Barruntos despóticos
Hace tres años, en febrero de 2019, el vocero de la arquidiócesis católica de Veracruz, José Manuel Suazo Reyes, recibió la encomienda de enfrentar una serie de ataques del flamante secretario general de gobierno del estado, Enrique Patrocinio Cisneros Burgos, presumiblemente por órdenes de su jefe, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez (1º. de diciembre de 2018).
En uno de sus virulentos ataques, videograbado, Cisneros Burgos llegó a sostener que el llamado “secreto de confesión” estaba siendo usado por los sacerdotes de la diócesis veracruzana para hacer proselitismo en las misas dominicales.
¿Qué había ocurrido? Que no solamente la arquidiócesis, sino también empresarios y activistas sociales, acusaron al gobernador de que, desde el principio de su mandato, pareció más ocupado (y preocupado) por destituir al entonces fiscal general del estado, el oaxaqueño Jorge Winckler Ortiz, que en cuidar la necesaria gobernabilidad para los veracruzanos.
Finalmente, Winkler fue destituido en septiembre de 2019 por el delito de privación ilegal de la libertad. Pero ya se había dejado crecer: la mala hierba de la impunidad gubernamental.
Rodrigo Barranco Déctor, corresponsal en Veracruz del periódico digital La Silla Rota, reportó que en los dos primeros meses del gobierno de Cuitláhuac García se habían registrado ya 96 homicidios, de los cuales ocho mujeres fueron víctimas.
El escenario de la justicia y el delito veracruzanos, empeoró abruptamente cuatro meses después del sorpresivo asesinato de René Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Ver, cuando fue detenido sorpresivamente el pasado 22 de diciembre, en Veracruz, José Manuel del Río Virgen. Se le señala por su presunta participación en el homicidio de Tovar, en beneficio de un segundo candidato, presunción aún sin probar el 7 de febrero de 2022, cuando se redactan estas líneas.
Además de su militancia en Movimiento Ciudadano, en el momento de ser detenido Del Río Virgen se desempeñaba, desde hace casi tres años, como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que preside el senador Ricardo Monreal (de Morena, quien tiene ríspida relación actual con el líder de ese partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador).
Reclamo por la justicia
Justo en el aniversario 105 de la promulgación de la Constitución de 1917, el sábado 5 de febrero, se instauró en Veracruz el Movimiento por la Justicia.
¿Con qué propósito? Apoyado e impulsado por activistas, abogados, académicos, legisladores, miembros de la sociedad civil e integrantes de todas las fuerzas políticas, este Movimiento exigió al gobierno del estado la derogación de un infamante delito: “Ultrajes a la sociedad”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), había rechazado la absurda e inconstitucional jugada del gobernador García Jiménez desde el 21 de diciembre del año pasado, de modo que se espera ahora que su recomendación sea acatada a la brevedad. Como se esperaba, el gobernador ya se curó en salud al decir que la derogación dejará un vacío legal para tipificar las agresiones hacia los policías y elementos de seguridad pública al momento de hacer su deber.
Lo cierto es que la sociedad civil pone así freno a la cortina de impunidad pretendida por el gobernador… con la anuencia de la metrópoli, cuyas ocurrencias palaciegas ya son moda en tierras veracruzanas: violaciones de derechos humanos y abusos de autoridad en detenciones. Ingresó a su partido, Morena apenas en 2013, como delegado distrital en Xalapa.
En la siniestra contabilidad no se incluyen ejecuciones, asesinatos en la vía pública y secuestros, con un saldo lamentable: los llamados “palos de ciego”, por los que han ido a parar a la cárcel, por mera presunción o por franca animosidad, más de 80 ciudadanos en lo que va del trienio.
Otros pendientes
Mientras Veracruz se estremece, en la mayor parte de la república, aunque se rechace una y otra vez lo que es percepción social generalizada, la violencia sigue manifestándose, en muchos casos impunemente.
Los asaltos en el autotransporte urbano, sobre todo en la capital del país y en el Estado de México, son un azote cotidiano y aparentemente imparable. Los homicidios callejeros o en bares dan nota roja todos los días. Los sicarios y sus ejecuciones continúan. Entidades como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y muchas otras se bañan en sangre.
Pero las prioridades del Ejecutivo son otras: culminar el “tren maya”, terminar de conectar el aeropuerto “Felipe Ángeles”, aniquilar al Instituto Nacional Electoral, concluir los cuarteles de la Guardia Nacional “antes de que se corrompa”; acabar con las inundaciones catastróficas en la refinería tabasqueña de Dos Bocas, que se pretendía inaugurar en julio próximo con el nombre de “Olmeca”
Culpar de los males a los medios neoliberales, acabar con la pesadilla conservadora, cerrar por decreto el caso Ayotzinapa, clausurar el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y volver a rifar el avión presidencial.
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