Aurelio Contreras Moreno

Mientras los organismos autónomos de transparencia sufren los embates del cada vez más autoritario y retrógrada régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, emerge la purulencia con la que infectaron estas instituciones para cooptarlas. Resulta que el actual comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Alfredo Corona Lizárraga, cuya obligación debería ser velar por la rendición de cuentas y garantizar el derecho a la información de los veracruzanos, es todo un pájaro de cuenta que ha estado violando la ley los últimos tres años, de manera documentada. Corona Lizárraga fue designado comisionado del IVAI por el Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz el 29 de mayo de 2020, momento en el cual ya cursaba un doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, por lo cual cobra una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Solo que eso está prohibido por la ley. En primer lugar, por la Ley Estatal de Transparencia, que en su artículo 83 establece que “el cargo de Comisionado es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público o privado, a excepción de la docencia o la labor de investigación académica, siempre y cuando no sean remuneradas”. De acuerdo con información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Corona Lizárraga recibe del Conacyt un promedio de 50 mil pesos por su beca, con lo cual quebranta claramente la norma estatal, hecho por el que debería ser destituido de inmediato e incluso recibir una sanción por incurrir en responsabilidades administrativas.

En medio de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz la semana pasada, las cifras alegres machacadas en la “mañanera” por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre la supuesta baja en los índices de criminalidad en la entidad palidecían frente a la terca realidad de un estado sumido en la violencia. Un nuevo feminicidio en Xalapa se sumó a la imparable espiral de ataques mortales a mujeres que no parecen tener fin ni freno: Yarazeth, una enfermera del Centro Estatal de Cancerología, se unía a al menos otras dos víctimas cuyas vidas fueron segadas en la misma semana en otras regiones de Veracruz, que de norte a sur padece una violencia incontenible y a la vez, sistemáticamente soslayada por las autoridades. Solo en el tema de los feminicidios, lo que sucede en Veracruz debería ser un escándalo internacional. De acuerdo con las cifras del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, entre enero y marzo se han reportado en medios de comunicación de la entidad 25 feminicidios, 20 homicidios, 95 agresiones y, de manera particularmente grave, 212 desapariciones de mujeres. ¿Cómo con esas cifras pueden las autoridades estatales proclamar que la criminalidad va “a la baja” y que las cosas “van bien” en Veracruz? Pues con la caradura y desfachatez que caracterizan a la clase política en general y de la cual no escapan en Morena, que como “nuevos ricos” están embriagados por un poder que creen durará eternamente y que evitará que rindan cuentas.

Para nadie con dos dedos de frente es un secreto que los altos índices de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador y del régimen que encabeza se concentran en un solo rubro: sus programas clientelares. Sin sus “becas del bienestar”, el gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación” sería repudiado por su brutal ineficiencia y ausencia de resultados, y Morena no tendría la mínima oportunidad de permanecer en el poder. Es gracias a los apoyos económicos que reparten entre jóvenes y adultos mayores, y que al sumarse entre varios miembros de una familia le permiten a la misma satisfacer al menos sus necesidades básicas –y muchas veces subsistir sin tener que hacer más-, que el lopezobradorismo se mantiene a flote, aunado por supuesto al discurso populista y a la propaganda que, empero, por sí solos no podrían sostener a un gobierno cuyos “logros” más “relevantes” son obras faraónicas que no funcionan y que provocan más problemas de los que resuelven.

Mientras las “corcholatas” del régimen se dan vuelo celebrando actos anticipados de campaña por todo el país, desviando cínicamente recursos públicos para promoverse, la oposición luce sin rumbo, sin brújula, sin discurso y, por si fuera poco, exhibida en su ausencia de compromiso real con las causas ciudadanas. La intentona de las semanas anteriores para debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quitándole atribuciones para proteger los intereses de las cúpulas partidistas, desnudó la farsa de las dirigencias de los partidos que dicen encabezar a la oposición y defender a las instituciones, pero que a la hora de ver en riesgo sus canonjías y privilegios, no dudan en caminar de reversa sobre sus propios pasos. Si la infame iniciativa para desdentar al Tribunal Electoral no avanzó –por ahora- en el Congreso no fue gracias a que los partidos hayan “entrado en razón”, pues tal cosa no ocurrió. Se debió a la presión ciudadana, que le dejó en claro a esas dirigencias convenencieras y doble cara que de continuar con su pretensión, se quedarían en el puro membrete.

Este fin de semana en el sur de Veracruz atestiguaron una grotesca pero reveladora reedición de las prácticas políticas más arcaicas y deshonestas de las que el PRI se valió todo el tiempo hasta no hace mucho, pero que ahora usan sin pudor sus herederos en Morena. La “cargada”, esa muy priista manera de adherirse a un proyecto político a través de figuras como el corporativismo y el clientelismo, fue lo que marcó las giras que realizaron por el sur de la entidad la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, para promover –ilegalmente- sus aspiraciones para ocupar la Presidencia de la República. Sin asomo de rubor por el descarado desvío de recursos públicos para un acto eminentemente político y electorero, todo el aparato del Estado se volcó en Coatzacoalcos para arropar a Sheinbaum, a quien en el grupo gobernante en la entidad consideran es la que lleva la “línea” del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo.

En su desquiciada carrera por desmantelar todas las instituciones que se lograron construir durante la inacabada –y al paso que va, malograda- transición a la democracia en México, el lopezobradorismo le asestó un golpe durísimo a la transparencia y la rendición de cuentas. Valores que detesta, por cierto. A partir de este sábado 1 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se volverá inoperante, luego de que el Senado de la República fue omiso en el nombramiento de tres comisionados que sustituyeran a los que concluyeron sus respectivos periodos. ¿Por qué inoperante? Porque el Pleno del Inai no contará con el quórum legal para poder sesionar, lo que literalmente lo paraliza e inutiliza, pues no puede resolver absolutamente ningún asunto, pues sus actos no tendrían validez jurídica. El Senado –órgano que nos sale demasiado caro para actuar como una vulgar oficialía de partes del Ejecutivo- debió nombrar desde marzo del año pasado a dos comisionados que dejaron vacantes sus puestos, y en este mes debió designar a uno más, en sustitución de Francisco Javier Acuña, quien dejará el Inai el próximo sábado.

Las consecuencias de las pésimas decisiones tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materias como la política migratoria, así como la incompetencia –sello de la “4t”- e indolencia de su funcionariado, finalmente han provocado una tragedia mayúscula que es atribuible única y exclusivamente a ellos. La muerte de 38 migrantes, calcinados en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, es responsabilidad directa del gobierno de López Obrador por varias razones. La primera de ellas, la sumisión del régimen lopezobradorista ante una imposición del gobierno de Estados Unidos, en ese momento encabezado por Donald Trump, para convertir a México en el “muro” prometido por el empresario estafador metido a político. Hay que recordar que a principios del sexenio, la política de “puertas abiertas” a los “hermanos migrantes” del lopezobradorismo cambió subrepticiamente a una de persecución y confinamiento.

La corrupción, las malas prácticas, las ambiciones personales desbocadas y el vacío de poder que implica un gobernador ausente, abúlico e incompetente, están teniendo consecuencias cada vez más graves en diversos ámbitos en Veracruz. La Salud, rubro en el que la actual administración se ha “despachado” con la cuchara grande desviando dinero –como quedó evidenciado con el caso de la contratista “fantasma” Araly Rodríguez Vez- está pasando por un momento crítico no únicamente por problemas como el desabasto de medicamentos –baste ir a cualquier hospital público para corroborarlo-, sino por las decisiones sin fundamento que se toman desde el poder central y que afectan los procesos médicos y la atención de los pacientes. El pasado 22 de marzo, fueron suspendidas las cirugías programadas y las consultas externas de especialidad en el Hospital Regional “Luis F. Nachón” en Xalapa. A través de un memorándum, el jefe del Servicio de Cirugía General, Melito Lozano Morales, informó de la determinación a la subdirectora del nosocomio, Reina I. Uscanga Uscanga, debido a “la situación actual del servicio de anestesiología que Usted ampliamente conoce y derivado del acuerdo unánime de los especialistas del servicio”.

Las respuestas pusilánimes ofrecidas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su primo hermano, el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, luego de la exhibición mediática de la operación político-electoral que se fragua desde las dependencias del gobierno veracruzano, es una muestra más de cómo la autoproclamada “cuarta transformación” en Veracruz no es más una mera extensión del priismo más rancio. Como en su momento lo hicieron cualquiera de los políticos que los precedieron en el poder, Cuitláhuac y el “orgullo de su nepotismo” hicieron gala de cinismo queriendo engañar a la gente con la mafufada de que las instrucciones que se oye dar al ex priista Ulises Rodríguez Landa a empleados de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para que conformen una estructura electoral en los seccionales de Xalapa, son actividades “de fin de semana” que se realizan a partir de las “convicciones partidistas”. Lo mismo decían, palabras más o menos, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa o Miguel Ángel Yunes Linares –que nunca dejó de ser priista en su fuero interno y en sus prácticas políticas- cuando se evidenciaba el descarado uso y desvío de recursos públicos para favorecer a sus partidos y candidatos. Pretextos y falacias al amparo de la sensación de impunidad que da el poder y que, a excepción de Duarte, los otros han gozado plenamente. Y que los actuales también creen que van a tener cuando termine este gobierno.

Entre las muchas arengas, consignas y balandronadas que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el pasado sábado durante su mitin de simpatizantes y acarreados en el Zócalo de la Ciudad de México, hubo una que delinea claramente lo que el régimen que encabeza va a buscar hacer. “Hagan lo que hagan, no regresarán al poder”, le dijo López Obrador a quienes más que adversarios, realmente considera sus enemigos, y que son todos aquellos que no piensan como él ni se someten a sus deseos. Y “garantizó” que con cualquiera de los aspirantes de Morena que buscan sucederlo, está asegura la “continuidad con cambio”. Aunque en realidad, en su horizonte solo hay dos opciones: Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López Hernández. Ambas expresiones reflejan el profundo talante antidemocrático del lopezobradorismo, pues en lo último que están pensando es en respetar el voto ciudadano libre, que aun cuando en este momento pareciera favorecer a Morena, no es estático y su sentido puede cambiar radicalmente de un día para otro.