hacían proselitismo “antes de tiempo”. O mejor dicho, antes de que el dueño del poder en turno determinara cuáles eran los tiempos para hacerlo.

Tan proclives como son a las más viejas formas de hacer política, Morena y el lopezobradorismo arrancaron abiertamente este domingo la carrera por la sucesión presidencial. Aunque el acto celebrado en Toluca se quiso presentar como un punto de inicio para el proceso electoral por el cual se renovará la gubernatura del Estado de México en 2023 –sin duda, estratégica de cara a 2024-, la que menos figuró ahí fue la todavía secretaria de Educación y casi segura abanderada al gobierno mexiquense Delfina Gómez; todas las miradas se concentraron en los tres aspirantes presidenciales presentes: el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Fue muy notoria la ausencia del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con lo cual, para quien sepa y quiera leer las señales, ya no hay duda de que será excluido en su partido y muy probablemente orillado a irse a otro, probablemente Movimiento Ciudadano. Ebrard juega el juego, por si en una de ésas la circunstancia lo llega a favorecer.

Tras varios procesos electorales y de consultas populares entregando malas cuentas en general, los comicios del pasado domingo hicieron resurgir el triunfalismo de los dirigentes y operadores de Morena en el país, quienes “ya se vieron” quedándose en el poder por varios años más mediante la restauración en marcha del sistema de partido hegemónico en México. Ése que le permitió al PRI gobernar ininterrumpidamente durante más de 80 años. Mientras las oposiciones partidistas se lamen las heridas y se niegan a aceptar la necesidad vital de una renovación total de sus liderazgos, estrategias y narrativas, el morenato disfruta de una “borrachera” de hiperoptimismo y soberbia, que les hace creer que ya todo está decidido de cara a la sucesión presidencial y en las gubernaturas que se disputarán en los próximos dos años.

Desde antes de la elección del pasado domingo, varias voces salieron a reclamar a Movimiento Ciudadano y a su líder nacional, Dante Delgado Rannauro, su negativa a establecer alianzas electorales con el resto de los partidos de oposición. Bajo la óptica de la configuración de fuerzas en el Congreso de la Unión, se asumió que la adición de Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) podía llegar a hacer la diferencia en una coalición opositora total en los comicios locales, como efectivamente sí la ha hecho en votaciones de leyes en ambas cámaras, lo que ha permitido poner un último freno a las ansias del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por destruir todo lo construido en los últimos 30 años, a cambio de un retroceso de 50. Particularmente en las redes sociales, los dirigentes y legisladores del partido naranja fueron sometidos a una gran presión y llenados incluso de vituperios por la postura-estrategia de ir solos, sin coaliciones de por medio, a los diferentes procesos electorales en puerta por considerar –y no sin razón- que eso pulveriza el voto opositor y termina favoreciendo al partido oficial en turno.

El régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” celebra su victoria en las elecciones de este domingo en cuatro estados casi como si se tratase verdaderamente de la antesala directa a su permanencia en el poder presidencial en 2024. No hay duda de que Morena se impuso claramente en esta jornada, en buena medida por las carencias de una oposición mezquina y sin propuestas que no conectó con el electorado. Pero hay que decirlo, en realidad nadie conectó con el electorado, pues la gente no salió a votar. El abstencionismo predominó durante las elecciones de este domingo a pesar de que, a diferencia de una elección federal como la del año pasado, que no genera gran interés entre la población, esta vez se trató de comicios locales que, junto con los presidenciales, sí llaman la atención de los ciudadanos y los motiva para salir a sufragar.

Desde siempre, una condición “sine qua non” para la operación del crimen organizado en México ha sido su colusión con el poder público, con las autoridades que les permiten llevar a cabo sus actividades ilícitas en los territorios que controlan. Durante décadas, se trató de una relación controlada por los diferentes niveles de gobierno, que a cambio de “hacerse de la vista gorda” recibían cuantiosos sobornos de parte de los criminales, que consideraban esos “gastos” como parte de la “inversión” de su “negocio”, que aún con eso representaba ganancias estratosféricas. En un principio, la política era un terreno al que capos y cárteles solo tenían interés en acercarse para hacer ese tipo de “relaciones públicas”. Pero conforme fue creciendo su poder económico y de fuego, la balanza se fue cargando de su lado y pasaron de negociar y aceptar las condiciones del poder político, a imponerlas, rebasando y hasta anulando al Estado en cada vez más amplias regiones del territorio nacional, en las que la única ley es la de las bandas de delincuentes.

La deleznable exhibición de suciedad de la “real politik” a la mexicana de las últimas semanas es una muestra clara de por qué la sociedad civil está harta de la que se llama a sí misma la “clase gobernante” y de la manera en la que se conduce el destino de millones de personas en nuestro país. Nunca hubo duda de que la difusión semanal de audios -grabados extralegalmente- del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hablando de extorsionar empresarios, de lavado de dinero o de “matar de hambre” a los periodistas para someterlos, eran la respuesta del régimen a la decisión de la bancada tricolor en San Lázaro de votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una especie de “ajusticiamiento” político por atreverse a retar a quien tiene el poder.

Bajo el pretexto de la austeridad y un supuesto –y claramente falso- combate a la corrupción, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –y los de sus “minimís”, como Cuitláhuac García Jiménez- han emprendido el desmantelamiento de programas e instituciones con la finalidad de ejercer un férreo control sin tener que rendir cuentas de nada, destruyendo en tiempo récord lo que a la sociedad mexicana le costó décadas de enorme esfuerzo y miles de vidas. La sonada desaparición de los fideicomisos para ciencia, arte y tecnología de hace dos años fue apenas el principio de una alocada carrera por desvencijar instituciones, saquear sus fondos y dilapidarlos, al grado de que acabaron con todas las reservas financieras que se ahorraron durante el satanizado “periodo neoliberal” y ya no hayan de qué más apoderarse para financiar una administración a la que no hay dinero que le alcance para derrochar.